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El plano criminal que subyace a los disturbios del centro de Medellín

Aunque inicialmente los medios dijeron que los disturbios que paralizaron buena parte del centro de Medellín el lunes obedecieron a protestas de los vendedores ambulantes frente al plan de carnetización y reubicación de la Alcaldía, la realidad es que fue una evidencia más de las disputas por el dominio del bajo mundo de la capital paisa entre los Urabeños y la Oficina de Envigado. 

Los Urabeños tienen presencia sobre todo en el norte de Colombia (color rojo) y disponen de rutas de narcotráfico y muchos recursos. Mapa: Indepaz

La protesta de los vendedores fue aprovechada por las bandas que verían afectados sus negocios ilegales en el centro por las medidas.

Según Fernando Quijano, de Corpades, ONG que trabaja en el tema del conflicto en Medellín, en el centro actúan alrededor de 30 Convivir que se reparten el control de los distintos sectores (como el de los vendedores ambulantes) y las múltiples plazas de vicio. Además, en el sector comercial “El Hueco”, en el centro de Medellín, el narcotráfico lava sus ingresos.

 

“El valor de Medellín para el crimen organizado no es el microtráfico o las vacunas. La razón por la que los Urabeños quieren entrar a Medellín es que esta ciudad es un gran lavadero, donde se consigue “la plata sana””, dijo un reconocido investigador a la Silla que pidió la reserva de su nombre.

 

Hasta el momento, la Oficina de Envigado todavía domina buena parte del bajo mundo del Valle de Aburrá y sus combos. Sin embargo, esta debilitada financieramente por falta de rutas internacionales de narcotráfico. Además, después de la captura de alias ‘Sebastian’ se ha quedado sin un hombre fuerte que controle el complejo mundo de los combos. Por eso se ve cada más vez amenazado por Los Urabeños que están ganando terreno en las comunas de la ciudad.

 

 

Este grupo, que tiene sobre todo presencia en el norte de país, empezó a entrar a la capital antioqueña en 2008 por el Occidente (Altavista, San Cristobal) y la Comuna 8 (Villa Hermosa), cuando alias ‘Valenciano’ (capturado en noviembre del año pasado) se estaba disputando con ‘Sebastián’ el vacío de poder que dejó la extradición de ‘Don Berna’, el hasta ese momento patrón único de Medellín.

 

“La particularidad de los Urabeños es que, por primera vez, es un actor ajeno a la ciudad el que intenta ganar el control,” señala Diana Barajas, investigadora del Instituto Popular de Capacitación (IPC), ONG que hace seguimiento a la evolución del conflicto. “Es un actor muy poderoso que cuenta con grandes recursos, ya que opera en varios regiones del país.”

 

Los Urabeños intentaron primero negociar con los combos y jefes de las comunas que pertenecían a la estructura de la Oficina para cooptarlos. “Porque algo que siempre hemos observado en la guerra urbana de la ciudad es que quien domina los combos, gana la guerra,” dice Barajas, recordando la confrontación entre el Bloque Metro y el Bloque Cacique Nutibarra. El atractivo de los Urabeños es que prestan sus rutas de narcotráfico a los combos medianos como los “Pachelly” o los “Mondongueros” y a los pequeños combos les ofrecen armas y motos para que se cambien de bando.

 

A los que se niegan a alinearse, los obligan a partir de la violencia. “Hay algunos combos que están dispuestos a negociar, otros que se niegan y otros que lo están pensando,” dice Quijano. Por ejemplo, se rumoraba que alias ‘Pesebre’, nuevo hombre fuerte que reemplazaría a Sebastián, se iba a “torcer”, por lo que intentaron matarlo. 

