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Por las manos de estos candidatos pasa la restitución de tierras

El próximo 30 de octubre será un día decisivo para el proyecto de restitución de tierras del Gobierno porque ese día se elegirán los alcaldes de las zonas donde el despojo fue altísimo, como los municipios del Urabá Antioqueño, de Montes de María o del Catatumbo y cuya colaboración será fundamental para resarcir a las víctimas.

Aunque la Ley de Víctimas no delega en los alcaldes funciones especificas para la restitución de tierras (lo que fue hecho a propósito porque muchas autoridades locales han estado involucradas en el despojo o son manipuladas por los victimarios), para quienes han trabajo en los planes piloto es evidente que una alcaldía, que es la máxima autoridad policiva del municipio, que ponga su institución a favor de la restitución hace más rápido y más seguro el proceso para los líderes de tierras, que han sido perseguidos en los últimos meses por reclamar sus títulos.

El proceso de restitución de tierras se hará de manera gradual en todo el país ya arrancó con unos municipios piloto en 14 municipios. La Silla Vacía averiguó quienes parecen ser los candidatos más opcionados en nueve de esos municipios, y de acuerdo a distintas fuentes en la zona, el pronóstico no es muy optimista para las víctimas.

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Todavía faltan tres meses para elecciones y van más de 20 candidatos muertos

Este año han sido asesinados más de veinte candidatos a las elecciones regionales de octubre. Las inscripciones todavía no se han cerrado y ya se alcanzó el número de candidatos asesinados para las elecciones de 2007, cuando se registraron 21 homicidios de personas que aspiraban a algún cargo público.

En ciertas regiones la guerrilla ha sido responsable de buena parte de estas muertes y en Norte de Santander se ha distribuido un panfleto firmado por el Ejército Popular de Liberación, EPL, en el que se amenaza a varios candidatos y trabajadores públicos del departamento.

No en todos los casos la guerrilla ha sido la culpable. En varios casos autoridades no han podido concluir quiénes son los responsables de los asesinatos o amenazas en contra de candidatos, por lo que el ambiente electoral se torna cada vez más pesado.

Según datos de la Misión de Observación Electoral MOE, estos son los candidatos que han sido asesinados o han sido víctimas de algún atentado este año en Colombia:

 

Pase el mouse por los municipios señalados para saber cuáles han sido los candidatos asesinados o víctimas de un atentado este año. Haga click en los nombres de los departamentos a la izquierda para acercarse a esas regiones. Iremos añadiendo más candidatos, si llegan a sufrir un atentado o a ser asesinados. 

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Los padrinos políticos de las elecciones de octubre

Entre más se acercan las elecciones regionales de octubre, se van aclarando más los apoyos que reciben los candidatos a alcaldías y gobernaciones. Y, en varios casos, esos apoyos vienen de quienes ya están en el poder y quieren perpetuar o heredarle sus caudales electorales a los candidatos que los reemplacen.

Varios gobernadores y alcaldes en el país han apadrinado algún candidato para prestarles su peso político -muchas veces prestándoles la burocracia de sus despachos- y así ayudarles a que logren vencer en las urnas.
Pero como la participación indebida en política es un delito y apoyar públicamente a un candidato podría terminar en una destitución para un alcalde o un gobernador, los apoyos no se hacen por encima.

Sin embargo, en algunos casos, hay apoyos que se hacen evidentes.

Haga click en el mapa para saber más.

 

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Los líderes de tierras que temen terminar como Ana Fabricia Córdoba

Desde que el gobierno de Juan Manuel Santos prometió una restitución de tierras el año pasado, los asesinatos contra los líderes de tierras aumentaron. En los ocho años de Uribe fueron asesinados 35 líderes. Y en el gobierno de Santos, que todavía no ha terminado su primer año, ya han asesinado a 11 (ver lista).

Después del asesinato de Ana Fabricia Córdoba en Medellín hace dos semanas, la Mesa de Garantías, que reúne a líderes de víctimas y al gobierno en cabeza del Ministerio del Interior para definir las medidas de protección a las organizaciones de víctimas, quedó congelada.

