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Por Jerson Ortiz · 11 de Marzo de 2020

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Ayer el CTI de la Fiscalía capturó por presuntos actos de corrupción a los tres últimos exgobernadores de Amazonas que fueron avalados por Cambio Radical.  Pero no paró ahí. También abrió la puerta para investigar a las fundaciones y contratistas que se beneficiaron con esos convenios, y que también tienen nexos con el partido político de Vargas Lleras, que mandó en esa región durante años. 

El convenio a dedo

El caso de corrupción que destapó la Fiscalía contra Manuel Carebilla, César Lugo y Guillermo Marín, que gobernaron el departamento entre 2016 y 2018, tiene su origen en 2016.

Ese año, a la Gobernación de Amazonas llegó el docente y exrepresentante a la Cámara, Manuel Antonio Carebilla. Lo hizo con el aval y el respaldo de Cambio Radical. 

Figuras de ese partido como el senador Rodrigo Lara vieron en Carebilla al elegido para “para escribir una nueva historia en Amazonas” .

Pero muy pronto empezó a mostrar que no sería así.

Dos meses después de su posesión, Carebilla contrató de manera directa a la Fundación Apoyo al Desarrollo Social, Fapdes, registrada en Tolima, para que le montaran jurídica, financiera y técnicamente unos proyectos que le iba a presentar al Gobierno Nacional. 

Hasta ese momento nadie sabía en Amazonas de la existencia de esa fundación, según nos comentaron cuatro fuentes consultadas (un periodista, dos políticos y un abogado).

Fadpes montó dos proyectos: uno para construir el colegio Sagrado Corazón de Jesús, y otro para la construcción del hospital San Rafael.

 

Inicialmente, el convenio no estipulaba ningún pago como contraprestación, pero mediante dos modificaciones, la Gobernación de Carebilla y Fadpes acordaron el pago de un porcentaje de entre el 4 por ciento y el 6 por ciento del valor que la misma fundación le había puesto a las dos obras. 

Una cifra cercana a los 4 mil millones de pesos. 

Eso sin que ninguno de los dos proyectos tuviera asegurada su financiación.

En abril de 2016, cuando ya se habían firmado las modificaciones, Carebilla fue capturado por vender cupos de su Unidad de Trabajo Legislativo, UTL, cuando era congresista por Cambio Radical entre 2006 y 2014. 

Entonces su sucesor, César Lugo, fue quien le dio continuidad al convenio.

Lugo fue encargado como gobernador desde junio de 2016, puesto allí por el entonces ministro del Interior Juan Fernando Cristo, por petición de la dirección nacional de Cambio Radical en cabeza de Rodrigo Lara.

Guillermo Marín, también de Cambio Radical, en un encargo temporal de funciones, firmó unas adiciones de tiempo al convenio original. 

Por eso, la Fiscalía los imputó a los tres. 

La Fiscalía los acusa de saltarse las normas de contratación con la Fapdes porque aparte de que se trató de un convenio a dedo que no tuvo publicidad, ni competencia de otros proponentes como sí lo habría podido tener una licitación, se contrató algo que ya se había hecho antes. 

En 2013 la Gobernación había pagado una consultoría de 300 millones de pesos para estructurar unos proyectos, entre los que se cuentan el del colegio Sagrado Corazón de Jesús.

“Fapdes sabía para dónde iba. Hizo lo que le dio la gana con la venia de la Gobernación de Amazonas”, dijo el fiscal delegado Carlos Eduardo Castañeda.

Dijo que a cambio del convenio, los tres se beneficiaron del pago de coimas y sobornos y por eso pidió medida de aseguramiento mientras arranca el juicio. Un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá con funciones de control de garantías accedió, justificando que las pruebas eran sólidas porque había documentos, interceptaciones telefónicas a los tres, y también testimonios de exfuncionarios de la Gobernación. 

Pero el escándalo no termina ahí. Para los aliados de Cambio Radical tampoco.

Abrió la puerta

La primera fase de la investigación se centró en los tres ex gobernadores porque ellos tienen fuero constitucional y deben ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia y no por juzgados comunes. 

Ahora, el foco de la Fiscalía apunta a Fapdes y a los contratistas que se beneficiaron con lo que ellos hicieron. 

Fapdes es una fundación sin ánimo de lucro que nació jurídicamente en 2008 en la Cámara de Comercio de Ibagué, y que se mueve entre municipios de Meta y Tolima con contratos para prestar servicios de salud, organizar eventos y apoyar programas institucionales.

Uno de sus socios, Carlos Cleves Reinoso, tiene vínculos recientes con Cambio Radical porque fue candidato por este partido en las elecciones de 2015 y 2019 al Concejo de Piedras, Tolima.

A esa fundación no le aparecen en la base de datos de contratación pública del Secop,  otros convenios en el país para hacer o formular proyectos de obras como lo hicieron en la Gobernación de Amazonas. 

Aún así, los que montaron en Amazonas alcanzaron a tener el visto bueno de entidades nacionales. 

El caso del colegio fue el que llegó más lejos. 

En julio de 2017, el Ministerio de Educación le dio el visto bueno en la parte técnica, y en agosto, el Órgano Colegiado de Administración y Decisión, Ocad del Sur, que es la entidad que aprueba recursos de regalías, le puso la plata.

El proyecto se tasó en en más de 33 mil millones de pesos, casi la mitad de lo que vale el presupuesto anual de la Alcaldía de Leticia.

El gobernador Lugo sacó en septiembre la licitación pública para contratar la construcción del colegio y la interventoría.

Y en ambos casos, los protagonistas vuelven a tener vínculos con Cambio Radical.

El contrato de construcción (31.797 millones de pesos) se lo ganó como único proponente el Grupo Líbano S.A.S. 

Esa es una empresa de Caquetá de la que es socio y propietario el ingeniero Juan Carlos Sefair, quien fue el candidato de Cambio Radical a la Alcaldía de Florencia en 2015 y fue uno de los que le movió votos en ese departamento a la campaña presidencial de 2018 de Germán Vargas Lleras. 

Mientras que la interventoría (1.780 millones de pesos) se la ganó, también como único proponente, la empresa Proyectos Construcciones e Interventorías S.A.S, de la que Sefair fue socio entre 2013 y 2014.  

Lo que llama la atención porque la leyes de contratación establecen que el interventor debe ser una persona independiente de la entidad contratante y del contratista.

Aún así, Lugo firmó los contratos en noviembre de 2017, con la autorización de un anticipo de hasta el 30 por ciento del valor total. 

Para terminar el colegio, el Grupo Líbano S.A.S tenía un plazo de 48 meses. A corte de diciembre pasado, el avance de la obra es de un 35 por ciento. Contratista e interventor dicen que entre las razones de las demoras están errores de planeación en los diseños que entregó Fadpes.

Lo curioso es que en medio de las investigaciones, la Fiscalía denunció que Fadpes embargó las cuentas de la Gobernación porque no le han pagado los 4 mil millones que cobró por montar los proyectos. 

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