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Por Ever Mejía · 16 de Agosto de 2020

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Los grupos armados y la violencia están regresando y consolidando su presencia en la subregión de los Montes de María, conformada por 15 municipios de Bolívar y Sucre, que, tras décadas de guerra, vivió un periodo de relativa paz desde 2007 y es vista como un laboratorio del posconflicto. 

Eso quedó en evidencia esta semana tras el desplazamiento de 32 familias de la vereda Caño Negro, ubicada entre los municipios de Zambrano y El Carmen de Bolívar, este último el más poblado de la zona y tristemente recordado porque allí ocurrió la masacre paramilitar de El Salado en el año 2000. 

Se trata del primer desarraigo masivo de personas que se presenta en El Carmen en más de 15 años, y es consecuencia de una ola de violencia y terror que se viene dando desde mediados de 2018 en Montes y se ha acentuado en los últimos meses. 

 

Los campanazos que anunciaban el regreso de la violencia empezaron a sonar desde ese momento pero en los últimos meses se han escuchado más duro, especialmente en el municipio costero de San Onofre y El Carmen de Bolívar. 

De este último, además del desplazamiento reciente, se tuvo que ir en febrero un líder social tras recibir amenazas, en junio un líder sindical fue asesinado, en los últimos dos meses asesinaron a tres personas vinculadas a procesos de restitución de tierras, y hace un mes aparecieron 20 casas pintadas con las siglas de las extintas AUC.

En San Onofre, que queda en el Golfo de Morrosquillo, la Defensoría del Pueblo ha reportado que se están consolidando los grupos armados y a comienzos de año fue asesinado el exdiputado y parapolítico Nelson Stanp, en medio de una guerra de clanes políticos cuestionados, como contamos.

Los Montes de María es un territorio que tiene montaña y es apetecido por los grupos armados porque conecta al Golfo de Morrosquillo, uno de los principales puntos de exportación de droga del Caribe, con lugares de producción como el Bajo Cauca, el sur de Bolívar y el Catatumbo.

El arribo de los armados se viene dando como consecuencia del repliegue que han tenido que realizar estos grupos por el acoso de las Fuerzas Militares en la región del Urabá con la operación Agamenón II, y por la guerra entre Clan del Golfo y la banda de narcos los Caparrapos en el sur de Córdoba y el Bajo Cauca. Los del Clan encontraron en la zona características para continuar con los negocios ilegales y con su llegada volvieron el miedo, las muertes y el desplazamiento.

El desplazamiento le puso cara a la crisis

Una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo a comienzos de año reportó que en el Carmen de Bolívar se consolidó la presencia del Clan del Golfo, o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), y que están reclutando a jóvenes de la comunidad para que hagan parte de sus filas y organizando reuniones para intimidar a la población. 

El detonante para que, en medio de una pandemia, el miércoles pasado se desplazaran 32 familias de la vereda Caño Negro al casco urbano del Carmen de Bolívar fue el asesinato un día antes del campesino Eduardo Enrique Medina, quien tenía alrededor de 60 años y, según un líder y una persona cercana a él, hizo parte de un proceso de restitución de tierras. 

“Esto devastó a la comunidad, era un campesino muy querido que no se metía en problemas. A pesar del covid, en su sepelio el cementerio estaba lleno”, nos dijo el líder. 

Además de la ubicación estratégica de los Montes de María para el negocio de las drogas, la propiedad de la tierra sería, como reportó la Defensoría en su alerta temprana, otro factor de la violencia. 

El asesinato de Cristian Anaya y Carlos Ortiz, el pasado 26 de junio, en la vereda Caño Negro ya había alertado a la comunidad. La madre de Cristian Anaya y pareja de Carlos Ortiz, quien hizo parte de un proceso de restitución de tierras, le dijo a la Policía que el homicidio fue cometido por cinco hombres que manifestaron ser miembros de las AUC. 

Como hemos contado, en medio de la guerra de guerrillas y paramilitares muchas tierras en los Montes de María fueron abandonadas y, tras el fin del conflicto allí, compradas masivamente por grandes empresas o terratenientes. 

