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Estos son los dueños de las CAR

Con la tragedia invernal las corporaciones autónomas regionales (CAR) han quedado en ojo del huracán. Incluso el presidente Santos decidió quitarles el presupuesto que no han gastado para entregárselo al Fondo Nacional de Calamidades.

Las CAR son entidades estatales pero autónomas. Sus directores no le responden a la Ministra de Ambiente, al gobernador ni al Presidente. Por lo menos en el papel, sus jefes son unas juntas o consejos directivos, en los que están sentados algunos alcaldes de la región, el gobernador y el Ministerio. Y estos políticos comparten silla, además, con ONG, empresas, representantes de sectores como indígenas o afrocolombianos. Esas juntas, que los eligen y los pueden destituir, en muchos casos terminan capturadas por grupos políticos, que convierten las entidades en botines burocráticos.

Como dijo a la Silla Vacía un experto en temas ambientales, “se reúnen los alcaldes y eligen a sus representantes en la junta. Luego, consiguen el apoyo de algunas organizaciones y dejan al Gobierno nacional en minoría. Con eso ponen al director y luego le cobran en puestos”.

Las CAR manejan un presupuesto significativo. Y, como son autónomas, no hay claridad de cómo gastan sus recursos. Su principal fuente es la llamada sobretasa ambiental, un dinero que se cobra por encima de otros cobros, especialmente del impuesto predial. La sobretasa no es un dinero despreciable: en una columna, Carlos Caballero Argáez se preguntaba qué se habían hecho los 1,5 billones de pesos anuales que reciben las CAR.

Además de manejar un presupuesto jugoso y de la nómina de las CAR, los directores son la última instancia en muchos asuntos ambientales. Por ejemplo, son ellos los que aceptan los planes de manejo ambiental de las empresas, que son necesarios para funcionar. También pueden multar a quienes violan las normas ambientales. Y estos poderes, que pueden resultar muy útiles para hacer cumplir la ley, les dan un enorme poder. Por ejemplo, pueden sacar a una empresa de un mercado, negándole la licencia ambiental.

En algunos casos, ese poder está al servicio de los intereses ambientales. Por ejemplo, Corporinoquía se ha dedicado a pensar el futuro de la Orinoquía. Pero otras CAR han sido objeto de fuertes críticas por su falta de gestión, por ser más botines burocráticos que entidades eficaces.

Este diagnóstico no es nuevo y por el Congreso han pasado varios proyectos de ley que buscan acabarlas o reorganizarlas, incluyendo uno presentado por el gobierno Uribe. Todos se han hundido.

Con las inundaciones y los derrumbes que afectan a casi todo el país se manifiestan las consecuencias de esa politización.  Estos son los políticos que están detrás de varias de las CAR que están en las zonas más afectadas por la emergencia invernal:

Nota de la Editora: La Silla Vacía afirmó erróneamente que Alfonso 'El Turco' Hilsaca estaba detenido, investigado por promover grupos paramilitares. Esta información no se ajusta a la verdad puesto que la Fiscalía ya precluyó la investigación judicial a favor del señor Hilsaca. La información ya fue corregida en la nota y ampliada con otros datos para mayor precisión. Ofrecemos disculpas por este error que ya fue rectificado.

Haga click en los departamentos que están en verde claro para saber cuál o cuáles CAR están allí y quienes son los políticos relacionados con ellas. .  

 

 

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La culpa no es solo de la Niña

(Haga click sobre los símbolos para ver algunos de los casos más sonados de esta ola invernal)

Ver Emergencias invernales en Colombia en un mapa más grande


Mientras avanza lentamente el rescate de las víctimas enterradas por el alud en Bello, Antioquia, el gobierno anunció que decretará hoy el Estado de Excepción para enfrentar la crisis invernal, dado que, según el Ministro del Interior, los instrumentos legales con los que cuenta el Presidente ya no son suficientes. Anoche, Juan Manuel Santos también anunció desde Nueva York que la plata recaudada durante la Teletón de la próxima semana será destinada totalmente a atender las víctimas del invierno; el Banco Interamericano de Desarrollo le prestará al país 350 millones de dólares para la recuperación de las zonas afectadas; El Grupo Santodomingo donará cinco millones de dólares para la tragedia en la región Caribe; y hasta el Papa colaborará, según anunció el embajador ante la Santa Sede.