 

Las comunas en disputa son aquellas que tienen un valor estratégico por ser corredores para el narcotráfico: por el Occidente de Medellín (San Javier, San Cristobal y Belén) se llega al Urabá y al puerto de Turbo; a través de las Comunas Orientales (Buenos Aires, Villa Hermosa) se gana acceso al Oriente Antioqueño y el Magdalena Medio.(para ver una versión grande de la imágen haga click aquí

Fuentes: Medicina Legal, noticias de prensa y entrevistas con expertos en Derechos Humanos y conflicto urbano; Elaboración: LaSillaVacía.com

De esta manera, los Urabeños están ganando terreno en Medellín: mientras hace poco mas de un año, se señalaba que la Oficina controlaba alrededor de 85 por ciento del hampa de la ciudad, hoy día las proporciones según la Fundación Corpades son de apenas 60 – 40.

Si bien las cifras totales de homicidio durante los primeros ocho meses son mas bajas que en el mismo lapso de tiempo en años anteriores, lo que preocupa es la tendencia: mientras en 2010 y 2011, los homicidios en Medellín entre enero y agosto tendían a disminuir hacia mitad del año, en 2012 se encuentran en aumento con más de cien homicidios en los últimos meses.

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Colombia: Un país sin oposición política

El unanimismo que reina en el Capitolio Nacional no difiere mucho de aquel que impera en el escenario político de algunas regiones del país. Así como son pocas las voces de la oposición al gobierno Santos en el Congreso - el Polo Democrático siempre, y el Mira o los Verdes mockusianos de vez en cuando -, gobernadores y alcaldes del país disfrutan de la ‘amistad’ de diputados y concejales. Otros reciben más críticas, como el Alcalde de Cartagena o el de Villavicencio, pero aún así, la disidencia resulta poco coherente en el tiempo y no alcanza a reunir siquiera a los miembros de un mismo partido.

Parece que no resulta 'rentable' para diputados y concejales ejercer oposcición, por ello las Asambleas y Concejos quedan relegadas en ocasiones a ser sólo un apendice de la administración de turno. La precariedad del voto de opinión en provincia no premia el control político independiente. En el contexto del proceso de paz, y la posibilidad de que la guerrilla participe en política, el reducido espacio para la oposcición en el país no es una inquietud menor. 

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En las Islas del Rosario, ¿se desalojarán primero los nativos que los ricos?

En las islas viven de manera permanente comunidades negras, aunque también hay una alta población flotante. Foto del Incoder

Como contó La Silla en abril, desde noviembre del año pasado, a raíz de un fallo del Consejo de Estado, el Ministerio de Ambiente e Incoder están definiendo un plan de desarrollo sostenible para las Islas del Rosario para frenar la contaminación de este lugar paradisíaco y el deterioro del parque natural Corales del Rosario y San Bernardo. El Plan pasa por evaluar los contratos de arrendamiento de muchas familias poderosas que llevan años ocupando estas islas, varias de las cuales el Incoder considera que fueron adquiridas de mala fe. Su desalojo aún no se ha producido. Pero ahora los que se sienten verdaderamente amenazados son las comunidades negras que viven allí hace años y que temen que serán ellos los que terminarán pagando las consecuencias del modelo ambiental que se quiere aplicar a las Islas.

La parte marina de las Islas del Rosario, es, por su exhuberancia natural, un Parque Nacional Natural desde 1977.  Pero está amenazada por la contaminación que causa el canal del Dique en Cartagena, la tala del manglar para ampliar los terrenos de construcción y la presión que ejercen los habitantes sobre el entorno.

Myriam Villegas es la directora del Incoder, entidad que tiene a cargo la administración de las Islas.
Mujeres en el asentamiento de Orika, Foto del Incoder

Las Islas son totalmente propiedad del Estado, así existan predios que disfrutan y se atribuyen particulares. 

Con la mayoría de predios en donde hay casas de recreo y hoteles, que son alrededor del 23% del territorio, el Incoder ha celebrado contratos de arrendamiento, que como lo contó La Silla, son realmente bajos, con frecuencia no superan los 100.000 pesos mensuales.

Aun así, hay 47 predios sobre los que no se han celebrado estos contratos, que por lo tanto tienen en su mayoría procesos de desalojo; hay 56 predios en mora de pagar y apenas 35 al día.

