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Por Nohora Celedón · 31 de Mayo de 2019

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Hoy el Dane publicará la cifra de desempleo de mayo y la junta del Banco de la República se reúne para definir si sube las tasas de interés, dos eventos que pondrán nuevamente en la agenda la situación de la economía, una discusión que en las últimas semanas se ha centrado en un factor inusual: la polarización política.

Esto porque la semana pasada el director del Banco de la República Juan José Echavarría dijo que le preocupaba que el ambiente de polarización política esté afectando la economía, particularmente el optimismo de los consumidores y la inversión, siguiendo la línea del presidente de la Andi, Bruce MacMaster, que propuso hace quince días un pacto nacional para bajar la tensión e impulsar el desarrollo, y del cacao del Grupo Empresarial Antioqueño y presidente del Grupo Sura, David Bojanini, que a principios de mes dijo que el país necesitaba promover consensos.

Todo eso muestra que la frase “es la economía, estúpido”, popularizada en la campaña  presidencial de Bill Clinton por su estratega James Carville para referirse al tema más relevante en el debate político, aplica a Colombia pero al revés: el tema más relevante en economía es la política.

En datos duros, la economía muestra fortalezas y debilidades, el PIB en el primer trimestre creció 2,8 por ciento, más que en otros años pero por debajo de la expectativa de entre 3 y 3,3 por ciento; las utilidades de las mil empresas más grandes del país crecieron de 2017 a 2018 el 56,9 por ciento, pero el desempleo lleva 5 meses en por encima de 10 por ciento; y el año pasado la pobreza aumentó.

Y eso permite lecturas optimistas o pesimistas de la realidad, cuya principal diferencia es la política.

Que sí, que no

La semana pasada, en un hecho inédito para el país, dos de las agencias calificadoras de riesgo más importantes a nivel global: Moody’s y Fitch Ratings publicaron sus evaluaciones sobre la economía colombiana, el mismo día, con pronósticos distintos.

Las perspectivas de ambas calificadoras son claves para el Gobierno porque estos grados de inversión son tenidos en cuenta por las empresas para hacer negocios en el país, y también influyen en la capacidad que tiene el Gobierno para endeudarse con buenas condiciones.

Ambas agencias mantuvieron su nota crediticia del país, BBB Fitch y Baa2 Moody’s, lo que quiere decir que coinciden en que sigue siendo moderado el riesgo de que Colombia incumpla con sus pagos.

Además, ven un entorno similar con alta dependencia de los volátiles precios del petróleo, dificultades para ajustar el presupuesto de gasto, y una expectativa de crecimiento de entre 3 y 3,5 por ciento.

Pero Fitch la ve con perspectiva negativa y Moody’s estable.

Esa diferencia tiene que ver con que la primera no confía en que el Gobierno pueda cumplir sus metas y la segunda sí.

La optimista Moody’s considera que aunque la tributaria del gobierno de Iván Duque, al cumplir con reducir los impuestos a las empresas, dejará un faltante de 0,8 puntos del PIB en el presupuesto de 2020, esos menores ingresos se pueden compensar con un mayor recaudo de la Dian por la política antievasión.

Es decir, le apuesta al Presidente.

En cambio Fitch, la pesimista, recuerda que el Congreso le hundió las medidas para compensar esta reducción, como el aumento del IVA a la canasta familiar. “Los ingresos perdidos serán difíciles de compensar con la administración tributaria planificada del gobierno y los esfuerzos contra la evasión”, dice.

Aunque cree que Duque puede compensar parte del hueco vendiendo activos como ha anunciado (el Gobierno empezó a evaluar la viabilidad de vender ISA, y a finales del año pasado se habló de salir de acciones de Ecopetrol), le preocupa que son ingresos que llegan una sola vez.

Y dice también que el país necesita nuevos ajustes tributarios pero que hay poco “apetito político para una nueva reforma”. Es decir, que el Congreso es clave, y ahí entra de lleno el efecto económico de la política.

Un Congreso suelto y metido en lo económico

Además de la peluqueada de la reforma tributaria del año pasado en el Congreso, los parlamentarios han estado promoviendo otras iniciativas que van en contravía de la visión de Duque, y que su equipo no ha logrado atajar.

Incluso artículos o proyectos de ley que tienen impactos fiscales y en el manejo del gasto público están pasando sin el aval del Gobierno, algo inédito.

