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La revocatoria de alcaldes está de moda en las grandes ciudades

Apenas ha pasado un año desde que comenzaron sus períodos los alcaldes en todo el país, pero ya cinco de las diez ciudades más grandes del país (Bogotá, Cali, Bucaramanga, Ibagué y Santa Marta) tienen procesos de revocatoria en marcha. Aunque es muy difícil que salgan adelante, en cualquier caso sirven para que sus promotores mojen prensa. Y si la Corte Constitucional avala un cambio a la ley y reduce los requisitos, podrían ser las primeras revocatorias exitosas.

La revocatoria del mandato fue uno de los mecanismos de participación ciudadana más novedosos que trajo la Constitución de 1991, pero aún no ha sido estrenada con éxito, porque tiene unos requisitos muy exigentes. Por eso el Congreso aprobó el año pasado una reforma a la ley que busca flexibilizar esas condiciones. Esta reforma, que debería ser revisada este semestre por la Corte Constitucional por tratarse de un mecanismo de participación ciudadana, baja del 40 al 30 por ciento el número de firmas necesarias para convocar a la votación (calculadas sobre la votación del funcionario elegido), y reduce el umbral de la consulta popular del 55 al 40 por ciento de los votos de la elección original.

Por lo menos 130 iniciativas han llegado a la Registraduría desde 1991, de las cuales apenas 37 cumplieron con los requisitos y llegaron a las urnas. Sólo en dos municipios -Murindó (Antioquia) y Miraflores (Guaviare)- la votación de la consulta ha alcanzado el umbral necesario, pero en ambas triunfó el 'no'. El municipio más grande en llegar a las urnas fue Palmira, en mayo de 2010, pero sólo votaron 15.900 personas, menos de la tercera parte de las necesarias para que fuera válida.

Mientras la Corte aprueba la reforma, los intentos de revocatoria siguen representando una oportunidad para que quienes las impulsan ganen visibilidad y un mayor espacio político para posicionarse hacia el futuro. La Silla examinó cuáles son los procesos de revocatoria que están en marcha y quiénes están detrás de ellos.

Haga clic en cada ciudad para ver en qué va el proceso de revocatoria.

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Volvieron agua los dineros de la ola invernal en el Valle

Obras construidas en el lugar equivocado, otras que nada tenían que ver con la ola invernal, algunas contratadas antes de declararse la emergencia, construcciones que nunca nadie vio y casos donde la comunidad se opuso porque resultaban más perjudiciales las obras que las lluvias, son algunas de las situaciones que se dieron en el Valle, el departamento que finalizado el programa Colombia Humanitaria registra el porcentaje más alto en obras inconclusas en el país.

El balance final de la gerencia de Colombia Humanitaria, programa a través del cual el Gobierno Nacional destinó 5,2 billones de pesos para atender la emergencia ocasionada por la pasada ola invernal, dice que en el Valle se han concluido el 93 por ciento de las obras de contención de cuerpos de agua y mejoramiento de vías. Sin embargo, una visita sobre el terreno encontró que el porcentaje de ejecución es muy inferior, toda vez que proyectos que presentan serias irregularidades figuran como terminados en un 100 por ciento.

Sustentados en la declaratoria de urgencia, los alcaldes y la Gobernación del Valle entregaron los contratos a dedo porque no había tiempo que perder. Dos años después, siguen obras inconclusas, abandonadas o que sencillamente recibieron los anticipos y no se han iniciado, lo que es otra prueba de los problemas de gobernabilidad del Valle en los últimos años.

Sólo en el Valle del Cauca, están embolatados dineros por más de 21 mil millones de pesos de cerca de 28 obras, 21 de alcaldes y siete realizadas por la Gobernación, que fueron contratadas y que ahora serán los organismos de control los que deban aclarar las responsabilidades de exalcaldes, el exgobernador, los contratistas y las firmas interventoras.

