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Por Jerson Ortiz · 21 de Abril de 2019

El presidente Iván Duque firmó el decreto el 5 de marzo. En la imagen lo acompaña el gobernador del Huila, Carlos Julio González Villa.

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Desde el primero de abril se empezó a aplicar en el país un decreto que busca ponerle fin a los  pliegos ‘sastre’- llamados así porque se arman a la medida de un contratista- en las licitaciones públicas para construir carreteras e infraestructura vial. Lo que cambia el decreto es que le quita a las gobernaciones y alcaldías la exclusividad de definir las reglas de juego en los pliegos de condiciones.

En su lugar las entidades públicas deberán usar obligatoriamente unos documentos estándar que podrían ayudar a que se presenten más oferentes, facilitar el control y hacer rendir mejor la plata porque así aumentaría la competencia.

Entre la firma del decreto el 5 de marzo y su aplicación el 1 de abril, las gobernaciones de Huila y Putumayo (no encontramos en Caquetá y Amazonas) alcanzaron a montar tres licitaciones que suman más de 22 mil millones de pesos con sus propias condiciones. Por eso es posible que al final haya pocos proponentes y terminen ganando empresas que ya se han quedado con otros contratos grandes en esos departamentos.

En Huila, los mismos con las mismas

Cuando la ministra de Transporte, Ángela Orozco, dijo que el nuevo decreto estaba listo y solo faltaba la firma del presidente Iván Duque (lo que finalmente pasó el 5 de marzo), la Gobernación del Huila sacó una licitación por 17 mil millones de pesos para el mejoramiento de unas vías terciarias.

 

La Oficina de Contratación de la Gobernación puso entre las reglas de juego exigirle a los proponentes interesados que debían tener 10 años de experiencia, certificar que han manejado hasta cuatro contratos similares por el mismo valor (es decir 17 mil millones de pesos)  y demostrar que de esos cuatro contratos al menos dos tuvieron el componente de placas huellas.

También exigió que los interesados debían tener un índice de liquidez (que sale de dividir el activo corriente de la empresa por el pasivo) mayor o superior al 2.5.

Justificó esas condiciones diciendo que se trata de elegir un contratista que sí tenga la capacidad para cumplir con la obra.

“Las especificaciones técnicas, que contrario a restringir la participación de los proponentes, tienen el propósito de garantizar que el proponente ha ejecutado contratos de igual dimensión y magnitud y por lo tanto asegura que posee la experticia técnica en la ejecución de obras de similar magnitud y complejidad”, señaló la Oficina de Contratación en el ajuste de los pliegos.

Esas condiciones solo las pudieron cumplier tres proponentes, de los cuales dos ya se han ganado otros contratos similares con la Gobernación del Huila. (En 2017 el promedio de oferentes en licitaciones de la Gobernación del Huila fue de dos).

El primero es una unión temporal que se llama ‘Vías terciarias para el Huila’, que está integrada por Olaguer Agudelo Prieto y Aitor Mirena de Larraudi, dos ingenieros desconocidos en el departamento, pero que el año pasado se ganaron en la Gobernación un contrato por 34 mil millones de pesos para hacer placas huellas.

Lo hicieron presentándose como únicos proponentes en una licitación que, como contamos, fue cuestionada por la Sociedad Huilense de Ingenieros y está siendo investigada por la Fiscalía.

El segundo grupo conocido es el consorcio ‘Vías para la paz’, que está integrado por Integral Service del Huila, Seingecol, William Alexander Polo y Oscar Andrade Lara, todos de la región. Ellos también se ganaron a finales del año pasado una licitación por 18 mil millones de pesos para hacer otras placas huellas.

En esa licitación compitieron contra Orenka, una empresa de Aitor Mirena de Larraudi que al final se quedó por fuera porque, según la Oficina de Contratación, en ese caso no cumplía con la experiencia requerida.

El último que se metió en esta puja es el consorcio ‘Placa huella para el Huila’, que está compuesto por la Constructora Caribe Siglo XXI (Córdoba), Vías e Ingenierías Redes SAS (Bogotá), Víctor Forero Gil (Huila) y Jorge Geddi Meneses (Tolima).

El 7 de mayo la Gobernación va a definir quién de los tres se queda con esa millonaria licitación, pero es posible que en el futuro no pueda aplicar la misma fórmula porque con el nuevo decreto algunos de los factores que se usaron en esa licitación cambian.

Por ejemplo, las entidades tienen que ampliar el número de contratos de experiencia a seis, y se establece que el porcentaje de índice de liquidez siempre deberá ser de 1, lo que permitiría que por lo menos el 80 por ciento de las compañías puedan participar en cualquier licitación pública, según comentó Juan Carlos Quiñonez, vicepresidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.

En la Gobernación del Putumayo también se anticiparon al decreto.

Dos carreteras en proceso

Entre el 21 y el 29 de marzo la Gobernación de Putumayo montó dos licitaciones para meterle mano a dos vías secundarias.

La primera es de 3.150 millones de pesos para construir 2.2 kilómetros de vías entre el corregimiento de Puerto Limón y la vereda El Mesón, en zona rural de Mocoa.

Como pudo poner sus reglas de juego, exigió que los interesados debían certificar tres contratos de obras de pavimentación, y dos más de experiencia específicas con placas huellas. En ambos casos los valores deben ser igual o superior a los 3.150 millones que piensa adjudicar.

Y en el componente financiero pidió que los proponentes debían tener un índice de endeudamiento (que permite medir cuánta deuda soporta una empresa con sus propias recursos) del 0.7. Ese es el mismo indicador que tiene la nueva norma porque desde ahora se exigirá un índice del 70 por ciento (que equivale a 0.7). 

La otra licitación tiene condiciones similares.

Es una de 1.088 millones de pesos para hacerle mantenimiento a 238 metros de una carretera que está entre el municipio de Orito y un sector llamado Yarumal.

Ambos procesos de contratación están en etapa de recepción de propuestas y por eso no está claro cuántas empresas se van a presentar bajo esas condiciones. Sin embargo, un estudio de la Sociedad Colombia de Ingenieros, señaló que en 2017 el promedio de oferentes en las licitaciones de la Gobernación de Putumayo no pasó de 3.

Está por verse si los procesos de contratación que se empiecen a montar con las nuevas normas aumentarán el número de proponentes y mejorarán las condiciones de competencias como lo pidió la SCI y la Cámara Colombiana de Infraestructura, o si los mismos seguirán quedándose con las obras.

CONTEXTO

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