Con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras los montemarianos han ido recuperando sus predios. Pero la violencia contra quienes han estado en estos procesos no cesa.

Además de estos tres asesinatos en Caño Negro, en noviembre del año pasado habían asesinado a José Crisanto Urueta en su finca en el corregimiento de El Salado, la cual también había recuperado en el proceso de restitución. 

En este contexto llama la atención la narrativa del alcalde del Carmen, Carlos Torres Cohen, avalado por los partidos Cambio Radical y Centro Democrático, quien asegura que la restitución le ha hecho daño al pueblo. “Le pedí a la Unidad de Restitución de Tierras que revise los antecedentes a las personas a las que le están entregando los predios porque se está generando inestabilidad entre los propios campesinos. La restitución ha frenado el desarrollo y la inversión agraria de privados en Carmen de Bolívar”, le dijo a La Silla. 

Respecto a lo sucedido esta semana, la Alcaldía del Carmen nos informó que este es el primer desplazamiento masivo en los últimos 15 años. “Lo único que se puede asimilar a un desplazamiento ocurrió en junio de 2019, con seis familias de Jojancito (vereda) en Macayepo, pero retornaron enseguida”, nos dijeron. 

Al respecto, el personero del Carmen, Rubén Darío Santamaría, nos comentó “tengo 32 años y nunca había vivido esto. Cuando ocurrieron los desplazamiento de El Salado y otras comunidades yo estaba muy joven”. 

Este viernes las familias desplazadas regresaron a Caño Negro acompañadas de la Fuerza Pública y con el compromiso del Alcalde de que va a haber presencia permanente de la Infantería de Marina y se entregarán ayudas humanitarias. 

Sin embargo, el miedo sigue latente en esa y en otras partes de los Montes de María.

La violencia que se daba por superada

En los Montes de María la guerra terminó hace más de diez años con la desmovilización en 2005 del Bloque Héroes de María de los paramilitares y con el desmantelamiento, en 2007, de los Frentes 35 y 37 de las Farc. 

Los daños en la comunidad fueron altísimos. Entre 1997 y 2003, los paramilitares de la región desplazaron a unas cien mil personas y mataron al menos a 115 en crueles masacres, según organizaciones de derechos humanos. Además, entre 2003 y 2005, en la zona ocurrió el mayor número de combates del país y, en medio de eso, 238 personas fueron víctimas de minas antipersonal, según el Programa Presidencial para la acción Integral contra las Minas.

En el 2007, luego de que el Ejército diera de baja a alias ‘Martín Caballero’, el jefe del frente 37 y el guerrillero más temido de las Farc en el Caribe, la guerra finalizó en los Montes de María. 

Sin embargo, tras una década de relativa paz, desde mediados de 2018 los habitantes de estos municipios y la Defensoría del Pueblo, a través de alertas tempranas, han reportado la consolidación del Clan del Golfo o AGC. Estas alertas se convirtieron en presagios.

“Desde los riesgos advertidos en el 2018, las AGC han fortalecido su estructura y han expandido su dominio desde la zona rural a la urbana (...) articulan prácticas que no solo contemplan lo militar, sino que, adicionalmente, construyen estructuras con alto nivel de incidencia social, y en algunas zonas son percibidos como autoridad y fuente de empleo”, reza la última alerta temprana de la Defensoría sobre el Carmen de Bolívar, emitida a principios de este año.

En ese sentido, un líder de ese municipio, nos contó que en la vereda el Floral la gente trabaja con pico y pala para abrir una carretera de aproximadamente 25 kilómetros por orden de los grupos armados.

El Ministerio Público también emitió una alerta, en julio de 2018, en San Onofre, por la presencia del Clan del Golfo y la vulneración de los derechos humanos a la población. En enero del 2019 por la presencia de este mismo grupo en María la Baja y por amenazas a líderes sociales. 

A través de una reunión virtual, el pasado 25 de junio líderes sociales de los Montes de María le propusieron al Gobierno Nacional y a las autoridades regionales realizar una conversación nacional para diseñar estrategias conjuntas para defender sus vidas y el trabajo en las comunidades. 

