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Por Laura Soto | Juanita León · 20 de Diciembre de 2020

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Casi diez días después del anuncio que hizo el Alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos sobre la entrega de cien integrantes del Clan del Golfo en Chocó, se conocen muy pocos detalles sobre esta desmovilización individual con la que arranca una nueva y polémica política del gobierno frente a las bandas criminales. 

Una política que, paradójicamente por las críticas que ha hecho el uribismo al Acuerdo de Paz con las Farc, promete a los desmovilizados de estos grupos iguales beneficios económicos, si no mejores, que a los guerrilleros que firmaron la paz; y, en la práctica, similar impunidad y ningún beneficio real para sus víctimas.

La desmovilización de los 100 integrantes del Clan es el resultado del decreto 965 de 2020, expedido por el gobierno Duque en julio, para promover la desmovilización individual de Grupos Armados Organizados (GAO) reconocidos por el Consejo Nacional de Seguridad como el Clan del Golfo, las disidencias, los Caparros y los Pelusos. 

En 2018, el Gobierno Santos impulsó una ley de sometimiento, enmarcada en los compromisos del acuerdo de La Habana, que le ofrecía a este mismo grupo una entrega grupal con rebajas de pena de hasta el 50 por ciento con la idea de que su jefe ‘Otoniel’ se entregara y desmantelara su poderoso grupo dedicado al narcotráfico. Pero, al final, el Clan no encontró la oferta suficientemente atractiva y siguió en armas.  

Ahora, la estrategia de este gobierno es promover la desmovilización individual con jugosos beneficios para ‘desgranar’ la mazorca, uno a uno, y contar con la información que aporten para darle jaque mate al Grupo.

Sin embargo, más allá del anuncio, el gobierno ha sido poco transparente con los detalles de esta operación.

Lo que no cuenta el Gobierno

El Ministerio de Defensa, que está a cargo de la primera etapa del sometimiento, se negó a darnos detalles sobre la entrega. 

Por su parte, Ceballos, quien anunció la entrega, nos dijo que no tenía más datos y que en todo caso, eran reservados porque “se necesita proteger a los que están dejando los grupos” porque “esto es toda una estrategia que los grupos armados quieren contrarrestar”.

El director de la Agencia de Reincorporación, Andrés Stapper, le explicó a La Silla que algunos se han entregado desde hace dos meses. 

Pero no se sabe de qué región específicamente, qué cargos tenían dentro del Clan, cómo fue exactamente la entrega, cuántos han dejado las armas, quién y en dónde los recibieron, y tampoco si se trató de una entrega individual o si llegaron en grupo. 

Según Ceballos, el coronel Salomón Carvajal, del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado, emitió una circular en octubre para que todos los destacamentos tuvieran los lineamientos para recibir a quiénes se sometan, y así los ilegales ya pueden entregarse a cualquier unidad militar del país. 

Los beneficios que recibirán son múltiples. 

Mismos beneficios, igual impunidad

Luego de presentarse ante una autoridad militar, los desmovilizados del Clan recibirán una ayuda inmediata para ellos y su familia que incluye alimentación, alojamiento, transporte, atención en salud, reubicación en otro lugar del país, ropa, protección y atención psicológica. En esta etapa no hay entrega de plata.  

Esto durará tres meses, mientras un Comité Interinstitucional de Sometimiento Individual a la Legalidad, Cisil, integrado por el Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa, la ARN, Fiscalía y Defensoría, Bienestar Familiar, verifica la pertenencia de los ilegales al grupo armado y su voluntad de entregarse.  

El costo para el Estado de esta etapa para cada sometido será de 12 millones de pesos, que cubrirá el Ministerio de Defensa, según explicó Ceballos. 

”Ellos dicen "si esto es un sometimiento y no un acuerdo de paz, si me meten a la cárcel, que al menos mi familia tenga beneficios económicos””

Miguel Ceballos

Con la certificación de la Cisil los sometidos podrán acceder a los beneficios jurídicos, económicos y la ruta de atención de la ARN. 

Esta ruta es nueva y exclusiva para los GAO, pero muy similar a la que ya existe desde 2003, y que ha permitido la desmovilización individual de 4.500 integrantes del ELN y 19 mil de las Farc desde 2003, según cifras de la ARN. 

Incluye apoyo para estudio y formación para el trabajo. También la entrega de 480 mil pesos mensuales, mientras dure su proceso de reintegración, que puede durar entre cinco a seis años. 