Juan Gerardo Sanclemente, exsecretario de Infraestructura del Valle, explicó que las obras de alcaldes eran de menos de 250 millones de pesos y los de la Gobernación eran de varios miles de millones. “Por esta razón, hay obras del departamento que apenas se están entregando porque eran proyectos muy ambiciosos y que no se podían realizar en seis meses o un año”.

Los casos que revisten mayor gravedad, y que han pasado a manos de los organismos de control se dieron en los municipios de Sevilla, San Pedro, Buenaventura, Roldanillo, Bugalagrande y Ginebra, donde ninguna obra se culminó de manera satisfactoria y donde, pese a la inversión, las comunidades aseguran que se sentían más protegidas antes de que fueran “beneficiadas” con recursos de Colombia Humanitaria.

Los hechos no pasarían de ser casos aislados de no ser porque la mayoría de las obras con más problemas, según los hallazgos de la Contraloría General del Valle del Cauca, fueron auditadas por la misma firma interventora: la Asociación de Arquitectos e Ingenieros de Tuluá y el Centro del Valle. Esta firma fue la veedora de 16 de las 21 obras con mayores inconvenientes en esos municipios.

Rodolfo Ramírez, representante legal de la firma en cuestión, aseguró que ya fue llamado a explicar el papel de la Asociación de Arquitectos e Ingenieros de Tuluá y el Centro del Valle y que no son ciertas las supuestas irregularidades documentales que encontró la Contraloría, “que hizo las visitas con personas que poco sabían de realización de obras”. En cada caso, explicó las razones para los problemas (verlas en el mapa abajo).

Pese a las razones que argumenta la firma interventora, la Contraloría trasladó el 7 de septiembre del 2012 los hallazgos a la Procuraduría, mediante el Oficio No. 5562, donde también se señalan las inconsistencias en la cobertura de las pólizas de estabilidad y de la ausencia de los aportes de parafiscales en varias de las obras que verificó la firma.

Haga click sobre las regiones para conocer los casos más increíbles:

Esta publicación es un resultado del curso Tras la pista de los dineros públicos 

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La fuerza militar con la que llegan las Farc a la mesa

Mientras las Farc atacan el casco urbano de Suárez, en el Cauca, y realizan un paro armado en el Chocó, arrancan esta semana los diálogos de paz con las Farc en La Habana. Estos atentados son parte del pulso militar que se llevará a cabo en los próximos meses mientras los negociadores avanzan en la agenda que podría conducir al fin del conflicto armado. La Silla entrevistó fuentes militares de diversas regiones y a dos personas que tienen acceso a fuentes más cercanas a las Farc para elaborar un mapa aproximado de la fuerza militar de la guerrilla al día de hoy.

El Ejército calcula que las Farc tienen 8.147 guerrilleros en camuflado y 10.261 milicianos en las redes de apoyo, es decir, casi 20 mil personas en armas. Habría otros 10 mil en las redes de apoyo, casi siempre familias de guerrilleros que no están armados pero les suministran víveres, los alertan cuando el Ejército está cerca, les dan refugio.

Más de la mitad de eso guerrilleros están en dos bloques: el Oriental y el Bloque Sur, que además de ser los más grandes son junto con el Iván Ríos, del Urabá y Chocó, los más ricos. Lo raro es que ninguno de estos tres bloques está representado por su delegado del Secretariado en la Mesa de Negociación, pues el 'Médico', comandante del Oriental y quien definió el Acuerdo Marco en la fase exploratoria, ya no tiene silla en La Habana. En cambio, el Bloque Caribe, que es de lejos el más débil, está sobrerepresentado.