Atender a los damnificados del invierno en todo el país es la prioridad nacional. Pero no sobra preguntar también por la responsabilidad política de quienes pudieron evitar, aunque sea en parte, la tragedia que hoy viven por lo menos dos millones de colombianos. Porque si bien la Niña ha provocado un récord histórico de lluvias, la culpa no es solo de ella.

Las responsabilidades van desde las alcaldías que no hacen cumplir las regulaciones del uso del suelo hasta las corporaciones autónomas regionales, muchas de las cuales han sido convertidas en fortines políticos más dedicadas al clientelismo que a regular el uso del agua. Y en la mitad están aquellos que aprovecharon para apropiarse de las ciénagas y las riberas de los ríos.

 

Más atención que prevención de desastres

Cada vez que hay un deslizamiento, una inundación o un terremoto, el país recuerda la existencia de las oficinas de prevención y atención de desastres. Pero muchas veces se les dice sencillamente 'oficina de atención de desastres'. Y es que la debilidad de los programas de prevención es patente.

Después del terremoto de Popayán y el desastre de Armero, se creó el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, una red de entidades locales que está coordinada desde el Ministerio del Interior, en la Dirección de Gestión del Riesgo para la Prevención y Atención de Desastres (DGR). En este tema son responsables la DGR y los departamentos, municipios y distritos. La idea es que entre todos prevengan los desastres y, cuando no puedan evitarlos, atiendan esas emergencias.

Según un conocedor del tema, los avances en las oficinas de prevención y atención de desastres, que existen en todos los departamentos, municipios y distritos, son muy diversos. Mientras que en lugares como Bogotá, Medellín y Nariño se han consolidado instituciones sólidas, en otras partes del país la atención y prevención de desastres es precaria. Eso es clave porque mientras que la Nación tiene el dinero, los alcaldes son los que tienen el conocimiento de un río que se puede desbordar o de una comunidad que se asienta en una zona de alto riesgo. Además, los cuerpos de socorro como los de bomberos oficiales o voluntarios dependen de las administraciones locales. Casos de eventual corrupción en bomberos como los que se han denunciado en Tunja o en Neiva, muestran las debilidades que pueden existir.

Además, el gobierno nacional es el que tiene la llave del dinero. El Fondo Nacional de Calamidades es un fondo que maneja la Fiduciaria La Previsora bajo una junta encabezada por el Viceministro de Interior y compuesta por otros miembros del gobierno nacional. En el presupuesto para este año, el Fondo tenía casi 150 mil millones para todo el país. Eso quiere decir que cuando existen amenazas de desastres, o cuando realmente se han producido, los alcaldes y secretarios locales deben presentar solicitudes al Fondo para conseguir dinero. En estos días, por ejemplo, el alcalde de Aguachica anunció que había conseguido ayudas del Fondo para los damnificados por el invierno. Esto quiere decir que las entregas de dinero del Fondo están sujetas a tejemanejes políticos, especialmente cuando no hay situaciones de emergencia. Y cuando hay emergencias, como suele pasar cada año, se termina aumentando el presupuesto. En 2009 se hizo en tres ocasiones; en noviembre de este año se había agotado el dinero y se trasladaron 27 mil millones de pesos adicionales para el Fondo.

Otro problema del Sistema ha estado en que trabaja poco en prevención. Ha sido más una red de respuesta a desastres puntuales, a pesar de que la idea es que también sea un apoyo para que en la planeación de temas urbanos o ambientales se tenga en cuenta la prevención de desastres y la mitigación de riesgos. Esto se debe, en parte, a que se trata de un sistema flexible y descentralizado. Esto le da la ventaja de estar más cerca de las realidades, pero también la desventaja de que la voz de la DGR es muy débil frente a los encargados de temas medioambientales o de vivienda, que tienen en la Ministra de Ambiente un portavoz con más poder. Sin embargo, casos exitosos como el de haber realizado en Tumaco tres simulacros de alerta por tsunami y una evacuación exitosa en 2007, muestran que la prevención es posible y deseable.