Entre los beneficios económicos están una bonificación económica que puede llegar a ser de hasta cuatro millones de pesos por una vez a cambio de la colaboración con la Fuerza Pública y la justicia “que ayude a la desvinculación de menores de edad, entrega de armas y munición y el sometimiento de más integrantes de los grupos”. 

El monto depende, por ejemplo, de la calidad del arma o de la calidad de la información. 

También está la entrega de un pago único de ocho millones por cumplir la ruta con la ARN, para un proyecto productivo, o apoyo para compra de vivienda, aparte de los cuatro que reciben por dar información. 

La nueva ruta de atención ya está construida, pero no se ha hecho pública hasta que no esté aprobada por todas las instancias del Gobierno, según Stapper. Hasta ahora, ningún sometido ha llegado a esta etapa. Todos siguen a cargo del Ministerio de Defensa. 

Adicionalmente, y este es un beneficio del que también gozaron los desmovilizados de las Farc aunque no estaba contemplado en el Acuerdo, está un seguro de vida con una cobertura de 15 salarios mínimos mensuales por un año, contado a partir de la fecha en que sean certificados por la Cisil. 

Si los matan, las familias pueden hacer efectiva la póliza.

Ceballos dijo a La Silla que la diferencia con los beneficios del Acuerdo con las Farc, al que el presidente Iván Duque y el uribismo se han opuesto y criticado duramente, es que este no acarrea impunidad puesto que se trata de un sometimiento a la justicia y no una negociación.

Sin embargo, en la práctica, posiblemente haya más impunidad que justicia. 

Dentro de los beneficios jurídicos, están la excarcelación por delitos menores como la extorsión, concierto para delinquir y porte de armas. Es decir aquellos que tendrán que confesar para demostrar que pertenecían al Clan del Golfo y obtener los demás beneficios.

Si cometieron delitos más graves como secuestro y homicidios tendrán que ir a la cárcel.

Pero esto solo sucederá si la Fiscalía tiene alguna investigación abierta en su contra, algo improbable a juzgar por el escaso número de procesos y condenas que tenían los guerrilleros de las Farc en la justicia ordinaria cuando se desmovilizaron, y eso que la guerrilla llevaba 40 años siendo el enemigo número uno del Estado. 

Incluso, a muchos de los de la cúpula guerrillera, que llevaban décadas en armas, les abrieron investigaciones solo en los años previos a firmar el Acuerdo Final.  

El decreto no menciona la palabra narcotráfico, a pesar de que busca desmovilizar a los miembros de grupos que están esencialmente dedicados al narcotráfico y que esa es su única motivación pues carecen de móviles políticos.

Los beneficios económicos sólo aplicarán para quienes estén libres o cuando hayan cumplido su pena. Aunque un gran incentivo para que los ilegales colaboren con la justicia es que el pago a cambio de información, que puede llegar a 4 millones, podrá ser recibido por sus familiares incluso si son detenidos. 

“Porque ellos dicen si esto es un sometimiento y no un acuerdo de paz, si me meten a la cárcel, que al menos mi familia tenga beneficios económicos”, le dijo a La Silla Miguel Ceballos, quien reconoce que hay que dar incentivos para que dejen las armas.  

 

¿Se justifica?

El decreto que autoriza estos beneficios y que desató la entrega de los 100 miembros del Golfo ha generado todo tipo de polémicas desde que salió el borrador comenzando.

Eso porque aunque el Gobierno lo presenta como parte del cumplimiento de la obligación consignada en el Acuerdo de Paz de desmontar las estructuras criminales, no fue consultado, ni creado, por la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, creada en el Acuerdo para tal fin.  

También porque le apunta más a obtener información que le permita al Estado tener una ventaja militar sobre los ilegales, que poner en el centro el derecho de las víctimas a la verdad y reparación como lo plantea el Acuerdo de Paz.

Frente a este tema, el decreto, luego de las críticas al borrador que no las mencionaba, abre la posibilidad de que las víctimas participen en los procesos penales de la manera como lo establece el Código Penal, pero los sometidos no tienen ninguna obligación de aportar verdad y mucho menos de repararlas como requisito para ingresar a la ruta ni para obtener los beneficios.

Tampoco de entregar plata, ni rutas de narcotráfico, dos exigencias que el Presidente Duque le hace constantemente a los de las Farc.

