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Por Nohora Celedón · 27 de Noviembre de 2020

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Todo indica que el próximo año se discutirá una reforma tributaria que llevará el Gobierno al Congreso, su tercera ley de este tipo. Como pintan las cosas hasta ahora, será una película muy parecida a la del primer año de Iván Duque, con un Gobierno que busca recoger más plata en impuestos y un Congreso reacio a eso, pero en un contexto totalmente distinto.

Por las señales que ha dado el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, será una reforma amplia, que tocará el IVA y otras exenciones tributarias, y que pondrá nuevos impuestos. Todo eso porque su ministerio ha dicho que se necesitar recoger unos 20 billones de pesos más al año, todos los años.

Pero los partidos de la coalición de gobierno muestran reticencia para sacar una reforma que suba impuestos, la forma más fácil de recoger la plata para cubrir el hueco que dejaron la pandemia y las exenciones que se crearon en la reforma anterior.

Detrás de esas diferencias están el choque entre un hecho económico y uno político.

El económico es que las cuentas de 2022 no dan. Por eso, sin reforma el Gobierno tendría que endeudarse más y pondría en riesgo el grado de inversión del Estado, una calificación que le ha permitido a Colombia endeudarse a bajas tasas en el mercado internacional. 

Y el político es que el próximo año los congresistas estarán en temporada preelectoral, y ningún candidato quiere que le cobren haber sido el que acaba de subir los impuestos apenas saliendo de crisis. 

Esa tensión podría separar más el gobierno uribista de Duque de la apuesta de su partido y su padrino político, el expresidente Álvaro Uribe, para 2022, que ya ha marcado distancias de su impopular pupilo. 

Pero queda una alternativa que evita los escenarios más negativos y pinta probable: que salga una reforma aguada, que recaude poca plata, y que podrían poner en aprietos al gobierno siguiente.

 

El dejà vu tributario

Desde el inicio de la pandemia el ministro Carrasquilla advirtió que se iba a necesitar una nueva reforma tributaria, porque el gasto adicional que estaba haciendo el Gobierno en subsidios a familias y empresas implicó endeudarse. Y eso hay que pagarlo de alguna forma.

En abril el Presidente dijo que no era el momento para hablar de una reforma, y en agosto reiteró que hablar de tributaria en este momento era un "suicidio". Pero desde junio el Ministerio publicó el Marco Fiscal a Mediano Plazo, en el que dijo que necesita recaudar al menos 20 billones de pesos (dos puntos del PIB) adicionales para mantener su nivel de gasto, y que por eso se necesita una “reforma fiscal”.

Es decir, desde hace cinco meses el Ministerio dejó claro esa necesidad, aunque en su momento el viceministro Juan Alberto Londoño dijo que al decir “fiscal” y no “tributaria”, apuntaba no solo a un aumento en el recaudo de impuestos, sino también a recortar gastos y a recoger recursos vendiendo empresas del Estado (algo que ha planteado el Gobierno desde el principio, pero no ha logrado concretar).

Sin embargo, según nos confirmaron tres analistas económicos, es muy difícil recortar 20 billones del gasto porque en su mayoría son cosas que no se pueden bajar, como pensiones y salarios , y vender empresas para recoger 12 billones de pesos, como espera el Gobierno, pinta muy difícil, como detallamos en esta nota.

Así que si busca llenar el hueco, “fiscal” será sinónimo de “tributaria”.

En esa línea, estas son algunas de las ideas que han lanzado el Ministro y el Viceministro en entrevistas como esta o intervenciones como esta.

  • Aumentar el impuesto de renta a personas naturales.

  • Unificar el IVA en 19 por ciento, eliminando las tarifas de 0, 5 y 10 por ciento que tienen algunos bienes o servicios.

  • Mantener el subsidio llamado devolución de IVA para compensar el alza de este impuesto.

  • Eliminar otras exenciones tributarias.

  • Ampliar el impuesto al carbono.

Si bien en el Ministerio ya ha hecho proyecciones con esas alternativas, todavía no es seguro qué reforma se presentará, eso se conocerá en febrero.

Ese mes vence el plazo para que el Comité de Expertos en Beneficios Tributarios, que creó el Congreso en la tributaria de 2019 y debe revisar todos los beneficios tributarios que hay en Colombia, para recomendar si se eliminan o se dejan.

Así, la nueva tributaria tendría dos elementos en común con la primera que presentó el Gobierno: se hace para llenar un hueco fiscal y su eje sería la unificación del IVA.

Pero una cosa es la idea, motivada por el hecho económico, y otra la posibilidad real.

 

Subir impuestos, el harakiri electoral

El tema de la Convención Nacional Conservadora del fin de semana pasado fue la reactivación económica, y una de las conclusiones fue que no respaldarán “ningún intento de reforma tributaria hasta tanto no se den índices suficientemente sólidos de recuperación económica”.

En cambio, los azules dicen que apoyarán al Gobierno del que son grandes aliados si quiere endeudarse más, incluso pidiéndole plata al Banco de la República, una alternativa que el actual gerente del emisor, Juan José Echavarría, dijo que sería inconveniente.

“Es muy difícil pronunciarse sin saber qué está pensando el Gobierno, pero la pandemia no se acaba el 31 de diciembre, la problemática del sector productivo, la quiebra de empresas va a seguir en 2021. No podemos apoyar una reforma que cobre más impuestos”, nos dijo un Senador conservador cercano al Gobierno después de mencionar que la campaña de Congreso empieza en diciembre de 2021 (las elecciones son en marzo).

