Este año, Ecuador logró reducir su deuda externa en casi 1.000 millones de dólares (sí, leyó bien, mil millones de dólares) a cambio de invertir en la protección de las islas Galápagos. Según el gobierno de ese país, unos 450 millones de dólares de los ahorros producidos serán destinados para la conservación de la reserva marina.

También Belice, utilizando una estrategia similar, redujo su deuda en una cifra equivalente al 10% del PIB a cambio de comprometerse a conservar y proteger su barrera de coral, que es la segunda más grande del mundo después de la australiana.

La posibilidad de que países con activos naturales disminuyan su deuda con pagos para la conservación ha existido desde los años 80. Pero, a pesar de su riqueza natural, Colombia ha hecho un uso muy limitado de ese mecanismo.

La razón es que la calidad de la deuda colombiana es muy buena. Sí, pues Colombia es un país juicioso que paga sus cuentas con regularidad, y el debt-for-nature-swap (Dfns), que es el mecanismo que se emplea en estos casos, no aplica para los bonos soberanos colombianos.

El Dfns aprovecha los descuentos que tiene la deuda de algunos países porque la calidad es mala, lo que disminuye el precio al que sus bonos se pueden vender en el mercado.

Cuando un país con riquezas naturales está en problemas para pagar su deuda, las ONG y los financiadores verdes aprovechan para comprar con descuento los bonos a los tenedores originales, que ya han dado por perdido una parte del valor del título. A cambio, las ONG y los nuevos financiadores le exigen al país que invierta en la protección del medio ambiente.

Como la compra de los bonos se da con un descuento por la calidad, algunas agencias de valoración de riesgo han expresado que el Dfns es una señal de que un país está teniendo dificultades para pagar su deuda, una variedad ecoamigable del impago. Por eso, los Dfns pueden afectar la calificación de riesgo de los países que participan y aumentar el costo de endeudarse hacia el futuro.

Otros detractores de los Dfns afirman que son inconvenientes porque condicionan al país a invertir recursos corrientes en la conservación de los activos naturales, antes de considerar otras necesidades. Algo así como si el banco le rebajara a uno en la hipoteca de la casa, pero lo obligara a invertir buena parte del sueldo en el jardín y las materas.

Condicionar la inversión pública a un sector específico o a la protección de una zona particular, como la Barrera de Coral de Belice o las Islas Galápagos en Ecuador, puede presentar un dilema complejo en sociedades que tienen deficiencias proveyendo servicios básicos como la salud o la educación.

Frente a esto, Colombia está en una situación paradójica. El país tiene sus finanzas sanas, y no clasifica a mecanismos como los Dfns, pero no es lo suficientemente rico para cuidar bien sus recursos naturales.

Por ejemplo, en 2018 el Ministerio de Ambiente calculó que solo para implementar una estrategia de protección de los bosques se tendrían que invertir cerca de 10,3 billones de pesos entre 2018 y 2030. Para poner esa cifra en perspectiva, en 2023 el Ministerio del Medio Ambiente tuvo un presupuesto total de 1.4 billones de pesos para funcionamiento e inversión.

Eso no quiere decir que el país esté sin opciones, pues no toda la financiación para temas medioambientales está condicionada a los Dfns.

En 1992 Colombia recibió un descuento cercano a 30 millones de dólares del gobierno de EEUU por constituir un fondo destinado a la conservación, y en 2004 el Departamento del Tesoro de ese país volvió a condonar 9 millones de dólares para fines similares. Todo esto sin impactos adversos en la calificación crediticia.

Colombia cuenta con un marco de referencia avanzado y experiencias exitosas en la emisión de bonos verdes (deuda ligada a proyectos ambientales), que en teoría le permitiría financiar la inversión a mejores tasas que la deuda corriente.

Además, el gobierno está considerando implementar una regla fiscal verde, que ampliaría el cupo para financiar proyectos clave de la agenda ambiental, como la transición energética.

También están las donaciones y la venta directa de los servicios ecosistémicos en los mercados internacionales, en los últimos años ha habido una oleada de recursos donados para la protección de los bosques.

Los gobiernos de Noruega, Alemania y Reino Unido contribuyeron entre 2016 y 2021 con cerca de 243 mil millones de pesos (85 millones de dólares) a través del programa Visión Amazonía.

Estos dineros tienen la ventaja de ser, en buena parte, donaciones o pagos para Colombia por la conservación del bosque, así que se pueden invertir sin deteriorar la cartera. Sin mencionar que les sirven a los países donantes para compensar por el carbono que emiten sus industrias.

Para que Colombia pueda aprovechar al máximo este caudal de financiación, a los donantes se les debe demostrar que su dinero se está usando bien. Esto implica dirigir los recursos a actividades eficaces, que logren el objetivo de proteger la riqueza natural de manera sostenible en el tiempo.  

Ya hemos fallado en eso: el monto inicial de Visión Amazonía era cercano a los 100 millones de dólares, pero solo llegó a 85 millones porque Colombia no pudo reducir la deforestación entre 2013 y 2017.

El apetito de los donantes y de los compradores de deuda verde podría desperdiciarse si el gobierno no logra estructurar bien la manera de encaminar esas inversiones y demostrar resultados.