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Gobierno decidirá esta tarde cómo se reformarán las CAR

La Silla Vacía conoció el proyecto de decreto que presentará el gobierno hoy a su Consejo de Ministros para reformar las Corporaciones Autónomas Regionales. Es una reforma radical, que de ser avalada por la Corte Constitucional, tendrá un impacto gigante sobre las elecciones locales de este año y también sobre el sistema ambiental.

El decreto elimina de un plumazo las 34 Corporaciones Autónomas Regionales, que son la autoridad ambiental en las regiones e importantes fortines políticos, y las reemplaza por 17.

Las nuevas Corporaciones las crea de acuerdo a las cuencas hidrográficas, es decir, están delimitadas de acuerdo a los ríos del país y no a las divisiones político-administrativos que tienen las actuales.

También modifica la integración del Consejo Directivo, que es el órgano rector de las CAR, dandole más poder al gobierno central. Mientras hoy de los 13 miembros del Consejo Directivo, dos son delegados del Presidente o el Ministro de Medio Ambiente, de ahora en adelante el gobierno central tendría cinco de 11 miembros.

Aunque el decreto conserva prácticamente todas las funciones que tienen las CAR hoy en día, le agrega otras varias de prevención de desastres.

Y la perla: “el Presidente de la República designará los directores generales de las CAR hasta que se realice la elección correspondiente”. Las CAR actuales entran en liquidación a partir de la firma del decreto, que ordena nombrar un gerente liquidador para acabar de aquí a diciembre con estas entidades. Y las nuevas se crean inmediatamente. Como el proceso de elección del nuevo director tomará un tiempo pues la composición de los consejos directivos que lo eligen cambia en el decreto y es ahora más engorroso, Santos nombrará a los 18 nuevos directores, quien estarán a la cabeza de estas entidades posiblemente durante todo el año electoral.


(Haga click sobre las zonas en azul para conocer el nombre de la CAR y los municipios que quedarán en su jurisdicción)

 


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El impacto político


Las CAR actualmente manejan un presupuesto anual de 1,3 billones de pesos, más de la mitad de todas las cesantías del país en un año. El presupuesto que manejan es cuatro veces más que los recursos totales disponibles por el Viceministerio del Ambiente, la Unidad de Parques Nacionales y todos los institutos de investigación adscritos o vinculados a Minambiente, según un estudio de Guillermo Rudas. Casi la mitad de esos recursos están concentrados en la Corporación de Cundinamarca y la CVC (ver presupuesto).

De esta plata, solo entre el 10 y el 15 por ciento es parte del Presupuesto de la Nación. El resto lo aportan principalmente los municipios por una tasa sobre el impuesto predial y los generadores de energía por una tasa sobre las ventas brutas de energía eléctrica.

Con este presupuesto, con capacidad para hacer inversiones locales en acueductos y alcantarillados y otras obras ambientales, y con una nómina respetable, las CAR son fortines burocráticos apetecidos. Lo son tanto que, como lo explicó una nota de La Silla Vacía ayer sobre Risaralda, cada elección del director de la CAR mueve las aguas de la política local. En un año electoral, cerrar las corporaciones actuales, y nombrar los directores desde el nivel central le da al presidente Santos una injerencia en la política regional de grandes proporciones.

Sin embargo, y más aún después de la tragedia invernal en donde los medios han puesto en evidencia las falencias de las CAR para prevenir las inundaciones, la medida de Santos será muy popular y bien recibida en los círculos de opinión nacional. Otra cosa es que sea conveniente.


El impacto ambiental


Guillermo Rudas, una de las personas que más sabe del tema y de la institucionalidad ambiental en Colombia analizó el decreto y en líneas generales dijo a La Silla Vacía que la intención del decreto es buena y que la filosofía de crear las CAR alrededor de las cuencas hidrográficas fue precisamente la filosofía que inspiró inicialmente la ley 99 de 1993, mediante la cual se creó el Sistema Nacional Ambiental.

Finalmente no quedó así porque en la negociación de la ley en el Congreso, los senadores y representantes exigieron que las corporaciones, cuya principal función es regular el uso del agua, respondieran a criterios más políticos que ambientales y entonces lo de las cuencas se perdió. Con esta reforma, se recuperaría el espíritu original y “quedaría mucho mejor distribuido el presupuesto entre las regiones, por agrupar las actuales corporaciones en unas pocas con mucha más cobertura regional”, dice Rudas.