Una visión similar nos dieron otros dos representantes uribistas. 

“En el Centro Democrático rechazamos propuestas de reformas tributarias”, nos dijo el representante Christian Garcés.

Después matizó su afirmación: “Es nuestra posición, pero con esto de la pandemia siempre habrá posibilidad de que estudios y coyuntura obliguen a tomar nuevas decisiones, el gobierno sabe que no queremos reformas tributarias”, dijo a La Silla. 

Otro representante nos dijo extraoficialmente que estaban esperando la propuesta del Gobierno para fijar su posición, pero que en año preelectoral iba a ser muy difícil la discusión.

Y el senador Ernesto Macías dijo a La Silla que más allá de que sea un año preelectoral le preocupa que hay “millones de personas que lo perdieron o se les bajaron drásticamente sus ingresos”, y por eso es difícil subirles los impuestos. 

Sin embargo, dijo que hay que ser fiscalmente responsables y estudiar la propuesta cuando llegue: “Yo no me adelantaría a los hechos. Habría que analizar la necesidad y la urgencia de buscar recursos para financiar las prioridades que los colombianos están esperando y muchos necesitando”.

Eso muestra el escollo político, que es todavía más grande por el antecedente de 2018 cuando el exsenador Álvaro Uribe rechazó públicamente la parte de la reforma de Duque que unificaba la tarifa del IVA y ponía el impuesto a más productos de la canasta familiar, y con eso fue fundamental en que saliera una reforma que recaudaba solo 7 de los 14 billones que pretendía. 

Además, en el referendo que es el eje de su apuesta electoral para 2022 , no plantea más impuestos sino reducir el gasto público (congelando la nómina del Estado por seis años o reduciendo el número de congresistas) y no para tapar un hueco sino para dar más subsidios a personas vulnerables.

“Un debate para subir impuestos golpearía el corazón de la estrategia de la coalición gobiernista, en especial el Centro Democrático, alrededor de su referendo, que incluye un puñado de medidas sociales y económicas”, escribió en su editorial del pasado lunes el director del diario económico Portafolio, Francisco Miranda.

El lío es que sin el IVA es complicado armar una reforma que tape el hueco. Así que el Gobierno tendría que endeudarse más, y pondría en riesgo las finanzas en el mediano plazo. Es decir, patearía la pelota al Gobierno siguiente. 

 

No subirlos, el riesgo que se cocina para 2022

Ese “ojo al 2022” en el que ha insistido el expresidente Uribe, también lo tiene en la cabeza el ministro Carrasquilla, pero por otras razones.

Por ahora, el Gobierno tiene el salvavidas de que por la pandemia, y porque los bancos centrales del mundo han bajado tasas de interés, hoy endeudarse es barato, y probablemente lo seguirá siendo en los primeros meses de 2021. 

Eso se nota en que Perú, con peor recesión que Colombia, muchos contagios de covid y una crisis política que va en tres presidentes en un mes, logró que le prestaran plata a 100 años, cuando la deuda de los países emergentes suele ponerse por mucho a 30 años.

Por eso con deuda se puede sobreaguar la situación en 2021, pero no 2022, y por eso para el Ministro la reforma es inaplazable.

Y para las calificadoras de riesgo, que miden qué tan buen negocio es prestarle plata al país, también. En sus reportes más recientes han dicho de diferentes formas que para que Colombia siga siendo un país confiable para invertir, necesita resolver el hueco de manera estructural, así lo dijo una de ellas, S&P, y el analista de otra, de Moody’s, para Colombia.

Es decir no basta con vender empresas que solucionen el faltante de 2021, se necesitan reformas que permitan al país recaudar todos los años lo que falta.

Y el Comité de Consultivo de la Regla Fiscal, un grupo de expertos externo al Gobierno que define cuál es el nivel de deuda saludable para el país, fue más allá: dijo que hay una necesidad urgente de “implementar un conjunto coherente de reformas estructurales que promuevan la recuperación sostenible de la actividad económica y el empleo formal, así como la consolidación fiscal”.

“Es posible que tengamos 70 por ciento del PIB de deuda el próximo año, las calificadoras nos han dado el beneficio de la duda porque estamos en una situación sin precedentes pero lo que preguntan es qué van a hacer para devolverse a un nivel de deuda de 50 por ciento del PIB”, dice Wilson Tovar, jefe de Estudios Económicos de Acciones y Valores, una comisionista de bolsa.

“No hacer nada y perder el grado de inversión dificultaría una recuperación más rápida, implicaría la salida de inversionistas del país y una tasa de cambio más alta (un dólar más caro)”, agregó.

El director de investigaciones Económicas de Corficolombiana, y experto de la Silla Llena, José Ignacio López, explicó a La Silla que una reforma que recoja menos del 1 punto del PIB no sería suficiente para tranquilizar ni a las calificadoras ni a los inversionistas.

Esto implicaría que la tributaria de 2021 recoja más plata que la de 2018, que se reaprobó en 2019, o que elimine más exenciones fiscales, en contra de intereses de sectores empresariales que se benefician de ellas. 

Falta ver si la coalición del Gobierno que se estrenó este año resiste la prueba de fuego de la tributaria. Y si el “ojo al 2022” de Carrasquilla logra alinearse con el “ojo al 2022” de Uribe.

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