¿Cuando discutan el tema del narcotráfico, el punto de vista de Joaquín Gómez, el comandante del Bloque Sur, que está metido hasta la cabeza en el narcotráfico, será tenido en cuenta? ¿Acatará él las decisiones que tome la Mesa en ese sentido? ¿Tendrá esta situación militar tan desigual entre los bloques un impacto sobre la cohesión de la guerrilla a la hora de tomar decisiones? Estas son algunas de las preguntas que serán respondidas a medida que avance (o no) la negociación en La Habana. Así arrancan militarmente hoy las Farc:


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Viaje al corazón de la minería ilegal en Guainía

El Gobierno va a presentar un proyecto para redefinir el delito de minería ilegal y aumentar sus penas. Recurrir a la penalización como solución es una práctica recurrente de los políticos que no deja entrever la complejidad del fenómeno de la minería ilegal en Colombia.

La Silla viajó al corazón de Guainía, un departamento minero que en principio no debería tener minería porque el 96 por ciento de su área es reserva forestal y porque quedó incluído en la reserva minera del Amazonía que aprobó el gobierno de Santos.

Hay más de 400 títulos mineros y más de 500 solicitudes, pero nadie tiene licencia ambiental, que es con lo que se adquiere el derecho de explotación minera. Sólo existe una zona minera indígena donde se permite la minería tradicional. Sin embargo, en este departamento amazónico coexisten todas las diferentes formas de minería ilegal, una práctica en la que están involucrados mineros tradicionales, indígenas, grupos armados y colonos de países vecinos. Esta es su historia:

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El oro negro en territorio de las Farc

La fiebre por coltán llegó al parque Puinawai y detrás de ella llegaron las Farc a controlar el mercado. Desde Inírida, a dos días en lancha de distancia, los funcionarios de Parques tratan de vigilar el área protegida de más de un millón de hectáreas sin poder acercarse al parque por miedo a que “los muchachos” atenten contra sus vidas. Hace más de un año que la situación es la misma: no hay quién detenga la minería sin control en medio de la selva amazónica. 

En 2008 empezó la búsqueda de la tierra negra en el Guainía, donde se encuentran mezclados minerales de gran valor para la producción de aparatos electrónicos como tungsteno, columbita y tantalita, estos últimos los elementos que componen el coltán. El sitio elegido para su explotación, debido a su abundancia, fue la cuenca alta y media del río Inírida en un lugar llamado Zancudo, en la parte norte del parque nacional natural Puinawai.

Los primeros en explotarla fueron los indígenas de la zona y mineros que llegaron de San José del Guaviare. Pero con el auge de compradores dispuestos a pagar 40 mil pesos por el kilo de tierra negra, llegaron las Farc a finales de 2010. El Frente Acacio Medina, una columna móvil de la guerrilla, se instaló en Zancudo para controlar el mercado y para cobrar una vacuna por cada tonelada que saliera del parque.

Las autoridades regionales y el gobierno conocen lo que está pasando en Zancudo pero aún no han hecho nada. La razón principal es la dificultad de acceso. Llegar a Puinawai es muy difícil: sólo se puede por el río Guainía o por el río Inírida. Pero si se escoge éste último, hay que sobrepasar seis raudales que obligan a los lancheros a sacar la lancha del río y caminar 100 metros hasta llegar a un lugar donde se pueda volver a navegar.  La única forma de llegar a Zancudo es por este camino.

“Cuando se hacen operativos de minería ilegal en otras partes de Colombia, mandan un pelotón del ejército con diez carros y varios helicópteros que puedan tomar el control del territorio”, le dijo a La Silla Alfredo Gómez, director seccional de Guainía de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico (CDA). “En Guainía no se puede hacer eso. Todo tiene que hacerse por vía aérea y es muy costoso”. 

Pero mientras el Estado se queda cruzado de brazos, el daño ambiental en el parque cada día es más notorio. Para sacar el coltán y el tungsteno tienen que tumbar árboles pues de esa forma se aprovecha mejor el terreno. Aunque no hay retroexcavadoras ni grandes máquinas para hacerlo, pues es casi imposible llevarlas, a punta de pala, sierras y máquinas pequeñas han deforestado más de 26 hectáreas de reserva amazónica, una cifra estimada con los registros aéreos de la zona. Veintiséis hectáreas no suena mucho pero dado que es un parque de alta biodiversidad y que cada día aumenta sí es preocupante.