Esta precariedad de la prevención se refuerza porque la Defensa Civil, que es quizás el cuerpo de socorro más sólido e importante, está orientada a atender la prevención inminente y la asistencia en casos de desastres. En otras palabras, el principal músculo del Sistema está pendiente de los desastres y no de su prevención. Con presencia en unos 800 municipios y menos de 100 mil voluntarios, su radio de acción es limitada. Y con un presupuesto de poco más de 20 mil millones para este año, tampoco podría desarrollar acciones de prevención más profundas. Para eso están, de nuevo, las autoridades locales.

La falta de planeación

El domingo un alud de tierra sepultó a cerca de 125 personas en el barrio Calle Vieja, del municipio de Bello, en Antioquia, y hasta ahora sólo han sido recuperados 23 cuerpos. Diez días antes, en el barrio El Poblado de Medellín, la casa de un reconocido empresario paisa quedó sepultada por un alud, el movimiento de la tierra apenas les dio a sus ocupantes el tiempo para salir. Y en barrios subnormales de Bogotá, Cali, Cúcuta y otros más (ver mapa), la lluvia está a punto de acabar con barrios completos. ¿Quién tenía la responsabilidad de que esto no sucediera?

La responsabilidad está en gran parte en las alcaldías que no obligan a cumplir las normas de planeación a las constructoras, no impiden los asentamientos ilegales y finalmente no hacen cumplir las normas ambientales que impiden cualquier tipo de construcción en las zonas de ladera. Las construcciones mal planeadas hacen que la lluvia debilite las montañas y ocasione tragedias.

En los barrios periféricos de Soacha, en el sur de Bogotá, específicamente en los barrios Loma Linda y La Capilla, tuvieron que ser reubicadas cerca de quince familias que construyeron en la ladera un asentamiento informal. Allí, al contrario de buscar la manera de reubicarlos y recuperar la zona, la Alcaldía de Soacha les está construyendo el sistema de alcantarillado.

Lo de El Poblado, en Medellín, por ejemplo, es un problema de más de treinta años cuando aún los estudios ambientales no eran un requisito y quienes contaban con recursos tajaron parte de la montaña para construir sus casas.

Lo ocurrido en Bello, Antioquia, o en San Cristóbal, en Bogotá, se debe en parte a la negligencia de las alcaldías locales de evitar este tipo de invasiones o construcciones en laderas que, tarde o temprano, se pueden venir abajo porque no existe una base vegetal que las sostenga.

Además, lo que sucede en las zonas rurales, donde están las cuencas de los ríos, influye directamente en lo que ocurre en las zonas urbanas porque si, por ejemplo, hay usos de la tierra indebidos en zonas que deberían ser de reserva, el crecimiento del agua alcanza las cabeceras cuando los aguaceros son muy fuertes.

También está el problema con los caños que cruzan las ciudades y los humedales que hay en poblaciones del interior donde tampoco deberían autorizarse construcciones circundantes.

Con los planes parciales de ordenamiento territorial se ha avanzado en la regulación de la construcción de acuerdo con normas ambientales. Pero aún con estos planes, en la zona occidental de Bogotá, la Secretaría de Planeación autorizó construcciones nuevas cerca al río Juan Amarillo y cerca al humedal. Estas familias han tenido que soportar dos inundaciones que no les permiten salir de su casa.

Las corporaciones autónomas regionales convertidas en fortínes políticos

La responsabilidad de prevenir emergencias invernales como la que padecemos actualmente recae principalmente en las autoridades ambientales como las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), el Ministerio del Medio Ambiente y el Gobierno Nacional.

Las 33 CAR que hay en el país son entidades autónomas en distintas regiones que deben encargarse de construir planes de emergencia en caso de desastres naturales, y financiar proyectos para el cuidado de cuencas y ríos. Si el Ministerio de Medio Ambiente dicta políticas generales para todo el país, son las CAR las encargadas de implementarlas.

