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Por Nicole Bravo · 29 de Marzo de 2021

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La semana pasada el conflicto golpeó aún más fuerte al Cauca. El viernes explotó un carro bomba en la Alcaldía de Corinto, hubo enfrentamientos entre ELN y disidencias en Argelia y un funcionario del CTI fue secuestrado en Caloto y luego asesinado. 

Ante esa oleada de violencia, la Gobernación del Cauca rechazó los actos e hizo un llamado a la unidad para continuar con la construcción de un pacto en el que trabaja desde el año pasado. 

De hecho, el 10 de febrero, la Gobernación del Cauca, organizaciones sociales, gremios productivos, la iglesia católica, y otros sectores del departamento firmaron una intención para construir un documento llamado “Pacto caucano por la vida, los derechos humanos, el territorio y la paz”.

Se trata de la apuesta del gobernador Elias Larrahondo, que llegó al cargo con el aval de Cambio Radical y el apoyo del senador Temistócles Ortega, Colombia Renaciente y La U. 

El pacto tiene como fin plantear acciones unificadas desde el departamento y de cara al Gobierno Nacional. La apuesta de Larrahondo no es menor. En la misma mesa ha sentado a sectores con profundas diferencias, como indígenas, gremios, campesinos, afros, excombatientes y víctimas. 

Esto ya ha generado roces y obstáculos, según supo La Silla Vacía tras hablar con 10 fuentes que participan o le hacen seguimiento al pacto. Por ejemplo, han chocado alrededor de la legitimidad de cerrar la Panamericana como mecanismo de protesta social. El tema está aún sin resolver.

Sin embargo, los sectores representativos del Cauca siguen sentados. Un testimonio inusual de la urgencia de encontrar un frente comun ante la violencia en el departamento.   

El pacto

La idea del pacto surgió tras el recrudecimiento de la violencia que viene golpeando al departamento y que en 2020 lo posicionó como el segundo con más masacres.

La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en el 2020 en Cauca fue de 53,7. Una cifra que fue catalogada como “alarmante” en el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Detrás de estas cifras están las disputas territoriales entre grupos armados ilegales. Como contamos a mediados del año pasado, en el sur del departamento, en la zona de Argelia y el Tambo, el ELN y la disidencia de las Farc Carlos Patiño disputan el control territorial de las rutas del narcotráfico.

En el Cauca, según cifras del 2019, había más de 17 mil hectáreas de coca sembradas, convirtiéndose en el cuarto departamento con más cultivos de coca, que equivalen al 11,2 por ciento del total en el país.

Pero, más allá de la coyuntura de orden público, se trata de una oportunidad para pensar en el desarrollo del Cauca y la superación de los problemas del departamento.

Por eso, en la segunda mitad del año pasado, la Gobernación, la Asamblea del Cauca y organizaciones sociales concertaron construir un pacto para defender la vida, la paz y el territorio. El documento que recogería los pilares de este empezó a construirse desde el segundo semestre del año pasado por parte de organizaciones sociales, campesinas, indígenas, afros y sindicales.

Pero la que iba a ser la firma del pacto ya estructurado el 10 de febrero de este año terminó truncada. 

La firma que no fue

La razón de ese frenazo fue que, dos días antes de la firma, el sector productivo del Cauca pidió al gobernador que se aplazara. Dijeron que no habían participado en la construcción del pacto inicial. 

Por medio de una carta, la Asociación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) seccional Cauca, el Consejo gremial y empresarial del Cauca, La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), la Cámara de Comercio del departamento y otras ocho organizaciones expresaron su “franco desacuerdo con algunos postulados del Pacto” en los que no se sentían recogidos.

Ana Muñoz, presidenta de la Cámara de Comercio del Cauca, le dijo a La Silla que entre sus reparos estaba que no podían exigirle al Gobierno Nacional la continuación de los diálogos con el ELN porque era una decisión de ellos. 

