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Por Elisa Castrillón Palacio · 18 de Marzo de 2021

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Este lunes, después de retirarse como representante del Estado de la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que se enfrentaba a Jineth Bedoya, Camilo Gómez envió una carta a la JEP pidiendo que se abriera un macrocaso sobre violencia sexual.

Curiosamente, había sido el mismo llamado que desde 2018 le hizo a la justicia transicional la periodista, quien, tras ser secuestrada y violada por paramilitares el 25 de mayo del 2000, asumió la defensa de las víctimas de este delito. Su voz no ha sido la única. 

Precisamente, el 11 de marzo la Alianza Cinco Claves, conformada por organizaciones que trabajan con mujeres víctimas de violencia sexual, sacó un comunicado en el que pedía un macrocaso de violencia sexual y criticaba que el auto de secuestro que la JEP publicó a finales de enero carecía de un enfoque de género. 

Hasta ahora la JEP no se ha pronunciado frente a esos llamados. Y aunque los magistrados se han comprometido a investigar la violencia sexual y basada en género en los siete casos abiertos, mantienen un debate interno sobre si seguir trabajándolo transversalmente o si apostarle a un caso que específicamente investigue este delito como lo han pedido varias víctimas. 

“La violencia sexual no es transversal, como nos quieren hacer saber, fue directa. Nos violaron directamente, nuestros cuerpos fueron destrozados directamente”, le dijo a La Silla Yolanda Perea, quien fue víctima de violencia sexual por parte de las Farc y acompaña a otras mujeres en su reclamo de justicia. 

El fenómeno

Según el informe “La guerra inscrita en el cuerpo”, elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, la violencia sexual “no solo fue ejercida de manera oportunista, o como un daño colateral del conflicto armado, sino que ha cumplido unos objetivos en el marco de la confrontación”. 

 

El informe que elaboró la Fiscalía para la JEP sobre la violencia sexual ejercida por la guerrilla contiene relatos de mujeres exguerrilleras que fueron sometidas a abortos y anticoncepción forzada mientras estaban en armas. Muchos de esos casos están siendo investigados en el marco del Caso 07, que investiga el reclutamiento y utilización de menores de edad, cuando se trata de víctimas que ingresaron a las Farc antes de los 18 años. 

Dentro de las Fuerzas Militares, la dinámica de la violencia sexual intrafilas fue diferente: “Hay unos casos atroces, sobre todo de personas homosexuales”, dijo a La Silla una exfuncionaria de la Fiscalía que participó en la elaboración y entrega de los dos informes que esa entidad le hizo a la JEP sobre el tema de violencia sexual, y quien pidió la reserva de su nombre para evitar conflictos con la institución. 

Sobre la violencia ejercida por militares en la población civil, los informes, según ella, describen un patrón: “La característica crítica de los casos de los militares es que cuando hay violencia sexual hay alguien del grupo –porque la mayoría de casos son en grupo– que no puede e inmediatamente colabora [con la justicia]. Normalmente son los mismos militares los que hacen el caso”. 

Estos dos informes explican las investigaciones que tiene la justicia ordinaria frente a casos de violencia sexual cometidos por las Farc y la Fuerza Pública. De los 17 que ha entregado la Fiscalía, estos representan el universo de víctimas más pequeño en comparación con otros delitos y demuestran que la justicia ordinaria ha sido ineficiente para atender el problema.

Se trata de investigaciones que involucran 945 víctimas de violencia basada en género por parte de las Farc y 281 víctimas de la Fuerza Pública, la mayoría de ellas mujeres. 

La exfuncionaria de la Fiscalía explicó que “en todos estos casos hay una sola condena. Lo cual te habla de que es un tema extremadamente difícil y en el que es difícil recoger pruebas”. 

También es un crimen que es muy difícil de reconocer para los grupos armados. 

Para un ex jefe guerrillero es más fácil reconocer la atrocidad del secuestro porque la puede justificar como una estrategia de guerra, pero aceptar que violaba niñas que pedía traer al campamento implica una vergüenza para quienes están tratando de reincorporarse a la sociedad y de transitar hacia la política.

Esa dificultad de la justicia ordinaria para investigar este crimen es un argumento que dan quienes abogan por que la JEP priorice la investigación de esos delitos y abra un macrocaso. 

“Si alguien tiene en Colombia la oportunidad de hacer un caso serio y real sobre lo que pasó en violencia sexual es la JEP. La Fiscalía no tiene cómo: no lo ha hecho históricamente. Las mujeres no confían en la Fiscalía porque ese no es un espacio amigable con las mujeres y la Fiscalía misma lo reconoce en el informe”, dijo la funcionaria de la Fiscalía. 

Además de esos informes, las organizaciones sociales y otras instituciones también entregaron sus investigaciones.