Con la población nativa, en cambio, no se han celebrado estos contratos. En Isla Grande, viven alrededor de 800 nativos, de los cuales 200 tienen un poblado que se llama Orika. Pero cuando hay temporada alta, la población flotante de la Isla puede llegar a 2000 personas. 

En 1984 el Incora demostró que en las Islas vive población negra desde tiempos remotos y que tienen una forma especial de relacionarse entre sí y con el territorio. Con base en ese estudio y en el de otros investigadores, estas comunidades ahora sostienen que tienen todos los derechos de los grupos étnicos: al territorio, a la autonomía y a la consulta previa. Pero, por ahora, esto no ha sido reconocido por el Estado que los equipara a los demás ocupantes de la isla.

La sentencia

En su fallo el Consejo de Estado respondió a la Acción Popular que presentó el ex procurador agrario Reynaldo Muñoz para que se protegiera el medio ambiente de las islas. El Consejo ordenó al Incoder y a las autoridades ambientales, tanto nacionales como regionales, crear un modelo de desarrollo sostenible, revisar los contratos de arrendamiento y tomar otras medidas urgentes para proteger el ecosistema.

Aunque el Plan debería haber sido adoptado en marzo, las entidades aún se están reuniendo semanalmente para diseñarlo. Del Incoder participa la Subdirección de Tierras, pero no ha sido invitada la de Grupos Étnicos.

El Incoder ya cuenta con una caracterización del territorio, donde tiene identificados los predios, la población y las principales problemáticas ambientales. También tiene claro cuál es el objetivo del Modelo. Se trata de crear una Ecorregión que controle el aprovechamiento sostenible de las islas y ejerza un control estricto. 

Ahora el modelo tendrá que definir quiénes pueden vivir en la isla y bajo qué condiciones. Sectores más ambientalistas consideran que debería haber un enfoque primordialmente ambiental y que ello requeriría el desalojo de la población. Jennifer Mojica, de la subdirección de Tierras del Incoder, considera que “no se trata de tener islas vacías“.

Pero al Incoder le preocupa que, en los últimos años, la población nativa ha crecido a uno ritmo que, de mantenerse, llegará a un nivel insostenible para las Islas.

A esto se suma que, por las condiciones naturales de las Islas y por estar junto al Parque Nacional Natural, no es posible hacer obras de infraestructura importantes como un acueducto. Por eso, Mojica considera que estas no son condiciones dignas de vida de la población, por lo que pensar en una reubicación no es del todo descabellado.

En marzo, el Incoder le comunicó a las comunidades que podrán quedarse si, luego de los estudios que darán lugar al modelo, se concluye que la "capacidad de carga" del ecosistema lo permite. La capacidad de carga significa la posibilidad de la naturaleza de resistir la presión que hay sobre ella. 

Las comunidades, sin embargo, sostienen que éste no puede ser el criterio que defina si pueden o no quedarse, porque sería una imposición basada solo en criterios ambientales y no una decisión consultada que tenga en cuenta sus características étnicas.

Aunque el informe de caracterización de las Islas menciona la necesidad de contar con la participación de las comunidades, no reconoce que tengan derecho a la consulta previa.

Mapa tomado de la página del Centro Educativo Islas del Rosario.

 

Lo que las comunidades ven y el Estado, no

Las comunidades negras de las Islas del Rosario sostienen que tienen derecho a que se les titule colectivamente el territorio con base en la legislación que les da derecho a las comunidades negras de ser dueñas de los territorios baldíos que han ocupado tradicionalmente. Pero el Incoder argumenta que no lo puede hacer porque se trata de baldíos con un carácter especial que no permite la titulación a nadie.

Las comunidades argumentan que este carácter especial de los baldíos se estableció en el siglo XIX, mucho antes de la nueva Constitución que protege la diversidad étnica y cultural y que  hoy los deberes del Estado son otros. Por eso interpusieron una acción de tutela en 2007 que fue seleccionada para revisión por la Corte Constitucional, que hasta ahora no se ha pronunciado.