El experto también exalta que el Gobierno nacional tenga ahora control del Consejo Directivo por tener casi la mitad de los miembros y por ende, del nombramiento del Director pues eso le da mayor control sobre las decisiones presupuestales.

Sin embargo, Rudas le critica al decreto que no resuelva el principal problema que tienen las corporaciones: el ser juez y parte como autoridad ambiental. Es decir, las Corporaciones ejecutan un presupuesto haciendo obras, acueductos o reforestación sin ninguna vigilancia ni control por parte del Gobierno y con escaso control de la Contraloría. Todo esto porque son “autónomas” según la Constitución. Esto crea un conflicto de intereses que lleva a varios abusos como los señalados en la W en los últimos días.

Y en todo caso, si bien las CAR han fallado y tienen una parte de la culpa en la tragedia ambiental, el gobierno central tiene gran responsabilidad. Las carreteras y muchos megaproyectos se hacen sin licencias ambientales, y lo que es más grave, no hay quién ordene el territorio nacional. Al final, es el viceministerio de Vivienda el que decide el uso del territorio, y no precisamente según criterios ambientales. Lo más grave es que en la nueva división de ministerios, esta facultad del ordenamiento territorial sigue en manos del Miniterio de Vivienda y no del de Medio Ambiente, como lo ha señalado la experta en el tema María Mercedes Maldonado.
 

Minería feliz


“Están tratando de vender el sofá”, dice Rudas. Y más o menos en la misma línea opina Yamile Salinas, quien fue directora del DAMA en Bogotá y lleva años estudiando los temas ambientales. “Este es el golpe más grande que se le puede dar al sistema ambiental del país”, dijo a La Silla Vacía, después de que le enviamos el decreto.

Salinas cree que el decreto debilita el sistema ambiental hasta el punto que lo hace irrelevante por lo menos durante un año, precisamente cuando se prevee el auge minero, se planean varias carreteras y despegan los proyectos agroindustriales en zonas como la Altillanura de la Orinoquía.

Sus argumentos son dos. El primero tiene que ver con las funciones adicionales que le asignan a las corporaciones de prevención de desastres. Como estos decretos son expedidos en ejercicio de las funciones excepcionales otorgadas por los decretos de emergencia, una parte importante gira alrededor de las nuevas funciones de prevención de emergencias que deben cumplir las corporaciones. “Cuando le introducen en el artículo 6 que hagan parte del sistema de prevención de desastres, se desnaturaliza el sistema ambiental”, dice Yamile Salinas.

El Plan de Desarrollo es explícito en que Colombia no tiene la capacidad ambiental para enfrentar las locomotoras, sobre todo la minera. No existe el sector ambiental que soporte lo que viene, dice el Plan. Y si ya en esa situación precaria, más precaria luego de que durante el gobierno de Álvaro Uribe se le quitó presupuesto al sector ambiental y se desmontó el Ministerio, no solo se le asignan más funciones a estas entidades sino que se meten en un proceso drástico de transición, el golpe para el sector es grande.

Durante todo este año, considera Salinas, se corre el riesgo de perder los expedientes, los funcionarios dejan de cumplir su función por cuidar su puesto o buscar otro, etc, lo que permitirá que las empresas mineras se extiendan por el territorio sin ningún control ambiental.

Además, considera ella, la experiencia de Cormagdalena, organizada alrededor de la cuenca del Río Magdalena, demuestra que la delimitación alrededor de las cuencas no soluciona el problema de unas corporaciones que como otras instituciones del Estado han sido infiltradas por los paramilitares, o por la corrupción.

“Todos queremos reformar a las CAR, pero no así. Primero revivamos el Ministerio de Medio Ambiente, y luego hagamos las reformas paulatinas”, dice.

Este decreto todavía no está firmado, y por lo tanto, podrá mejorarse hoy en el Consejo de Ministros.

Nota de la Editora: El presidente Juan Manuel Santos dijo hoy en Apartadó que por tener origen constitucional no es posible liquidar las CAR, como lo proponía el borrador de reforma que reveló hoy La Silla Vacía. Pero reiteró que la intención del Gobierno es liquidarlas para hacerlas “más eficientes y compatibles con la misión para la cual fueron creadas”. Y que para ello tendrán en cuenta cuáles de las CAR funcionan bien y cuáles no.

Nota de la Editora Enero 21 3 p.m.: En una reunión que acaba de terminar en Palacio, decidieron que no acabarán con las CAR como estaba planteado el borrador de decreto sino que fusionarán algunas CAR en las zonas más afectadas por el invierno. La presión de las corporaciones regionales fue grande sobre el Gobierno.

