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Por Andrés Bermúdez Liévano · 10 de Septiembre de 2019

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Mientras el debate sobre la implementación del Acuerdo de La Habana se centra en el anunciado rearme de Iván Márquez y otro grupo de exlíderes de las Farc, Denis Mukwege, quien ganó el Nobel de Paz hace un año por su trabajo en defensa de víctimas de violencia sexual, acaba de pasar cuatro días en Colombia hablando con congresistas, magistrados de la JEP, comisionados de la verdad y mujeres que fueron victimizadas en la guerra.

No pudo, sin embargo, encontrarse con los líderes del gobierno: el presidente Iván Duque se excusó porque inauguraba el Túnel del Oriente y su vice Marta Lucía Ramírez adujo una agenda copada.

Esa anécdota parece subrayar que la violencia sexual es otra pera de boxeo en la disputa política por el Acuerdo, y se está convirtiendo en una prueba ácida de cuánta justicia, verdad y restauración podrá traerle la justicia transicional a las víctimas.

Mujeres víctimas más visibles

Como en muchos países, en Colombia la violencia sexual ha sido una de las atrocidades más invisibles: de las 8,8 millones de personas que han sido oficialmente reconocidas como víctimas del conflicto, apenas 28,641 han denunciado violencia sexual, según la Unidad de Víctimas.

Sin embargo, el tema viene creciendo, pues hace cinco años solo eran 5,997 víctimas registradas. Las víctimas de violencia sexual son cada vez más vocales y empoderadas. Al menos 10 de los 124 informes que han entregado organizaciones y personas a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se centran en ese tipo de delitos y solo uno lista 2 mil episodios.

“Ha habido una fortaleza de volver a surgir desde las cenizas. Las víctimas estamos levantando la voz y nos estamos juntando para tener el reconocimiento de esta sociedad”, dice Yolanda Perea, una afrocolombiana de 35 años quefue violada por un guerrillero de las Farc cuando era una niña de 11 años en Riosucio, Chocó. Unos meses después, su madre fue asesinada cuando le reclamó a la guerrilla por esa violación.

Esa nueva fuerza explica que estén surgiendo nuevos casos, como el de la exsenadora y excandidata vicepresidencial Vera Grabe que reveló a la Comisión de la Verdad que fue abusada por soldados hace casi 40 años, que la JEP haya recibido testimonios de víctimas que no están registradas en la Unidad y que incluso nunca le habían contado a sus familias, o que en diciembre la artista Doris Salcedo haya inaugurado un estremecedor monumento a ellas en Bogotá.

Voces críticas del Acuerdo también han ganado notoriedad y especialmente la Corporación Rosa Blanca, un grupo de 50 mujeres ex combatientes de esa guerrilla que fueron abusadas sexualmente por sus jefes y que hoy exigen penas más severas contra ellos.

La mayoría de ellas abandonaron sus armas en 2017, al tiempo que el resto de la organización, o que estaban purgando penas en la cárcel, por lo que están en libertad condicional y necesitan que la JEP defina su situación legal. Como en muchas otras circunstancias del conflicto, son a la vez víctimas y victimarias, o lo que el académico y súper poderoso de las ideas Iván Orozco  ha llamado “responsabilidades duales”.

Dado el récord cada  vez mejor documentado de cómo las Farc fueron responsables de abusos sexuales, esterilizaciones forzadas y abortos forzados, la discusión se metió en el corazón del debate político.

El interés de Duque en la violencia sexual

Tras elegir a Duque presidente, el Centro Democrático está una vez más apostándole a continuar su éxito político a hacer oposición al Acuerdo, ahora con la violencia sexual.

El interés del partido del ex presidente Álvaro Uribe comenzó en 2017, cuando sus congresistas respaldaron una modificación a la ley estatutaria de la JEP para que los responsables de violencia sexual no tuvieran sanciones con beneficios. Aunque la Corte Constitucional la tumbó, el tema ha seguido vigente.

Ya con Duque de presidente, el uribismo lideró una iniciativa para excluir la violencia sexual contra menores de la JEP, que lideró por el representante José Jaime Uscátegui (cuyo padre militar está solicitando a la JEP revisar su condena por la masacre de Mapiripán) y  que se cayó en el Congreso.

Tras esta derrota, el Gobierno presentó dos reformas constitucionales que ya no intentan modificar el acuerdo, sino cerrar puertas hacia delante.

Una es la ley que prohíbe que la violencia sexual, el narcotráfico y el secuestro sean considerados como conexos al delito político, con lo que una persona responsable de ella no podrá terminar con amnistía o indulto en una negociación de paz futura (el Acuerdo prohíbe que la violencia sexual sea considerada como un delito conexo en la JEP).