“Yo no veo voluntad política”, dijo Jahel Quiroga, directora de la Corporación Reiniciar y miembro de la Mesa. Y explicó que solo se volverán a sentar en la mesa cuando el Gobierno les brinde medidas que sean realmente efectivas.

¿Qué propone el Gobierno?

Ya que la Mesa de Garantías quedó en el aire, el Ministerio del Interior decidió que se reuniría con los distintos grupos vulnerables, uno por uno, para discutir quiénes son los líderes amenazados. El jueves pasado fue la primera reunión con comunidades indígenas y afros y el balance no fue tan positivo como esperaban: las organizaciones entregaron al Ministerio una lista de dos mil personas que están siendo amenazadas y el Ministerio dijo que las analizaría, pero que por ahora no se hacía responsable de estas dos mil personas.

“Es imposible ponerle protección a cada uno”, dijo a La Silla Vacía un funcionario del Ministerio que estuvo en esa reunión. “El Ministerio ya protege a 11.200 personas y gasta ochenta millones de dólares por año en protección”.

Ante la sobredemanda, el Gobierno ya decidió que va a discriminar de acuerdo a los casos, pero teme que este proceso sea eterno si los sindicalistas, las mujeres, los defensores de derechos humanos y otros grupos vulnerables con quienes esperan reunirse también presentan listas de dos mil personas. “Hay recursos limitados”, dijo este funcionario.

Esta estrategia de discriminación por falta de recursos es precisamente la que se ha venido llevando a cabo en los últimos años y que fue ratificada por el decreto 1740 que firmó Álvaro Uribe en mayo del año pasado.

En este decreto se establece que los líderes de víctimas solo serán protegidos si van voluntariamente a la Policía para someterse a un análisis de riesgo. Si el riesgo resulta ordinario, se asume que corre el mismo riesgo que cualquier colombiano y no se le dan protecciones especiales, porque se parte de la premisa que todos los colombianos corremos cierto riesgo. Si se califica como extraordinario, tiene derecho a un avantel, un chaleco de balas, escoltas o rondas de policía otorgadas por el Ministerio del Interior.

“El problema es que muchas veces quienes hacen el estudio no conocen el contexto en el que vive la persona, no saben lo que pasa en la región. Yo conozco mucha gente que le hacen un atentado y luego el estudio de riesgo sale ordinario”, dijo a La Silla Vacía una de las líderes de víctimas. Este fue el caso de Hernando Pérez, defensor de tierras en el Urabá que fue asesinado el pasado 21 de septiembre, después de que la policía catalogara su riesgo como ordinario.

Más allá del carro blindado

Por eso en la primera mesa con las organizaciones, líderes indígenas y afros plantearon reuniones regionales con el Ministerio para evaluar el riesgo en el contexto de cada uno de los municipios y una reunión con el Presidente Santos para que asumiera personalmente unas responsabilidades frente a las víctimas. Ninguno de los dos les fue otorgado.

“Nosotros no queremos solo medidas materiales, nosotros queremos medidas estructurales”, dijo a La Silla Vacía José Santos, miembro de PCN, una de las organizaciones afrocolombianas en la mesa.

Las organizaciones de víctimas han insistido en que hay que tener un concepto integral de protección. Y que esto tiene que pasar por una depuración de las Fuerzas Armadas en las regiones de aquellos miembros que fueron cómplices de los despojadores y que aún siguen allí. Y también mejorar su comunicación con las comunidades ya que los mismos líderes normalmente saben quién los desplazó, quién tiene sus tierras o quién los amenaza.

“Se han otorgado medidas de protección a 11 dirigentes de una organización de restitución de tierras”, contestó a La Silla María Paulina Riveros, la directora de la oficina de derechos humanos del Ministerio del Interior.

Otro funcionario cercano a este proceso del Ministerio dijo a La Silla Vacía que actualmente se está planeando un plan piloto en Curvaradó y Jiguaminadó, en el Chocó, en el que trabajan conjuntamente Policía, Ministerio del Interior y Ministerio de Agricultura. La idea es que crucen datos sobe el despojo de tierras con las solicitudes de protección y otorgar así las medidas necesarias.