“Se necesita una reglamentación para que las víctimas tengan real acceso al proceso en todas sus fases y puedan intervenir a tiempo”, dice Camilo González. “En los procesos de Justicia y Paz se dijo lo mismo pero los obstáculos cerraron el efectivo derecho a ser parte y lograr reparación”. 

Más allá de esta polémica, está la pregunta de si estas desmovilizaciones tendrán un impacto sobre las dinámicas del conflicto en el territorio y la vida de la gente que sufre los abusos del Clan, lo que justificaría los beneficios.

Como explica Insight Crime en este perfil del grupo criminal el Clan del Golfo o Los Urabeños, como también se conocen, se dedican al tráfico de drogas transnacional.

“Miembros del grupo líder son traficantes internacionales que manejan sus propias rutas, sin embargo, la red como un todo son menos que un cartel y más un proveedor de servicios a narcotraficantes independientes”, dice. 

Esta organización controla las zonas y regula el mercado de la base de coca, escolta cargamentos a lo largo de los corredores a través de los cuales sacan la coca fuera del país, y asegura el acceso o presta protección a los laboratorios de procesamiento y provee el almacenamiento y servicios de envío en las regiones costeras y fronterizas.

Precisamente por el modelo de red mixto, en el cual, según esta página especializada en crimen organizada, solo el 30 por ciento de las células locales dependen directamente del jefe nacional ‘Otoniel’ y las demás son franquicias que prestan servicios o siguen órdenes cuando se les requiere, es difícil evaluar el verdadero impacto de esas cien entregas.

Faltaría saber si eran de la misma unidad, o de qué zona específicas eran, y si salieron al mismo tiempo, porque es muy diferente perder cien hombres en un día que, de a pocos. 

De hecho, el Clan del Golfo se ha reciclado varias veces. 

Arrancó con el jefe paramilitar Vicente Castaño en 2006 cuando se apartó del proceso de desmovilización liderado por su hermano Carlos durante el gobierno de Uribe. Cuando fue asesinado en 2007, lo heredó ‘Don Mario’ con paramilitares que retomaron las armas en Urabá, hasta que fue capturado en 2009. Tras su caída, los hermanos Úsuga (Giovanni y Otoniel) cogieron el control y expandieron el grupo, expansión que no cesó cuando Giovanni fue asesinado por la Policía tres años después.

A partir de 2015, con la ‘Operación Agamenón’, el gobierno los ha golpeado con incautaciones, capturas de alto nivel y la muerte del jefe militar alias “Inglaterra”, y tanto un informe reciente de Insight Crime como el investigador y presidente de Indepaz, Camilo González Posso, creen que el grupo liderado por alias Otoniel, cabecilla del Clan del Golfo, está fuertemente golpeado. 

González explica que en Chocó, particularmente, el Clan puede estar afectado porque el ELN se ha venido fortaleciendo, (se habla de una alianza con la disidencia del Frente 30), pero también por la llegada de grupos de crimen organizado y mafia en las zonas urbanas, que son las partes donde el Clan era fuerte.  

La idea del decreto del Gobierno, es terminar de golpearlo quitándole los combatientes rasos. “Si tú capturas cabecillas, pero no das incentivos para que las personas de la tropa se salgan no hay éxito en la estrategia, son complementarias”, dijo Ceballos. 

“La política está claramente vinculada con el tema de tratar de mejorar la inteligencia contra esos grupos y es ahí donde el impacto se tendrá o se podría tener”, le dijo a La Silla, Kyle Johnson, investigador de la fundación Conflict Responses con conocimiento del conflicto en la zona. “Creo que la política era necesaria, es bueno que exista.”

En unos meses se sabrá si, con esa inteligencia que recoja de los desmovilizados, el Estado logrará darle el golpe final a ‘Otoniel’ y su grupo criminal.  De lo contrario, la estrategia podría terminar siendo una mera "jubilación anticipada de sus hombres pagada por los contribuyentes" -como suelen referirse políticos del Centro Democrático sobre el Acuerdo con las Farc. 

 

Nota de la Editora: la nota incialmente publicada decía que los guerrilleros de las Farc no habían recibido el seguro de vida. Es un error. No estaba pactado en el Acuerdo pero también lo recibieron. Fue corregido a las pocas horas de publicado.

CONTEXTO

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