El otro es un proyecto para prohibir que la violencia sexual contra niños pueda ser competencia de cualquier justicia transicional o tenga sanciones alternativas. Respaldado por congresistas proacuerdo, ya pasó la mitad de los debates y tiene buenas probabilidades de ser aprobado.

Aunque solo aplican al futuro, muestran que el uribismo mantiene la bandera de luchar contra la violencia sexual. Eso se confirmó con el respaldo público a una reforma constitucional para darle cadena perpetua a los violadores de menores que si bien tiene enormes dudas jurídicas porque la Constitución prohíbe la cadena perpetua, y Duque comenzó a contemplar públicamente la alternativa de que esos delitos no prescriban, refuerza el mensaje político.

El uribismo no expresó esas preocupaciones durante el proceso ni tras el plebiscito de octubre de 2016, pues ni el hoy presidente, que estuvo en la renegociación, ni su partido hicieron propuestas sobre violencia sexual.

Ahora, a medida que la indignación pública por esos crímenes ha crecido, sí lo hacen, y alegan que la JEP no podrá garantizar justicia a las víctimas de un delito que se volvió en poco tiempo casi tan emblemático como el secuestro, por años el símbolo de las Farc.

La JEP investiga

Entre tanto, la JEP comenzó a investigar la violencia sexual, centrándose en entender las órdenes dentro de las Farc permitieron que sucediera y quiénes las dieron.

Una vez sean identificadas, deberán dar un paso adelante para reconocer su responsabilidad, contar la verdad y personalmente reparar a las víctimas. Solo si cumplen las tres cosas podrán clasificar para una sentencia más benévola, no carcelaria, de 5 a 8 años.

El razonamiento del modelo de centrar la investigación en los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos, que aplica a toda la JEP, es que así Colombia podrá cumplir con sus obligaciones internacionales y garantizar los derechos de las víctimas, evitando que el tribunal de paz colapse por la cantidad de crímenes de medio siglo de violencia .

Según el magistrado Iván González, que lleva las investigaciones de este delito en la Sala de Reconocimiento de la JEP, seis de los siete macrocasos que han abierto arrojan datos de violencia sexual, incluyendo los secuestros de las Farc, los ‘falsos positivos’ del Ejército, dos regionales (en Urabá y Cauca) y uno sobre el pueblo indígena awá en Nariño.

Muchas víctimas de violencia sexual están presionando para que abra un macrocaso específico sobre esos delitos.

“Queremos que se abra una línea de investigación para que las demás mujeres lo vean y se sientan representadas, para que no quedemos en la parte de atrás”, dice María Choles, una mujer de 45 años oriunda de la zona bananera del Magdalena que fue dos veces víctima de violencia sexual: guerrilleros de las Farc la violaron y desplazaron en 1995, y en 2000 paramilitares la buscaron después de que hubiera retornado a su pueblo. “No queremos quedar camufladas entre otros delitos”, añade.

La JEP parece abierta a escuchar su consejo. “Personalmente pienso que es una expectativa realista que se abra un caso de violencia sexual. Eso no quiere decir que los que están andando no lo tengan que abordar. Hay que avanzar en recoger toda la información posible”, dice el magistrado González.

“Desde la comisión de género, estamos haciendo todo para apoyar a la Sala de Reconocimiento para que lo considere como una opción, aunque es una decisión suya”, coincide la magistrada Alexandra Sandoval, quien ha acompañado a las víctimas de violencia sexual en el tribunal.

Cuál justicia puede abordar mejor la violencia sexual

Mientras la JEP avanza en sus macrocasos y define si abre otros, las mujeres de Rosa Blanca y Fevcol, otra organización de víctimas de las Farc que ha sido crítica del acuerdo de paz y que dirige el periodista Herbin Hoyos,  están recogiendo 1,8 millones de firmas para convocar un referendo para revocar la JEP.

Con el argumento de que la justicia ordinaria es más confiable, están promoviendo que la Corte Suprema de Justicia tome sus funciones en una nueva sala especial. Aunque este desenlace es improbable, el Centro Democrático está apoyando la idea y la usa como mensaje electoral.

La evidencia parece contradecir la idea de que la justicia ordinaria es efectiva.

De 634 casos que priorizó la Corte Constitucional en dos autos, solo 14 – el 2,2 por ciento- terminaron en una condena, concluyó un informe de 2016 de Dejusticia y otras 11 organizaciones. Los niveles de impunidad en esos casos priorizados de abuso sexual, establecieron, oscilan entre el 92 y el 97 por ciento.