La Silla Vacía habló con organizaciones en todas las regiones donde han asesinado líderes de tierras en los últimos meses y todas consideran que es necesario plantear una política pública nueva para proteger a los líderes de víctimas y los desplazados durante este proceso. En 12 de estos casos se reflejan las dificultades que tienen: algunos saben quiénes están detrás de las amenazas pero no ven que los procesos en su contra avancen, algunos sienten desconfianza para ir voluntariamente a la Policía y otros creen que lo hacen les niegan las medidas.

Sienten que la mejor medida de protección que tienen al final del día es mantener un bajo perfil, no hablar muy duro y, por eso, varios pidieron que sus nombres se mantuvieran bajo reserva.

Estas son las organizaciones de víctimas amenazadas por reclamar las tierras de los desplazados y las medidas de protección que siguen esperando.

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Lo que se juega hoy en las consultas

Este domingo se realizarán consultas populares en 271 municipios del país para definir candidatos a Gobernaciones, Alcaldías, Asambleas y Concejos. Además, en Bogotá habrá consultas del Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de La U para escoger los candidatos a las Juntas Administradoras Locales. Mientras que los liberales buscarán candidatos a ediles en todas las 20 localidades del Distrito, los de La U lo harán en todas menos en Sumapaz y los conservadores sólo en Engativá.

En total serán 361 consultas, la mayoría de las cuales (317) serán del Partido Conservador. Los azules tendrán consulta en dos departamentos (que suman 150 municipios) para Gobernación: Cesar y Antioquia. También tendrán consultas para la Asamblea en 13 municipios del Putumayo, para la Alcaldía de 98 municipios, para los Concejos de 55 municipios y una para los candidatos a la JAL de la localidad de Engativá en Bogotá.

Los conservadores, además, tenían una consulta para la Gobernación del Huila, pero fue cancelada esta semana (así como gran parte de las candidaturas en varias consultas del país), luego de que los candidatos involucrados decidieran renunciar a participar en ese mecanismo pese a los gastos en los que hicieron incurrir a la Registraduría con recursos de todos los contribuyentes.

Pero también los liberales, Cambio Radical, La U, el Polo y los Verdes tendrán consultas y, aunque en unas no es mucho lo que está en juego, otras podrían terminar afectando la política regional.

La Silla Vacía decidió investigar cómo se han movido las consultas para gobernaciones y alcaldías de capitales departamentelas. Esto es lo que está en juego:

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¿Nos sobran 3 millones de personas?


Una mofa popular contra los economistas es que se pasan la mitad del tiempo pronosticando resultados optimistas (subirá el crecimiento, el empleo, los ingresos, etc.) y el resto explicando por qué esas maravillas no ocurrieron.

Pues bien, el pópulo debe este año una disculpa a nuestros economistas. Lejos de pasarse de optimistas, tanto el año pasado como este se quedaron cortos para proyectar el crecimiento de nuestra economía. En junio de 2010 el entonces Ministro de Hacienda estimó que el crecimiento del PIB en 2010 sería del 3% y el del 2011 el 4%. El Gerente del Banco de la República en noviembre del 2010 era más optimista que el Ministro. Proyectó que ese año creceríamos 4.5%, pero indicó que en 2011 apenas llegaríamos al 3.5%. Pues bien, Ministro y Gerente se equivocaron.

Según reveló en marzo de este año el director del DANE, el año pasado la economía creció 4.3%,  por lo que el director del DNP subió su optimismo y estima que en el 2011 creceremos al 5%. Y si por el lado del crecimiento las noticias fueron buenas, por el de la inflación no lo fueron menos. Pese a algunas amenazas, la inflación se mantuvo bajo control y cerró el año pasado en 3,17%.

Tener baja inflación y mayor crecimiento económico es sin duda buena noticia. Sin embargo, esa buena noticia contrasta con las demás noticias e imágenes de un país inundado, con casi 3 millones de colombianos que reportan haber perdido alimentos, enseres, vivienda y lo que tuvieran de empleo e ingresos.