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Estos son los dueños de las CAR

Con la tragedia invernal las corporaciones autónomas regionales (CAR) han quedado en ojo del huracán. Incluso el presidente Santos decidió quitarles el presupuesto que no han gastado para entregárselo al Fondo Nacional de Calamidades.

Las CAR son entidades estatales pero autónomas. Sus directores no le responden a la Ministra de Ambiente, al gobernador ni al Presidente. Por lo menos en el papel, sus jefes son unas juntas o consejos directivos, en los que están sentados algunos alcaldes de la región, el gobernador y el Ministerio. Y estos políticos comparten silla, además, con ONG, empresas, representantes de sectores como indígenas o afrocolombianos. Esas juntas, que los eligen y los pueden destituir, en muchos casos terminan capturadas por grupos políticos, que convierten las entidades en botines burocráticos.

Como dijo a la Silla Vacía un experto en temas ambientales, “se reúnen los alcaldes y eligen a sus representantes en la junta. Luego, consiguen el apoyo de algunas organizaciones y dejan al Gobierno nacional en minoría. Con eso ponen al director y luego le cobran en puestos”.

Las CAR manejan un presupuesto significativo. Y, como son autónomas, no hay claridad de cómo gastan sus recursos. Su principal fuente es la llamada sobretasa ambiental, un dinero que se cobra por encima de otros cobros, especialmente del impuesto predial. La sobretasa no es un dinero despreciable: en una columna, Carlos Caballero Argáez se preguntaba qué se habían hecho los 1,5 billones de pesos anuales que reciben las CAR.

Además de manejar un presupuesto jugoso y de la nómina de las CAR, los directores son la última instancia en muchos asuntos ambientales. Por ejemplo, son ellos los que aceptan los planes de manejo ambiental de las empresas, que son necesarios para funcionar. También pueden multar a quienes violan las normas ambientales. Y estos poderes, que pueden resultar muy útiles para hacer cumplir la ley, les dan un enorme poder. Por ejemplo, pueden sacar a una empresa de un mercado, negándole la licencia ambiental.

En algunos casos, ese poder está al servicio de los intereses ambientales. Por ejemplo, Corporinoquía se ha dedicado a pensar el futuro de la Orinoquía. Pero otras CAR han sido objeto de fuertes críticas por su falta de gestión, por ser más botines burocráticos que entidades eficaces.

Este diagnóstico no es nuevo y por el Congreso han pasado varios proyectos de ley que buscan acabarlas o reorganizarlas, incluyendo uno presentado por el gobierno Uribe. Todos se han hundido.

Con las inundaciones y los derrumbes que afectan a casi todo el país se manifiestan las consecuencias de esa politización.  Estos son los políticos que están detrás de varias de las CAR que están en las zonas más afectadas por la emergencia invernal:

Nota de la Editora: La Silla Vacía afirmó erróneamente que Alfonso 'El Turco' Hilsaca estaba detenido, investigado por promover grupos paramilitares. Esta información no se ajusta a la verdad puesto que la Fiscalía ya precluyó la investigación judicial a favor del señor Hilsaca. La información ya fue corregida en la nota y ampliada con otros datos para mayor precisión. Ofrecemos disculpas por este error que ya fue rectificado.

Haga click en los departamentos que están en verde claro para saber cuál o cuáles CAR están allí y quienes son los políticos relacionados con ellas. .  

 

 

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La culpa no es solo de la Niña

(Haga click sobre los símbolos para ver algunos de los casos más sonados de esta ola invernal)

Ver Emergencias invernales en Colombia en un mapa más grande


Mientras avanza lentamente el rescate de las víctimas enterradas por el alud en Bello, Antioquia, el gobierno anunció que decretará hoy el Estado de Excepción para enfrentar la crisis invernal, dado que, según el Ministro del Interior, los instrumentos legales con los que cuenta el Presidente ya no son suficientes. Anoche, Juan Manuel Santos también anunció desde Nueva York que la plata recaudada durante la Teletón de la próxima semana será destinada totalmente a atender las víctimas del invierno; el Banco Interamericano de Desarrollo le prestará al país 350 millones de dólares para la recuperación de las zonas afectadas; El Grupo Santodomingo donará cinco millones de dólares para la tragedia en la región Caribe; y hasta el Papa colaborará, según anunció el embajador ante la Santa Sede.