Las CAR se crearon hace 15 años para darle autonomía a las regiones sobre sus políticas ambientales, bajo la lógica que quien conoce los problemas ambientales a nivel local encontrará mejores soluciones. Por esto también se les otorga un presupuesto que pueden manejar autónomamente y que asciende a unos 1,3 billones de pesos anuales. El problema es que las CAR no deben rendirle cuentas a ningún ente de control: ellas controlan que las empresas que explotan en la región cumplan con los estándares ambientales, pero también son inversionistas de recursos públicos en la zona cuando desarrollan proyectos y por lo tanto terminan siendo juez y parte.

Cuando Uribe salió elegido la primera vez prometió acabar con las CAR, que ya tenían graves problemas de corrupción. Pero luego, terminó extendiendo el período de sus directores de tres a cuatro años antes de su primera reelección.

Muchas CAR -con notables excepciones- en cambio de cumplir a cabalidad con sus labores han sido tradicionalmente fortines burocráticos de los políticos. Uno de esos casos es el de Cormagdalena, que según dijo una fuente confiable de la Costa a La Silla Vacía se convirtió en fortín electoral de los senadores de La U Piedad Zuccardi y José David Name. Otro caso es el de CorpoBoyacá: varios alcaldes del departamento han criticado en este año la gestión ambiental de su director Miguel Arturo Rodríguez y dicen que la rotación de personal corresponde a palancas políticas del senador conservador Juan Córdoba.

Varias Corporaciones Autónomas Regionales también fueron cooptadas por los paramilitares y sus eslabones en la política en la última década. Según le denunció la revista Cambio a finales del año pasado, el exsenador Juan Carlos Martínez -capturado por la Corte Suprema por sus vínculos con los paramilitares- mantenía su cuota más grande en la Corporación Autónoma del Valle, una de las regiones donde la tragedia invernal ha sido más dura. Y del ‘Gordo’ García, el exsenador sucreño condenado a 40 años por parapolítica, se dice que tiene su fortín electoral en la CarSucre y CorpoMojana, responsables también de los ríos que hoy están desbordados. La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge serían el fortín de Juan Manuel López Cabrales, esposo de la hoy senadora liberal Artleh Casado, según el periódico Vanguardia.

El agua también se despoja

 

Según lo documentó el informe sobre Tierras del Grupo de Memoria Histórica, en el país se produjo en los últimos 20 años un proceso de despojo de las ciénagas en la Costa Caribe.  Este despojo fue realizado sin que las autoridades ambientales y municipales movieran un dedo, y son uno de los factores de los desbordamientos actuales de los ríos en la Costa.

Las ciénagas son alimentadas de agua a través de una red de canales y caños que permiten el flujo entre los principales ríos de la región (Cauca, Magdalena, San Jorge y Sinú) y sus afluentes. En medio de la ciénaga existen los playones, que son unas  islas de tierra donde suelen vivir una parte del año los campesinos. En las ciénagas del Sur de Sucre, en el norte de Córdoba y en María la Baja en Bolívar, epicentros todos de la tragedia invertal, grandes hacendados aumentaron sus propiedades taponando los caños y canales y desviando del cauce pequeñas quebradas con el fin de depositar sedimentos entre los playones. Así aumentaron los playones dentro de la ciénaga o unieron la frontera de sus fincas con el playón, lo que les posibilitó meter más ganado y agrandar gratis sus propiedades.

El otro método que también aplicaron en los Valles del Río Sinú y San Jorge, según el mismo Informe, fue aprovechar los períodos secos para desecar las ciénagas. “En ocasiones, al descender el nivel del agua, despejándose tierra firme, los hacendados y narcotraficantes contratan maquinaria pesada para la construcción de barreras de contención denominadas por los campesinos “camellones”, con los cuales en los períodos de invierno se detiene el retorno de las aguas a su cauce natural, ampliando los potreros de la hacienda. Paralelamente, inversionistas han instalado motobombas y sistemas de drenaje para el secamiento de las porciones de tierra ‘ganadas a la ciénaga’ contribuyendo a las sedimentación de los ecosistemas, y a veces, al contrario, a la inundación de las poblaciones de pescadores-agricultores cercanas".

