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Por Laura Martín | Nohora Celedón · 22 de Abril de 2021

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El fin de semana, el presidente Iván Duque invitó a los congresistas que tienen que estudiar el proyecto de reforma tributaria a dar un debate constructivo y “a enriquecer la discusión y que, si hay aspectos por corregir, se corrijan en esa conversación armoniosa”. 

Pero ese diálogo constructivo podría terminar destruyendo el corazón de la reforma, que se basa en subir los impuestos a personas de ingresos medios y altos (renta e IVA) para financiar programas sociales a los más pobres. 

Porque todos los partidos –incluido el de Gobierno– le han hecho saber a Duque que o cambia las propuestas de eliminar exenciones de IVA y la de poner a más personas a pagar renta o hundirán el proyecto.

Como es claro que el Gobierno no va a conseguir toda la plata que esperaba, va a tener que escoger entre qué tanto invierte para tapar el hueco fiscal de los próximos años (según cálculos de Hacienda son 16 billones de pesos) y qué tanto invierte en los subsidios para ayudar a los más pobres.

De ese delicado balance dependerá qué reforma saldrá del Congreso. Porque en una cosa coincidieron las 17 fuentes que consultamos para esta nota (entre congresistas, funcionarios del gobierno y analistas): habrá reforma tributaria, pero no la que sueña el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Entre la ambición de Hacienda y “lo posible” de la Andi

Aunque ningún partido le ha dado un respaldo total a la reforma, la cancha está dividida entre los que quieren que se caiga y los que tienen propuestas de fondo para ajustarla y que pase.

En este último grupo están el Partido de La U, los Verdes, Colombia Justa Libres y el Centro Democrático. Ellos le apuestan a que, con modificaciones de fondo, el Gobierno pueda recaudar la plata que necesita sin tocar tanto el bolsillo de las personas. 

”La gente en la calle lo que quiere es que uno diga no a la reforma tributaria, la gente está expresando un desacuerdo enorme al Gobierno”

Jhon Jairo Cárdenas, representante de La U

El partido de la U sacó este comunicado que dice que no aprobaría una reforma que le suba el IVA a la gasolina ni a los servicios públicos, ni que ponga a pagar renta a los pensionados. Lo hizo después de que la presidenta de la colectividad, Dilian Francisca Toro, se reuniera con miembros de su bancada de las comisiones económicas.

“Creo muy difícil que se apruebe una reforma tributaria de la forma en que está presentada –dijo Toro a La Silla–. La solución en la que nosotros creemos es la que dio la Andi”.

La propuesta de la Andi apunta a recaudar entre $ 13 y $ 14 billones (10 menos que el Gobierno), aunque según los cálculos internos de Hacienda en realidad no superaría los $ 10 billones. Básicamente, consiste en mantener el impuesto al patrimonio y aplazar la aplicación de dos beneficios para los empresarios que empezaban a regir desde el próximo año: la reducción de 1 punto al impuesto de renta a las empresas y la devolución de la mitad de lo que pagan a las ciudades por impuesto de industria y comercio.

Como recaudaría menos, la Andi propone destinar algo así como 4 billones a lo social y el resto al pago de la deuda. Pero también, como reconoció en esta entrevista el presidente del gremio, Bruce MacMaster, implicaría aplazar una reforma más de fondo para los próximos años.

“Hay que ser más creativos para no tocarle el bolsillo a la clase media”, le comentó Juan Lemos a La Silla, una figura clave del Partido de la U en la Comisión Cuarta del Senado. 

Sin embargo, la propuesta de la Andi, según dijo en esta rueda de prensa el ministro de Hacienda, se queda corta ante las necesidades que quiere atender el Gobierno, tanto en lo financiero como en lo social.

A esta crítica, el presidente de la Andi, Bruce MacMaster, le dijo a La Silla: “En este momento lo más importante es que lleguemos a un acuerdo nacional de que se necesita hacer una reforma. Chuleado ese punto, tenemos que hacer la mejor reforma posible, no la mejor reforma, y ahí creemos que nuestra propuesta puede funcionar”.

Pero la Andi no es la única con ideas.

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Las propuestas de Colombia Justa Libres van en la misma línea, pero pone otras ideas sobre la mesa. Según dijo John Milton Rodríguez, el senador del partido en la Comisión Cuarta, además de la propuesta de la Andi, esperan:

  • Incluir una sobretasa a los sectores mineros, energético y financieros con la que esperan recaudar $7,8 billones.

  • Una drástica reducción del Estado con la que esperan un ahorro de $3,6 billones.