Atender a los damnificados del invierno en todo el país es la prioridad nacional. Pero no sobra preguntar también por la responsabilidad política de quienes pudieron evitar, aunque sea en parte, la tragedia que hoy viven por lo menos dos millones de colombianos. Porque si bien la Niña ha provocado un récord histórico de lluvias, la culpa no es solo de ella.

Las responsabilidades van desde las alcaldías que no hacen cumplir las regulaciones del uso del suelo hasta las corporaciones autónomas regionales, muchas de las cuales han sido convertidas en fortines políticos más dedicadas al clientelismo que a regular el uso del agua. Y en la mitad están aquellos que aprovecharon para apropiarse de las ciénagas y las riberas de los ríos.

 

Más atención que prevención de desastres

Cada vez que hay un deslizamiento, una inundación o un terremoto, el país recuerda la existencia de las oficinas de prevención y atención de desastres. Pero muchas veces se les dice sencillamente 'oficina de atención de desastres'. Y es que la debilidad de los programas de prevención es patente.

Después del terremoto de Popayán y el desastre de Armero, se creó el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, una red de entidades locales que está coordinada desde el Ministerio del Interior, en la Dirección de Gestión del Riesgo para la Prevención y Atención de Desastres (DGR). En este tema son responsables la DGR y los departamentos, municipios y distritos. La idea es que entre todos prevengan los desastres y, cuando no puedan evitarlos, atiendan esas emergencias.

Según un conocedor del tema, los avances en las oficinas de prevención y atención de desastres, que existen en todos los departamentos, municipios y distritos, son muy diversos. Mientras que en lugares como Bogotá, Medellín y Nariño se han consolidado instituciones sólidas, en otras partes del país la atención y prevención de desastres es precaria. Eso es clave porque mientras que la Nación tiene el dinero, los alcaldes son los que tienen el conocimiento de un río que se puede desbordar o de una comunidad que se asienta en una zona de alto riesgo. Además, los cuerpos de socorro como los de bomberos oficiales o voluntarios dependen de las administraciones locales. Casos de eventual corrupción en bomberos como los que se han denunciado en Tunja o en Neiva, muestran las debilidades que pueden existir.

Además, el gobierno nacional es el que tiene la llave del dinero. El Fondo Nacional de Calamidades es un fondo que maneja la Fiduciaria La Previsora bajo una junta encabezada por el Viceministro de Interior y compuesta por otros miembros del gobierno nacional. En el presupuesto para este año, el Fondo tenía casi 150 mil millones para todo el país. Eso quiere decir que cuando existen amenazas de desastres, o cuando realmente se han producido, los alcaldes y secretarios locales deben presentar solicitudes al Fondo para conseguir dinero. En estos días, por ejemplo, el alcalde de Aguachica anunció que había conseguido ayudas del Fondo para los damnificados por el invierno. Esto quiere decir que las entregas de dinero del Fondo están sujetas a tejemanejes políticos, especialmente cuando no hay situaciones de emergencia. Y cuando hay emergencias, como suele pasar cada año, se termina aumentando el presupuesto. En 2009 se hizo en tres ocasiones; en noviembre de este año se había agotado el dinero y se trasladaron 27 mil millones de pesos adicionales para el Fondo.

Otro problema del Sistema ha estado en que trabaja poco en prevención. Ha sido más una red de respuesta a desastres puntuales, a pesar de que la idea es que también sea un apoyo para que en la planeación de temas urbanos o ambientales se tenga en cuenta la prevención de desastres y la mitigación de riesgos. Esto se debe, en parte, a que se trata de un sistema flexible y descentralizado. Esto le da la ventaja de estar más cerca de las realidades, pero también la desventaja de que la voz de la DGR es muy débil frente a los encargados de temas medioambientales o de vivienda, que tienen en la Ministra de Ambiente un portavoz con más poder. Sin embargo, casos exitosos como el de haber realizado en Tumaco tres simulacros de alerta por tsunami y una evacuación exitosa en 2007, muestran que la prevención es posible y deseable.

Esta precariedad de la prevención se refuerza porque la Defensa Civil, que es quizás el cuerpo de socorro más sólido e importante, está orientada a atender la prevención inminente y la asistencia en casos de desastres. En otras palabras, el principal músculo del Sistema está pendiente de los desastres y no de su prevención. Con presencia en unos 800 municipios y menos de 100 mil voluntarios, su radio de acción es limitada. Y con un presupuesto de poco más de 20 mil millones para este año, tampoco podría desarrollar acciones de prevención más profundas. Para eso están, de nuevo, las autoridades locales.