Hasta el 5 de marzo el Grupo de Análisis de Información (Grai) de la JEP, que se encarga de analizar y sistematizar datos obtenidos de diversas fuentes como los informes que entregan las organizaciones sociales, los que entregó la Fiscalía y las bases de datos de instituciones públicas y privadas, había recibido 342 informes; 99 de ellos, el 28 por ciento, están relacionados con temas de mujeres o violencias basadas en género. 

Incluyen los del Centro Nacional de Memoria Histórica, que en su Observatorio de Memoria y Conflicto tiene documentadas 14.893 víctimas de violencia sexual desde 1985. El mayor porcentaje corresponde a víctimas de grupos paramilitares, pero el 42 por ciento, 4.790 víctimas, corresponden a delitos cometidos por los grupos guerrilleros. 

En otras palabras, hay suficiente evidencia para afirmar que durante el conflicto se cometieron crímenes específicamente relacionados con el género. Aún así, en la JEP hay un intenso debate sobre si abrir o no un macrocaso.

El debate

Para tomar la decisión de priorizar los casos, la JEP debe analizar los datos. Para eso cuenta con el Grai. 

Pero hasta ahora, el Grai no ha aportado suficiente información para entender cómo funcionó la violencia sexual en la guerra y para argumentar cómo funcionó ese delito como un patrón del conflicto, quiénes fueron los máximos responsables y dónde se concentran los hechos victimizantes. 

Eso explica, en parte, por qué los magistrados de la Sala de Reconocimiento de Verdad  no han priorizado un caso específico sobre el tema. 

“Si el patrón principal es que hay violencia sexual, de pronto surge, pero primero hay que mirar qué fue lo que pasó, en qué lógica y quienes fueron los que lo hicieron”, le dijo a La Silla uno de los miembros de esa Sala.

Y es que, aunque para la institución hay llamados de diferentes sectores de la sociedad para que abra un caso específico sobre violencia sexual, La Silla supo que los magistrados estuvieron de acuerdo en que durante la primera tanda de priorización, en la que abrieron los siete casos que están en curso, no existían los elementos suficientes para abrir uno de violencia sexual. 

Pero en el camino, y ante la creciente presión, esa opinión se ha transformado. Según una persona que conoce de cerca las discusiones dentro de la JEP, cuatro de los seis magistrados que integran la Sala están a favor de abrir un macrocaso en la segunda tanda de priorización que se haga este año. 

Básicamente, el debate concentra dos posiciones. 

De un lado, quienes consideran que no existen los datos suficientes para determinar que la violencia sexual fue un patrón en el conflicto armado y que, por lo tanto, es mejor visibilizar cómo fueron particularmente golpeadas las mujeres en cada uno de los otros siete casos abiertos. Estos magistrados consideran que no se debe abrir un caso solo como respuesta a la presión política que están recibiendo de todo lado.

En el del secuestro, por ejemplo, cuando se refieren a los malos tratos incluyen el atentado a la dignidad que representó para muchos secuestrados, y particularmente las mujeres, tener que hacer sus necesidades y bañarse delante de los guerrilleros. También menciona unos casos de secuestrados que fueron agredidos sexualmente.

De otro lado está la idea de que la violencia sexual sí fue un delito cometido por los grupos armados de manera sistemática, y que, por tanto, obedece a un patrón que merece un trato especial. 

Uno de los argumentos que refuerza esta posición es que la Comisión de la Verdad, que como la JEP había decidido implementar un enfoque de género transversal a todos sus capítulos, decidió hacer uno especial. 

“Hemos encontrado que la violencia sexual es un patrón y tiene una sistematicidad. Fue una práctica utilizada por todos los grupos. En unos casos pudo ser una práctica y en otros una política”, le dijo a La Silla Alejandra Miller, comisionada de la Verdad. 

Miller agregó que encontraron por lo menos 13 tipos de violencia sexual cometida en especial contra las mujeres, que incluyen la violación, los abortos y la anticoncepción forzada, la desnudez forzada y la explotación sexual, entre otros. 

Por ahora, los magistrados de la Sala de Reconocimiento, cada uno de ellos a cargo de un macrocaso, seguirán investigando la violencia sexual de manera transversal en su tema.

Por ejemplo, en los macrocasos territoriales de Nariño, Urabá y Cauca, entre las múltiples violencias cometidas por las Farc, la Fuerza Pública y terceros, la JEP incluyó la violencia sexual perpetrada por ellos. 

Pero para la segunda tanda de priorización, la JEP tendrá que sopesar las presiones externas de los movimientos de mujeres y organizaciones de víctimas con su estrategia inicial de agrupar diversos delitos y aplicar un enfoque de género transversal que permita atender los mandatos de justicia de todas las víctimas

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