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Por Nohora Celedón · 13 de Noviembre de 2020

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En las últimas semanas resucitó la pelea de los operadores de telefonía celular contra el más grande de ellos, Claro. El resultado definirá en qué condiciones podrán seguir funcionando, algo clave para mejorar la calidad del servicio y los precios que pagan los colombianos por él.

La pelea es porque la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) debe decidir si Claro tiene una posición dominante en el mercado de datos móviles, lo que quiere decir que por su tamaño puede frenar la capacidad de las otras empresas de competir.

Y revivió porque la CRC se se reunirá  la próxima semana y podría decidir el tema. 

En los últimos días Tigo, Telefónica Movistar, Avantel y la nueva operadora Wom, y congresistas de oposición, se han movido para presionar al Gobierno tome esa decisión.

En respuesta, Claro mantiene su argumento de hace años: que los problemas no son porque domine el mercado, sino porque sus competidores no invierten lo suficiente.

Desde 2017, la CRC tiene pendiente decidir, algo que se ha demorado por la ley TIC de Duque, un concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio y decisiones de miembros del actual Gobierno.

Si dice que sí, Claro podría tener límites en futuras subastas del espectro (que es del Estado y necesitan las operadoras para extender el servicio), sacudir el mercado de internet y celular, y en definir el precio al que los colombianos pueden acceder a un servicio que hoy, con una pandemia que convirtió el teletrabajo y la comunicación virtual en parte del día a día de todo el mundo, es esencial.

 

La resurrección de la pelea vieja

La pelea de los operadores de telefonía celular contra Claro no es nueva.

Viene desde al menos 2008, cuando Claro tenía el 65 por ciento del mercado de telefonía celular y la CRC declaró que tenía una posición dominante. Ordenó que el costo de las llamadas entre usuarios de Claro fuera igual al de las llamadas a otros operadores para evitar que todos terminaran en Claro y se acabara la competencia, con el riesgo de una trepada de precios y una caída de la calidad.

En 2012, la CRC revisó en qué iba la situación, encontró que Claro seguía siendo dominante y endureció las medidas, obligando a la empresa de Slim a alquilar sus redes a los demás operadores a una tarifa regulada. 

En 2018 decidió eliminar las tarifas diferenciales y dejar solo la obligación de alquilar las redes.

Mientras tanto, los celulares empezaron a ser más aparatos para navegar que para hablar, y Tigo y Telefónica Movistar, los mayores competidores de Claro, le pidieron a la CRC revisar si Claro también tiene una posición dominante en ese negocio y debe tomar medidas.

Por eso, desde febrero de 2017 empezó a estudiar el asunto. Casi cuatro años después, sigue sin definir.

Según explicó una fuente que trabajó en  la CRC a La Silla, que habló off the récord y estuvo cerca del proceso, la decisión no es sencilla aunque Claro tiene el 55 por ciento del mercado de las líneas de datos y recibe 59 de cada 100 pesos que se ganan las empresas del sector.

“Para hablar de dominancia no puedo hablar solo de tamaño, tengo que mirar si el tamaño de ese competidor impide que los demás crezcan (...) es proyectar si con las condiciones del mercado en la actualidad es imposible que los demás operadores le compitan”, explica.

Es enredado, pero no tanto para tomarse cuatro años.

Las movidas

La pelea viene de tiempo atrás.

En comunicados como este, Claro ha dicho que si recibe 59 de cada 100 pesos es porque en los últimos 20 años ha puesto 60 de cada 100 pesos que ha invertido el sector en infraestructura. Es decir, que si gana más es porque ha apostado más.

Efectivamente, su red llega a 1.062 municipios, mientras Telefónica Movistar solo tiene red propia en 424.

Pero Tigo y Telefónica responden que si Claro invierte más es porque sus ingresos son mayores. Y que ellos invierten en infraestructura el 33 y el 20 por ciento de sus ingresos, respectivamente, Claro solo el 18 por ciento. 

El presidente de Tigo, Marcelo Cataldo, dijo a La Silla que mientras exista la posición dominante de Claro (algo que todavía debe definir la CRC) no van a poder competir en igualdad de condiciones y la infraestructura de telecomunicaciones del país va a seguir rezagada.

En las últimas semanas ha crecido la puja porque la próxima semana la Comisión tiene su penúltima reunión del año y porque el Ministerio de TIC está definiendo si abre una nueva licitación del espectro, que es materia prima básica para el internet móvil, con condiciones que pueden depender de lo que decida la CRC.

La relación entre las dos cosas se ha notado en licitaciones pasadas, la de 2012 a 2013 (cuando se hablaba de licitación de 4G, más que de espectro), y la de 2019.

Cataldo y Natalia Guerra, directora de Regulación de Telefónica, dicen que están haciendo más presión porque consideran que el proceso está muy demorado, y que la nueva Comisión (que cambió su estructura con la ley TIC hace un año y ahora es menos independiente del Gobierno como dicen este y este reporte) ya ha tenido tiempo suficiente para tomar una decisión.

“Los comisionados desde hace un año tienen una propuesta de resolución”, dijo Guerra a La Silla.

En este punto coincide el presidente de Claro, Juan Carlos Archila, quien por supuesto considera que la CRC tiene la información que muestra que Claro no es dominante, mientras Cataldo y Guerra piensan que los datos indican lo contrario.