El Consejo Comunitario también presentó el mes pasado, con apoyo de Dejusticia, una solicitud de medidas cautelares a la Corte Constitucional después de que Cardique, la autoridad ambiental regional, ordenó la demolición de casas y de un muelle construido por la comunidad, porque considera que son ambientalmente inviables. Además, como el área marina es Parque Nacional, les quedó prohibida la pesca, tanto para su propia alimentación como para su vida económica.

Las comunidades sienten que las decisiones ambientales se toman sin tenerlos en cuenta y que las sanciones son implacables con ellos y atentan contra su subsistencia. Por eso, han acudido ya dos veces a la Corte Constitucional que no ha respondido aun nada.

¿Será la construcción del modelo sostenible del archipiélago el tercer motivo para acceder a la justicia?

Si la Corte los reconoce como grupo étnico y sostiene su jurisprudencia sobre este tema, todo el proceso del Incoder se caería por la falta de una consulta previa. Sería uno más que se frustra por este motivo.

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Las minas del Cauca

Los indígenas del Cauca exigen la salida de las Fuerzas Militares y de la guerrilla de su territorio. Pero no solo de ellas. También la salida de las multinacionales, en especial de las mineras. Así lo han planteado desde hace varios años y fue uno de los puntos que los indígenas pusieron sobre la mesa en las recientes conversaciones con el gobierno.

Además de las solicitudes de concesión y títulos otorgados, el Ministro de Minas determinó en febrero al menos 21 áreas estratégicas mineras en el Cauca, que corresponden a un poco más de 105.000 hectáreas. Son áreas con potencial minero en donde distintas empresas tendrán que competir para explorar y explotar minerales y el gobierno escogerá a la que mejores condiciones presente. La definición de estas áreas excluyó entre otras, zonas  protegidas ambientalmente, pero no resguardos y territorios tradicionales de los indígenas. Por ello, el conflicto en el Cauca no solo gira alrededor de los actores armados, sino también de la minería.

Haga clic en los recuadros naranja para ver los mapas mineros:

* Aclaraciones del mapa:

- La multinacional con mayor interés en los territorios indígenas del norte del Cauca es Anglogold Ashanti. Aunque tiene un número elevado de solicitudes de títulos mineros y títulos otorgados, hasta ahora no cuenta con ninguna licencia ambiental en el Cauca  y apenas ha comenzado dos procesos de consulta previa con el pueblo Yanacona.

- Los mapas de áreas protegidas y de panorama minero fueron elaborados por la Conferencia Episcopal de Colombia y el Secretariado Nacional de Pastoral Social en julio de 2010.

- Los datos del mapa de expectativas mineras fueron tomados del Catastro Minero Colombiano.

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Los cayos de San Andrés podrían ser la nueva 'Holguinada'

Ayer la Corte Internacional de Justicia de La Haya inició las deliberaciones para dar una sentencia en el litigio entre Nicaragua y Colombia por la soberanía de los cayos Roncador, Quitasueño y Serrana en el departamento de San Andrés y Providencia. El caso tiene los ojos puestos sobre la canciller María Ángela Holguín. En el Congreso pidieron su renuncia a raíz de las polémicas declaraciones que hizo sobre la posibilidad de que la Corte falle de una manera “salomónica”, es decir, que le dé algo a cada parte: “nadie está preparado para que le digan ‘este pedacito ya no es de ustedes’, pero tenemos que tener en mente que cualquier cosa puede pasar”, dijo.

Si Nicaragua gana el litigio no sería la primera vez que Colombia pierde territorios durante la gestión de un Holguín. Éstas han sido las ‘Holguinadas’ de la historia. Haga click en cada foto siguiendo la numeración.
 

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Las plagas del Chocó con las que no ha podido Santos

Después de ocho días de paro armado en el que las Farc prohibieron el transporte fluvial, terrestre y aéreo, el presidente Juan Manuel Santos hizo por primera vez en la historia un consejo de ministros en Quibdó, la capital del departamento del Chocó.

Que el Chocó esté en problemas no es noticia. Durante el paro de la semana pasada los medios recordaron las cifras. Si Colombia es pobre, Chocó lo es aún más: 65 por ciento de las personas viven en la pobreza frente al 38 por ciento nacional. Sólo el 23 por ciento tiene acueducto y los desplazados se cuentan a diario.

