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Volvieron agua los dineros de la ola invernal en el Valle

Obras construidas en el lugar equivocado, otras que nada tenían que ver con la ola invernal, algunas contratadas antes de declararse la emergencia, construcciones que nunca nadie vio y casos donde la comunidad se opuso porque resultaban más perjudiciales las obras que las lluvias, son algunas de las situaciones que se dieron en el Valle, el departamento que finalizado el programa Colombia Humanitaria registra el porcentaje más alto en obras inconclusas en el país.

El balance final de la gerencia de Colombia Humanitaria, programa a través del cual el Gobierno Nacional destinó 5,2 billones de pesos para atender la emergencia ocasionada por la pasada ola invernal, dice que en el Valle se han concluido el 93 por ciento de las obras de contención de cuerpos de agua y mejoramiento de vías. Sin embargo, una visita sobre el terreno encontró que el porcentaje de ejecución es muy inferior, toda vez que proyectos que presentan serias irregularidades figuran como terminados en un 100 por ciento.

Sustentados en la declaratoria de urgencia, los alcaldes y la Gobernación del Valle entregaron los contratos a dedo porque no había tiempo que perder. Dos años después, siguen obras inconclusas, abandonadas o que sencillamente recibieron los anticipos y no se han iniciado, lo que es otra prueba de los problemas de gobernabilidad del Valle en los últimos años.

Sólo en el Valle del Cauca, están embolatados dineros por más de 21 mil millones de pesos de cerca de 28 obras, 21 de alcaldes y siete realizadas por la Gobernación, que fueron contratadas y que ahora serán los organismos de control los que deban aclarar las responsabilidades de exalcaldes, el exgobernador, los contratistas y las firmas interventoras.

Juan Gerardo Sanclemente, exsecretario de Infraestructura del Valle, explicó que las obras de alcaldes eran de menos de 250 millones de pesos y los de la Gobernación eran de varios miles de millones. “Por esta razón, hay obras del departamento que apenas se están entregando porque eran proyectos muy ambiciosos y que no se podían realizar en seis meses o un año”.

Los casos que revisten mayor gravedad, y que han pasado a manos de los organismos de control se dieron en los municipios de Sevilla, San Pedro, Buenaventura, Roldanillo, Bugalagrande y Ginebra, donde ninguna obra se culminó de manera satisfactoria y donde, pese a la inversión, las comunidades aseguran que se sentían más protegidas antes de que fueran “beneficiadas” con recursos de Colombia Humanitaria.

Los hechos no pasarían de ser casos aislados de no ser porque la mayoría de las obras con más problemas, según los hallazgos de la Contraloría General del Valle del Cauca, fueron auditadas por la misma firma interventora: la Asociación de Arquitectos e Ingenieros de Tuluá y el Centro del Valle. Esta firma fue la veedora de 16 de las 21 obras con mayores inconvenientes en esos municipios.

Rodolfo Ramírez, representante legal de la firma en cuestión, aseguró que ya fue llamado a explicar el papel de la Asociación de Arquitectos e Ingenieros de Tuluá y el Centro del Valle y que no son ciertas las supuestas irregularidades documentales que encontró la Contraloría, “que hizo las visitas con personas que poco sabían de realización de obras”. En cada caso, explicó las razones para los problemas (verlas en el mapa abajo).

Pese a las razones que argumenta la firma interventora, la Contraloría trasladó el 7 de septiembre del 2012 los hallazgos a la Procuraduría, mediante el Oficio No. 5562, donde también se señalan las inconsistencias en la cobertura de las pólizas de estabilidad y de la ausencia de los aportes de parafiscales en varias de las obras que verificó la firma.

Haga click sobre las regiones para conocer los casos más increíbles:

Esta publicación es un resultado del curso Tras la pista de los dineros públicos 

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Estos son los dueños de las CAR

Con la tragedia invernal las corporaciones autónomas regionales (CAR) han quedado en ojo del huracán. Incluso el presidente Santos decidió quitarles el presupuesto que no han gastado para entregárselo al Fondo Nacional de Calamidades.

Las CAR son entidades estatales pero autónomas. Sus directores no le responden a la Ministra de Ambiente, al gobernador ni al Presidente. Por lo menos en el papel, sus jefes son unas juntas o consejos directivos, en los que están sentados algunos alcaldes de la región, el gobernador y el Ministerio. Y estos políticos comparten silla, además, con ONG, empresas, representantes de sectores como indígenas o afrocolombianos. Esas juntas, que los eligen y los pueden destituir, en muchos casos terminan capturadas por grupos políticos, que convierten las entidades en botines burocráticos.

Como dijo a la Silla Vacía un experto en temas ambientales, “se reúnen los alcaldes y eligen a sus representantes en la junta. Luego, consiguen el apoyo de algunas organizaciones y dejan al Gobierno nacional en minoría. Con eso ponen al director y luego le cobran en puestos”.

Las CAR manejan un presupuesto significativo. Y, como son autónomas, no hay claridad de cómo gastan sus recursos. Su principal fuente es la llamada sobretasa ambiental, un dinero que se cobra por encima de otros cobros, especialmente del impuesto predial. La sobretasa no es un dinero despreciable: en una columna, Carlos Caballero Argáez se preguntaba qué se habían hecho los 1,5 billones de pesos anuales que reciben las CAR.

Además de manejar un presupuesto jugoso y de la nómina de las CAR, los directores son la última instancia en muchos asuntos ambientales. Por ejemplo, son ellos los que aceptan los planes de manejo ambiental de las empresas, que son necesarios para funcionar. También pueden multar a quienes violan las normas ambientales. Y estos poderes, que pueden resultar muy útiles para hacer cumplir la ley, les dan un enorme poder. Por ejemplo, pueden sacar a una empresa de un mercado, negándole la licencia ambiental.

En algunos casos, ese poder está al servicio de los intereses ambientales. Por ejemplo, Corporinoquía se ha dedicado a pensar el futuro de la Orinoquía. Pero otras CAR han sido objeto de fuertes críticas por su falta de gestión, por ser más botines burocráticos que entidades eficaces.

Este diagnóstico no es nuevo y por el Congreso han pasado varios proyectos de ley que buscan acabarlas o reorganizarlas, incluyendo uno presentado por el gobierno Uribe. Todos se han hundido.

Con las inundaciones y los derrumbes que afectan a casi todo el país se manifiestan las consecuencias de esa politización.  Estos son los políticos que están detrás de varias de las CAR que están en las zonas más afectadas por la emergencia invernal:

Nota de la Editora: La Silla Vacía afirmó erróneamente que Alfonso 'El Turco' Hilsaca estaba detenido, investigado por promover grupos paramilitares. Esta información no se ajusta a la verdad puesto que la Fiscalía ya precluyó la investigación judicial a favor del señor Hilsaca. La información ya fue corregida en la nota y ampliada con otros datos para mayor precisión. Ofrecemos disculpas por este error que ya fue rectificado.

Haga click en los departamentos que están en verde claro para saber cuál o cuáles CAR están allí y quienes son los políticos relacionados con ellas. .  

 

 

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