 

Los ríos se desvían en función de los macroproyectos

Con el auge de los macroproyectos económicos fruto de la confianza inversionista, el mapa hídrico del país está siendo alterado a velocidades impensables hace unos años, como lo reportó hace un año un artículo de La Silla Vacía.

Con el aval del Ministerio de Ambiente, anualmente se otorgan permisos y licencias ambientales para los grandes proyectos impulsados por los ministerios de Minas o Agricultura que buscan desviar ríos u ocupar sus cauces fomentando la exploración de carbón, la construcción de embalses o hidroeléctricas, o la creación de nuevos distritos de riego para cultivar desde palma africana hasta arroz.

Sin la modificación de los cursos de estos ríos muchos de estos megaproyectos serían inviables. Sin embargo, desviar un río u ocupar su cauce tiene un impacto ambiental y social. “Todo el mundo vive del río. Si se afecta el río, se afecta todo el ecosistema humano, vegetal y animal que vive de él,” dijo Juan Martínez de la Defensoría del Pueblo a La Silla Vacía en diciembre del año pasado.

Algunos de estos impactos incluyen cambiar la corriente y flujo natural del agua, alterar la calidad y cantidad de agua y las especies que viven de ella, y aumentar o disminuir el caudal que afecta a todos los organismos que viven en las riberas.

El problema es que en muchos casos los impactos no se pueden anticipar y las licencias ambientales se otorgan en la parte final de diseño de los proyectos, a pocos días de comenzar la obra en los territorios que se adecuan para los macro proyectos.

 

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El legado minero de Uribe

Entre las muchas herencias del gobierno de Álvaro Uribe, la minera es una de las menos conocidas y más relevantes. En los ocho años que gobernó el ex presidente, la superficie de hectáreas con título minero pasó de 1,13 millones a 8,53 millones. Y las hectáreas tituladas en los páramos se duplicó con creces. Hoy en día, 6.3% de las hectáreas en los páramos (122 mil) están tituladas.

Lo más asombroso es que la mayoría de los títulos concedidos en el gobierno de Uribe se obtuvieron cuando ya una reforma al Código Minero prohibía la explotación en páramos pero el Presidente aún no había sancionado la ley. En esos ocho meses que se tomó el Presidente para firmar la ley, según datos del investigador Guillermo Rudas, el número de concesiones mineras aumentó drásticamente como lo muestran estos mapas elaborados por Rudas.

Para ver el cambio en los mapas deslice las etiquetas con los nombres de los presidentes, que están a la izquierda de cada uno de los mapas, hacia la derecha. Una vez cubra toda la superficie del mapa, se hará visible la versión correspondiente.

 

 

 

 

Los títulos en los páramos

 

 

 

Sólo entre julio y octubre de 2009 se firmaron 1.900 contratos en los páramos para los mineros y otros alcanzaron a renovar sus contratos. Todos los que tienen concesiones ahora en páramos argumentan que a ellos se les dió el derecho de explotar los territorios antes de que fuera promulgada la ley, así que tienen un derecho adquirido para seguir explotando su licencia. Y así hacen.

El problema es que esto afecta el nacimiento de varios de los ríos que surten los acueductos de las principales ciudades, afecta a 4.700 especies de plantas, 70 de mámiferos, 87 de anfibios y cerca de 154 aves. Los páramos capturan y almacenan el carbono en sus suelos, que de otra forma sería enviado a la atmósfera.

Para Guillermo Rudas, el aumento de la explotación minera se dio por dos razones: por el auge en el precio del oro que pasó a ser de 1.300 dólares la onza, y por las generosas exenciones tributarias que otorgó Uribe a las multinacionales para que explotaran estos recursos. Según datos del Ministerio de Hacienda y el Banco de la República, el gobierno dejó de recibir 3.5 billones de pesos por regalías en el último año. Dinero que se quedó en las cajas de las empresas mineras.