Y tampoco estaban de acuerdo con que se respaldaran política e institucionalmente las guardias indígenas, cimarronas y campesinas porque considera que son “grupos con capacidad militar dentro de diferentes organizaciones”. Esto por dar algunos ejemplos. 

Frente a esto, el coordinador político del Cric Jorge Sánchez le dijo a La Silla que consideran que ese pensamiento “seguramente es mal entendido en los conceptos, para nosotros son los guardianes de la vida y el territorio (la guardia indígena)”.

Sánchez comentó que esas diferencias son una oportunidad del pacto para “encontrarnos y generar las discusiones que permitan comprendernos”.

Además, el pacto no incluía la mirada del sector productivo. Por eso, la propuesta del gremio fue crear “un gran espacio de participación y de análisis de las diferentes visiones que todos los actores del departamento tienen en los temas planteados” en el pacto.

Tras la firma del 10 de febrero, van dos reuniones en las que los diferentes sectores han llegado de forma voluntaria a las mesas para dialogar. 

Pero si llegar a ese punto no ha sido fácil, ponerlos de acuerdo y trabajar con las tensiones entre los sectores ha sido más complejo.

Las tensiones

Katerine Duque, del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali y quien acompaña el pacto desde la academia, le dijo a La Silla que es un hito que diferentes sectores del Cauca se sientan a dialogar por iniciativa propia.

Hay acuerdos, como el de rechazar la violencia que ejercen los grupos armados ilegales, identificar el narcotráfico y la minería ilegal como enemigo común y continuar dialogando de forma abierta con todos los sectores. Pero también hay diferencias difíciles de mediar.

 

Esa tensión principal ocurre por ejemplo con el sector productivo. Una de las peticiones es que en el departamento respeten la propiedad privada, esto como referencia a que acaben con lo que para el sector productivo son invasiones y para los indígenas son procesos de "liberación de la madre tierra".

Estas acciones consisten en que los indígenas ocupan fincas de privados que, para ellos, están en territorios ancestrales. Aunque la disputa por las tierras en el Cauca, en especial en el norte, es una problemática histórica, cada tanto tiene sus picos, como contamos.

A esto se suma la intención del sector productivo de que quede en el pacto que bloquear la vía Panamericana no sea una alternativa de protesta. Esa petición es clave. 

Porque bloquear la Panamericana, la vía que conecta a Cali con Popayán y al suroccidente con el resto del país, es el método de presión predilecta de los indígenas. Especialmente del Comité Regional Indígena del Cauca (Cric), la organización social más poderosa del departamento. 

El Cric ha logrado presionar así a los gobiernos a nivel departamental, regional y nacional por medio de sus mingas. Mientras que para el sector productivo estos bloqueos han representado pérdidas económicas y una ruptura de las reglas de juego que deberían aplicar a todos.

Sólo en la minga de 2019, a la que se unieron afros, campesinos e indígenas y que bloqueó por 26 días la Panamericana, los transportadores de carga del país dejaron de recibir diariamente 190 millones de pesos al día, según Portafolio, y las pérdidas en tres departamentos pasaron los 70 mil millones de pesos. 

Las tensiones tanto por los bloqueos en la Panamericana como por la ocupación de tierras son más fuertes desde la semana pasada. En esos días, los indígenas del movimiento Autoridades Indígenas del Suroccidente (Aiso) paralizaron la vía y días después se tomaron la hacienda Calibio al noroccidente del departamento. 

Desde el movimiento dijeron que se trataba de un símbolo del restablecimiento de la memoria de su pueblo. Al final, el Esmad intervino y los obligó a retirarse.

“No podemos buscar un pacto si estas cosas pasan. Estamos coordinando una reunión con el sector productivo para tomar una posición. ¿Cómo voy a vender un departamento turístico, como voy a atraer inversión si no hay estabilidad jurídica? ¿Cómo vamos a generar crecimiento?”, nos dijo la presidenta de la Cámara de Comercio Ana Muñoz.