El camino de las vacunas

Para sacar la arena negra de Puinawai, los compradores tienen que enfrentar una larga travesía por caños ocultos que conectan a Guainía con otros departamentos.
 
Antes los compradores bajaban por el río Inírida hasta la capital de Guainía y ahí compraban a la guardia de turno de la Armada. Después de eso, a tan sólo unos kilómetros, conquistaban el río Guaviare y llegaban a Vichada. Ahí legalizaban la mercancía con unos títulos mineros otorgados en el departamento.
 
Pero la estrategia se les dañó hace unos dos años cuando las autoridades ambientales empezaron a controlar el río y a exigir licencias ambientales que respaldaran los títulos mineros. Como nadie tenía licencia ambiental, la CDA decomisó más de treinta toneladas y los compradores tuvieron que cambiar de estrategia. Fue en ese momento cuando el destino se volvió Villavicencio.
 
Pero transitar la ruta del coltán tiene un precio fijado por varios frentes de las Farc. Cada tonelada que compran en Puinawai cuesta 9 millones de pesos (después del auge minero el precio se estabilizó en nueve mil pesos el kilo), y para sacarla tienen que pagarle cinco millones de pesos al frente Acacio Medina de las Farc.

Desde Zancudo los compradores remontan el río Inírida hasta llegar a dos caseríos del departamento del Guaviare: Puerto Flores o Charras. Ahí se encuentran con dos frentes de la guerrilla. El primero es el 44 de las Farc que cobra una vacuna de tres millones de pesos por cada tonelada y después el frente 16 de las Farc que cobra 2 millones.

Ya en el Guaviare, los compradores utilizan trochas antiguas de la guerrilla que los llevan hasta San José del Guaviare. Ahí tienen que pagarle un millón de pesos al Frente Séptimo de las Farc, la última columna de este grupo armado que domina la ruta del coltán.

En la capital del Guaviare, el control pasa a las manos de los paramilitares, que cobran un peaje de 200 mil pesos por cada tonelada transportada hasta Villavicencio por vía terrestre.
 
Al conquistar la meta, los compradores ya han pagado por una tonelada de coltán más de 20 millones de pesos, sin contar lo que gastan en la logística para transportarlo. Aún así, el negocio sigue siendo jugoso: actualmente en el mercado oficial una tonelada de coltán puede costar más de 50 millones de pesos, una cifra que se eleva en el mercado negro.

Fiebre de oro en una serranía olvidada

En la serranía de Naquen, una zona montañosa de Guainía que limita con Brasil y con Venezuela, hay mineros colombianos y de los países vecinos explotando oro sin ningún tipo de control.
 
Llegaron hace un par de años cuando fueron expulsados de Venezuela por el gobierno de Chávez, después de que venían explotando ilegalmente el oro desde 2005.  “En Venezuela era más fácil sacarlo porque se encontraba en una capa superficial de la tierra”, le dijo un minero a La Silla que pidió no revelar su nombre. “En Naquen es más complicado porque hay que cavar hasta seis metros para poderlo encontrar”.

Cuando los mineros llegaron a la Serranía se encontraron con una mina que había sido abandonada hace más de treinta años por lo difícil que era sacar el oro y por lo inaccesible que es el lugar. 

Para llegar a Naquen los mineros se embarcan en una travesía de varios días por la selva amazónica pues no hay carreteras cerca a la serranía  y no se puede llegar ni por vía aérea ni fluvial. Toca navegar durante tres días por el río Inírida y después caminar más de cuatro horas desde la orilla del río hasta la mina.

“Usted tiene que llegar caminando y todo se lo tiene que echar al hombro”, le dijo el minero a La Silla. Inclusive a hombro han tenido que llevar las máquinas que utilizan para cavar la tierra y encontrar el oro.

