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Por Juanita Vélez | Adelaida Ávila Cabrera · 04 de Marzo de 2019

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Este sábado decenas de campesinos de San José del Fragua, un municipio en Caquetá, bloquearon una vía para protestar por los incumplimientos que, según ellos, ha tenido el Gobierno con el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Pnis.

Además de pedirle al Gobierno que meta a más familias cultivadoras en el Pnis, algo a lo que Duque se ha negado porque dice que no hay plata, también denunciaron que “la Policía Nacional ha entrado con nuestro Ejército Nacional a retener campesinos que están con cuatro matas de coca, a llevárselos como si fueran narcotráficantes. Nosotros no podemos permitir que nos atropellen”, dijo para un medio local Didier Fabián Guzmán, un campesino que protestaba.

La nueva mostrada de dientes de los cocaleros se da justo a unos días de la audiencia pública que hará la Corte Constitucional este jueves sobre el uso del glifosato para la aspersión aérea, una carta que el Gobierno ya dijo en su política de seguridad que va a sacar cumpliendo las condiciones de la Corte.

Sin que vuele el primer avión, los campesinos ya están alborotados. Más cuando según datos del último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Unodc, publicado hace dos semanas, los campesinos que le apostaron a la sustitución de la coca solo resembraron la hoja de coca en un 0.6 por ciento.

Estas son otras conclusiones del informe.

 

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La mayoría de cocaleros del sur cumplieron su palabra

De las 34.767 hectáreas que han sido erradicadas de forma voluntaria por los campesinos y asistida con Fuerza Pública hasta el 31 de enero de este año, 29.393 fueron verificadas por Unodc con un cumplimiento del 94 por ciento. Eso quiere decir que casi todos los campesinos cumplieron su palabra de arrancar la mata apenas recibieron el primer pago por un millón de pesos mensual.

De esas 29.393 hectáreas verificadas, 17.311, casi el 60 por ciento, son hectáreas de coca sembradas en Putumayo, Caquetá, Meta y Guaviare, departamentos que históricamente han estado entre los diez con más coca en el país.

En todos esos departamentos queda claro que los campesinos sustituyeron por lo menos más de la mitad de lo que tenían sembrado.

 
2

Los cocaleros también se dejaron contar

Además, los cocaleros participaron en encuestas de caracterización para que el Gobierno pudiera conocer mejor cómo viven. De las 11.336 encuestas, 6.713, el 59 por ciento, fueron llenadas por campesinos del sur. (Putumayo 2530, Caquetá 1956, Meta 1277 y Guaviare 950).

Y en encuestas de seguimiento, de 1.156 que se hicieron, 622, más de la mitad fueron en la región. Eso muestra que en una de las zonas con más coca en todo el país, los campesinos sí están comprometidos con el Gobierno en apostarle a la sustitución.

 
3

La resiembra no ha sido en el sur

Pasado un año del primer pago a las familias cultivadoras, la Unodc sacó una muestra representativa en 7 municipios de 7 departamentos para ver dónde había resiembra. A 31 de enero de 2019 verificaron 1.615 hectáreas de cultivos de coca, de los cuales solo en 9.6 hectáreas (el 0.6 por ciento) seguía la hoja de coca sembrada.

Entre los siete municipios elegidos, tres son del sur: San José del Guaviare en Guaviare, Uribe en Meta y Puerto Asís, en Putumayo. En ninguno de ellos hubo resiembra, mientras en los demás que fueron Tibú (Norte de Santander), Cumaribo (Vichada), Briceño (Antioquia) sí, salvo Tumaco (Nariño).

 
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La seguridad sigue siendo un problema para verificar

La Unodc no pudo verificar si 2.319 familias habían arrancado la mata “debido a restricciones de orden público”, dice el informe. En concreto, las familias no visitadas viven en 72 veredas de los municipios de El Retorno y Miraflores en Guaviare y Puerto Concordia en Meta.

Las restricciones iban desde amenazas a funcionarios y asesinatos de líderes comunitarios, hasta paros armados por parte de grupos armados. Guaviare y Meta son los departamentos por los que se mueve Gentil Duarte, el máximo líder de las disidencias de las Farc.

La alerta por la seguridad no es nueva. En La Silla Sur venimos contando cómo las disidencias están evitando que la Unodc haga verificación en algunos municipios. Por ejemplo, en febrero del año pasado, seis funcionarios de la Unodc que iban a verificar, fueron asaltados en una vereda del municipio de Paujil, en Caquetá, por hombres de la disidencia de Duarte.

En total, en 2018 se presentaron 20 problemas de seguridad en 8 de los 14 departamentos en los que hay Pnis. De los 20, cuatro han sido desde que Iván Duque llegó a la presidencia en agosto, lo cual muestra que aunque los incidentes han bajado, persisten.

 
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El Gobierno ha sido muy lento con los pagos

Otra conclusión interesante del informe es que de las 99.097 familias con las que el Gobierno firmó acuerdos de sustitución, les han pagado por lo menos un pago de un millón de pesos al mes a 57.186 familias. Pero solo a 9301 ya les terminaron de pagar (eso incluye, solo en el primer año, un millón mensual, 1.800.000 mil pesos para un proyecto productivo por una sola vez y nueve millones de pesos por una sola vez, para adecuar y ejecutar un proyecto de ciclo corto)..

Eso quiere decir que a la mayoría (47.885) les deben plata. Eso sin contar a las más de 40 mil familias con las que tienen pagos programados. Es decir, no les han comenzado a pagar. Los departamentos en los que más debe el Gobierno son Norte de Santander (26 por ciento de las familias tienen al menos un pago) y Cauca (30 por ciento)..

En el sur han cumplido más, pero les falta. En Caquetá le han pagado al 73 por ciento de las familias, en Putumayo al 81 por ciento, en Guaviare al 83 por ciento y en Meta al 92 por ciento. Aún así, los cocaleros de la región insisten en que no les han cumplido con los pagos.

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