El más reciente son los aranceles a la ropa en el Plan de Desarrollo, que pasaron a pesar de que como contamos el Ministerio de Comercio se opuso públicamente. Además del debate sobre su efecto sobre el consumidor y sobre sus impulsores, que el Congreso defina los aranceles le quitaría poder al Gobierno sobre la política de comercio exterior, particularmente clave con una guerra comercial entre China y Estados Unidos que puede impulsar una ola de proteccionismo en el continente.

Otro ejemplo es el proyecto de la “tecnomermelada”, que pretende que los congresistas definan la destinación del 20 por ciento del presupuesto y que es de iniciativa parlamentaria.

Aunque el Gobierno se opone porque dice que va en contra del espíritu de la Constitución, tiene problemas operativos y puede terminar causando que se dispersen los recursos de inversión en proyectos poco estratégicos, ya va en el sexto de sus ocho debates y lo más probable es que pase, porque le daría más poder a los parlamentarios.

Un tercer caso es que en la reforma tributaria el senador conservador David Barguil, metió un gol con un artículo que pone una sobretasa temporal al sector financiero y que entró en vigencia este año, aunque el Gobierno la demandó.

Y un ejemplo más son dos proyectos que le pegan a la idea de Gobierno de tener un mercado financiero con menos regulación: uno del representante uribista Álvaro Hernán Prada para quitar los cobros de comisiones bancarias; y otro de Barguil y el senador liberal Luis Fernando Velasco para que a los deudores morosos se les borre la referencia de las centrales de riesgo apenas estén al día, si pagan seis meses después de que se sancione la ley.

Estos proyectos, más las dificultades del Gobierno para aprobar proyectos clave como la ley TIC, la reforma tributaria y el Plan de Desarrollo, muestran que su visión económica la tiene complicada en el Congreso.

Todo eso crea una incertidumbre que tiene repercusiones económicas claras, y que le pega a la confianza.

En vos confío

Aunque las cifras no muestran que haya caído el consumo, el índice de confianza del consumidor que hace Fedesarrollo desde 2001 con encuestas en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y Bucaramanga, muestra que la gente cree que su situación económica es mala y que creen que será peor.

Varios columnistas de temas económicos han apuntado que el aumento del desempleo y el clima político pueden incidir en ese pesimismo, como Salomón Kalmanovitz en el Espectador o Ricardo Ávila en Portafolio.

Para Ávila, si hay un problema de confianza, es clave que el Presidente y su gabinete le muestren a los ciudadanos que tienen un plan y una línea clara; pero la desfavorabilidad de Duque muestra que está lejos de ese objetivo.

Esa falta de confianza en la administración puede afectar otros puntos.

Por ejemplo, un reporte publicado ayer por Corficolombiana muestra que a más desfavorabilidad de Duque medida en la Gallup Poll, mayor es el costo de la deuda de la Nación. En concreto, por cada punto que baja la popularidad, sube 0,11 puntos la prima de riesgo de la deuda a cinco años.

“En la medida que el país pueda generar consensos sobre su política económica, menos incertidumbre habrá sobre cómo el clima político afecta las decisiones del día a día de consumidores, empresarios e inversionistas”, concluye el informe.

A eso se suma que las leyes que pasa el Congreso sin apoyo del Gobierno pueden terminar demandadas por éste, como ya pasó con la sobretasa al sector financiero y los aranceles. Y eso crea otra etapa, la de las demandas, que pueden echar para atrás las decisiones ya tomadas y plantean una nueva incertidumbre.

Una falta de certeza que hace difícil para los empresarios planear decisiones a largo plazo, para el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República hacer proyecciones económicas acertadas, y para el Gobierno tener una brújula clara de cómo cumplir sus ambiciosas metas en materia económica.

Más cuando el Gobierno ha usado el espejo retrovisor para promover su plan de trabajo (incluso, como contamos, los asumió una entidad técnica como el Dane) y con eso dejó la impresión de que la economía del país estaba en muy malas condiciones, pero luego le ha costado explicar de una manera sencilla cuál es su plan para recuperar el rumbo.

A esto se le suma la baja popularidad del presidente Duque y su debilidad en el Congreso, que dejan la duda de si podrá sacar adelante reformas importantes como la pensional, la del Sistema General de Participaciones o la de regalías, que está en trámite.

Por eso, más que una falta de visión de Duque que tiene una clara apuesta a impulsar la economía dándole mejores condiciones a las empresas, lo que está pasando muestra que la política puede terminar siendo el talón de Aquiles para que la pueda implementar. Y, en el camino, la que sufre es la economía.

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