El gobierno de Santos recibió esta herencia, y su Ministro de Minas Carlos Rodado Noriega dijo hoy en un Foro sobre minería en la Cámara de Comercio de Bogotá que es importante que el gobierno cumpla con la legislación internacional y nacional para protección de páramos, pero que estas reglas de juego son demasiado exigentes para países emergentes que quieren aumentar su explotación de minerales y que hoy en día están en la mira de las grandes empresas mineras. “No me alcanza el tiempo para atender todas las solicitudes de empresarios mineros que están llegando al país”, dijo Rodado.

 

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Arranca la reconquista uribista

El ex presidente Álvaro Uribe volvió al país, y como era previsible, movió inmediatamente la política. Anunció que apoyará y le hará campaña a candidatos de la U a las alcaldías y gobernaciones de todo el país. Y esta mañana, su mano derecha José Obdulio Gaviria, dijo en los medios que Uribe apoyará una alianza entre la U y el conservatismo y que su objetivo es "consolidar una corriente política".

La pelea entre esa corriente política que es el uribismo será en una primera instancia contra la corriente 'santista' en el partido de la U, que como es natural escogerá entre varios candidatos. El poder que tendrá el ex presidente Uribe con un micrófono en la mano y con el cariño de millones de colombianos se enfrentará al poder del mandatario, que no puede hacer campaña de frente porque sería ilegal y en algunos casos tampoco le interesará correr el riesgo de perder, pero que encarna la promesa de cuatro u ocho años de burocracia en el Estado.

Y por más que José Obdulio diga que la alianza será entre la U y los conservadores, las realidades políticas locales y regionales son las que se imponen en la contienda. De hecho, como presidente Uribe le hizo campaña de frente a varios candidatos a las alcaldías que a la postre perdieron pese al inmenso poder que tenía.

Obviamente, en los próximos seis meses todo puede cambiar, pero por ahora, así va el pulso entre el uribismo y el santismo con miras a las elecciones del 2011.

 

Haga click en los departamentos que están en verde claro para saber cómo va la puja por la gobernación o la alcaldía. 

 

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La frontera venezolana se alineó con Colombia en las elecciones de ayer

 

Tras las elecciones parlamentarias en Venezuela, y aunque el Consejo Nacional Electoral aún no ha publicado los resultados oficiales completos, hay una cosa que ya quedó clara: el chavismo perdió en tres de los cuatro estados fronterizos, un hecho que podría representar una buena oportunidad para Colombia porque envía el mensaje que la mala relación entre los vecinos no da réditos políticos.

En los estados de Zulia, Táchira y Amazonas, partidos de oposición a Chávez ganaron mayor representación que los candidatos oficiales.

Allí le cobraron a Chávez la inseguridad y aumento de criminalidad urbana, en parte por cuenta de la guerrilla colombiana; la recentralización de poder por parte de Chávez quien le quitó a los gobernadores anti-chavistas de dos de Zulia y Táchira recursos y el manejo de entidades locales; y por último, las malas relaciones con Colombia que golpearon duramente a las familias y a los negocios que tenían estrechas relaciones con Cúcuta.

El que la Asamblea Nacional haya pasado de tener cero opositores a más de 60 diputados de 165 obliga al presidente venezolano a buscar ciertos consensos. Salvo que, como temen algunos, su próxima movida sea quitarle poderes a la Asamblea.

Algunos expertos consultados dicen que, puesto que Zulia y Táchira son estados de oposición desde hace tiempo, Chávez no atenderá sus necesidades sino que tenderá a ignorarlos, pues esto ha hecho hasta ahora. Pero, otros expertos, consideran que estos resultados reforzarán el mensaje sobre la urgencia de consolidar una verdadera política de fronteras si quiere ser reelegido en dos años.

Haga click en los puntos azules para conocer la situación electoral de los estados fronterizos de Táchira, Zulia y Amazonas. 

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