La ola invernal empezó a mediados del año pasado y aún no cesa. Según Colombia Humanitaria, a Mayo del presente año 514.990 familias de 870 municipios, en 29 de los 32 departamentos del país, habían sido afectadas por el invierno. Aproximadamente 2’574.950 personas en total. Si la economía puede seguir creciendo sin ellas, ¿quiere ello decir que casi 3 millones de colombianos no importan para efectos del ciclo económico? ¿Tal es su marginalidad?

De los 870 municipios inundados, 20 tienen al 100% de su población afectada, que perdió todo lo que tenía. Otros 52 municipios tienen a más del 50% del total de su población afectada. Lo perdieron casi todo. En esos 72 municipios habitaban algo más de un millón de personas, que a la luz de las cifras de crecimiento podrían haber desaparecido de la faz de Colombia sin ningún efecto aparente sobre el PIB, distinto de que podemos seguir creciendo sin ellos.

Por efecto sobre todo del crudo invierno, el sector agrícola no creció el año pasado, se quedó en 0%. La semana pasada el Ministerio de Agricultura reportó que 1 millón de hectáreas de vocación agropecuaria estaban inundadas, que se habían perdido cerca de 200.000 hectáreas de cultivos, 115.00 bovinos habían perecido y casi un millón y medio habían sido desplazados de sus pastizales. A pesar de ello, la economía nacional puede crecer al 5% ¿Tal es el nivel de irrelevancia económica del sector agrícola en Colombia?

A pesar de ese contexto, hace unos días, las proyecciones de crecimiento fueron ajustadas no a la baja sino al alza. Ahora el Director del DNP cree que este año el crecimiento puede llegar al 5.5% y el Ministro de Hacienda al 6%. Su optimismo se basa fundamentalmente en perspectivas favorables para las exportaciones, la expansión del consumo, la inversión privada y la inversión pública en áreas como infraestructura, justamente para mitigar los efectos de la ola invernal. También al jalonamiento de los sectores minero, de construcción y servicios.

Entre tanto, otras agencias de noticias reportaron que el 40% de los afectados ya habían sido previamente desplazados, no sólo por el invierno sino por el conflicto armado. Y otros análisis económicos registraron que aunque la inflación global se mantuvo alrededor del 3%, las mayores variaciones de precios en el año 2010 se registraron en el sector salud (4,31 por ciento), alimentos (4,09 por ciento), educación (4,01 por ciento) y vivienda (3,69 por ciento). Es decir, en los sectores que más afectan el ingreso y capacidad de consumo de los colombianos de menores ingresos. Así que tanto los pobres inundados como los que siguen a flote, pagan, además, mayores precios relativos por su canasta de consumo.

El invierno ha puesto en evidencia no sólo nuestra pésima infraestructura y débil capacidad institucional. Sobre todo, ha sacado a flote una imagen brutalmente cruda de lo que significa que seamos uno de los países más desiguales e inequitativos del mundo.

Mientras 3 millones de compatriotas tienen el agua al cuello los demás podemos seguir expandiendo el consumo, la inversión y el crecimiento. Dudo que haya una fotografía más cruda del tipo de sociedad, estado y mercado que hemos construido.

Afectación por municipio

Afectados ola invernal


Afectados por la ola invernal

 

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Más petróleo + más carbón = Más votantes

Esta semana el registrador Carlos Ariel Sánchez alertó sobre el excepcional incremento en el número de inscripción de cédulas en 67 municipios del país. La Silla Vacía identificó 17 poblaciones más donde el número de personas inscritas sobrepasa los históricos de las elecciones locales y que además coinciden con zonas de explotación de hidrocarburos.

La mayor sorpresa está en el departamento del Putumayo que tiene el mayor número de personas inscritas durante los casi dos meses que lleva el proceso. Hasta ayer se habían inscrito 6.085 ciudadanos. El municipio donde más inscripciones se han registrado es Villagarzón, (ver mapa) que tiene 1.084 nuevas inscripciones, el equivalente al 90 por ciento de las inscripciones de hace cuatro años. Se han inscrito más personas que en la capital Mocoa, Puerto Asís y Orito que son los municipios más grandes. La explicación es que a esa población llegó hace un año la compañía canadiense Gran Tierra a explotar petróleo y, aunque muchos de los trabajadores de la multinacional no viven en Villagarzón más que unos diez meses mientras les dura el contrato, aparentemente se están inscribiendo allí.