La falta de planeación

El domingo un alud de tierra sepultó a cerca de 125 personas en el barrio Calle Vieja, del municipio de Bello, en Antioquia, y hasta ahora sólo han sido recuperados 23 cuerpos. Diez días antes, en el barrio El Poblado de Medellín, la casa de un reconocido empresario paisa quedó sepultada por un alud, el movimiento de la tierra apenas les dio a sus ocupantes el tiempo para salir. Y en barrios subnormales de Bogotá, Cali, Cúcuta y otros más (ver mapa), la lluvia está a punto de acabar con barrios completos. ¿Quién tenía la responsabilidad de que esto no sucediera?

La responsabilidad está en gran parte en las alcaldías que no obligan a cumplir las normas de planeación a las constructoras, no impiden los asentamientos ilegales y finalmente no hacen cumplir las normas ambientales que impiden cualquier tipo de construcción en las zonas de ladera. Las construcciones mal planeadas hacen que la lluvia debilite las montañas y ocasione tragedias.

En los barrios periféricos de Soacha, en el sur de Bogotá, específicamente en los barrios Loma Linda y La Capilla, tuvieron que ser reubicadas cerca de quince familias que construyeron en la ladera un asentamiento informal. Allí, al contrario de buscar la manera de reubicarlos y recuperar la zona, la Alcaldía de Soacha les está construyendo el sistema de alcantarillado.

Lo de El Poblado, en Medellín, por ejemplo, es un problema de más de treinta años cuando aún los estudios ambientales no eran un requisito y quienes contaban con recursos tajaron parte de la montaña para construir sus casas.

Lo ocurrido en Bello, Antioquia, o en San Cristóbal, en Bogotá, se debe en parte a la negligencia de las alcaldías locales de evitar este tipo de invasiones o construcciones en laderas que, tarde o temprano, se pueden venir abajo porque no existe una base vegetal que las sostenga.

Además, lo que sucede en las zonas rurales, donde están las cuencas de los ríos, influye directamente en lo que ocurre en las zonas urbanas porque si, por ejemplo, hay usos de la tierra indebidos en zonas que deberían ser de reserva, el crecimiento del agua alcanza las cabeceras cuando los aguaceros son muy fuertes.

También está el problema con los caños que cruzan las ciudades y los humedales que hay en poblaciones del interior donde tampoco deberían autorizarse construcciones circundantes.

Con los planes parciales de ordenamiento territorial se ha avanzado en la regulación de la construcción de acuerdo con normas ambientales. Pero aún con estos planes, en la zona occidental de Bogotá, la Secretaría de Planeación autorizó construcciones nuevas cerca al río Juan Amarillo y cerca al humedal. Estas familias han tenido que soportar dos inundaciones que no les permiten salir de su casa.

Las corporaciones autónomas regionales convertidas en fortínes políticos

La responsabilidad de prevenir emergencias invernales como la que padecemos actualmente recae principalmente en las autoridades ambientales como las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), el Ministerio del Medio Ambiente y el Gobierno Nacional.

Las 33 CAR que hay en el país son entidades autónomas en distintas regiones que deben encargarse de construir planes de emergencia en caso de desastres naturales, y financiar proyectos para el cuidado de cuencas y ríos. Si el Ministerio de Medio Ambiente dicta políticas generales para todo el país, son las CAR las encargadas de implementarlas.

Las CAR se crearon hace 15 años para darle autonomía a las regiones sobre sus políticas ambientales, bajo la lógica que quien conoce los problemas ambientales a nivel local encontrará mejores soluciones. Por esto también se les otorga un presupuesto que pueden manejar autónomamente y que asciende a unos 1,3 billones de pesos anuales. El problema es que las CAR no deben rendirle cuentas a ningún ente de control: ellas controlan que las empresas que explotan en la región cumplan con los estándares ambientales, pero también son inversionistas de recursos públicos en la zona cuando desarrollan proyectos y por lo tanto terminan siendo juez y parte.

Cuando Uribe salió elegido la primera vez prometió acabar con las CAR, que ya tenían graves problemas de corrupción. Pero luego, terminó extendiendo el período de sus directores de tres a cuatro años antes de su primera reelección.

Muchas CAR -con notables excepciones- en cambio de cumplir a cabalidad con sus labores han sido tradicionalmente fortines burocráticos de los políticos. Uno de esos casos es el de Cormagdalena, que según dijo una fuente confiable de la Costa a La Silla Vacía se convirtió en fortín electoral de los senadores de La U Piedad Zuccardi y José David Name. Otro caso es el de CorpoBoyacá: varios alcaldes del departamento han criticado en este año la gestión ambiental de su director Miguel Arturo Rodríguez y dicen que la rotación de personal corresponde a palancas políticas del senador conservador Juan Córdoba.

