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Por Juanita Vélez · 05 de Abril de 2018

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A pocos días de la visita del presidente de Estados Unidos Donald Trump a Colombia y con el tiempo contado para mostrar resultados con la coca, el Gobierno presentó un proyecto de ley que reavivó una vieja pelea con los cocaleros agrupados en la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, Coccam, y que si no se resuelve, podría ser la estocada final para la sustitución.

El proyecto de la discordia

Como lo ha contado La Silla, el ministerio de Justicia lleva meses trabajando en un proyecto de ley que le baja las penas de cárcel a los cultivadores de coca, amapola o cannabis, y a los que guarden la hoja o financien las plantaciones, siempre y cuando lo hagan para autosubsistencia.

 

En octubre del año pasado el Ministerio presentó ante el Congreso el proyecto.

Básicamente decía que los campesinos con menos de 3.8 hectáreas de coca sembrada, que además no tienen un proceso judicial abierto (y que son  la mayoría de cocaleros en el país), debían firmar un acta de compromiso con el director del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Pnis, hoy en cabeza de Eduardo Díaz, en la que se comprometen a dejar de cultivar y a no volver a hacerlo.  A cambio, la Fiscalía deja de perseguirlos por un año.

La Oficina de Díaz tiene que verificar que los cultivadores cumplieron su palabra durante ese año y si es así, mandarle esa información a la Fiscalía para que renuncie a la acción penal de manera definitiva.

Para los que sí están procesados (que apenas son 300, según cifras del ministerio de Justicia porque el Estado nunca ha tenido la capacidad de perseguirlos) el Fiscal que lleva el caso tiene que informarle a la Dirección del Pnis.

Con ellos también se puede firmar un acta de compromiso para dejar de perseguirlos hasta por un año y si luego de eso verifican que sí cumplió, le cierran el proceso.

Los que están sindicados (que son apenas 80) o condenados (son 97) tienen que contarle a un juez de ejecución de penas que quieren tener el beneficio y ese juez debe contarle a la Dirección del Pnis, luego firmar el acta para darle el alivio penal por un año y después dejarlo libre, con la condición de que si lo llaman a comparecer tiene que ir y no puede salir del país. Si incumple, vuelve a la cárcel.

El proyecto no alcanzó a entrar en el fast-track y además recibió una lluvia de críticas del fiscal Néstor Humberto Martínez.

Para él, el límite de las 3.8 hectáreas podría incentivar a los narcotraficantes a subdividir sus predios para tener completa impunidad.

Sin el visto bueno del Fiscal, como nos dijo una fuente del Gobierno que nos habló bajo la condición de no citarlo, “ningún congresista apoyaría el proyecto porque nadie se va ir en contra de él”.  

Entonces el Gobierno retiró el proyecto y lo volvió a presentar con mensaje de urgencia hace quince días casi tal cual al anterior salvo por un pequeño pero explosivo detalle: bajaron el máximo para entrar al Pnis de 3.8 a 1.78 hectáreas, lo cual enfureció a los cocaleros.

Apenas leyeron la nueva versión del proyecto, los campesinos agrupados en la Coccam, que nació hace más de un año, es afín a la Farc y ha sido la dueña del micrófono para negociar la sustitución con el Gobierno, sacó un comunicado diciendo que el proyecto es una “traición flagrante a los campesinos que confiaron al inscribirse al programa” y exigen su retiro inmediato.

“Este proyecto termina excluyendo del beneficio judicial a quienes ya se han acogido o pretendan acogerse al Pnis, y a quienes conserven o financien plantaciones de cultivos de coca superiores a 1.78 hectáreas, desconociendo la caracterización e información - con la que ya cuenta el gobierno nacional-del estudio adelantado por la Dirección de Sustitución de Cultivos, que definió un máximo de 3.8 como el área mínima de siembra para que una familia pudiera subsistir”, dice el comunicado.

O como nos lo dijo Luz Perly Córdoba, vocera de la Coccam, “esa no es una ley de alivio, es una ley lesiva para el pequeño cultivador”.

Aparte del proyecto, también se quejan de la falta de garantías en seguridad para quienes hacen parte de la Coccam y están liderando la sustitución en las regiones porque les han matado a 31 miembros.

Por eso ayer se reunieron a puerta cerrada los representantes de las 19 delegaciones departamentales de la Coccam en Bogotá y cada uno llevó la decisión que se tomó en cada región sobre si seguir o suspender la sustitución y hoy en la mañana convocaron a  una rueda de prensa que citaron en la sede del movimiento político Marcha Patriótica.

De ahí salieron con un comunicado en el que aseguran que como "gesto de buena voluntad" se mantendrán en el Pnis, pero le exigen al Gobierno que se tomen medidas de seguridad para sus líderes, que se respeten los espacios de interlocución en los que ellos participan, que la Oficina de Drogas les diga exactamente con qué recursos cuenta el Estado para implementar el Pnis y reiteraron su exigencia de retirar ya el proyecto y discutirlo con ellos. 

Además, convocan a los campesinos a "afrontar un incremento de acciones de erradicación forzada" y se declaran en asamblea permanente para "tomar definiciones frente a una eventual suspensión de nuestra participación en el programa en caso de que se mantengan los incumplimientos". 

