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Doctor en Derecho con mención internacional cuya tesis doctoral recibió la calificación sobresaliente cum laude en la Universidad Carlos III de Madrid, España. Abogado y Magíster en Derecho con énfasis en Derecho de los Recursos Naturales de la Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia. Docente e investigador del Departamento de Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia. Autor de artículos y libros de investigación, columnista y consultor independiente. Miembro del Semillero de Talentos de Colfuturo. Dentro de sus libros de investigación destacamos: "Las aguas residuales en la jurisprudencia del Consejo de Estado: Periodo 2003-2014"; "El activismo judicial y su impacto en la construcción de políticas públicas ambientales. Análisis de caso en el Derecho Jurisprudencial de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado". Algunos reconocimientos académicos son: matrícula de honor por promedio académico (2012), eximido de presentar preparatorios por desempeño académico durante la carrera (2014), su tesis de pregrado recibió aclamación del Consejo Directivo de la Universidad, y para el desarrollo de sus estudios doctorales obtuvo una beca integral durante los tres años. Twitter: @LuisFelipeG19
El aumento exponencial de conflictos agrarios y rurales acompañados de la falta de acceso a la justicia por parte de la población campesina, llaman a la necesidad de establecer una auténtica jurisdicción y/o especialidad agraria en Colombia.
Columna
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Los planes de ordenamiento territorial, que son los instrumentos básicos para desarrollar el proceso de ordenación del territorio, deben considerar la dimensión ambiental como uno de sus ejes estructurantes.
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La actualización de los Planes de Ordenamiento Territorial y el desarrollo de otras figuras para la ordenación de territorio constituyen un reto institucional, económico y social para Colombia.
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Este tratado internacional constituye una oportunidad para mejorar la normativa colombiana en materia ambiental.
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En este texto presentamos algunas consideraciones respecto a unos de los argumentos a favor de la supuesta personalidad jurídica de la naturaleza.
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Pretendemos presentar la discusión sobre la descentralización territorial en el desarrollo de competencias relacionadas con la paz y la minería. Haciendo una especial mención al municipio como entidad territorial de la organización político-administrativa de Colombia.
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A propósito de la creación de la Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental (MIDA) por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) pretendemos analizar si constituye un avance en la implementación de los derechos de acceso o procedimentales en materia ambiental o es una organización administrativa que carece de actuaciones administrativas eficaces para ello.
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Con la creación de los "centros regionales de diálogo ambiental" el Ministerio de Ambiente da tres soluciones, pero deja dos pendientes.
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El desarrollo rural sostenible es el camino para preparar la ruralidad a los retos del Siglo XXI y el escenario del pos-acuerdo de paz.
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El aumento de los conflictos ambientales en todo el mundo es una realidad y una oportunidad para dar respuesta a tantas pretensiones y resolver los problemas jurídicos.
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Es relevante hacer un corto análisis del principio democrático en la construcción de paz, específicamente en los Acuerdos Agrario & Drogas Ilícitas y en el desarrollo del plebiscito.
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El aumento exponencial de conflictos agrarios y rurales acompañados de la falta de acceso a la justicia por parte de la población campesina, llaman a la necesidad de establecer una auténtica jurisdicción y/o especialidad agraria en Colombia.
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Conocidos los resultados del #Plebiscito2016 resulta necesario reflexionar sobre ello y por ende plantear algunos cuestionamientos, ¿y ahora qué?.
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El Catastro de Colombia fue concebido con un único objetivo,el fiscal. Operá con una ficha catastral desde 1984 vieja y vetusta para el crecimiento del país,siendo un obstáculo para el desarrollo rural. Surge el Catastro Multipróposito como eventual solución,en este corto ensayo se analizarán sus retos y oportunidades para el campo colombiano.
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Resulta necesario plasmar algunos interrogantes de índole jurídico del futuro de la industria minera en el país luego de realizada la consulta popular en Cajamarca (Tolima) el pasado domingo 27 de marzo, donde sus habitantes votaron No a la minería en su territorio.
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El campo colombiano ha sido el campo de batalla de las competencias administrativas en los distintos niveles, resulta necesario hacer un análisis de la nueva institucionalidad en materia rural y agraria en un esecenario de pos acuerdo, pos conflicto, paz y reforma rural integral.
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Una de las tareas pendientes del Gobierno Nacional es diseñar la arquitectura financiera que lleven a la financiación sostenible del posconflicto ambiental, los recursos son escasos en las zonas más afectadas con el conflicto armado durante décadas y se requieren inversiones determinantes en conservación y restauración ambiental.
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En este paper analizaremos el concepto de participación ciudadana a próposito de la sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional en materia del proceso de delimitación de los páramos en Colombia. De igual forma discerniremos en torno a los cánones exigidos en esta providencia judicial, ¿surge una consulta ambiental obligatoria?.
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El aumento de los conflictos ambientales en todo el mundo es una realidad y una oportunidad para dar respuesta a tantas pretensiones y resolver los problemas jurídicos.
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El desarrollo rural sostenible es el camino para preparar la ruralidad a los retos del Siglo XXI y el escenario del pos-acuerdo de paz.
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