Pero a pesar de que llegar a Naquen es una odisea que logran pocos, el impacto ambiental no parece tener freno alguno. Para sacar el oro tienen que talar varias hectáreas de bosque. Lo hacen de manera indiscriminada aprovechando que ninguna autoridad los controla.

La Serranía de Naquen no tiene doliente. Está por fuera de la competencia de la Alcaldía de Inírida y el gobernador no es una autoridad minera. La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico (CDA), que es la autoridad ambiental en Guainía, tiene un presupuesto de aproximadamente 8.000 millones de pesos al año y con ello tiene que controlar lo que pasa en tres de los departamentos más grandes de Colombia: Guaviare, Vaupés y Guainía.

Naquen es responsabilidad del gobierno nacional: del Ministerio de Minas y del Ministerio de Medio Ambiente. Pero con tantos frentes que atacar, la Serranía ha sido olvidada.

Los mineros no están organizados. La mayoría vienen de la frontera. No están ahí para quedarse por lo que poco les importa el daño, probablemente irreversible, que puedan causarle a la selva amazónica de Colombia.

El oro ilegal que sostiene a Inírida

En Guainía los únicos que tienen permiso para sacar oro de forma tradicional son los indígenas, quienes hace unos años constituyeron una zona minera a dos horas en lancha de la capital.  Pero a lo largo y ancho de la zona, hay 15 dragas donde trabajan indígenas, colonos e inclusive varios brasileños. Esta actividad, aunque ilegal porque carecen de licencia para operar, está formalizada. Los mineros tienen una cooperativa y su trabajo se ha convertido en el sustento de gran parte de la población de Inírida.

En 1993 se constituyó una zona minera indígena que atraviesa el río Inírida desde el resguardo indígena Remanso hasta Chorrobocón, abarcando un área de más de 47 mil hectáreas. En esta zona, a tres horas en lancha del río Inírida están tres montañas que resaltan en medio de la selva plana y vírgen. Son los cerros de Mavecure, un lugar sagrado de los indígenas y de los más emblemáticos de la región.

Ahí los indígenas tienen derecho al barequeo, la forma artesanal de sacar el oro utilizando una batea sin el uso de sustancias tóxicas. Pero ellos ya no trabajan el oro de forma artesanal. Hace décadas se asociaron con los mineros para sacar el oro con maquinaria especializada y en 1997 fundaron la Cooperativa de Mineros de Colombia.

En medio del río Inírida hay una decena de balsas mineras que parecen chozas por su techo de paja. Por el movimiento que producen las dragas durante día y noche, el río ha dejado de ser negro y ahora es cafe con leche.

“Los mineros ponen las máquinas pero el 80 por ciento de la mano de obra es indígena”, le dijo a La Silla Sergio Alejandro Varón, el representante legal de la cooperativa.

De este negocio viven las comunidades indígenas de la zona y gran parte de la población de Inírida. Diariamente recuperan en esa zona entre 15 y 20 gramos de oro y cada gramo lo venden a 85 mil pesos. Las calles de Inírida están atiborradas de compraventas de oro, que pagan impuestos al municipio, y donde se negocia el mineral que se recupera sin permisos en la zona minera indígena.

Esta actividad no está permitida ni cumple con las exigencias ambientales. Para lograr algún grado de control la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico (CDA), autoridad ambiental de la región, se dedicó a trabajar con los mineros haciendo talleres sobre tecnologías limpias para el uso del mercurio.

En el 2001 la CDA les dió una máquina llamada “retorta”. Con ella no sólo se evita una de las peores formas de contaminación que es que el mercurio se evapore y con la lluvia vuelva a caer en el río o en la selva, sino que permite que los mineros al reciclarlo se ahorren el costo del mercurio: cada kilo cuesta 400 mil pesos.

Los mineros han tratado de organizarse para mitigar el impacto ambiental. “Es cierto que en los noventa el uso del mercurio era indiscriminado, pero las cosas han cambiado”, le dijo Varón a La Silla.  “Nosotros tenemos conciencia ambiental y cada día tratamos de causarle un menor impacto a la tierra de la que vivimos”.