Con esta visita Santos deja en claro que el tema de la seguridad, por el que tanto lo han criticado, está bajo su control. Que los inversionistas pueden estar tranquilos. Por ejemplo, en agosto del año pasado, cuando hubo un ataque en Caquetá, Santos organizó un consejo de seguridad en San Vicente del Caguán y les aseguró a las petroleras que todo estaría bajo control.

En Chocó, Santos tomó tres decisiones. La primera: aumento del pie de fuerza policial en 300 uniformados. La segunda: se creará un batallón del Ejército en Riosucio, a 380 kilómetros de la capital chocoana.

La tercera: se conformará una unidad del Plan Meteoro para que garantice la seguridad en las carreteras. El Presidente también anunció inversiones en educación, vivienda y agua potable y habló de destinar recursos para las vías cuyas obras se iniciaron hace años y nunca se terminaron.

Chocó es estratégico y está aislado del centro del país. Bandas criminales, guerrillas y delincuentes comunes se pelean el mercado de la droga. Las costas del Chocó, en el Pacífico y en el Urabá, son puntos de salida de la cocaína. Colombia se mantiene como el primer productor de cocaína a nivel mundial. En Chocó las hectáreas de coca se han más que duplicado.

El gobernador del Chocó, Luis Gilberto Murillo, le admitió a La Silla Vacía que los problemas del departamento no se solucionan con las expectativas que sembró el Presidente Santos. Pero después del abandono que sintieron por los ocho días de paro sin ninguna presencia real del Gobierno, siente, de nuevo la esperanza. En el Chocó confluyen todos los problemas del país y con ellos tiene que lidiar el presidente Santos.

Este es un mapa de los males que azotan al Chocó:

Haga click en cada uno de los botones para ver en qué partes del departamento hay presencia de bacrim, Farc, cultivos ilícitos, minería, o se espera que haya restitución de tierras:

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Los niños del sur: víctimas de la guerra invisible

En el sur se está intensificando la guerra y prueba de ello no son sólo los carros bomba que explotaron hace dos semanas en Tumaco y Villa Rica, Cauca, sino también los niños que han quedado mutilados o gravemente heridos en lo que va corrido del año.

En el mes y medio que lleva este año, ya fueron 33 los niños que fueron víctimas de una granada, explosivo artesanal o mina antipersonal. La cifra es alarmante de por sí, pero aún más si se tiene en cuenta que hace un año, en esta fecha, había cinco niños víctimas. Y en todo el 2011 fueron 35.

Este dramático aumento de niños y niñas heridos tiene alarmadas a las organizaciones que trabajan con las víctimas de minas antipersonal. Porque, dicen ellos, el aumento no es casual.

“Esta es la consecuencia de la Operación Odiseo que dio de baja a 'Alfonso Cano'”, dijo a La Silla Paulo Lasso, coordinador de la Campaña Colombiana contra las Minas en el Cauca.

Después de la muerte del ex comandante, las Farc se han concentrado más en los cascos urbanos de estos departamentos del sur, que en el combate en las zonas más altas de las montañas. “Y cada vez hay más ataques contra puestos de policía, que están dentro de los pueblos y muchas veces cerca a los colegios”, dice Lasso.

Aunque el problema de las minas es cada vez más dramático, muchas gobernaciones y alcaldías no lo tienen como prioridad. Y más grave aún, el presupuesto del gobierno central no siempre llega o se demora en llegar. Según supo La Silla Vacía, el programa de la Vicepresidencia dedicado a este tema no tuvo presupuesto en 2011 para fortalecer la prevención y atención de estas víctimas sino hasta noviembre, casi terminando el año. Esta será otra talanquera para el proyecto de Restitución de Tierras y Reparación de Víctimas porque nadie va a querer volver donde sus hijos pueden dar un paso en falso y quedar para siempre incapacitados.

Estos son los niños que han sido víctimas desde enero hasta el día de hoy, de la guerra que se libra en el sur. 