Tanto La U como Justa Libres creen que el Gobierno debe incorporar a su presupuesto las utilidades del Banco de la República. Sin embargo, esa plata ya la cuenta el Ministerio de Hacienda entre sus ingresos.

Desde el Partido Verde, la representante Katherine Miranda (que será ponente de la reforma) y el senador Iván Marulanda le confirmaron a La Silla que son tantos cambios los que creen que debe tener el proyecto presentado por el Gobierno que presentarán una contrarreforma.

“En la reforma hay muy pocas cosas que nos parecen aceptables”, dijo Marulanda. Miranda agregó que en los próximos días terminarán de ajustar sus propuestas, que incluirán medidas como:

  • Crear un impuesto de 89 mil pesos por tonelada de carbón mineral, con lo que consideran que se puede recaudar 10 billones de pesos.

  • Impuestos a las bebidas azucaradas (que también están en la propuesta de Colombia Justa Libres) con el que recogerían entre 1 y 1,4 billones de pesos.

  • Impuesto a las iglesias, con el que esperan recoger 1,8 billones de pesos.

  • Reducir más exenciones tributarias a las empresas.

Esto para no tocar renta a las personas naturales ni IVA. Aunque no es claro que un impuesto como el que proponen al carbón, que es el segundo producto de exportación del país y del que dependen las economías del Cesar y La Guajira, pase en el Congreso.

Incluso el Centro Democrático, que en este comunicado respaldó la propuesta del Gobierno, dijo que no estaba de acuerdo con:

  • Gravar las pensiones de más de 7 millones; creen que deben empezar a gravarlas a partir de las de 14 millones.

  • No eliminar las exenciones del IVA.

  • No poner a pagar renta a personas que ganan salarios de entre 2,5 y 4 millones de pesos.

“Apoyamos lo social de la reforma y lo del ahorro, pero el resto hay que ajustarlo”, dijo a La Silla uno de los coordinadores del Centro Democrático en la Tercera del Senado, Fernando Araújo. 

Ya el partido, con la intervención de Tomás Uribe, había logrado que Duque contradijera Hacienda y se echara para atrás de gravar con IVA a los alimentos. Ese cambio le costó 3 billones de pesos a la reforma. 

Insistió en que en las conversaciones entre el Gobierno y el Congreso deben hacerse cambios significativos, aunque agregó que para el Centro Democrático es importante que no se caiga: “si no se logra pasar la reforma, lo que vamos a hacer es empeorar la crisis”.

No es claro si las propuestas de estos partidos logren pasar o si sumadas puedan reemplazar los $17 billones que quiere sacar el Gobierno poniendo a pagar más renta y a más personas, ni los $7 billones que espera sacar del IVA.

Además, según supimos por una alta fuente del Gobierno, en Hacienda están preocupados de que para evitar tocar el IVA y la renta, los congresistas llenen el proyecto de ideas populistas, como la sobretasa a los bancos, a la que Carrasquilla se opone.

Los que se oponen y los que no saben

Hay otros partidos que anunciaron su rechazo total a la reforma. Por un lado, Cambio Radical, que tras haber apoyado la pasada reforma esta vez pasó a la oposición porque el Gobierno ignoró sus propuestas, varias de ellas planteadas por Germán Vargas Lleras en esta columna.

“Le planteamos al Gobierno que tuviera en cuenta nuestras recomendaciones sobre no gravar la clase media y ellos no quisieron escuchar, por eso nos vamos en contra del proyecto completo”, dijo a La Silla el presidente de la Comisión Cuarta del Senado y miembro del partido, Carlos Jiménez.

“Lo más conveniente es que el Gobierno retire la reforma”, dijo a La Silla el senador de Cambio, Richard Aguilar, quien fue nombrado esta semana ponente de la reforma.

Una parte del Partido Liberal también está en contra del proyecto como un todo, como lo evidenció este pronunciamiento del líder del partido César Gaviria. 

Pero, como nos confirmó el senador Andrés Cristo Bustos (Comisión Tercera), aunque la mayoría de los congresistas liberales están de acuerdo con Gaviria, no ha habido una reunión de bancada para tomar una posición conjunta.

Los conservadores tendrán esa reunión hoy y decidirán si se unen a Cambio en la oposición o si, como el Centro Democrático, apoyan la reforma pidiendo ajustes de fondo.

Y desde la oposición, el Polo, los Comunes y los Decentes la rechazan por razones similares. Desde el Polo, de hecho, presentarán una propuesta para archivarla e incluso están pidiendo —de nuevo— la renuncia de Carrasquilla, como expresó Alexander López en este comunicado.

Mientras que Los Comunes están llamando a que en el paro nacional del 28 de abril se marche en contra de la reforma.