Además de utilizar la retorta, la arena que fue mezclada con el mercurio la entierran en pozos que cavan en los resguardos indígenas. Esta medida aunque paliativa es cuestionada no sólo porque se contamina la tierra sino porque con las fuertes lluvias de la selva tropical es posible que el mercurio enterrado vuelva a filtrarse en el río.

Actualmente el río Inírida está contaminado por mercurio. Esto lo demuestran estudios que realizó la World Wildlife Fund (WWF), una ONG internacional ambiental, en los que se prueba que los peces del río tienen niveles de mercurio superiores a los permitidos por la Organización Mundial de la Salud.

La minería es al mismo tiempo el sustento económico de las comunidades pero también su veneno pues todas se alimentan de los peces del río Inírida. Por esta razón los mineros quieren formalizarse y someterse a un mayor control ambiental. “Actualmente estamos cotizando una máquina que vale 15 millones y permite sacar oro sin utilizar mercurio”, le dijo Varón a La Silla. “Nuestra expectativa es que con la ayuda de la CDA podamos empezar a utilizarla a comienzo s del próximo año”. 

Pero a pesar de las buenas intenciones de algunos mineros esta actividad sigue sin ningún tipo de control por las autoridades. “Nosotros sabemos que es ilegal pero no podemos hacer nada al respecto” le dijo a La Silla Oscar Delvasto, alcalde de Inírida. “Si decomisamos las máquinas se quedarían sin empleo más de 500 familias y ese es un problema social que no podemos enfrentar”.

La apuesta de La Alcaldía es buscar la formalización, sin embargo, con la legislación actual esta medida parece poco probable, si no imposible. Para obtener la licencia ambiental tendría que hacerse una sustracción de la reserva forestal y hasta que no se haga un ordenamiento forestal de la Amazonía no se permiten sustracciones.

Todo parece indicar que las cosas se quedarán como están: que los mineros seguirán formalizados en la ilegalidad, con buenas intenciones pero sin ningún control ambiental que asegure el menor impacto en una de las principales fuentes de agua del departamento amazónico.

 

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Fuera de los congresistas, los amigos con votos de Santos y de Uribe en las regiones.

Si algo quedó claro el domingo pasado en la Asamblea del Partido de la U es que una reconciliación entre el presidente Santos y el expresidente Álvaro Uribe raya en lo imposible. Además, quedó plasmada en el horizonte, con más fuerza que nunca, la eventual confrontación entre el ex y el presidente en las próximas elecciones de 2014, cuando seguramente Uribe encabezará una lista al Senado con la esperanza de tener poder de veto a la coalición de la Unidad Nacional liderada por Santos. En ese escenario, además de los senadores y representantes, que ya han tomado partido, alcaldes, gobernadores, diputados y caciques políticos serán aliados claves de ambos cuando llegue el momento de medir fuerzas en las elecciones regionales. La Silla empieza a armar el universo de amigos de ambos discursos en el plano regional.

En el mapa: Amigos de Santos en rojo. Amigos de Uribe en azul 


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Los periodistas que mueven la opinión en provincia

Fuera de la lista de los grandes medios en Bogotá, y de los periódicos tradicionales de las principales ciudades, un pequeño grupo de periodistas locales son los que ponen a  hablar a los corrillos políticos, repercuten en los pasillos de los palacios de gobierno y desvelan a los funcionarios públicos.

La Silla consultó a fuentes en algunas regiones del país y estos son algunos de los que más mueven la opinión.