La presión se nota en que la semana pasada Tigo convocó a una rueda de prensa en la que presentó un informe que contrató con una consultora multinacional en temas de tecnología, Analysys Mason, que concluye que en Colombia el dominio de Claro hace que los precios por los datos sean más altos que los de otros países de la región. 

En un sentido similar, en agosto Telefónica Movistar publicó los resultados de un estudio que encargaron al Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (Cede) de la Universidad de Los Andes. 

Además de esa presión con estudios, se han movido a instancias internacionales.

El 28 de octubre ellos más Virgin Mobile, Partners (los dueños de Wom, operadora que llegó al mercado la semana pasada y que está en Colombia gracias a la licitación de espectro del año pasado), Avantel, ETB y el gremio Asotic, enviaron una carta a la Ocde pidiéndole que presione al Gobierno para que la CRC tome una decisión.

Su argumento es que hace un año la Ocde publicó un informe en el que llama la atención sobre la concentración del mercado de telefonía móvil y datos, y dice que por eso un paquete de internet en Colombia cueste 2,5 veces lo que vale en promedio en el resto de países miembros.

Esta semana, un grupo de 24 congresistas de oposición enviaron esta carta, también a la Ocde, en un sentido similar.

Según nos dijo el representante verde Wilmer Leal, decidieron hacerlo después de un debate que hizo la Comisión Sexta de la Cámara sobre el tema y de que, a su juicio, el Gobierno no diera claridad sobre cuándo se iba a tomar una decisión. 

Dijo que no hubo presión de las empresas para enviarla aunque el debate fue el 30 de septiembre y mandaron la carta justo una semana después de la de los operadores.

Hasta el momento la Ocde no se ha pronunciado, lo que podría hacer es una recomendación. Claro sí.

El lunes, Archila envió esta carta a la Comisión en la que acusa a sus competidores de ejercer una “presión injusta e indebida” en los reguladores vía la Ocde, para “lograr beneficios particulares sin realizar esfuerzos en el mercado”. También dice que los estudios de Analysis Mason y del Cede están llenos de falacias.

Todo eso deja al Gobierno entre la espada y la pared porque su apuesta con la ley TIC es que justo las empresas de la pelea inviertan en más infraestructura pero pueden quedar resentidas; porque ETB, Tigo y Telefónica Movistar tienen accionistas estatales (Bogotá, Medellín y la Nación) y un mal resultado para ellas afectaría al Estado; y porque entidades que dependen de él tienen visiones encontradas sobre la decisión.

 

Un Gobierno, dos visiones

Dos fuentes que conocen el proceso de primera mano le confirmaron a La Silla que en junio del año pasado, antes de que se reestructurara la CRC por cuenta de la Ley TIC de Iván Duque, la Comisión tenía un borrador de resolución que iba a declarar a Claro como dominante.

Ese primer borrador estaba listo desde principios de año pero en febrero la Superintendencia de Industria y Comercio, que como la CRC depende del Gobierno aunque tiene autonomía, emitió este concepto que decía que las pruebas que tenía no eran lo suficientemente contundentes.

Si bien el concepto no era vinculante, la CRC ajustó el borrador y los tres comisionados independientes acordaron que la iban a sacar.

Pero esa decisión la debía tomar la “Sesión” de la CRC, una suerte de junta directiva en la que también estaban la Ministra de las TIC, Sylvia Constain, y un representante del Departamento Nacional de Planeación. Y estos dos no estaban de acuerdo, por lo que la resolución no salió.

Consultamos con el Ministerio de las TIC y con la CRC para preguntarles el porqué. El Ministerio nos remitió a la Comisión, donde nos dijeron oficialmente que no se podrían pronunciar porque el proceso sigue en estudio.

La fuente de la CRC que habló con La Silla confirmó que la decisión se frenó por el Gobierno.

Mientras tanto, la Comisión cambió por efecto de la Ley TIC.

Se fusionó con la Agencia Nacional de Televisión, y dividió su directiva en dos, una encargada de lo que hacía la CRC y otra de contenidos audiovisuales. 

En la primera, la Sesión de Comisión de Comunicaciones, solo se quedó uno de los comisionados anteriores, Carlos Lugo; Iván Duque nombró a Sergio Martínez Medina, y Paola Andrea Bonilla y Nicolás Silva, que fueron elegidos por un concurso que hizo Función Pública, una entidad que depende de Presidencia. Ellos son los encargados de definir. 

Según las respuestas que envió el Ministerio de las TIC a la Cámara para el debate del 30 de septiembre, el 19 de junio esta Sesión ordenó nuevas pruebas para “actualizar la información que permita tomar una decisión”.

En el proceso hay más de 8.000 folios, desde los estudios que han remitido las operadoras, hasta la información propia y los análisis de la CRC y del Mintic.

“Yo lo que creo es que no quieren tomar la decisión, no creo que se den la pela, tal vez tomarán medidas generales, o demorarán más. Porque ya tienen toda la información que necesitan para decidir”, dijo la fuente de la CRC a La Silla.

La Comisión se reunirá la próxima semana y la agenda no se conoce.

Pero es probable que se tome un tiempo más para decidir sobre esta puja. Mientras tanto seguirá la batalla campal entre operadores, igual que la pandemia y la necesidad de internet en todos los rincones, cuando más de 20 millones de colombianos no tienen acceso a un plan de datos móvil.

 

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