Uso de cookies

La Silla Vacía usa Cookies para mejorar la experiencia de nuestros usuarios. Al continuar navegando acepta nuestra política.

listo

Por Jerson Ortiz · 05 de Julio de 2018

Las obras del estadio de Neiva están paralizadas y abandonadas hasta que no se resuelva si los contratistas incumplieron o no.

657

0

Esta semana, la Procuraduría General de la Nación le dio un ultimátum al viceministro del Interior, Héctor Olimpo Espinosa, para que defina rápido como alcalde delegado del tema si los contratistas de la fallida remodelación del estadio de Neiva que costó 25 mil millones de pesos incumplieron con la obra y tuvieron responsabilidad en el desplome que mató a cuatro obreros, porque de eso depende que se reanuden los trabajos que están parados desde hace dos años. 

La urgencia tiene que ver, por un lado, con que lo que se alcanzó a construir, y que según la Contraloría no sirve,  se está afectando por las lluvias y el polvo. Y, por el otro, con que en un mes el Viceministro Espinosa (y exsecretario general del Partido Liberal) sale del cargo y si no toma decisión alguna le dejaría el proceso al gobierno entrante de Iván Duque, que mientras despega, podría demorar aún más la decisión.  

Además está la presión que le está metiendo al tema el alcalde de Neiva, Rodrigo Lara, que le adicionó plata al proyecto en su primer mes de gobierno, y al que se le acaba el tiempo para cumplir con una de sus metas que era terminar la primera fase del escenario y conseguir la plata para la segunda.

El ultimátum de la Procuraduría

La carta de la Procuraduría se da dos meses después de que el viceministro Espinosa decidiera quitarle el caso a la oficina jurídica de la Alcaldía de Neiva para resolverlo él mismo.

“Cuando se iba a fallar le quitó la potestad al secretario jurídico Richard Vargas, no sé por qué, sus razones tendrá el Viceministro”, dijo el Alcalde Lara.

Ese cambio Espinosa lo pudo hacer porque desde noviembre del 2017 fue nombrado alcalde delegado para definir el asunto debido a que el Alcalde Lara fue apartado del proceso por la Procuraduría por una solicitud que hicieron los contratistas. 

 

El Viceministro dice que retomó el caso por "dificultades de comunicación" con los abogados de la Alcaldía que llevan el proceso, y porque no quiere que los contratistas responsables de la fallida remodelación sigan dilatando el proceso con recusaciones, o quejas por supuestas irregularidades en el manejo del trámite.

Lo curioso es que justo después de reasumir, el recusado para decidir fue el viceministro Espinosa por haber entregado detalles de la investigación en una entrevista a una emisora del Huila, cosa que no se podía hacer según un demandante anónimo.

Ahora el que debe resolver si Espinosa se saltó el conducto es su superior, es decir el ministro del Interior, Guillermo Rivera. El trámite podría definirse recién a mediados o fin de mes, bien para decir que la recusación no tiene sentido y que Espinosa puede fallar, o que sí la hay y se tendría que nombrar otro alcalde delegado que empiece el proceso desde cero. Eso sin contar que se presenten más impugnaciones al proceso.

Es decir no alcanzaría a haber solución antes del fin del Gobierno Santos. 

Y eso es justamente lo que temen desde la Alcaldía de Lara.

“Será ir a encadenarnos en la Plaza Bolívar de Bogotá, como lo hizo la Asamblea, para que el Gobierno nos ponga atención y resuelva por fin este convenio”, le planteó el Alcalde Lara a los concejales que lo vienen presionando por el tema.

En el contrapunteo, Espinosa sostiene que el más afanado en definir si hay caducidad es él, pero que eso no se puede hacer a la carrera porque dejaría abierta la puerta para que los contratistas terminen demandando al municipio.

“Por eso ahora es mejor lo que no se dice, porque entre más hablamos del tema damos papaya para que nos sigan recusando y en esas nos la pasaríamos. Yo espero que el Ministro Rivera resuelva pronto la recusación para ya tomar la decisión”, le dijo Espinosa a La Silla Sur.

Desde su posesión como alcalde delegado hasta hoy ya han pasado ocho meses.

Mientras se define la caducidad con la que se podría sancionar a los contratistas y dar peso a las investigaciones que adelantan la Fiscalía y la Contraloría por supuestas irregularidades en la contratación y de posibles responsabilidades en la muerte de los cuatro obreros, los involucrados en la fallida remodelación sacan provecho.

Contratistas sin sanción y en el mercado

Como contamos en La Silla Sur, la semana pasada el ingeniero Jarlinson Hurtado, dueño de la mitad del consorcio que se ganó la remodelación del estadio en 2015, se quedó con otro contrato con la gobernación de Caquetá para construir unos colegios.

Antes, en abril, a Hurtado también le habían dado el contrato para remodelar el estadio de Florencia, Caquetá.

Los otros integrantes del Consorcio y los interventores que eran encargados de vigilar que no se cayeran las obras, también han seguido en el mercado sin restricción alguna.

Habrá que ver si lo que pidió la Procuraduría surte efecto, porque sino al gobierno Duque le toca estrenarse con esa ‘papa caliente’.

CONTEXTO

Las historias más vistas en La Silla Vacia