En el Meta también se presenta una situación atípica: es el departamento con el mayor número de municipios donde está disparado el número de inscripciones. Allí también hay producción petrolera y hay caseríos que tenían cien habitantes antes de la llegada de las petroleras y hoy tienen mil.

El caso más diciente es el de Puerto Gaitán (ver mapa) donde ya se inscribió el 22,67% del total del censo electoral; son 2.784 ciudadanos, una cifra representativa si se tiene en cuenta que en las elecciones de alcalde de 2007 sólo 1.266 votos separaron al ganador del segundo candidato.

En ese municipio, y en los otros denunciados, el Consejo Nacional Electoral tendrá que investigar si se está dando el fenómeno de trashumancia electoral. Es decir, que la gente se está inscribiendo en poblaciones diferentes a las que vive.

Lo que más sorprende de las cifras es que aún faltan cinco semanas para que concluya el período de inscripción de cédulas que comenzó el 23 de febrero y las previsiones indican que podrían triplicarse pues históricamente en las dos últimas semanas ocurren la mayoría de inscripciones.

En los municipios petroleros, fuera de que han llegado más personas a trabajar en las exploraciones o explotaciones de hidrocarburos, también está la versión de que algunas de estas compañías son las que están impulsando a sus trabajadores a inscribirse en los puestos de votación de los municipios donde operan. A estas empresas les conviene que los alcaldes elegidos sean sus amigos y con frecuencia invierten sumas considerables en las campañas electorales.

Muchos de los temas relacionados con la exploración o explotación de hidrocarburos pasan por las administraciones locales: los permisos de planeación municipal, las quejas de los ciudadanos por contaminación, el impuesto predial, el Plan de Desarrollo Local y la inversión de las regalías que pagan, que son el motor económico del municipio.

Pase el mouse por los municipios señalados para saber cuál es la cifra de inscripción de cédulas, la relación con las elecciones de 2007 y la influencia petrolera. 

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La advertencia que el Mininterior no escuchó sobre Córdoba

 

Foto Defensoría del Pueblo
 

Sobre el asesinato de Margarita Gómez y Mateo Matamala, los estudiantes de la Universidad de los Andes, se ha escrito mucho, así como de la presencia de los grupos armados que se tomaron a Córdoba luego de la desmovilización y serían los responsables de los asesinatos. Pero lo que no se ha dicho es que este Gobierno, en agosto pasado, tuvo la oportunidad de declarar una alerta temprana para la zona y prefirió no hacerlo porque se trataba de “una zona turística donde todo estaba controlado”.

La negativa para emitir la alerta salió de la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas (CIAT) que coordina el Ministerio del Interior y que es el único organismo que puede declarar una alerta de este tipo y con ello obligar a las autoridades locales y nacionales a tomar medidas de prevención y protección para los civiles.

Y la solicitud fue hecha por la Defensoría del Pueblo que emitió un informe de riesgo para los municipios de Lorica, Moñitos, San Antero y San Bernardo del Viento, los que conforman La Costanera. Ese informe fue el resultado de una visita de los funcionarios de la Defensoría a la zona y de la evidencia del peligro que corrían sus habitantes y visitantes.

Ese informe, que fue entregado al Ministerio del Interior, resumía el peligro para la población de la zona donde se estableció una especie de “puerto” de salida de la droga hacia México y Centroamérica, pero que con la presencia de varios grupos armados había llevado también a la orilla del mar las cocinas y los cristalizaderos camuflados en las camaroneras abandonadas.

En San Bernardo del Viento, donde aparecieron los cuerpos de Margarita y Mateo, la delegación de la Defensoría encontró que la tierra estaba muy barata y se estaba vendiendo mucho aparentemente por presión de los armados. Y también se encontraron con hombres armados que durante día y la noche recorrían la playa, seguramente los mismos que asesinaron a los estudiantes.

