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Por Laura Soto · 16 de Junio de 2020

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La violencia siempre busca nuevas formas en Colombia. A las noticias de asesinatos de reincorporados de las antiguas Farc (el ahora partido dice que van 200 desde que se firmó el Acuerdo de Paz con el Gobierno) o de sus familias como en Ituango, Antioquia, y en Mesetas, Meta, se suma ahora el desplazamiento masivo contra exguerrilleros. El mismo que han padecido miles de víctimas del conflicto.

La semana pasada, el martes, la Junta de Acción Comunal de la vereda Monterredondo, del municipio de Miranda, en el norte del Cauca, les pidió a los exguerrilleros del espacio territorial de reincorporación que está en la vereda que la abandonaran porque habían recibido amenazas de un grupo armado, no identificado, que así se los pidió.

Un día después, 20 excombatientes que vivían en otro punto, llamado El Diamante, en Uribe, Meta, salieron huyendo hacia el casco urbano de ese municipio por amenazas, también de armados ilegales que no se identificaron.

Dejaron atrás todo lo que hasta ahora habían construido en su proceso de reincorporación: sus cultivos, su caseta comunal, el mejoramiento de unas vías, sus viviendas.

La situación de Miranda es particular, además, porque nunca antes tras el desarme de las viejas Farc, se habían dado amenazas por medio de una Junta de Acción Comunal, lo que golpea aún más la reincorporación, que es uno de los pilares de la implementación del Acuerdo: que los exguerrilleros tengan garantías sociales, económicas, políticas y de seguridad en su vida civil a cambio de haber dejado las armas. 

El ultimátum

En la vereda Monterredondo, Miranda, norte del Cauca, viven 20 excombatientes y 16 de sus familiares. Ellos aún no se han ido, pero desde la semana pasada tienen encima la notificación que les dio la JAC de que tenían que hacerlo, tras las amenazas que recibieron los líderes comuneros.

Según dice la JAC en un comunicado que les entregó a los reincorporados el martes, desde el 25 de mayo pasado por medio de una persona, un grupo armado ilegal no identificado les mandó una amenaza  dándoles un mes de plazo para sacar a los integrantes del espacio de reincorporación o de lo contrario serían objeto de ataques ellos y la Fuerza Pública. 

Explica la Junta que no les dijeron enseguida porque lo que decidieron en principio fue hablar entre ellos de la situación.

 

Según el comunicado de la JAC, la amenaza que recibieron señala que un cilindro bomba que lanzaron el 30 de noviembre del año pasado en esa vereda contra el Ejército, sin dejar heridos, era una “advertencia a la comunidad para que no sigan apoyando el proceso de reincorporación”. 

Y agregan que para los armados ilegales, “el proceso de reincorporación ya no está cumpliendo los objetivos y por el contrario están aumentando la red de informantes” y “la vereda Monterredondo es un nido de sapos”.

En otro oficio, dirigido a la Defensoría del Pueblo el 7 de junio, la Junta habla que “también se da a conocer que en la vereda el grupo armado presiona de la misma forma a unas familias acusándolas de hacerles mandados a la fuerza pública llevándoles víveres y les mandan a decir que si siguen en estos comportamientos los declaran objetivo militar y tendrán que irse de la vereda o serán ajusticiados”.

“Teniendo en cuentas que estas presiones de los grupos al margen de la ley son reiterativas y coloca en riesgo la vida del presidente y su vicepresidenta con toda su directiva de la junta de acción comunal de la vereda Monterredondo. Se decide que sí es necesario el término del proceso de reincorporación esto con el motivo de defender la vida de sus líderes y la comunidad en general” (sic), dice uno de los apartados del oficio enviado a Defensoría.

Los exguerrilleros, por ahora, no han decidido bien qué hacer en la zona en la que viven desde 2016 y, más bien, están esperando que el Gobierno responda con soluciones.

“Nosotros no tenemos mucho que responder, sería el Estado, el Gobierno, el que tiene que responderles a las comunidades ante tan grave situación. Nosotros firmamos un Acuerdo de Paz con el Gobierno y es él el que no nos está garantizando el poder vivir”, le dijo a La Silla Vacía el excombatiente Jhoanny Castro. 

En un sentido parecido, el encargado del espacio de reincorporación, Alirio Morales, agregó que “lo que sentimos es que quieren utilizarnos como excusa para cometer actos violentos y echarnos la comunidad encima. Quieren culparnos y crear condiciones para asesinar a comuneros y con eso se nos va a venir la comunidad encima porque nosotros estamos aquí”.

Ellos nos confirmaron que colectivamente no han recibido amenazas, pero sí hay algunos reincorporados amenazados individualmente.

En Monterredondo había dominado históricamente el sexto frente de las Farc y hoy hace presencia la disidencia Dagoberto Ramos y el EPL. Hay al menos dos antecedentes de amenazas de la disidencia a reincorporados cuando hace un año se movió una lista en la que ofrecían dinero por matar a dirigentes del espacio de reincorporación, razón por la cual uno de ellos tuvo que salir de ahí, según le contó a La Silla un defensor de Derechos Humanos de Farc en Cauca. 

