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desmovilizacion de los paramilitares

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La advertencia que el Mininterior no escuchó sobre Córdoba

 

Foto Defensoría del Pueblo
 

Sobre el asesinato de Margarita Gómez y Mateo Matamala, los estudiantes de la Universidad de los Andes, se ha escrito mucho, así como de la presencia de los grupos armados que se tomaron a Córdoba luego de la desmovilización y serían los responsables de los asesinatos. Pero lo que no se ha dicho es que este Gobierno, en agosto pasado, tuvo la oportunidad de declarar una alerta temprana para la zona y prefirió no hacerlo porque se trataba de “una zona turística donde todo estaba controlado”.

La negativa para emitir la alerta salió de la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas (CIAT) que coordina el Ministerio del Interior y que es el único organismo que puede declarar una alerta de este tipo y con ello obligar a las autoridades locales y nacionales a tomar medidas de prevención y protección para los civiles.

Y la solicitud fue hecha por la Defensoría del Pueblo que emitió un informe de riesgo para los municipios de Lorica, Moñitos, San Antero y San Bernardo del Viento, los que conforman La Costanera. Ese informe fue el resultado de una visita de los funcionarios de la Defensoría a la zona y de la evidencia del peligro que corrían sus habitantes y visitantes.

Ese informe, que fue entregado al Ministerio del Interior, resumía el peligro para la población de la zona donde se estableció una especie de “puerto” de salida de la droga hacia México y Centroamérica, pero que con la presencia de varios grupos armados había llevado también a la orilla del mar las cocinas y los cristalizaderos camuflados en las camaroneras abandonadas.

En San Bernardo del Viento, donde aparecieron los cuerpos de Margarita y Mateo, la delegación de la Defensoría encontró que la tierra estaba muy barata y se estaba vendiendo mucho aparentemente por presión de los armados. Y también se encontraron con hombres armados que durante día y la noche recorrían la playa, seguramente los mismos que asesinaron a los estudiantes.

La pérdida del control del Estado en Córdoba no es nueva. Prácticamente después de la desmovilización de los paramilitares, en este departamento mandan los grupos armados que se negaron a entregar las armas y se quedaron con el control del narcotráfico. Incluso se han dado alianzas entre la guerrilla y los paramilitares para los negocios de la droga.

Según las cifras del Observatorio del Delito en Córdoba entre 2005 y 2010, se han registrado 2.396 homicidios en el departamento. De estos, 532 ocurrieron en 2009 y, en los primeros ocho meses de 2010, se contabilizaron 401 homicidios más.

Para la Defensoría del Pueblo, el conflicto en Córdoba es una disputa por la tierra de los nuevos grupos paramilitares que se tomaron el departamento (ver mapa), están desplazando y, por ello, las principales víctimas de los asesinatos, las amenazas y los desplazamientos son los líderes comunales, los indígenas y los campesinos.

En ese departamento, los familiares de las víctimas están haciendo las labores forenses para recoger a sus muertos porque las instituciones competentes se niegan a hacerlas. Y en lugar de retornar a sus tierras continúan dejándolas por culpa de las amenazas.

Desde 2006, la Defensoría ha entregado los informes de riesgo y principalmente en 2010 advirtió sobre el recrudecimiento de la violencia y el regreso de las masacres.

Estos fueron los principales informes que tuvo en sus manos la CIAT:

 

1

Lorica, San Antero, Moñitos y San Bernardo Del Viento: Informe de riesgo emitido el 9 de agosto de 2010

Después de la visita de una delegación de funcionarios del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría, se declaró la alerta por la evidente presencia de los grupos armados ilegales.

Hasta agosto, solo en San Bernardo del Viento, se habían reportado 16 asesinatos. En Lorica, 21; ocho en Moñitos y siete más en San Antero. Pero el año anterior, en esos tres municipios los muertos habían sido 52 en Lorica, 8 en Moñitos, 12 en San Bernardo y 28 en San Antero.

La Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas decidió no alertar.

El lunes 10 de enero fueron asesinados los estudiantes de la Universidad de los Andes, Margarita Gómez y Mateo Matamala.

 

2

La Apartada: Informe emitido el 9 de agosto de 2010.

El informe de inminencia sobre ataques a la población civil se dio por las denuncias de la población sobre las amenazas a los líderes indígenas y sociales y el asesinato de varios de ellos. Los autores eran Los Rastrojos que dominaban el territorio e intentaban evitar que hasta allí llegaran Los Paisas y las Águilas Negras. Incluso hubo varios atentados con artefactos explosivos.

Después del informe que la CIAT no respondió continuaron los asesinatos, al punto que en al cierre de agosto ya se registraban 34 homicidios.
 

3

Buenavista: Informe emitido el 29 de julio de 2010.

Se realizó un informe de inminencia por la gravedad de las denuncias y una alta posibilidad de que ocurrieran muertes de civiles ya que en la zona conocida como Alto San Jorge se registraba una disputa entre Los Paisas y Las Águilas Negras, por los corredores del narcotráfico. Hasta el momento del informe se habían registrado 59 homicidios, un 500 por ciento más que el año anterior.

Previo a la alerta de la Defensoría se había registrado una masacre de seis personas que fueron decapitadas presuntamente por Los Paisas.

Y después del informe que no tuvo respuesta del CIAT, hombres armados y encapuchados comenzaron a recorrer las casas y se produjo una decena de asesinatos sistemáticos.
 

4

Puerto Libertador y Montelíbano: Primer informe emitido el 9 de febrero de 2006.

La primera vez que la Defensoría del Pueblo emitió un informe de riesgo sobre estas poblaciones ubicadas al sur de Córdoba apenas terminaba de consolidarse la desmovilización, y con ella en ese departamento el aumento de la violencia. El CIAT no respondió la alerta y tampoco lo hizo el 29 de febrero de 2008.

Sólo tras la muerte de más de 50 personas en forma sistemática, el 29 de febrero se emitió la primera alerta, que fue renovada el 13 de octubre siguiente.

Pero la respuesta no ha sido positiva para las alertas en 2009 ni en 2010, a pesar de que los muertos al final del año pasado superaron los cien. La mitad de ellos fueron asesinados en masacres.
 

5

Valencia: Emitido el 5 de agosto de 2009. Inminencia.

Cuando el Sistema de Alertas Tempranas, SAT, advirtió sobre la inminencia de un ataque a la población civil en el municipio de Valencia no había más que cuatro muertos en la población. Sin embargo, fue su cercanía al municipio de Tierralta lo que originó el llamado que no fue atendido por el CIAT.
Después de la solicitud, hacia el territorio de Valencia llegaron Las Águilas Negras y Los Paisas y comenzó un desplazamiento originado por la búsqueda de tierras para cultivos ilícitos.
 

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