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Los "picapiedra" de las Farc en el mapa de la minería ilegal

El día de la instalación de los diálogos de paz en Oslo, 'Iván Márquez' dedicó una tercera parte de su discurso a hablar en contra de la minería. Criticó con nombre propio a las multinacionales que “saquean” los recursos naturales del suelo colombiano, a los terratenientes “filibusteros” que quieren clavar sus garras en el petróleo, el oro, el coltán y el litio, y a la “patriótica resistencia” de aquellos que luchan porque no les arrebaten sus tierras. Sin embargo, según informes oficiales y de ONG, la participación de las Farc en el negocio de la minería -la "nueva coca"- es cada vez mayor. Por eso, este tema será central en las conversaciones en la Habana.

La Silla Vacía consultó un informe de Indepaz que es sobre paramilitarismo y minería pero que usa un mapa elaborado por El Espectador con información del DAS y otro de la Corporación Arco iris; un estudio de la Defensoría del Pueblo; y al general Santiago Parra Rubiano, de la Policía que comanda la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural (Dicar), que desde hace seis años persigue la minería ilegal.  Informes de inteligencia señalan que es posible que las Farc puedan llegar a considerar la minería ilegal más rentable que el narcotráfico y que hoy podría representar hasta el 20 por ciento de sus ingresos.

De estas fuentes, cuya información en todo caso no es realmente detallada, se concluye que la relación de la guerrilla con la minería es múltiple y difiere según la región: por un lado, se asocian con los narcotraficantes que compran la producción a los mineros locales, incluso a precios por encima del Banco de la República, con el fin de hacerlos pasar como producción de minas de fachada y lavar así dinero. Por el otro, les cobran a los mineros de hecho y tradicionales en los sitios de explotación minera una extorsión. El cobro se hace mensual, ya sea con la exigencia de una parte de la producción bruta de la mina o una cuota por cada máquina o draga que use el minero. Así ocurre en el Bajo Cauca antioqueño. En el norte del Cauca, por ejemplo, las Farc están asociadas con mineros ilegales y obtienen sus recursos entre ganancias repartidas y extorsiones.

Con base en esta información, armó este mapa de la minería ilegal aparentemente en manos de esa guerrilla.

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El plano criminal que subyace a los disturbios del centro de Medellín

Aunque inicialmente los medios dijeron que los disturbios que paralizaron buena parte del centro de Medellín el lunes obedecieron a protestas de los vendedores ambulantes frente al plan de carnetización y reubicación de la Alcaldía, la realidad es que fue una evidencia más de las disputas por el dominio del bajo mundo de la capital paisa entre los Urabeños y la Oficina de Envigado. 

Los Urabeños tienen presencia sobre todo en el norte de Colombia (color rojo) y disponen de rutas de narcotráfico y muchos recursos. Mapa: Indepaz

La protesta de los vendedores fue aprovechada por las bandas que verían afectados sus negocios ilegales en el centro por las medidas.

Según Fernando Quijano, de Corpades, ONG que trabaja en el tema del conflicto en Medellín, en el centro actúan alrededor de 30 Convivir que se reparten el control de los distintos sectores (como el de los vendedores ambulantes) y las múltiples plazas de vicio. Además, en el sector comercial “El Hueco”, en el centro de Medellín, el narcotráfico lava sus ingresos.

 

“El valor de Medellín para el crimen organizado no es el microtráfico o las vacunas. La razón por la que los Urabeños quieren entrar a Medellín es que esta ciudad es un gran lavadero, donde se consigue “la plata sana””, dijo un reconocido investigador a la Silla que pidió la reserva de su nombre.

 

Hasta el momento, la Oficina de Envigado todavía domina buena parte del bajo mundo del Valle de Aburrá y sus combos. Sin embargo, esta debilitada financieramente por falta de rutas internacionales de narcotráfico. Además, después de la captura de alias ‘Sebastian’ se ha quedado sin un hombre fuerte que controle el complejo mundo de los combos. Por eso se ve cada más vez amenazado por Los Urabeños que están ganando terreno en las comunas de la ciudad.