Según el alcalde del municipio, Samuel Londoño, y el personero, Alejandro Gómez, hasta el viernes de la semana pasada no tenían conocimiento de las amenazas. 

En respuesta a esto las directivas del Partido Farc de Cauca pidieron en un oficio al Gobierno garantías para la vida, evaluar el papel que cumple la Fuerza Pública en esos sectores, medidas para mitigar el riesgo y un acompañamiento a los reincorporados que decidan irse. 

El desplazamiento que ya fue en Meta

Al día siguiente de esta situación, un desplazamiento masivo de excombatientes se materializó el miércoles pasado en meta, en un punto (de los nuevos puntos de reincorporación, distintos a los originales que arrancaron en 2016) llamado El Diamante, en Uribe, Meta, una zona histórica de retaguardia del Bloque Oriental de las Farc como lo contamos aquí.

De allí salieron 20 excombatientes hacia el casco urbano, luego de recibir amenazas. Ellos estaban a cargo de un proyecto de ganadería que beneficia en total a 150 reincorporados.

En un comunicado, integrantes de ese punto dicen que pese a algunas amenazas recibidas desde el 2019 de grupos armados que ya han denunciado, y gracias a un esquema colectivo de protección (que también tienen los otros 70 nuevo puntos de reincorporación del país), habían podido estar en la zona sin mayores complicaciones.

Eso hasta la semana pasada, cuando recibieron amenazas contra su vida y contra los bienes de su cooperativa Daincoop. Confirmamos con una fuente de la Alcaldía de Uribe que en realidad por lo menos hace dos semanas vienen recibiendo esas amenazas, por medio de mensajes de grupos armados que no se identifican.

“Estos hechos, que no son ajenos en otros ETCR/NAR del país, atentan contra la integridad de cada uno de los miembros de El Diamante y desestabiliza nuestro proceso de reincorporación económica, social y política. Dejando atrás lo hasta hoy construido y dejando pérdidas aproximadas de 800 millones de pesos en adecuaciones”, dicen los exguerrilleros en el comunicado. 

Entre lo que les tocó dejar atrás están cultivos de tres hectáreas de sorgo y dos de soya, 60 toneladas de silo de maíz y sorgo, una huerta con cultivos de lechuga, tomate, habichuela, papa, zanahoria y pepino, todo financiados con plata de su renta básica mensual que pusieron en la cooperativa. Según dicen en el comunicado, eso debe quedar ahora a cargo de la comunidad que allí vive.

Dos fuentes (una en terreno y otra que tiene cómo saberlo) nos dijeron por aparte que quien podría estar detrás de estas amenazas es la disidencia del Frente 40, que lidera alias Calarcá y que está coordinada con el mayor líder de las disidencias en el país: el exguerrillero Gentil Duarte, pero las autoridades aún no han confirmado la autoría.

Un asunto clave aquí es que el punto de El Diamante era liderado por alias Romaña, el exjefe guerrillero hoy rearmado en la banda de Iván Márquez, quien terminó en Meta después de salir de Tumaco. Por eso, nuestras dos fuentes sospechan que estos desplazamientos pueden deberse a que la gente de Calarcá puede estar queriendo sacar a quienes estuvieron bajo el liderazgo de Romaña, un asunto que confirmaría que el grupo armado de Gentil y el de Márquez no están coordinados.

En el caso específico de Miranda, el alto consejero para la Estabilización, Emilio Archila, nos dijo que están estudiando la denuncia, pero no respondió sobre qué medidas tomará el Gobierno. Y frente a este desplazamiento masivo hasta el momento de la publicación no habíamos recibido respuesta. 

Según el comandante del Comando Específico del Cauca, general Marco Mayorga, están confirmando la amenaza de Monterredondo. Según el General, hay cien hombres armados resguardando la seguridad de ese Etcr. 

Según habíamos contado en esta historia de los asesinatos a los excombatientes, el 27 de enero pasado Archila sacó un paquete de diez medidas de protección para los excombatientes.

El paquete incluye un plan de atención para los que no viven en los 24 espacios de capacitación donde dejaron las armas, que son la mayoría; acelerar los cursos de capacitación en autoprotección; darle más plata a la Fiscalía para que llegue rápido a las escenas del crimen; y que las entidades responsables (como los ministerios de Defensa e Interior, la Policía y la Unidad Nacional de Protección, entre otras) se reúnan una vez al mes para revisar nuevas amenazas y tomar medidas para prevenir más muertos. 

A esa estrategia se suma el Cartel de Búsqueda que lanzó el 9 de enero la Policía, en compañía del alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, con las 30 fotos de criminales -10 miembros del ELN, 17 de disidencias de Farc, dos del Clan del Golfo y uno de Los Pelusos- por las que el Gobierno ofrece desde diez hasta cuatro mil millones de pesos por haber matado exguerrilleros de las Farc.

Según dijimos en ese momento, es probable que estas medidas ayuden, pero que se queden cortas frente a la complejidad del fenómeno y frente a las amenazas que siguen sufriendo y a las que ahora se suman los éxodos masivos, que también se habían registrado en marzo de este año.

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