La pérdida del control del Estado en Córdoba no es nueva. Prácticamente después de la desmovilización de los paramilitares, en este departamento mandan los grupos armados que se negaron a entregar las armas y se quedaron con el control del narcotráfico. Incluso se han dado alianzas entre la guerrilla y los paramilitares para los negocios de la droga.

Según las cifras del Observatorio del Delito en Córdoba entre 2005 y 2010, se han registrado 2.396 homicidios en el departamento. De estos, 532 ocurrieron en 2009 y, en los primeros ocho meses de 2010, se contabilizaron 401 homicidios más.

Para la Defensoría del Pueblo, el conflicto en Córdoba es una disputa por la tierra de los nuevos grupos paramilitares que se tomaron el departamento (ver mapa), están desplazando y, por ello, las principales víctimas de los asesinatos, las amenazas y los desplazamientos son los líderes comunales, los indígenas y los campesinos.

En ese departamento, los familiares de las víctimas están haciendo las labores forenses para recoger a sus muertos porque las instituciones competentes se niegan a hacerlas. Y en lugar de retornar a sus tierras continúan dejándolas por culpa de las amenazas.

Desde 2006, la Defensoría ha entregado los informes de riesgo y principalmente en 2010 advirtió sobre el recrudecimiento de la violencia y el regreso de las masacres.

Estos fueron los principales informes que tuvo en sus manos la CIAT:

 

1

Lorica, San Antero, Moñitos y San Bernardo Del Viento: Informe de riesgo emitido el 9 de agosto de 2010

Después de la visita de una delegación de funcionarios del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría, se declaró la alerta por la evidente presencia de los grupos armados ilegales.

Hasta agosto, solo en San Bernardo del Viento, se habían reportado 16 asesinatos. En Lorica, 21; ocho en Moñitos y siete más en San Antero. Pero el año anterior, en esos tres municipios los muertos habían sido 52 en Lorica, 8 en Moñitos, 12 en San Bernardo y 28 en San Antero.

La Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas decidió no alertar.

El lunes 10 de enero fueron asesinados los estudiantes de la Universidad de los Andes, Margarita Gómez y Mateo Matamala.

 

2

La Apartada: Informe emitido el 9 de agosto de 2010.

El informe de inminencia sobre ataques a la población civil se dio por las denuncias de la población sobre las amenazas a los líderes indígenas y sociales y el asesinato de varios de ellos. Los autores eran Los Rastrojos que dominaban el territorio e intentaban evitar que hasta allí llegaran Los Paisas y las Águilas Negras. Incluso hubo varios atentados con artefactos explosivos.

Después del informe que la CIAT no respondió continuaron los asesinatos, al punto que en al cierre de agosto ya se registraban 34 homicidios.
 

3

Buenavista: Informe emitido el 29 de julio de 2010.

Se realizó un informe de inminencia por la gravedad de las denuncias y una alta posibilidad de que ocurrieran muertes de civiles ya que en la zona conocida como Alto San Jorge se registraba una disputa entre Los Paisas y Las Águilas Negras, por los corredores del narcotráfico. Hasta el momento del informe se habían registrado 59 homicidios, un 500 por ciento más que el año anterior.

Previo a la alerta de la Defensoría se había registrado una masacre de seis personas que fueron decapitadas presuntamente por Los Paisas.

Y después del informe que no tuvo respuesta del CIAT, hombres armados y encapuchados comenzaron a recorrer las casas y se produjo una decena de asesinatos sistemáticos.
 

4

Puerto Libertador y Montelíbano: Primer informe emitido el 9 de febrero de 2006.

La primera vez que la Defensoría del Pueblo emitió un informe de riesgo sobre estas poblaciones ubicadas al sur de Córdoba apenas terminaba de consolidarse la desmovilización, y con ella en ese departamento el aumento de la violencia. El CIAT no respondió la alerta y tampoco lo hizo el 29 de febrero de 2008.

Sólo tras la muerte de más de 50 personas en forma sistemática, el 29 de febrero se emitió la primera alerta, que fue renovada el 13 de octubre siguiente.

