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Por Juan Camilo Maldonado Tovar · 01 de Octubre de 2017

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Todos los días, en moto o a pie, megáfono al hombro y un papel arrugado en la mano, Publio Núñez sale de su casa a informar a su pueblo. En Puerto Escondido todos lo reconocen: la camisa desabrochada y polvorosa, el lento caminado de un hombre que hace rato envejece y el silbido agudo que se escucha apenas prende el parlante y que anuncia la llegada de noticias.

En este pueblo de pescadores frente al mar Caribe, donde viven unos 22 mil habitantes, en el siempre caluroso departamento de Córdoba, hace rato que no hay radio local ni noticiero, ni periódicos. Publio y su megáfono son el canal y el mensaje. ¿Tarifa? 70 mil pesos por dos horas. ¿Alcance? Once barrios y veredas. ¿Temas? Funerales, ferias, reuniones de la alcaldía, el que tenga a bien indicar el cliente.

Sólo en dos ocasiones ha silenciado el aparato. Cuando murió Prisca Barrio, su esposa, el dolor pudo más que la disciplina y lo obligó a delegarle a un compadre el perifoneo de las exequias. Quince años después, unos tipos del Clan del Golfo lo buscaron para que anunciara el paro armado de 2016.

—¿Y no le dio miedo decirles que no, Publio?

—Miedo, no —responde y arruga la nariz hinchada— miedo lo que ordenaban ellos.

¿Hablar de la Alcaldía? Tampoco.

—Porque es que yo me sostengo es de los alcaldes— asegura Publio.

Un país apagado

En Cereté, a una hora y media de las playas de Puerto Escondido, el periodista Domingo José Roso muestra con frustración un par de copias de Zona Norte, un periódico colorido que publicó durante dos años antes de quebrarse.

En las tres décadas que lleva trabajando como periodista empírico, Domingo José no sólo vio naufragar su proyecto por falta de pauta, sino que fue testigo, en dos ocasiones, de cómo las autoridades desmontaban dos de las emisoras comunitarias que alguna vez tuvo el municipio.

La primera vez, fueron los funcionarios del Ministerio de Comunicaciones; la segunda, los agentes de la Policía Judicial, Sijin. Malos manejos. Irregularidades.

Desde entonces, Cereté no tiene medios locales, y en los exhibidores de las droguerías sólo se ven los titulares de El Meridiano y las fotos de cadáveres frescos y delincuentes recién capturados de El Propio, el periódico sensacionalista de la misma casa editorial. Ambas publicaciones son producidas e impresas en Montería, tan vecina y contigua a Cereté que parecieran ser un solo lugar:

Pero los de Cereté y Puerto Escondido no son casos aislados: durante los últimos meses, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) ha venido monitoreando el estado actual de los medios de comunicación en los municipios del país y ha encontrado que uno de cada tres municipios no cuenta con medios que publiquen información local.

Los hallazgos del proyecto de Cartografías de la Información de la Flip resuenan aún más si se analizan las cifras del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación en materia de radios comunitarias, obtenidas a través de un derecho de petición para este reportaje: el 46% de los municipios del país no cuenta hoy con emisoras comunitarias legalmente constituidas, 5% más que en 2010, año en que Colombia llegó a tener un pico de 658 emisoras comunitarias, producto, en parte, de un documento Conpes construido durante el gobierno de Álvaro Uribe que, según varias fuentes consultadas del sector, ha sido gradualmente relegado al olvido.

El olvido se manifiesta en los indicadores: durante los dos gobiernos del presidente Juan Manuel Santos, el número de emisoras comunitarias autorizadas decreció en un 7%, mientras que el número de emisoras comerciales aumentó en un 6%.

En el mismo periodo, el gobierno otorgó 46 licencias a radios comunitarias, mientras que 91 emisoras de este tipo salieron del aire en sendos municipios.

Si se le compara con el gobierno de Álvaro Uribe, el actual gobierno tampoco sale bien librado: en los últimos dos años, el MinTic ha otorgado tan solo cinco licencias a radios comunitarias, mientras que durante sus últimos dos años, el de Uribe otorgó 163.

Pero el olvido se manifiesta, sobre todo, en los 385 municipios que, según Cartografías de la Información, nunca han podido ingresar al club de las emisoras comunitarias (aunque muchos lo deseen) o los que han visto agonizar sus proyectos en los últimos años.

Esta situación es particularmente grave porque ocurre en los lugares donde más se necesitaría el periodismo dadas las condiciones de arbitrariedad bajo las cuales vive la gente.

