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Por Juanita Vélez · 22 de Noviembre de 2018

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El bloque de búsqueda que creó hace dos meses la Fiscalía para judicializar a los responsables de las talas masivas de bosque en el sur del país, más la arremetida del Ejército en la región para perseguir a la disidencia de Gentil Duarte, son los motores de una alianza entre varias organizaciones campesinas en Guaviare y Meta para impulsar pactos ambientales y, en el fondo, revivir lo más transformador del Acuerdo de La Habana, pues ven todos esos hechos como parte de una política de mano dura que se aleja de lo pactado.

Crecen las molestias

Este fin de semana en la vereda Puerto Cachicamo, en San José del Guaviare, se reunieron más de dos mil campesinos en el “Primer encuentro de comunidades campesinas por la defensa de nuestro territorio". Eran miembros de las juntas de acción comunal del municipio y de la Asociación de campesinos trabajadores y productores de la región del río Guayabero (Ascatragua, que hace parte de la Mesa Agraria y Popular de Interlocución y Acuerdo, MIA).

Del encuentro salieron con una declaración política en la que se presentan como la 'Alianza Comunitaria y Campesina del Guaviare y el Sur del Meta, por la defensa de nuestras tierras y el territorio'.

El trasfondo del evento, al que también fueron delegados de Parques Naturales, la Gobernación y la Alcaldía, es que esas comunidades quedaron dentro de la ampliación del Parque Nacional del Chiribiquete que hizo el Ministerio de Ambiente en julio.

Además, muchos de estos campesinos, que llevan años viviendo en esos predios sin títulos, firmaron acuerdos individuales de sustitución de coca con el Gobierno.

Según le contaron a La Silla dos personas que estuvieron en la reunión, varios campesinos dijeron que por los retrasos de la Oficina de Drogas de Presidencia en hacerles los pagos mensuales a los que tienen derecho, y porque no ha llegado la asistencia técnica que también deben recibir para tener proyectos productivos diferentes a la coca, están talando bosque en la zona ahora protegida.

Ese ingrediente de la susitución explica que la Alianza tenga el espaldarazo de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, Coccam, que se volvió la dueña del micrófono para negociar los términos de la sustitución con el Gobierno y está calentando motores para un eventual paro cocalero.

“Muchos de nosotros estamos tumbando de a una o de a dos hectáreas, mientras hay grandes colonos tumbando de a cien, pero a los que persiguen son a nosotros”, dijo a La Silla un presidente de junta de San José que no quiso ser citado por su seguridad.

De ahí que en el comunicado en el que convocaban al encuentro decían “no podemos permitir que nos sigan persiguiendo, señalando y judicializando por trabajar y buscar el sustento de nuestras familias”.

Además, el encuentro se dio justo después de un operativo del bloque de búsqueda de la Fiscalía en otro Parque, el de Los Picachos, en Caquetá, donde viven 219 familias.

En ese operativo, a finales de octubre, la Fiscalía capturó a cinco personas y decomisó 600 reses de ganado.

El argumento de los campesinos de esa zona es el mismo que llevaron los de Guaviare al encuentro: que la Fiscalía está judicializando a los pequeños campesinos y no a los grandes colonos.

Pero la Fiscalía dice que los cinco capturados, incluyendo a un dueño de 140 reses, estaban siendo investigados como “presuntos responsables de la invasión, deforestación y ganadería extensiva en el Parque”.

El factor Gentil

Más allá de quién tiene la razón, los dos casos muestran lo difícil que es aterrizar una estrategia contra la deforestación en zonas donde desaparecieron los manuales ambientales de la Farc, que la hacían más costosa, y cuando la disidencia de Duarte presiona a los campesinos para que cultiven la hoja coca.

De hecho, según dijo a La Silla Luis Roberto Abril, el secretario de Hacienda de San José y quien estuvo en la reunión como alcalde encargado, “las comunidades nos dijeron que tenían a la disidencia ahí presionando y que les preocupa que algunos de sus jóvenes se han ido a engrosar esas filas”.

Por cuenta de esa presión de la disidencia, la Fuerza de Tarea Omega de las Fuerzas Militares está haciendo cada vez más operativos en la zona.

De hecho, de acuerdo al informe de la Fundación Ideas para la Paz sobre los primeros cien días del gobierno de Iván Duque, Guaviare es el segundo departamento en el que la Fuerza Pública ha hecho más operativos, detrás de Nariño.

La presencia es tan fuerte que se regó el rumor de que iban a instalar una base militar en Cachicamo, algo que el Ejército negó.

Lo más complejo es que a pesar del asedio de las disidencias, las comunidades no quieren Ejército en la zona. 

“No nos sentimos seguros con la presencia militar en el territorio. No reconocemos a la autoridad nacional del Ejército y lo que estamos planteando es la autonomía de las comunidades”,  dijo el presidente de la junta de acción comunal de la vereda, Fermín Oviedo.

En esa misma línea de la autonomía, según el alcalde encargado las juntas también dijeron "que quieren crear unas mesas a principios de diciembre a las que vayan todas las juntas para pensar cómo contrarrestar la deforestación, fijando ellos las condiciones”.

Algo parecido hicieron hace un mes unos 600 campesinos de La Macarena, en Meta, en representación de más de 30 organizaciones campesinas e indígenas durante un foro al que fueron Parques y Cormacarena, la autoridad ambiental allí.

En ese evento, las comunidades llevaron un  “Manifiesto Ecológico por una justicia ambiental para la Sierra de la Macarena” en el que, además de pedirle explícitamente al Gobierno que implemente el Acuerdo de La Habana y a la Fiscalía que frene su bloque de búsqueda, se comprometen a hacer “pactos ambientales en cada subregión de La Macarena”.

De hecho, las juntas de La Macarena enviaron una delegación de gente al Guaviare para la reunión de este fin de semana, lo que muestra que los eventos no son aislados.

La estrategia

La coincidencia en los reclamos de los campesinos de Caquetá, Meta y Guaviare muestra que hay es una estrategia que busca llenar el vacío que dejaron la ausencia de las Farc y sus manuales ambientales.

La idea, es “unificar unas normas ambientales y de respeto por la tierra en todo el territorio amazónico. Somos los mismos procesos de siempre, pero con un objetivo nuevo”, según le dijo Luz Perly Córdoba, vocera nacional de la Coccam, a La Silla Sur.

Las expectativas se centran en revivir lo más transformador del Acuerdo de La Habana.

Por ejemplo, como le explicó a La Silla César Jerez, vocero de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina y que ha acompañado a estas comunidades en el proceso, buscan que les cumplan con el fondo de tierras que creaba el Acuerdo, y que está en el aire.

También piden que les construyan carreteras, puestos de salud, colegios o distritos de riego. Es decir, los bienes públicos que la reforma rural Integral del Acuerdo proponía llevar a las zonas golpeadas por la guerra para sacarlas del atraso.

“Si arrecian los operativos y volvemos a las sanciones punitivas, que habíamos superado tras la negociación del Acuerdo, la situación va a empeorar”, agrega Jerez. “Ya había una ruta y no se está cumpliendo”.

Estos campesinos, a diferencia de Duque, sí quieren que el Acuerdo de La Habana siga siendo su hoja de ruta.

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