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Por Jerson Ortiz · 14 de Enero de 2019

El gobernador del Huila, Carlos Julio González Villa.

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En los últimos 10 días del 2018 la Gobernación del Huila de Carlos Julio González Villa adjudicó dos contratos por más de 50 mil millones de pesos para construir unos colegios y unas carreteras rurales, en licitaciones que tuvieron pocos proponentes y ruidos por supuestos favorecimientos a los que ganaron.

En paralelo, la Cámara Colombiana de la Infraestructura y la Sociedad Colombiana de Ingenieros le pedían al Presidente Duque que pusiera a funcionar los pliegos tipo con los que se pondrían unas reglas de juego generales en la contratación pública para evitar que las licitaciones estén envueltas en medio de señalamientos, como pasó en el Huila.  

El contrato más grande

Como contamos hace un mes detrás del contrato de 35 mil millones de pesos para construir seis colegios estaban cuatro consorcios de empresas que en su mayoría son de la Costa Caribe y que han tenido negocios con la Alcaldía de Barranquilla de Alejandro Char, que es de Cambio Radical, el mismo partido del gobernador González Villa.

Aunque cuatro parecía un número aceptable de oferentes para una licitación de ese valor según el director de la Oficina de Contratación del Huila, el abogado César Serrano, llamó la atención que solo uno de los que se presentó cumplió con las exigencias del pliego de condiciones, como demostrar que ha hecho otras obras por el mismo valor de 35 mil millones.

 

Ese hecho para la Sociedad Huilense de Ingenieros, SHI, es un indicio para sospechar que la licitación presuntamente estuvo amarrada y que los otros tres proponentes sabían que no podían cumplir y se habrían prestado para rellenar el proceso.

Por eso le pidieron al jefe de contratación Serrano que no se adjudicara la obra.

“(...) es decir se presume que se reunieron para aumentar el número de propuestas; generando con ello a los organismos de control una supuesta pluralidad de oferentes y la selección objetiva de la convocatoria”, indicó el ingeniero Javier Valderrama, presidente de la Sociedad Huilense de Ingenieros.  

Para Serrano estos señalamientos “solamente se convierten en suposiciones que rayan en lo temerario”, y dijo que el proceso se hizo de manera transparente y ajustada a las normas que buscan contratar a los mejores, y que si la SHI tiene pruebas de las supuestas irregularidades debe denunciarlas en la Fiscalía.  

Pese a esos ruidos, la Gobernación adjudicó la obra el 21 de diciembre al consorcio Huila con Futuro.

Esa sociedad está integrada por La Macuira Inversiones y Construcciones S.A. de La Guajira, a la que la Alcaldía de Barranquilla de Char, le dio en el 2017 parte de un millonario contrato para hacer uno de los escenarios de los Juegos Centroamericanos. La Macuira también hizo parte del consorcio que se ganó el contrato de construcción del nuevo estadio de fútbol de Santa Marta, que costó más de 52 mil millones de pesos.

La segunda integrante es Intec de la Costa SAS de Barranquilla que se mueve en la construcción de canchas sintéticas de fútbol y obras de mitigación en Sucre, y el mantenimiento de carreteras en Córdoba.

Los otros socios son Proyectante SAS y Labco SAS, ambas de Bogotá, que se dedican a la construcción de edificios.

Otra licitación con pocas manos

El segundo contrato que la Gobernación adjudicó en el remate de año es para construir unas placas huellas en vías rurales del departamento por un valor de 18.800 millones de pesos.

Pese a la dimensión solo se presentaron dos firmas, pero al igual que pasó con los colegios, sólo una, Unión Temporal Vías 2019, cumplió al pie de la letra con el pliego de condiciones y por ende se la ganó.

Esa sociedad está compuesta por Integral Service del Huila, Seingecol, William Alexander Polo y Oscar Andrade Lara.

Este grupo ya se ha ganado otros contratos grandes con la gobernación del Huila, como el de la pavimentación de 5 kilómetros del circuito turístico del sur del departamento que se firmó en diciembre de 2015 y debía entregarse 15 meses después, pero a la fecha no se ha terminado, o el del mantenimiento de unos colegios en 2016 que ya se liquidó. 

El otro consorcio que estaba en carrera pero que quedó por fuera porque según la Oficina de Contratación no tenía la experiencia se llama Orenka.

Lo que llama la atención es que de Orenka hacía parte la empresa del ingeniero AItor Mirena de Larraudi, que cuatro meses atrás sí había sido habilitado para ganarse otra licitación de 34 mil millones en la Gobernación para hacer placas huellas en otros municipios como único proponente.

Pliegos tipo todavía no

Aunque desde enero de 2018 el Congreso aprobó una reforma a las leyes de contratación para implementar los pliegos tipo que unificarían los requisitos y criterios de las licitaciones para evitar que les metan las manos, su entrada en vigencia sigue frenada.

El Departamento Nacional de Planeación había puesto como fecha de entrada el 1 de abril de 2019 pero, de acuerdo con la Cámara Colombiana de Infraestructura, ese plazo se corrió para junio.

Ese aplazamiento “aumenta el inminente riesgo de corrupción en la contratación de obras, particularmente en las regiones, justamente en un año electoral”, dijeron  la CCI y la Sociedad Colombiana de Ingenieros al presidente Iván Duque hace un mes.  

Para las dos entidades que mueven el gremio de la construcción en el país, la necesidad de los pliego tipo es importante para la transparencia del manejo de los recursos públicos y para evitar que las licitaciones estén envueltas en cuestionamientos porque permitiría aumentar la pluralidad de oferentes.

Según un estudio de la SCI, en 2017 en las licitaciones de la Gobernación del Huila hubo un promedio de dos oferentes habilitados por cada proceso.

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