Pero la respuesta no ha sido positiva para las alertas en 2009 ni en 2010, a pesar de que los muertos al final del año pasado superaron los cien. La mitad de ellos fueron asesinados en masacres.
 

5

Valencia: Emitido el 5 de agosto de 2009. Inminencia.

Cuando el Sistema de Alertas Tempranas, SAT, advirtió sobre la inminencia de un ataque a la población civil en el municipio de Valencia no había más que cuatro muertos en la población. Sin embargo, fue su cercanía al municipio de Tierralta lo que originó el llamado que no fue atendido por el CIAT.
Después de la solicitud, hacia el territorio de Valencia llegaron Las Águilas Negras y Los Paisas y comenzó un desplazamiento originado por la búsqueda de tierras para cultivos ilícitos.
 

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Estos son los dueños de las CAR

Con la tragedia invernal las corporaciones autónomas regionales (CAR) han quedado en ojo del huracán. Incluso el presidente Santos decidió quitarles el presupuesto que no han gastado para entregárselo al Fondo Nacional de Calamidades.

Las CAR son entidades estatales pero autónomas. Sus directores no le responden a la Ministra de Ambiente, al gobernador ni al Presidente. Por lo menos en el papel, sus jefes son unas juntas o consejos directivos, en los que están sentados algunos alcaldes de la región, el gobernador y el Ministerio. Y estos políticos comparten silla, además, con ONG, empresas, representantes de sectores como indígenas o afrocolombianos. Esas juntas, que los eligen y los pueden destituir, en muchos casos terminan capturadas por grupos políticos, que convierten las entidades en botines burocráticos.

Como dijo a la Silla Vacía un experto en temas ambientales, “se reúnen los alcaldes y eligen a sus representantes en la junta. Luego, consiguen el apoyo de algunas organizaciones y dejan al Gobierno nacional en minoría. Con eso ponen al director y luego le cobran en puestos”.

Las CAR manejan un presupuesto significativo. Y, como son autónomas, no hay claridad de cómo gastan sus recursos. Su principal fuente es la llamada sobretasa ambiental, un dinero que se cobra por encima de otros cobros, especialmente del impuesto predial. La sobretasa no es un dinero despreciable: en una columna, Carlos Caballero Argáez se preguntaba qué se habían hecho los 1,5 billones de pesos anuales que reciben las CAR.

Además de manejar un presupuesto jugoso y de la nómina de las CAR, los directores son la última instancia en muchos asuntos ambientales. Por ejemplo, son ellos los que aceptan los planes de manejo ambiental de las empresas, que son necesarios para funcionar. También pueden multar a quienes violan las normas ambientales. Y estos poderes, que pueden resultar muy útiles para hacer cumplir la ley, les dan un enorme poder. Por ejemplo, pueden sacar a una empresa de un mercado, negándole la licencia ambiental.

En algunos casos, ese poder está al servicio de los intereses ambientales. Por ejemplo, Corporinoquía se ha dedicado a pensar el futuro de la Orinoquía. Pero otras CAR han sido objeto de fuertes críticas por su falta de gestión, por ser más botines burocráticos que entidades eficaces.

Este diagnóstico no es nuevo y por el Congreso han pasado varios proyectos de ley que buscan acabarlas o reorganizarlas, incluyendo uno presentado por el gobierno Uribe. Todos se han hundido.

Con las inundaciones y los derrumbes que afectan a casi todo el país se manifiestan las consecuencias de esa politización.  Estos son los políticos que están detrás de varias de las CAR que están en las zonas más afectadas por la emergencia invernal:

Nota de la Editora: La Silla Vacía afirmó erróneamente que Alfonso 'El Turco' Hilsaca estaba detenido, investigado por promover grupos paramilitares. Esta información no se ajusta a la verdad puesto que la Fiscalía ya precluyó la investigación judicial a favor del señor Hilsaca. La información ya fue corregida en la nota y ampliada con otros datos para mayor precisión. Ofrecemos disculpas por este error que ya fue rectificado.

Haga click en los departamentos que están en verde claro para saber cuál o cuáles CAR están allí y quienes son los políticos relacionados con ellas. .  

 

 

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