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Por Juanita Vélez · 09 de Mayo de 2019

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La estrategia ‘Artemisa’ que el presidente  Iván Duque lanzó hace unos días para frenar la deforestación, es un primer aterrizaje de la política de seguridad de su gobierno: quien lleva la batuta no es el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, sino el consejero de seguridad, Rafael Guarín, que es el que más ha salido en medios a contar de qué se trata.

Guarín le dijo a La Silla que por ahora no saben cuánto puede llegar a costar ‘Artemisa’ y que hay varios detalles en cocción, como la reforma dentro de la Fuerza Pública para que se pueda adaptar a la nueva estrategia.

Aún así, el Gobierno la lanzó con bombos en un primer operativo en el parque Chiribiquete, uno de los epicentros de la tala, que de entrada mostró tres líos. 

El aterrizaje

La política de seguridad de Duque pone al agua, la biodiversidad y el medio ambiente como “temas de interés nacional principal y prevalente”. Eso significa, como le explicaba a La Silla el consejero Guarín, “que desde hoy la prioridad de las Fuerzas Armadas es preservar el medio ambiente. Con esto se inicia un cambio de enfoque, una reorganización de las Fuerzas”.

 

El Ministro de Defensa, Guillermo Botero y el general César Augusto Parra, Jefe del Departamento Conjunto de Planificación y Transformación de las Fuerzas Militares, están preparando ese cambio, lo que muestra que a la estrategia le falta.

Lo que pudimos averiguar con dos fuentes militares por aparte, es que diez batallones de alta montaña y cinco de selva ubicados en zonas donde la deforestación está disparada, tendrán como prioridad el cuidado del medio ambiente. Aunque esos batallones hoy están ubicados bajo la lógica de pegarle a los grupos armados, ahora se ubicarían donde hay mayores amenazas de tala de árboles y minería ilegal.

Eso implicaría que esas unidades tengan que crear fuerzas de preservación ambiental, que se dediquen solo a perseguir a quienes talen.

En concreto, como contó El Tiempo ayer, el general Nicacio Martínez, comandante del Ejército, dijo que el 10 por ciento de los más de 60 mil soldados que esperan reclutar este año, entren a reforzar el trabajo de esos batallones de alta montaña y de selva y que su prioridad sea el medio ambiente. 

“Serán unidades dedicadas solo a encontrar los focos de deforestación, por lejos y metidos en la selva que estén. Yo tengo diez unidades de 30 hombres y la orden es arrancar a capacitarlos para eso. Vamos a las áreas, capturamos si hay que capturar y los presentamos a la justicia”, nos dijo un coronel del sur del país que nos pidió no citarlo porque no es vocero.

“Lo hacemos con hombres o con máquinas. Si no podemos llegar por tierra, en la Fuerza Aérea tienen la orden de usar drones con capacidad de 30 horas continuas que pueden mirar hasta la marca de la motosierra”, agregó.

Eso va de la mano con que los resultados operacionales también se midan en número de operaciones para evitar deforestación o acaparamiento de tierras.

El objetivo es que el Estado pueda reaccionar en tiempo real a la deforestación; por ejemplo, que del monitoreo permanente de bosques del Ideam salgan operaciones militares inmediatas a los lugares en los que las imágenes satelitales muestren las quemas, con funcionarios de la Fiscalía abordo, para judicializar a quienes encuentren talando.

Lo que planea hacer el Gobierno tiene puntos en común con la estrategia del Gobierno Santos de la ‘burbuja ambiental’, que, como contamos en La Silla lanzó en 2016 para contrarrestar el impacto ambiental que dejó la salida de las Farc, que imponía reglas ambientales que hacían más costosa la explotación de recursos naturales.

Básicamente consistía en que muchas entidades (Alcaldías y gobernaciones, la autoridad ambiental de la zona, Parques, Ideam, Fiscalía, Policía, Ejército y ministerios de Ambiente y Defensa, entre otros) se reunían semanalmente a compartirse información sobre la deforestación, planeaban operativos conjuntos de reacción inmediata, capacitaban gente en temas ambientales y ponían retenes en las carreteras y ríos para frenar el contrabando de madera.

Es decir, una lógica interinstitucional parecida a la de ‘Artemisa’ aunque Guarín dice que “no es comparable con lo que se viene haciendo porque este es el primer gobierno que le da prioridad estratégica a este tema”.

En todo caso, con la primera operación que lanzó el gobierno para esta estrategia en el ‘Chiribiquete’, quedaron en evidencia tres líos.