Estos aspectos y tensiones son claves en el Cauca, un territorio donde varias poblaciones étnicas tienen una participación importante. De 1,5 millones de habitantes hay más de 300 mil indígenas y más de 245 mil personas que se reconocen como negros, afros, raizales y palenqueros. 

Jorge Sánchez, del Cric, nos dijo que hay “temas por conversar”. 

Uno de esos es que no están dispuestos a perder su derecho a la protesta, frente a la solicitud de dejar de bloquear la Panamericana. Para el Cric sería una forma de silenciar la palabra y de no participar activamente en problemáticas sociales y políticas del país. 

Por otro lado, consideran que para frenar sus procesos de “liberación de la madre tierra” primero tendrán que revisar la distribución de la tierra y plantear iniciativas como una reforma agraria. 

Sánchez cree que, de darse el espacio y la discusión, la reforma que requieren podría tener su punto de partida en el Cauca. 

“La paz no se construye sólo con la firma de un documento, también tratando de hacer unos desarrollos políticos de reforma que apoyen y dinamicen el contenido social en el Cauca”, comentó el coordinador político del Cric.

Además de las tensiones que crecen, hay algunas dudas que aún no están resueltas.

Las preguntas

Sin acuerdos concretos, se sabe que el documento contará con un diagnóstico de lo que sucede en el departamento, un llamado al Gobierno Nacional para que se comprometa, actúe, ejecute o invierta y unos compromisos de cada sector.

Para eso universidades como la Javeriana de Cali, la Esap y Unicauca funcionan como moderadoras. Han recopilado las visiones de cada uno de los sectores para contar los puntos comunes, los discutibles o con acuerdos parciales y los puntos de disenso total para trabajar sobre estos.    

Esos puntos serán presentados en la reunión del 7 de abril que será clave para conocer lo que sigue en el pacto. Por ejemplo, para saber si los puntos a considerar serán generales o aterrizarán en hojas de rutas específicas para llevar a cabo los compromisos.

También será clave para saber si los temas que más dividen serán discutidos hasta llegar a un punto de acuerdo o quedarán por fuera del pacto sin consenso, como nos explicó Katerine Duque de la Universidad Javeriana de Cali. 

Aunque desde la academia y los sectores sociales esperan que el pacto se pueda firmar antes de terminar el primer semestre de este año, no hay una fecha segura. La asesora de paz de la Gobernación Celia Banguero aseguró que “es el proceso el que va dando las fechas”. 

Otra de las dudas que dejaría la firma del pacto sería la relación con el Plan de Intervención Social del Cauca, un programa del Gobierno de Iván Duque que busca acelerar y articular iniciativas del Cauca para “promover la paz, la convivencia y la legalidad en el territorio”. 

Para el secretario de Gobierno del departamento, Luis Cornelio Angulo, el pacto va más allá del Plan de Intervención Social porque pretende que el Gobierno Nacional “dirija la mirada al Cauca con un enfoque diferencial”. 

“Lo que nosotros estamos construyendo es una radiografía del departamento que puede dar más elementos de inversión al Gobierno Nacional en el Cauca para que vaya más allá de los social”, dijo Angulo.

Aunque el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, no fue invitado al pacto porque se trata de una iniciativa entre la Gobernación y civiles, Ceballos nos dijo que respetaba y valoraba el proceso y era bien recibido en el Gobierno Nacional.

“Tal vez no podamos solucionarlo todo, pero sí podemos insistir en que la violencia y la guerra no pueden seguir destruyendo el tejido social en los territorios”, nos comentó Víctor Collazos, vocero del Espacio Regional de Paz del Cauca que representa a 14 de las organizaciones que están en el pacto. 

Mientras la gran apuesta del gobernador del Cauca pasa por tensiones y dudas que pueden enredar la firma del pacto, la violencia reciente reafirma la importancia de un frente común ciudadano.

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