Este ‘vacío’ informativo lo terminan llenando, con evidentes limitaciones, personas como Publio o como don Benjamín Santos, un líder afro de un consejo comunitario de San José de Uré, uno de los últimos palenques de Colombia, constituido gradualmente durante más de tres siglos por los esclavos que huyeron de las minas de oro antioqueñas.

Entre las balas y la informalidad

A finales del año pasado, 29 familias huyeron del corregimiento de Alto Cristal, municipio de San José de Uré, sur de Córdoba. Fueron expulsadas por Deivis Johan Barragán, alias Cobra 2, jefe narco-paramilitar ligado al Clan del Golfo, quien provocó la acción para vengar la muerte de su lugarteniente, a manos del Ejército.

En Uré nadie dio la noticia del desplazamiento. A duras penas clasificó en las breves de la prensa nacional. Tampoco se habló mayor cosa cuando Cobra 2 fue dado de baja, en un operativo realizado en febrero de 2017.

“Acá hay muchos temas que son de cuidado. Uno no se pone a dar esas informaciones”, asegura Benjamín Santos, líder de la Organización Cimarrón Justo Chávez.

En las callecitas recién pavimentadas de Uré hay sólo dos medios y el de don Benjamín es uno de ellos. No tiene nombre ni oficinas. Se trata de una pequeña cartelera sostenida por dos varas de madera, protegida por un techo de lata oxidada, instalada justo al pasar la calle frente a su casa.

En ella, don Benjamín pega pequeñas notas a mano, tintas negras y rojas, en las que convoca a la comunidad a reuniones comunitarias, informa sobre acciones de programas estatales y, a veces, sólo a veces, divulga pequeñas notas de opinión, procurando no cruzar el límite de lo innombrable, que en este municipio es casi todo.

En una de sus últimas columnas, de no más de tres párrafos, don Benjamín le pidió a la administración municipal “la caridad” de una silla de ruedas para una mujer de 115 años, “la mujer de mayor edad en Córdoba y probablemente de todo el país”.

La alcaldía le había suspendido “inexplicablemente” su subsidio de adulto mayor a la señora.

En los medios de Uré no se discuten polémicas públicas de más gravedad que la de la anciana sin subsidio.

El otro medio de Uré, una emisora comunitaria que opera en la plaza del pueblo, con un cable de audio conectado a un megáfono que cuelga del campanario de la iglesia, lleva años buscando infructuosamente comunicarse con el Mintic para legalizarse.

Como no lo han logrado, dependen de la buena voluntad del Alcalde (que obviamente depende de nunca criticarlo).

“Donde la emisora se ponga a denunciar los elefantes blancos de la Alcaldía, como esa plaza inútil de mercado que hicieron en una zona habilitada para la construcción de viviendas o la falta de acueducto en un municipio que ha recibido 100 mil millones de pesos por las regalías de la mina de Cerro Matoso, el alcalde simplemente se las manda cerrar por ilegal”, asegura otro importante líder de las comunidades negras.

Esto sin hablar de los temas relacionados con los paracos, narcos, bandas, tropas, bacrim, muchachos, sicarios, gaitanistas, Clan del Golfo, urabeños, los mismos todos, estructuras armadas con comandante en las veredas y milicianos en el casco urbano, quienes a la sombra son la verdadera autoridad del municipio.

—¡Mire no más este periódico de Montelíbano!—, dice el locutor de una emisora local mientras señala la foto de un paramilitar, luego de ser capturado en San José de Uré.

La nota de prensa no tiene nada que ver con la imagen: cambia el nombre del criminal y el municipio donde lo apresaron.

—¿Podrían ustedes en la emisora rectificar esta información y aclarar que el hombre fue capturado en este pueblo?

—¡Jamás!

La noticia de esa captura no se divulgó en Uré, como no se publicaron muchos otros titulares que, en cambio, se transmiten de vecino a vecino, a través de Radio Bemba, como se refieren al voz a voz los indígenas Embera que habitan en las zonas rurales de Uré.

Estos son algunos que por estos días circulan en las frecuencias aterrorizadas de Radio Bemba:

Paraco viola a niña embera y comunidad debe callar por miedo a retaliación

Paracos prohíben la pesca aguas arriba del río Uré

Paracos anuncian restricción nocturna de la movilidad y el transporte de gasolina

Paracos asesinan a ladrón de ganado y piden a la comunidad seguir denunciando futuros robos

Paracos. Paracos. Paracos.