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La plata

En la operación en Chiribiquete el gobierno se gastó, según nos dijo Guarin, 700 millones de pesos sólo en horas vuelo de los helicópteros. A eso habría que sumarle otros costos, por ejemplo, los del Ejército en tierra y la plata que se va en mejorar los dispositivos de inteligencia.

Como la idea es que este tipo de operativos sean permanentes para que así los taladores se sientan tan hostigados que se vayan, el Gobierno va a tener que gastar mucha plata, además de que necesitará “recursos adicionales para que las Fuerzas Armadas hagan su reforma interna”, nos dijo Guarín.

El lío es que Duque ha dicho varias veces que Santos dejó desfinanciado el presupuesto. En otras palabras, no hay plata para una estrategia cuyo costo todavía se desconoce.

Aún sin ese dato, el Gobierno ya está buscando financiación de la Unión Europea.

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Dar con los grandes taladores y no solo con los chiquitos

En la operación del Chiribiquete el Gobierno dijo que recuperaron 120 hectáreas de bosque, capturaron diez personas y cuatro niños fueron enviados al Icbf, incautaron armas, maquinaria amarilla y “destruyeron cuatro construcciones tipo vivienda, con estructura en madera, y dos puentes improvisados”.

Agregaron que “las personas capturadas en el operativo fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales, y deberán responder por los delitos de daños a los recursos naturales, invasión en áreas de especial importancia ecológica e incendios”.

Pero las juntas de acción comunal de la zona, que armaron en diciembre la 'Alianza Campesina del Guaviare y Sur del Meta' sacaron un comunicado- que respalda la Comisión Colombiana de Juristas- con su versión de la operación.

Dicen que los capturados “son campesinos colonos que se asentaron en la zona en búsqueda de tierras productivas; la ocupación del predio lleva cerca de 27 años”, que “aceptaron cargos por delitos ambientales” y que los soltaron 24 horas después con la condición de no volver a la zona y reportarse cada mes ante las autoridades.

Eso a pesar de que en el lanzamiento de la estrategia el Fiscal, Néstor Humberto Martínez, dijo que las penas “serán hasta de 12 años de prisión”, lo que muestra que en la operación no agarraron a los máximos responsables de esa tala, sino a los campesinos a los que probablemente les pagan por hacerlo.

El lío es que la mayoría de capturas terminan en que a las 24 horas dejan sueltos a los responsables porque los delitos ambientales no tienen consecuencias graves. 

Frente a eso, Guarín nos dijo que “se podría pensar en una iniciativa legislativa que endurezca ese tema con consecuencias más graves para este tipo de delitos. Hay que desarticular la estructura, esto no se puede quedar en las pequeñas familias”.

Pero, por lo menos en la primera operación, no fue así. “En la Artemisa cogieron a gente humilde, no le cayeron a los grandes”, nos dijo el personero de San José del Guaviare, Andrés Pacheco.

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El choque con las comunidades

La zona en la que fue el operativo tiene una tensión histórica entre las comunidades y el Ejército, que muestra cómo la estrategia podría ser un lío en otras regiones con esas mismas tensiones y con grupos armados, como el Catatumbo o Tumaco.

Los helicópteros del Ejército aterrizaron en la vereda Angoleta, muy cerca a Puerto Cachicamo, en San José del Guaviare. Esa fue la zona histórica del frente 7 de las Farc, donde Gentil Duarte, líder de la disidencia más grande del país, sigue moviéndose, como lo detalla la Fundación Ideas para la Paz.

En esa zona, como ha contado La Silla Sur, hay una tensión muy grande entre las juntas de acción comunal de Cachicamo que crearon la ‘Alianza Campesina del Guaviare y Sur del Meta’ y la Fuerza de Tarea Omega, que es la que cubre esta región.

Con ese telón de fondo, el nuevo capítulo de la tensión llegó con la operación ‘Artemisa’.

Después de que los soltaron, los campesinos volvieron a los predios y encontraron que les habían quemado una casa, algo que nos confirmó el personero de San José, Andrés Pacheco.

“Yo fui hasta la casa ya quemada de uno de los campesinos y eran campesinos normales. Él vivía con la esposa y los hijos en una casa de madera. Si ellos hubieran tenido drogas o armas no los hubieran soltado”, nos dijo.

Por eso el temor en la región es que si se van a multiplicar los operativos y el Gobierno solo va a mostrar presencia con su cara militar, se agudicen las tensiones, que ya pasaron al rojo vivo con estas comunidades.

CONTEXTO

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