 

 

Este grupo, que tiene sobre todo presencia en el norte de país, empezó a entrar a la capital antioqueña en 2008 por el Occidente (Altavista, San Cristobal) y la Comuna 8 (Villa Hermosa), cuando alias ‘Valenciano’ (capturado en noviembre del año pasado) se estaba disputando con ‘Sebastián’ el vacío de poder que dejó la extradición de ‘Don Berna’, el hasta ese momento patrón único de Medellín.

 

“La particularidad de los Urabeños es que, por primera vez, es un actor ajeno a la ciudad el que intenta ganar el control,” señala Diana Barajas, investigadora del Instituto Popular de Capacitación (IPC), ONG que hace seguimiento a la evolución del conflicto. “Es un actor muy poderoso que cuenta con grandes recursos, ya que opera en varios regiones del país.”

 

Los Urabeños intentaron primero negociar con los combos y jefes de las comunas que pertenecían a la estructura de la Oficina para cooptarlos. “Porque algo que siempre hemos observado en la guerra urbana de la ciudad es que quien domina los combos, gana la guerra,” dice Barajas, recordando la confrontación entre el Bloque Metro y el Bloque Cacique Nutibarra. El atractivo de los Urabeños es que prestan sus rutas de narcotráfico a los combos medianos como los “Pachelly” o los “Mondongueros” y a los pequeños combos les ofrecen armas y motos para que se cambien de bando.

 

A los que se niegan a alinearse, los obligan a partir de la violencia. “Hay algunos combos que están dispuestos a negociar, otros que se niegan y otros que lo están pensando,” dice Quijano. Por ejemplo, se rumoraba que alias ‘Pesebre’, nuevo hombre fuerte que reemplazaría a Sebastián, se iba a “torcer”, por lo que intentaron matarlo. 

 

Las comunas en disputa son aquellas que tienen un valor estratégico por ser corredores para el narcotráfico: por el Occidente de Medellín (San Javier, San Cristobal y Belén) se llega al Urabá y al puerto de Turbo; a través de las Comunas Orientales (Buenos Aires, Villa Hermosa) se gana acceso al Oriente Antioqueño y el Magdalena Medio.(para ver una versión grande de la imágen haga click aquí

Fuentes: Medicina Legal, noticias de prensa y entrevistas con expertos en Derechos Humanos y conflicto urbano; Elaboración: LaSillaVacía.com

De esta manera, los Urabeños están ganando terreno en Medellín: mientras hace poco mas de un año, se señalaba que la Oficina controlaba alrededor de 85 por ciento del hampa de la ciudad, hoy día las proporciones según la Fundación Corpades son de apenas 60 – 40.

Si bien las cifras totales de homicidio durante los primeros ocho meses son mas bajas que en el mismo lapso de tiempo en años anteriores, lo que preocupa es la tendencia: mientras en 2010 y 2011, los homicidios en Medellín entre enero y agosto tendían a disminuir hacia mitad del año, en 2012 se encuentran en aumento con más de cien homicidios en los últimos meses.

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Colombia: Un país sin oposición política

El unanimismo que reina en el Capitolio Nacional no difiere mucho de aquel que impera en el escenario político de algunas regiones del país. Así como son pocas las voces de la oposición al gobierno Santos en el Congreso - el Polo Democrático siempre, y el Mira o los Verdes mockusianos de vez en cuando -, gobernadores y alcaldes del país disfrutan de la ‘amistad’ de diputados y concejales. Otros reciben más críticas, como el Alcalde de Cartagena o el de Villavicencio, pero aún así, la disidencia resulta poco coherente en el tiempo y no alcanza a reunir siquiera a los miembros de un mismo partido.

Parece que no resulta 'rentable' para diputados y concejales ejercer oposcición, por ello las Asambleas y Concejos quedan relegadas en ocasiones a ser sólo un apendice de la administración de turno. La precariedad del voto de opinión en provincia no premia el control político independiente. En el contexto del proceso de paz, y la posibilidad de que la guerrilla participe en política, el reducido espacio para la oposcición en el país no es una inquietud menor. 

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