Varias Corporaciones Autónomas Regionales también fueron cooptadas por los paramilitares y sus eslabones en la política en la última década. Según le denunció la revista Cambio a finales del año pasado, el exsenador Juan Carlos Martínez -capturado por la Corte Suprema por sus vínculos con los paramilitares- mantenía su cuota más grande en la Corporación Autónoma del Valle, una de las regiones donde la tragedia invernal ha sido más dura. Y del ‘Gordo’ García, el exsenador sucreño condenado a 40 años por parapolítica, se dice que tiene su fortín electoral en la CarSucre y CorpoMojana, responsables también de los ríos que hoy están desbordados. La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge serían el fortín de Juan Manuel López Cabrales, esposo de la hoy senadora liberal Artleh Casado, según el periódico Vanguardia.

El agua también se despoja

 

Según lo documentó el informe sobre Tierras del Grupo de Memoria Histórica, en el país se produjo en los últimos 20 años un proceso de despojo de las ciénagas en la Costa Caribe.  Este despojo fue realizado sin que las autoridades ambientales y municipales movieran un dedo, y son uno de los factores de los desbordamientos actuales de los ríos en la Costa.

Las ciénagas son alimentadas de agua a través de una red de canales y caños que permiten el flujo entre los principales ríos de la región (Cauca, Magdalena, San Jorge y Sinú) y sus afluentes. En medio de la ciénaga existen los playones, que son unas  islas de tierra donde suelen vivir una parte del año los campesinos. En las ciénagas del Sur de Sucre, en el norte de Córdoba y en María la Baja en Bolívar, epicentros todos de la tragedia invertal, grandes hacendados aumentaron sus propiedades taponando los caños y canales y desviando del cauce pequeñas quebradas con el fin de depositar sedimentos entre los playones. Así aumentaron los playones dentro de la ciénaga o unieron la frontera de sus fincas con el playón, lo que les posibilitó meter más ganado y agrandar gratis sus propiedades.

El otro método que también aplicaron en los Valles del Río Sinú y San Jorge, según el mismo Informe, fue aprovechar los períodos secos para desecar las ciénagas. “En ocasiones, al descender el nivel del agua, despejándose tierra firme, los hacendados y narcotraficantes contratan maquinaria pesada para la construcción de barreras de contención denominadas por los campesinos “camellones”, con los cuales en los períodos de invierno se detiene el retorno de las aguas a su cauce natural, ampliando los potreros de la hacienda. Paralelamente, inversionistas han instalado motobombas y sistemas de drenaje para el secamiento de las porciones de tierra ‘ganadas a la ciénaga’ contribuyendo a las sedimentación de los ecosistemas, y a veces, al contrario, a la inundación de las poblaciones de pescadores-agricultores cercanas".

 

Los ríos se desvían en función de los macroproyectos

Con el auge de los macroproyectos económicos fruto de la confianza inversionista, el mapa hídrico del país está siendo alterado a velocidades impensables hace unos años, como lo reportó hace un año un artículo de La Silla Vacía.

Con el aval del Ministerio de Ambiente, anualmente se otorgan permisos y licencias ambientales para los grandes proyectos impulsados por los ministerios de Minas o Agricultura que buscan desviar ríos u ocupar sus cauces fomentando la exploración de carbón, la construcción de embalses o hidroeléctricas, o la creación de nuevos distritos de riego para cultivar desde palma africana hasta arroz.

Sin la modificación de los cursos de estos ríos muchos de estos megaproyectos serían inviables. Sin embargo, desviar un río u ocupar su cauce tiene un impacto ambiental y social. “Todo el mundo vive del río. Si se afecta el río, se afecta todo el ecosistema humano, vegetal y animal que vive de él,” dijo Juan Martínez de la Defensoría del Pueblo a La Silla Vacía en diciembre del año pasado.

Algunos de estos impactos incluyen cambiar la corriente y flujo natural del agua, alterar la calidad y cantidad de agua y las especies que viven de ella, y aumentar o disminuir el caudal que afecta a todos los organismos que viven en las riberas.

El problema es que en muchos casos los impactos no se pueden anticipar y las licencias ambientales se otorgan en la parte final de diseño de los proyectos, a pocos días de comenzar la obra en los territorios que se adecuan para los macro proyectos.

 

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