“Invitamos a que el piloto para la implementación de una estrategia de protección colectiva de los líderes y sus territorios sean los municipios de los Montes de María”, decía la propuesta que leyó la líder social de María la Baja y premio nacional de paz Juana Alicia Ruiz, tejedora de Mampuján, quien había recibido amenazas por esos días.

A raíz de eso, el 24 de agosto se realizará un diálogo nacional en el que los líderes van a plantear las dificultades que tienen en cada municipio y acordarán compromisos con la autoridades invitadas, que son los 15 alcaldes de la subregión, los gobernadores de Sucre y Bolívar, la ministra del Interior Alicia Arango y el procurador Fernando Carrillo.

Esta violencia está retornando a una región que ha hecho un esfuerzo por fortalecer el posconflicto. Por ejemplo, en el 2016 se creó el Espacio Regional de Construcción de Paz de los Montes de María y, ese mismo año, autoridades nacionales y regionales firmaron un acuerdo por 2,3 billones de pesos para invertir en el territorio. 

También se lleva a cabo el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), con el cual el Gobierno Nacional anunció, el año pasado, inversiones superiores a los 100 mil millones de pesos.

“La situación de Montes de María es muy crítica y tiene una connotación especial, pues es uno de los pilotos del país en materia de paz territorial. Por ejemplo, fue el territorio donde se estableció la primera sentencia de Justicia y Paz del país con el caso de la masacre y desplazamiento de Las Brisas, San Cayetano y Mampuján”, nos dijo Ivonne Diaz, investigadora de DeJusticia y exfuncionaria de la Unidad para las Víctimas Territorial Bolívar.

Para el investigador y miembro de la red de expertos de La Silla Llena, Luis Fernando Trejos, la reactivación de la ruta del narcotráfico y la presencia de las AGC en el territorio obedece a “la guerra que libran las AGC contra los Caparros en el Bajo Cauca y el sur de Córdoba y la presión policivo-militar de la operación Agamenón II en su retaguardia en la región del Urabá”. 

Agamenón II es una operación realizada desde 2017, por más de 2.500 hombres de la Policía y el Ejército, para atacar a los cabecillas del Clan del Golfo en la región del Urabá. Como contamos, les han propinado duros golpes, pero aún así se ha expandido a otras zonas y las autoridades no han podido dar con su máximo jefe, alias ‘Otoniel’.

Y, como también contamos, desde finales de 2017 se desató en el Bajo Cauca antioqueño una guerra entre el Clan del Golfo y una de sus estructuras (conocida como bloque Virgilio Peralta, Caparrapos o Caparros) por el negocio de la droga y el territorio, que ha azotado al sur de Córdoba.

En todo caso, el municipio donde las afectaciones a la comunidad son más fuertes es en el Carmen de Bolívar. 

En su última red en La Silla Llena, Trejos escribió que esto se explica por su ubicación: “En el Carmen confluyen rutas que vienen desde centros de procesamiento de clorhidrato de cocaína en el sur de Córdoba y el Magdalena Medio y llegan hasta los puntos de exportación en el Golfo de Morrosquillo pasando por San Onofre”.

En febrero tuvo que salir del Carmen de Bolívar el líder social y coordinador del Movimiento Pacífico de la Alta Montaña, Jorge Montes Hernández, quien se enteró que uno de los jefes del Clan del Golfo en la zona dio la orden de asesinarlo y, posteriormente, apareció un panfleto en el que lo amenazaron de muerte y lo relacionaron con las Farc. 

El hostigamiento se extendió a su familia: el 14 de junio atacaron a piedra la casa de su madre y le dijeron que “esta vez era a piedra, pero la próxima sería a plomo”. 

En ese sentido, otros dos líderes le contaron a La Silla que los armados ilegales en varios corregimientos del Carmen de Bolívar han hecho reuniones con la comunidad. “El mensaje es que no van a permitir que ni la guerrilla ni los delincuentes se apoderen del territorio. Dicen que no quieren chirretes ni gente de izquierda”, nos dijo uno de ellos en off the record por miedo. 