Haga click en el nombre de los municipios para más información

Portada: Ana Patricia Palacios, Mine 4, 2008.
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Los 'articulitos' que sincerarían las cifras de inversión extranjera

Cuando la familia Santodomingo vendió Bavaria a SABMiller, esa transacción no pagó impuestos a pesar de tratarse de la venta de una de las empresas más grandes del país. Muchas veces pagan más impuestos los que venden un apartamento que todo un conglomerado económico.

Una ley que ha pasado de agache y que cursa actualmente en el Congreso podría cerrar esta posibilidad de ahora en adelante. Es una ley que podría aumentar considerablemente el recaudo tributario pero que también podría tener el efecto secundario de sincerar las cifras de inversión extranjera.

Se trata de un proyecto de ley del representante liberal Simón Gaviria sobre disolución de sociedades que ya fue aprobado por el Senado pero que tiene tres artículos que obligan a todas las compañías nacionales y a todas las empresas extranjeras que tengan sucursal en Colombia a informar quiénes son sus beneficiarios reales –es decir, quiénes son las personas naturales que, en última instancia, son sus propietarios.

Y esos propietarios podrían no estar pagando impuesto al patrimonio porque no le informan a la DIAN que tienen acciones en sociedades colombianas a través de esas empresas extranjeras. O podrían estar pagando menos impuesto de renta al no incluir entre sus ingresos las utilidades que reciben a través de la compañía extranjera.

Muchos colombianos han creado empresas en paraísos fiscales como Panamá, Islas Vírgenes o las Bahamas, donde es muy fácil crear sociedades y no hay que pagar impuestos por tenerlas. A través de esas empresas invierten en Colombia, y oficialmente el dinero de esa inversión queda registrado como inversión extranjera, como lo muestra este gráfico.

 

Estos artículos fueron promovidos por el Superintendente de Sociedades (y antiguo blogger de La Silla Vacía) Luis Guillermo Vélez y el senador conservador Juan Mario Laserna, y tienen el apoyo de Juan Ricardo Ortega, director de la DIAN. Y siguen la línea de legislación que se está adoptando en otros países como Estados Unidos o Francia para volver menos atractivos los paraísos fiscales y perseguir el no pago de impuestos.

"Esta legislación equivale a una reforma tributaria" le dijo el senador Laserna a La Silla Vacía. "Es fundamental para saber dónde están los capitales colombianos y para formalizar la situación irregular de muchos. Si el presidente Santos apoya la norma y nos ayuda a sacarla adelante en la Cámara, ahora sí se podrá decir que es un 'traidor a su clase'".

Aunque no se puede presumir que toda la inversión que viene de esos paraísos fiscales es de compañías de colombianos ávidos de pagar menos impuestos, el ejercicio de restar esos montos de la inversión extranjera total sí ayuda a dimensionar qué tan grande realmente es.

Éste sería el efecto de estos artículos sobre el monto de inversión extranjera que registra el Banco de la República, que se reducirían en más de una cuarta parte:

 

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Los personeros cuestionados de la restitución de tierras

En la restitución de víctimas que arrancó este mes hay pocos personajes tan claves para su éxito como los personeros municipales. Pero las alianzas que llevaron a la elección de la mayoría de estos funcionarios, encargados de acompañar a las víctimas en todo el proceso, no permiten ser demasiado optimistas.

De los doce municipios piloto escogidos por el Gobierno para arrancar la restitución de tierras, ocho fueron apoyados por políticos o empresarios más cercanos a los victimarios que a las víctimas. Dos casos se ven con optimismo-el de San Francisco, Antioquia, y el del Carmen del Darién, en el Chocó. Y sobre los otros dos no pudimos conseguir información.

El director del Departamento para la Prosperidad Social, Bruce Mac Master, anunció esta semana que se reunirá con todos los personeros del país el 17 de febrero para capacitarlos y desde su oficina se está montando un sistema de seguimiento ciudadano a los personeros para garantizar que realmente se merezcan la confianza de las víctimas.

Estos son los personeros en los municipios donde arranca la restitución de tierras.

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