En otras palabras, que el Gobierno ofrezca un subsidio sin ninguna condición al 40 por ciento de la población –una versión de la renta básica que la izquierda lleva promoviendo durante años–  no fue suficiente zanahoria para subir a los partidos de oposición en el bus de la reforma.

Los tres partidos de izquierda suman seis votos en las comisiones económicas, pero sumados a Cambio Radical y a los liberales sumarían 37 de 87 votos que tienen las Terceras y Cuartas. Con 46 votos pasaría.

Entonces, al menos en primer debate, estas oposiciones rotundas no tumbarían la reforma. Pero sí ponen al Gobierno a recalcular sus apuestas.

El factor elecciones y pandemia

El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, le confirmó a La Silla que el Gobierno espera que esta semana las comisiones designen los coordinadores ponentes de la reforma para poder empezar, a partir de la próxima, a discutir el proyecto punto por punto. 

 

“Es un debate democrático y estamos dispuestos a escuchar todas las propuestas”, dijo el viceministro a La Silla.

Para algunos senadores ya es demasiado tarde para eso. Aguilar, de Cambio Radical, dijo que uno de los puntos que motivó a que el partido rechazara el proyecto fue justamente que el Gobierno los ignoró antes de radicarlo.

La designación de los coordinadores también se ha demorado. Por un lado, por un tema de trámite: hasta ayer, la Secretaría de la Cámara no había notificado formalmente a las comisiones de que tenía ya el proyecto en sus manos.

Pero también por un tema de fondo: hay temor entre algunos congresistas de asociar sus nombres con una reforma que consideran tóxica. 

“Este proyecto nació con un acta de defunción desde el principio en la opinión pública. Este gobierno ya está terminado, ¿será que mis compañeros se van a sacrificar votando por la reforma?”, le dijo un senador de La U a La Silla. 

El representante de La U, Jhon Jairo Cárdenas, que fue ponente en las dos reformas anteriores, le explicó a La Silla que, a pesar de que considera que se necesita una reforma, declinó a ser ponente. Dijo que solo por decir públicamente que habría que discutir sobre la reforma del Gobierno había sido criticado por sus electores.

“La gente en la calle lo que quiere es que uno diga 'no' a la reforma tributaria, la gente está expresando un desacuerdo enorme al Gobierno”, dijo. 

Incluso, por ese temor al rechazo, en la Comisión Cuarta la mesa directiva decidió que todos serían ponentes. “Nadie quiere estar solo en eso”, le dijo a la Silla el presidente de la Comisión, Carlos Abraham Jiménez.

Si bien parte de ese rechazo previo es normal en una reforma tributaria, esta es diferente por dos razones: por un lado, es la primera reforma –al menos de este siglo– que se hace a tan poco tiempo de las elecciones.

Además, estamos todavía en la mitad de una pandemia. Hay 4 millones de personas desempleadas, la incertidumbre económica es alta y el plan de vacunación va a paso lento, por lo que es natural que el anuncio de nuevos impuestos caiga mal entre los ciudadanos.

De acuerdo con esta encuesta de la consultora Cifras y Conceptos, el 82 por ciento de los colombianos no votarían por un candidato que apoye la reforma tributaria.

Por si eso fuera poco, la reforma la negocia un gobierno que va de salida y que tiene límites para prometer inversión en las regiones o “mermelada”, porque en diciembre arranca a regir la ley de garantías que pone límites a la contratación directa. 

La Silla pudo establecer que al interior del Ministerio de Hacienda ya se asume que el IVA a los servicios públicos de los estratos 4, 5 y 6 es una batalla perdida. 

De acuerdo con el analista Mauricio Reina, los congresistas al oponerse de manera tan contundente están haciendo un cálculo electoral. “Si la reforma baja el umbral del impuesto de renta nos termina afectando a todos, y es muy rentable oponerse”, dice.

El Congreso tiene ahora la sartén por el mango. Pero Carrasquilla tiene un as bajo la manga. La ley dice que todo artículo que ordene nuevo gasto de la Nación debe tener el visto bueno del Ministerio de Hacienda. 

Así que el ministro tendrá la última palabra sobre en qué se invertirá la plata que recaude la reforma.

Y no será una decisión solamente técnica, también será política. En últimas, si la reforma recoge menos plata de la que calcula Hacienda (como parece que va a pasar), el ministro tendrá que decidir si tranquiliza a las calificadoras de riesgo o atiende las necesidades sociales.

Si pierde el grado de inversión, deja de herencia un obstáculo para el crecimiento económico futuro. Pero si se queda corto en sus promesas sociales, le deja en bandeja de plata esa bandera a la oposición para las elecciones de 2022. 

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