Además, en el sistema de Justicia y Paz tras la desmovilización de los paramilitares, las violaciones fueron inicialmente consideradas como perversiones individuales que causaban la exclusión de esa justicia transicional. Así, sin ningún incentivo para confesar, la mayoría optó por quedarse callado y recibir penas más suaves en la justicia ordinaria.

“Una sentencia reducida, al punto incluso de no entrar nunca en prisión, les permitió evitar la exposición pública en los procesos de construcción de verdad y tener que pedir perdón a sus víctimas. La justicia ordinaria entonces presenta una salida discreta y más bien inocua”, concluyeron los investigadores Mónica Hurtado y Ángela Iranzo de la Universidad de La Sabana, y Sergio Gómez de la Fiscalía.

La oportunidad para acercar a más víctimas a la JEP

Con macrocaso o sin él, otra pregunta decisiva es si la JEP logrará persuadir a las víctimas de violencia sexual de las Farc que han sido críticas del Acuerdo para que se acerquen y trabajen conjuntamente.

Un caso de género contra las Farc

Casi tres años tras la firma del acuerdo, víctimas como Choles y Yudy Tovar, quien fue reclutada por las Farc en el sur de Tolima cuando tenía 16 años y escapó un año y medio después, están empeñadas en redoblar la presión legal sobre los ex comandantes que no están dispuestos a reconocer las acciones de las Farc.

Algunas de ellas han probado su eficacia en los juzgados. Choles y su organización, la Iniciativa Mujeres por la Paz (IMP), fueron decisivas para armar el caso que resultó en la condena reciente del excomandante paramilitar Hernán Giraldo por violar a al menos 37 niñas. Otra organización feminista, Women’s Link Worldwide, está a punto de entregar a la JEP un informe exhaustivo sobre esterilizaciones forzadas en las Farc.

Las víctimas de Rosa Blanca también están confiadas de su información. “Estas mujeres son la prueba reina en el caso del reclutamiento y violencia sexual, además de ayudar a probar otros delitos”, dice su abogada Berta Suárez. También están empezando a trabajar con el Centro de Memoria Histórica, que dirige el historiador Darío Acevedo, en un informe sobre violencia sexual en las Farc.

La JEP también las ha llamado. “Lo que necesitamos es la información que tienen de casos concretos, sin los cuales no podemos avanzar en esa dirección. Les dije que estamos a su disposición para que puedan presentar informes, bien sea por escrito u oralmente. No hay que identificar públicamente a las víctimas ni comprometer su seguridad”, dice el magistrado González.

Por ahora, Tovar dice que esperan entregar en septiembre un primer informe parcial que detalla 100 casos de reclutamiento forzado y violencia sexual, que describe como un “contrapunto” y “contraataque” a la negativa de las Farc. También planean enviárselo a la CPI y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la esperanza de ejercer presión desde afuera.

Insisten en que aún no confían en la justicia transicional.

“Yo personalmente siento que no me creen, que la verdad para la JEP es la que tienen las FARC”, dice Tovar, aunque describe las reuniones con los magistrados como constructivas y siente que hay una puerta abierta. “Esa es la lucecita de esperanza: que el magistrado lea y le preste atención. Él dijo que era una pieza procesal fundamental”, reflexiona. Un rato después matiza, “esa lucecita es lejana”.

Consciente de esta desconfianza, el magistrado González buscó a las mujeres de Rosa Blanca y se ha reunido con su abogada, Berta Suárez, tres veces este año. También han hablado con la presidenta Patricia Linares, pero creen que esas reuniones han sido menos exitosas.

Las mujeres de Rosa Blanca están esperando ver a los comandantes de las antiguas Farc respondiendo por la violencia sexual ocurrida dentro de las filas de la guerrilla.

“Quiero que haya justicia y reparación. Yo no quedé con secuelas, pero quiero que sean castigados y que nos pidan perdón porque nos dejaron con la dignidad por el piso. Así entiendo la justicia, aunque con el simple perdón no van a quitar el daño,” dice Yudy Tovar, una ex combatiente de 30 años que dejó la guerrilla hace una década y denuncia reiterados abusos sexuales.

Ellas concuerdan con las víctimas que sí apoyan la justicia transicional en que, para que la JEP funcione, los ex comandantes de las Farc tienen que empezar a admitir públicamente su rol en la violencia sexual. No solo porque es la condición para que reciban sanciones más suaves y para que la Corte Penal Internacional concluya que Colombia está cumpliendo su deber, sino sobre todo porque es lo que ellas más valoran.