Sumado a eso, como nos contaron estos dos líderes del Carmen de Bolívar, el Clan del Golfo está presionando a la gente en la zona de alta montaña para que siembren hoja de coca y abandonen sus cultivos tradicionales. 

Uno de los corregimientos donde estos grupos tienen mayor presencia es en Macayepo, que en el pasado también fue víctima de una horrorosa masacre por parte de los paramilitares.

Allí, el pasado 27 de junio, fue asesinado a palo el líder de la Unión Sindical Obrera de la industria del Petróleo (USO), Ovidio Baena, quien había ido a su finca a pasar la cuarentena. 

De ese corregimiento del Carmen de Bolívar también era el joven Edwin Fernández, quien fue asesinado el año pasado y “había comunicado a algunas personas temor porque estaba recibiendo ofrecimiento para vincularse a las AGC”, según consta en la alerta temprana de la Defensoría. 

En todo este municipio los homicidios se dispararon. Pasaron de 11 en el 2018 a 22 en el 2019 y, en lo que va del 2020, han asesinado a 16 personas (cuatro más que el año pasado a la misma fecha). 

Y hace un mes, en el barrio Siete de Agosto, del casco urbano del Carmen de Bolívar, aparecieron pintadas alrededor de 20 casas con las siglas de las extintas AUC.

Para el director del programa de Ciencia Política de la Universidad Tecnológica de Bolívar, Armando Mercado, la aparición de estas siglas se explica porque “las AGC tratan de manejar un discurso político. Por eso, cuando realizan actos que tienen un fuerte componente de comunicación política, como un video dirigido al Gobierno Nacional o un Paro Armado, les interesa que se sepa que ellos son los autores. Por el contrario, cuando realizan actos más delictivos utilizan otras etiquetas, precisamente para generar confusión y no ser identificados”. 

Con este panorama en el que ya se están contando muertos, el temor regresó y de su mano el desplazamiento.

Los montemarianos temen revivir las peores épocas de la guerra que algunos ya pensaban superada. 

Comentarios (4)

Carlos Campo

16 de Agosto

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¿Quien iba a pensar que multiplicar por 5 la producción de coca iba a foment...+ ver más

¿Quien iba a pensar que multiplicar por 5 la producción de coca iba a fomentar grupos armados ilegales, aumentar la violencia, la extorsión y los asesinatos selectivos?

Todo el mundo, menos los que permitieron que se multiplicara la coca por 5. Esos estaban distraídos convenciendo con espejismos de paz perpetua a los periodistas de los medios bogotanos que no conocen las regiones alejadas.

Gustavo Adolfo

16 de Agosto

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¿y Quien permitió que la coca se multiplicara por 5? ¿Quien la siembra? Est...+ ver más

¿y Quien permitió que la coca se multiplicara por 5? ¿Quien la siembra? Esto no es de Santos vs Uribe, es que esos 2 por estar peleando descuidaron lo importante, y nosotros aquí, haciéndoles barra como pendejos. Y ellos allá, recibiendo apoyo de Ñeñes y Ñoños.

harriarq

16 de Agosto

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Quien? Santos 1, Santos 2... el Farcproceso de Paz y la politización de las C...+ ver más

Quien? Santos 1, Santos 2... el Farcproceso de Paz y la politización de las Cortes que suspendieron fumigación, ya lo dije alguna vez, mirar el mapa politico y contrastarlo con las zonas cocaleras, de Bacrim y "Guerrilla renacida" y PLOP, son las mismas que están en oposición, donde ganó el otro "Presidente" ... donde no permiten actuar a la fuerza pública y culpan al estado. no haga mas barra.

Gustavo Adolfo

16 de Agosto

0 Seguidores

¿No permiten actuar a la fuerza pública? pensé que no tenían que pedir per...+ ver más

¿No permiten actuar a la fuerza pública? pensé que no tenían que pedir permiso para actuar. ¿La seguridad democrática para cuando?

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