Lo que hay detrás de esta reacción es una negociación que nunca pudo llegar a un acuerdo.

La pelea

Desde que se empezó a discutir este proyecto hace varios meses, la Coccam ha insistido en que el mínimo de hectáreas para que un pequeño cultivador pueda autosubsistir y tener un ingreso de dos salarios mínimos mensuales vigentes son 6 hectáreas, bajo el argumento de que hay regiones donde la productividad por hectárea es muy bajita y por ende necesitan más tierra para producir.

Esa cifra la llevaron las Farc a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, CSIVI, pero el Gobierno, específicamente el ministerio de Justicia, nunca estuvo de acuerdo porque basándose en la medición del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos de Uso Ilícito de las Naciones Unidas, SIMCI, el mínimo para ganarse los dos salarios mínimos era de 0.8 hectáreas.

“Había una distancia enorme y era imposible ponerse de acuerdo”, nos dijo el viceministro de Justicia, Carlos Medina.

“Nunca pudimos llegar a un acuerdo en la Csivi y el Gobierno tampoco podía quedarse sin presentar el proyecto”, nos dijo otra alta fuente del Gobierno que nos habló bajo la condición de no citarlo.

Entonces la Oficina de Drogas en cabeza de Díaz propuso un punto medio luego de sus visitas a terreno y de arrancar a firmar acuerdos: 3.8 hectáreas.  Esa cifra fue discutida con la Coccam, que la aceptaron a regañadientes según Córdoba porque “al menos con eso podíamos dar el debate y pelear por subirla, pero como quedó ahora no hay chance”.

Pero la historia ya es conocida: el Gobierno lo presentó así, el Fiscal puso el grito en el cielo y tocó retirarlo.

La nueva cifra, según nos explicaba Medina, viene de una nueva medición del Simci que, basándose en el mismo criterio de los dos salarios mínimos, diseñó una metodología a partir de productividades diferenciadas por regiones y sacó un promedio nacional que fue de 1.78 hectáreas.

“Esa cifra no se consultó con nosotros y nos la vinimos a encontrar ya en el texto radicado”, nos dijo Córdoba de la Coccam. Según ella, más de la mitad (específicamente el 52 por ciento) de los que ya se inscribieron al Pnis reportaron tener por encima de 1.78 hectáreas precisamente porque la cifra anterior era más alta y ahora temen que con toda la información que le han entregado al Gobierno terminen persiguiéndolos.

Aunque es poco probable que los persigan, pues entre 2005 a 2017 apenas han sido capturadas 3299 personas por conservar y financiar plantaciones de coca.

Sin embargo, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Unodc, que es la que verifica si lo que los campesinos cocaleros dicen tener cultivado es verdad, tiene una cifra muy distinta.

Según sus cálculos, el 98.5  por ciento de las familias que ya están inscritas en el Pnis están por debajo de 1.78 hectáreas y apenas el 1.45 por ciento está por encima.Es decir, casi todas las familias cocaleras que hoy tienen acuerdos firmados tendrían el alivio penal.

(Con la anterior versión, el 99.9 por ciento estaba por debajo de 3.8 hectáreas y el 0.1 por encima).

A pesar de esa cifra, la Coccam ha insistido en que con tan pocas hectáreas no pueden llegar a tener una vida más productiva que la que tenían dedicándose al cultivo de coca, a pesar de que la evidencia los contradice.

Primero porque de acuerdo con el Simci, en los tres departamentos con más coca del país que son Nariño, Putumayo y Norte de Santander (suman entre los tres el 63 por ciento de los cultivos), las plantas de coca producen más hojas. Es decir hay más producción con menos plantas, por lo que en teoría necesitan menos hectáreas.

Segundo porque en otros países como Bolivia, por ejemplo, la superficie de cultivo legal de coca, o 'cato' como le llaman allá, es de 1.6 hectáreas. Casi lo mismo que pretende el proyecto del Gobierno.

Todo indica que la pelea no se va arreglar pronto.

Según supo La Silla, así la Coccam diga que suspenderá la sustitución, el Gobierno va seguir adelante con el proyecto, que en todo caso tiene pocos chances de terminar aprobado con los congresistas en modo campaña presidencial.

Ahí lo grave es que la Coccam ha sido la dueña del micrófono en casi todos los departamentos en los que se han firmado acuerdos, así que tienen toda la capacidad de bloquear la sustitución y de que la meta de tener 65 mil hectáreas menos de coca por esa vía se quede en eso. 

Aunque en todo caso la Coccam no representa a todos los cocaleros. Ellos dicen que agrupan a por lo menos el 75 por ciento, pero hay otras organizaciones que han peleado con la Coccam porque no se sienten representadas, como ha contado La Silla. 

“Lo que todo parece indicar es que la incertidumbre legal va seguir con el agravante de un cambio de Gobierno”, nos dijo Juan Carlos Garzón, experto en drogas de la Fundación Ideas para la Paz, FIP.

“Yo sí espero que este debate se de y con argumentos en el Congreso. Que la Coccam, pero también otros actores como la Fuerza Pública, puedan debatir. Ya no estamos para peleas”, dijo a La Silla Eduardo Díaz.

Los cocaleros, en cambio, no quieren dar el debate así. Y Trump, seguramente, llegará también con sus propias ideas al respecto.

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