Por ahora, esos líderes parecen no estar arrepentidos.

“Se trata de cargar sobre el adversario el mayor número de crímenes posibles para estigmatizarlo, para generar una situación que no permite la reconciliación”, , dijo en marzo Rodrigo Londoño, quien fue comandante en jefe de la ex guerrilla. Negó que la violencia sexual hubiera sido sistemática, argumentando que ellos mismos ejecutaron a los culpables.

“Las Farc todavía se quedan cortas porque no lo reconocen públicamente. Uno siente como si lo siguieran negando”, dice Choles, que coordinó el capítulo regional del informe entregado a la JEP por las mesas de víctimas.

Ella todavía recuerda cuando Iván Márquez, ahora rearmado, la reprendió en privadodespués de que fue una de las 60 víctimas que compartió sus expectativas sobre un acuerdo en La Habana, en 2015. Según cuenta Choles, Márquez le sugirió que solo hablara de su experiencia personal si podía identificar a los culpables directos. Sacudida, ella le respondió que ese no era su deber sino el del Estado.

“No aceptan que fue un delito intrafilas. Supuestamente no abusaron de ninguna, supuestamente no hicieron a ninguna mujer abortar, ellos dicen que los niños entraron por su voluntad”, dice Yudy Tovar, quien fue reclutada por las Farc en el sur de Tolima cuando tenía 16 años y escapó un año y medio después.

Las expectativas de las víctimas

Mientrastanto, en Rosa Blanca subrayan que le ayudarán a la justicia transicional a construir uno contra los comandantes de las Farc al tiempo que intentan derogarla.

“Nosotras no podemos aflojar acá por esto. Independientemente de lo que pase con el referendo, cumplimos con el deber de llevar el informe a la JEP. Si no cumplimos, no podemos exigir”, dice Tovar, añadiendo que están listas para ser llamadas como testigos.

De hecho, diez de ellas están ya listas para testificar en el caso de secuestro, cuya magistrada Julieta Lemaitre describen como “alguien con un interés amplio, querida y seria”.

Al final, todas insisten en que la JEP solo logrará su meta si logra presionar a los líderes de la Farc a admitir su responsabilidad en violencia sexual.

Primera decisión sobre violencia sexual

Un paso que dio la JEP recientemente parece mostrar que está tomándose la violencia sexual seriamente. En julio, rechazó la solicitud de amnistía que hizo un ex guerrillero llamado Oscar de Lima Contreras. Lo hizo después de verificar que tiene una investigación pendiente en la justicia ordinaria por el abuso sexual de una niña wayúu de 17 años.

El raciocinio de la JEP en este caso ilustra cómo se está aproximando a la violencia sexual en el marco del conflicto. De acuerdo a la decisión de la Sala de Amnistía, hay tres hipótesis distintas de cómo este crimen puede caer dentro de la jurisdicción de la JEP: que sea una política de la organización o cualquiera de sus comandantes, que fuera una práctica común o tolerada aún cuando no hubiese una orden concreta, o que fuera un acto de oportunismo hecho fácil por la pertenencia a un grupo armado. En las tres situaciones, sigue siendo un delito que no puede ser amnistiado.

En el caso de De Lima, la JEP decidió que el caso es de su competencia porque, aunque no había evidencia de una orden, presuntamente se aprovechó de circunstancias como su arma o el control territorial de la guerrilla para reclutar y abusar de la niña. Como resultado, le negó la amnistía y ordenó que fuera investigado por la Sala de Reconocimiento.

“Yo necesito que las Farc como movimiento reconozcan la violación, no que me traigan a quien lo hizo frente a mí”, dice Yolanda Perea. “Que las Farc digan ‘A Yolanda la violamos, le pegamos cuando estaba embarazada hasta que perdió su bebé y encima le matamos a la mamá. Nada de eso fue culpa de ella’. Porque además de pisotearnos y estrujarnos, nos han echado la culpa”.

Quizás si eso pasa la violencia sexual pasará de ser una pera de boxeo a un punto de encuentro entre defensores y críticos del Acuerdo.

Este reportaje es una versión editada del que se publicó originalmente, en inglés y francés, en JusticeInfo.net.

Comentarios (1)

Elizabeth Prado

11 de Septiembre

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Aunque el tema de este artículo es complejo, da gusto leer a Andres Bermúdez...+ ver más

Aunque el tema de este artículo es complejo, da gusto leer a Andres Bermúdez, porque escribe bien, al igual que Juanita León y Lewin. Se les nota su experiencia y preparación. Hacen falta otros periodistas senior en la LSV.

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