Del silencio a la politización

De vuelta a Cereté, la gradual extinción de los medios comunitarios tiene otro semblante.

Cereté, un municipio de 93 mil habitantes a cinco horas de Uré y contiguo a Montería, tuvo durante mucho tiempo una emisora comunitaria legalmente constituida, que luego de haber sido cerrada por malos manejos, no ha sido reemplazada desde 2004.

Si se le pregunta a sus habitantes qué medio consultan para enterarse de lo que ocurre en el municipio, es probable que la mayoría hable de inmediato de una marca que espantaría a más de un publicista: Chica Noticias.

Rafael Chica es un hombre controversial en Cereté. Curtido periodista de radio, prensa y televisión, aspiró y ganó la alcaldía del municipio en 2008 y, desde entonces, todos lo vinculan con la casa del liberal Juancho López, quien en su momento le dio el aval político.

Hoy dirige una plataforma web dedicada a las noticias de actualidad. Su tráfico crece día a día, pese a que muchos lo sigan con sospecha, por la abierta amistad que ha mantenido con el hoy exsenador, condenado por parapolítica.

El portal Chica Noticias es sólo uno de siete medios nativos digitales que han aparecidos durante los últimos 16 meses en Córdoba.

Buena parte de ellos fueron creados por periodistas que solían arrendar espacios en Radio Panzenú y que se quedaron sin trabajo luego de que la emisora cordobesa fuera cerrada temporalmente por el Ministerio de Comunicaciones en 2015, por cuenta de irregularidades en su operación.

Chica no tiene problema en admitir su cercanía con la casa López, pero asegura que no es el único periodista digital que tiene hoy nexos con los caciques cordobeses.

El director de Montería 38, Gustavo Santiago, fue jefe de prensa y miembro de la unidad de apoyo técnico legislativo del senador Bernardo Ñoño Elías y muchos enCórdoba aseguran que la plataforma es prácticamente controlada por el congresista, capturado a comienzos de agosto acusado por la Fiscalía de ser parte de la trama de corrupción tejida por Odebrecht.

La tendencia continúa con Lengua Caribe, del periodista Víctor Arrieta, amigo cercano del exgobernador Alejandro Lyons, hoy procesado por presuntamente firmar millonarios contratos del Fondo de Ciencia y Tecnología del departamento que nunca fueron ejecutados.

Dos medios nativos digitales más son muy cercanos a la familia Besaile: el equipo directivo de La Voz del Pueblo, fundado hace un año, manejó las comunicaciones de la campaña del hoy gobernador Edwin Besaile; mientras que en la Ventana de Córdoba, Mauricio Castilla, uno de sus directivos, tiene una estrecha amistad con el senador Musa Besaile, hermano del gobernador y hoy vinculado al escándalo de corrupción en el sistema judicial, luego de admitir el pago de 2.000 millones en sobornos a magistrados de la Corte Suprema.

Por último, está La Prensa Web, en la que dos de sus socios fueron jefes de prensa del exgobernador Alejandro Lyons.

La proliferación de estos nuevos medios nativos digitales altamente politizados combinada con la gradual agonía de los medios comunitarios —la Federación Nacional de Medios Comunitarios estima que unas 250 radios están en riesgo de cerrar por los cobros coactivos del MinTic por no cumplir con todos los requisitos técnicos—, le plantea al país una pregunta obligatoria: ¿qué canales están siendo hoy controlados directamente por las comunidades de base para expresar su voz, sus problemas, sus necesidades y su identidad?

En teoría, el Acuerdo de Paz de La Habana establece un esquema de nuevas emisoras comunitarias que, aunque no resuelve el problema de decenas de emisoras que hoy operan en la informalidad, sí debería reducir en algo el déficit de información en las regiones.

Sin embargo, el Ministerio de las TIC no ha dado muestras de voluntad de implementar este punto.

Llamamos a Juan José Ramírez, el subdirector de radiodifusión sonora del MinTic, para conocer su versión sobre esta historia, pero luego de pedirnos las preguntas por derecho de petición, no nos las contestó.

Así, entendimos en carne propia la frustración que sienten cientos de comunidades que quisieran tener su propio medio de expresión y que son sistemáticamente ignoradas. En medio de la corrupción, la violencia del narcotráfico y los retos del posconflicto, ¿qué harán estas comunidades si no reciben apoyo para agarrar el micrófono?
 

Este reportaje hace parte de El país del silencio, una serie de informes especiales de Cartografías de la información, proyecto de la Fundación para la Libertad de Prensa. Pueden consultar los otros dos trabajos aquí.

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