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Por Jerson Ortiz · 02 de Diciembre de 2018

El gobernador del Huila, Carlos Julio González Villa.

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Este viernes se destaparon las cartas de las empresas que se quieren ganar un contrato de 36 mil millones pesos de la Gobernación del Huila de Carlos Julio González Villa (Cambio Radical), para construir seis colegios. Es el contrato más gordo en lo que va de la Gobernación, pues el más alto hasta ahora era uno de 34 mil millones para hacer unas carreteras rurales, y que como contamos, se entregó en una licitación de un solo proponente.

La Silla Sur asistió a la audiencia de entrega de las propuestas y después de revisar cómo están integrados los consorcios encontramos que en su mayoría tienen a empresas que son de la Costa Caribe y que hay unos que han manejado contratos con la Alcaldía de Barranquilla de Alejandro Char, que es de Cambio Radical, el mismo partido que avaló a Carlos Julio González Villa.

También que hay unas empresas que han sido sancionadas por incumplimiento en millonarias obras o por no estar al día con sus trabajadores.

De los cuatro consorcios, ninguno es del Huila. Eso le da gasolina a los cuestionamientos que ha venido haciendo la Sociedad Huilense de Ingenieros sobre un supuesto direccionamiento del proceso para favorecer a “un perfil determinado” por las condiciones técnicas y financieras que fijó la Gobernación en la licitación.

“Se debe descartar de plano seguir con el mismo”, recomendó la SHI a través de un comunicado.

Para el jefe de la Oficina de Contratación, el abogado César Serrano, esos cuestionamientos son infundados porque dice que las reglas de juego se ajustan a la ley y que en este caso “cuatro es un buen número de oferentes”.

Estos son los cuatro consorcios:

1- Consorcio Edu Huila

Este consorcio es el que menos socios tiene, dos. Pero ambos son poderosos de la construcción en el Caribe.

El primero es Martínez y Caballero SAS, de Cartagena. Esta empresa fue una de las que manejó contratos con la Alcaldía de Barranquilla de Char para los Juegos Centroamericanos. Fue la encargada de hacer la Pista de BMX que costó más de 5 mil millones de pesos.

Y también tuvo el 33 por ciento de la Unión Temporal Juegos del Caribe que construyó el Coliseo Elías Chagwin, que costó 13 mil millones de pesos.

Como lo contó La Silla Caribe en el 2016, esta constructora fue mencionada  por el exsenador Antonio Navarro como uno de los contratistas que suele quedarse con las licitaciones en Cartagena, varias de ellas con un único proponente.

La otra empresa aliada es Mosel S.A.S. Esta firma también tuvo su parte en los Juegos Centroamericanos con una tercera parte del contrato para la construcción del Coliseo Elías Chagwin.

Mosel, de propiedad del empresario Arturo Eljash Uribe, ha manejado contratos con la Gobernación de Bolívar para la construcción y el diseño de colegios que han sido cuestionados por la poca cantidad de oferentes.
 

2- Consorcio Huila con Futuro

En este consorcio hay cuatro empresas que se mueven entre la construcción de edificios de vivienda privados y contratos de obra pública.

La más reconocida es La Macuira Inversiones y Construcciones S.A. de La Guajira, una empresa fundada en 1996, a la que la Alcaldía de Barranquilla del alcalde Char, le dio el año pasado parte de un millonario contrato para hacer uno de los escenarios de los Juegos Centroamericanos.

La Macuira también hizo parte del consorcio que se ganó el contrato de construcción del nuevo estadio de fútbol de Santa Marta que costó más de 52 mil millones de pesos.

La segunda integrante es Intec de la Costa SAS de Barranquilla que se mueve en la construcción de canchas sintéticas de fútbol y obras de mitigación en Sucre, y el mantenimiento de carreteras en Córdoba.  

Los otros socios de Consorcio Huila con Futuro son Proyectante SAS y Labco SAS, ambas de Bogotá, que se dedican a la construcción de edificios.

3- Consorcio Colegios de la Felicidad

Este consorcio está integrado por cuatro empresas que han manejado contratos con las gobernaciones de Cesar, Bolívar, Atlántico, y alcaldías como la de Cartagena.

La primera es Paz Construcciones SAS de Valledupar. En los últimos cuatro años se ha ganado tres licitaciones para construir o rehabilitar carreteras, y aunque son obras civiles, no tienen nada que ver con construcciones de colegios.

Esta empresa viene de ser cuestionada porque hace parte de un consorcio que se ganó a dedo un contrato para rehabilitar unas vías en Cartagena a través de Edurbe, una entidad que, como ha contado La Silla Caribe, lleva a cuestas un prontuario de obras inconclusas, mal hechas y algunas que nunca se iniciaron pese a haber sido pagadas en su totalidad.

La segunda empresa es JPG y CIA S.A de Barranquilla, que en los últimos dos años ha manejado dos contratos con la Gobernación de Atlántico para construir y optimizar unos acueductos.

Del consorcio Colegios de la Felicidad también hace parte la Asociación Regional de Municipios del Caribe, Aremca, una entidad de la que son socios los municipios de Atlántico, Bolívar, Cesar, Magdalena y Guajira. Y que se ha quedado con muchos contratos de manera directa, es decir a dedo, con objetos que van desde talleres de confianza y  construcción de canchas hasta el mantenimiento de vías.

La otra empresa es APS Proyectos SAS, a la que a pesar de tener la mayor participación del consorcio, no le encontramos registros en las bases de datos de contratación ni de la Cámara de Comercio de Barranquilla.

4- Consorcio Colegios del Huila 2019

En esta sociedad hay tres partes.

La primera la tiene JV Ingeniería Ltda de Cartagena, una empresa que representa Javier Valera, y que está cuestionada por hacer parte de una unión temporal llamada Uninal Cesar que incumplió con un contrato de 52 mil millones de pesos para construir una sede de la Universidad Nacional en La Paz, César.

Esa obra, que inició en agosto de 2013 y debió estar lista para enero de 2015, aún no se termina. Y por eso en marzo pasado la Gobernación de César sancionó con una multa económica a Uninal Cesar, y a su representante Javier Valera.

La segunda parte de esta sociedad la tiene Omicron del Llano SAS de Villavicencio, que ha manejado contratos públicos entre 100 y 500 millones de pesos para hacerle mantenimiento a plantas de acueducto y a instalaciones de sedes del Ejército en Bogotá y Villavicencio.  

En 2017 Omicron fue sancionada y multada económicamente por el Ministerio de Trabajo por incumplimiento en los pagos de riesgos laborales en un contrato que estaba ejecutando en Villavicencio.

El último socio es Fema Industrias de Ingeniería, que según registros de la Cámara de Comercio de Cartagena, se constituyó en junio de 2018. Por eso no tiene historial de contratación público.

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