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Por Jerson Ortiz · 23 de Agosto de 2018

La Asamblea de Amazonas está integrada por once diputados.

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Hace unos días la Procuraduría de Amazonas destituyó y sancionó con 10 y 12 años de inhabilidad a 20 diputados y exdiputados del departamento por cobrar unas primas de vacaciones a las que no tenían derecho, y con eso agitó el sonajero electoral de 2019 porque varios de los sancionados quieren buscar Gobernación, alcaldías y repetir en la Asamblea.

La decisión de la Procuraduría también le da vuelo al proceso que lleva la Fiscalía por los mismos hechos y que el año pasado comenzó con la captura de seis diputados y exdiputados y dos funcionarios más de la Asamblea.  Y de paso confirma la crisis de gobernabilidad que hay en la región por cuenta de escándalos de corrupción.  

Los que quedan colgando

La sanción se dio porque según la Procuraduría Regional de Amazonas, entre 2008 y 2015 los 20 investigados (seis diputados actuales y 14 exdiputados), se quedaron con más de 230 millones de pesos que cobraron por concepto de primas de vacaciones a las que no tendrían derecho porque la Ley que reconoce prestaciones a los diputados apenas entró en vigencia desde el año pasado.  

Por eso a los que autorizaron los cobros, es decir a los presidentes de las mesas directivas, no solo los destituyó de sus cargos sino que les metió una inhabilidad de 12 años para desempeñar algún cargo público, incluyendo los de elección popular.

A los que solo recibieron los pagos la inhabilidad es de 10 años.

Esa inhabilidad es la que saca del juego electoral a al menos ocho de los implicados que ya habían mostrado intención de aspirar el año entrante.

 

Los que están en carrera por la Gobernación son la actual vicepresidenta de la Asamblea, la liberal Karina Bocanegra, que fue una de las que la Fiscalía detuvo el año pasado pero que quedó en libertad cuatro meses después. Ella se movió en las elecciones de marzo para apoyar a la Cámara al exconcejal Hassam Cano.

Otro que quedó colgando es el exdiputado conservador Medardo Bohórquez, que quiere repetir campaña a la Gobernación como ya lo hizo para las atípicas de mayo pasado cuando quedó de quinto con 2 mil votos.

El tercero que se queda por fuera de competencia es el exdiputado de La U, Carlos Iván Peña, que trabaja actualmente en la Esap.

A los tres se les suman los que ya han dicho que quieren seguir en la Asamblea como Samuel Muñoz Piris de Cambio Radical, Camilo Suárez de la Alianza Verde, y otros que quieren regresar como Pastora Orobio, Zoraida Veloza y Reynaldo Muca, que también fueron sancionados.

Los demás aunque no han cantado que vayan a aspirar,  siguen siendo protagonistas de la política local porque como líderes de barrios y de comunidades indígenas son los que mueven votos para los candidatos a las dos alcaldías (Leticia y Puerto Nariño) a la Gobernación, y por supuesto a Congreso.

Por eso, hay quienes creen que el fallo de la Procuraduría tiene un tinte político.

“En el país hay muchos fallos que reconocen estas prestaciones a los diputados, no solo es el caso de Amazonas. Y eso se le hizo saber a la Procuradora pero no tuvieron en cuenta eso. Por ende uno cree que se trata de algo político para sacar del mapa electoral a más de 20 líderes del departamento”, sostiene el exdiputado Medardo Bohorquez.

(La Silla Sur buscó a otros diputados como Karina Bocanegra y Camilo Sánchez para conocer sus versiones pero no contestaron ni nuestras llamadas ni mensajes de WhatsApp)

Sin embargo en su fallo la procuradora Regional, Elsy Angulo, dijo que los sancionados sabían que estaban cometiendo un error porque en el momento de cobrar esas primas no existía una norma que autorizara esa retribución. “Con su conducta causaron grave daño a la sociedad, con un rubro que pudo haberse invertido en otros sectores a favor de la comunidad”.

A favor de la Procuraduría está el hecho de que la Fiscalía también está encima del caso desde el año pasado cuando ordenó la captura de ocho de los implicados que aunque están en libertad siguen vinculados al proceso. Incluso seis de los 20 implicados aceptaron devolver la plata que recibieron.

Aunque las sanciones solo quedarán en firme cuando se haga la revisión en segunda instancia por parte de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa en Bogotá, este episodio se suma a la larga lista de escándalos relacionados con corrupción que tiene en crisis a Amazonas.

Otros escándalos

Actualmente las riendas del departamento más grande del país están en manos de un gobierno atípico que solo tiene 14 meses para ejecutar un plan de desarrollo que ni siquiera se ha aprobado y que está apenas está estudiando la cuestionada Asamblea.

En mayo pasado hubo atípicas porque el gobernador que los amazonenses eligieron en 2015, Manuel Carebilla de Cambio Radical, fue condenado el año pasado corrupción.

El que reemplazó a Carebilla mientras la Corte Suprema de Justicia definía su condena, fue César Lugo, quien como contamos manejó la contratación del departamento con licitaciones de únicos proponentes y contratistas cuestionados.

Sin estabilidad en los gobiernos ha sido difícil que el departamento supere problemas como la falta de agua potable, de un hospital de segundo nivel, y hasta de una planta para tratar las aguas negras de Leticia.

Habrá que ver si el campanazo de alerta de la Procuraduría termina afectando el mapa electoral de 2019 o si los protagonistas de este escándalo lograrán llegar a las regionales fortalecidos.

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