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Por Jerson Ortiz | Juanita Vélez · 11 de Noviembre de 2018

Del Huila, la JEP también se llevó el compromiso de verificar las denuncias de más de 52 casos de ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’

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Esta semana la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, aterrizó en el Huila para escuchar a  la excongresista Gloria Polanco y al exconcejal Armando Acuña, ambos ex secuestrados por las Farc, y para recibir un informe sobre ejecuciones extrajudiciales que habría cometido el Ejército en la región.

Eso muestra el enorme reto que tendrá la JEP al investigar el papel que pudieron jugar, además de las Farc y los militares, los terceros (empresarios, políticos y agentes civiles del Estado) en estos hechos, porque aunque la Corte Constitucional decidió sacarlos y solo van a la JEP si quieren, lo que tienen en común estos testimonios en el departamento es la existencia de una “mano negra” que ayudó a que pasara lo que pasó.

Son los ‘hombres ‘grises’ de los que habla el investigador Luis Jorge Garay para describir a aquellas personas que viven en la legalidad pero son los puentes con los ilegales.

"No nos quedaremos en los que jalaron el gatillo", dijo la magistrada huilense Catalina Díaz durante la presentación del informe sobre falsos positivos en la Universidad Surcolombiana de Neiva.

Si la JEP se mueve rápido en estos casos, que involucran a militares, puede ganar más legitimidad porque desmontaría una de las críticas más duras que le ha hecho la derecha, de supuestamente estar montada para exonerar ex guerrilleros.

La verdad detrás del gatillo

Al contar cómo un comando élite de la columna móvil Teófilo Forero de las Farc, orientada por alias ‘El Paisa’, se metió hasta el centro de Garzón para secuestrarlo el 29 de mayo de 2009, el exconcejal Armando Acuña narró a las magistradas de la Sala de Reconocimiento los malos tratos que sufrió durante 22 meses de secuestro y dejó interrogantes sobre las circunstancias que rodearon su secuestro y que según él se deben aclarar para encontrar la verdad.

Acuña contó que el día del secuestro, en las instalaciones del Concejo no había Policía a pesar de que todos los dirigentes políticos del Huila habían sido declarados objetivos militares.

Dijo que no se explica por qué ese día tampoco estaba operando un retén del Batallón Magdalena que siempre funcionaba en la entrada del pueblo, y por donde pasaron las dos camionetas en las que se lo llevaron a la selva.  

“Pasando por los lados del Batallón me acosté, me tiré al piso de la camioneta porque pensé que iba a haber enfrentamientos, y nada. Pasamos normal (...) Hasta cuando me bajaron de la camioneta para empezar a caminar no sentí seguimiento en caliente del Ejército”, dijo Acuña en la audiencia que se realizó en una sala del Palacio de Justicia de Neiva, donde además le entregó a las magistradas las cadenas con las que estuvo amarrado en cautiverio.

Estos detalles, que según él nunca había contado porque ni la Fiscalía ni ninguna otra autoridad se lo habían preguntado, refuerza las sombras que hay sobre el Estado y las Fuerzas Militares y su presunta negligencia a la hora de garantizar la seguridad de él y de varios dirigentes políticos del Huila que también fueron secuestrados.

 

Una negligencia de la que sí ha hablado el Consejo de Estado, al fallar demandas de reparación económica a favor de ex secuestrados como los excongresistas Orlando Beltrán, Consuelo González o Silvio Vásquez Villanueva, pero de la que aún no hay condenas penales ni para el Ejército, ni para las Farc.    

De hecho, durante las audiencias que ha hecho la JEP en Bogotá, varios ex secuestrados huilenses han hecho énfasis en que detrás de sus retenciones participaron políticos.

“Ellos me dijeron algo que no he podido olvidar y es que además de las órdenes de la dirección de las Farc también tenían contactos con políticos en las diferentes regiones que estuvieron de acuerdo con la delincuencia. De diez congresistas secuestrados en Colombia, cuatro fueron en Huila y todos del Partido Liberal.”, aseguró el excongresista Orlando Beltrán, a quien las Farc se llevaron el 28 de agosto de 2001.  

Por eso para Acuña, Beltrán y para la exrepresentante Gloria Polanco, que pidió que su declaración fuera privada, las expectativas con la JEP es que aparte de sentencias contra sus captores, se resuelvan las dudas alrededor de sus secuestros, incluyendo si hubo participación de terceros.

En el caso de las familias de víctimas de falsos positivos la pregunta es por los altos mandos militares.

La responsabilidad de los militares

Del Huila, la JEP también se llevó el compromiso de verificar las denuncias de más de 52 casos de ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’, que suman más de 124 víctimas, y que se habrían cometido en el departamento entre 2006 y 2009.

Los ojos de las familias de las víctimas apuntan a la Novena Brigada del Ejército, que es la que cubre el Huila con siete batallones, y hace parte de la Quinta División que se encarga del suroriente del país.

"La expectativa que tenemos luego de presentar este informe es que se vinculen a los altos mandos. A nadie de la Novena Brigada lo han tocado", dijo a La Silla Sur Óscar Prieto, asesor técnico del Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, que fue el que presentó el informe ante las magistradas de la Sala de Reconocimiento.

Según el Observatorio, sobre los casos de falsos positivos en el Huila han salido ocho sentencias y el máximo vinculado fue un mayor por una ejecución extrajudicial ocurrida en Algeciras, un municipio a una hora de Neiva. Más arriba de eso, no han tocado a nadie del Ejército.

En los tres años en los que hay casos reportados la Novena Brigada tuvo dos militares al mando.

Uno es el coronel Jaime Lasprilla Villamizar, que dirigió la Novena Brigada entre junio de 2006 a diciembre de 2007, tiempo en el que, según cifras del informe que conoció La Silla Sur, se reportaron 32 casos de falsos positivos, con 71 víctimas en total.

El otro es el coronel William Fernando Pérez Laiseca, que estuvo de diciembre de 2007 a diciembre de 2008, cuando se reportaron, según el mismo informe, 52 víctimas. Lo más llamativo es que entre enero y febrero de 2008, justo los primeros meses bajo el liderazgo del coronel Pérez, se presentaron más de la mitad de los casos.

Entre las víctimas figura Miller Andrés Blandón, que era reconocido en Neiva porque trabajaba como ‘estatua humana’ en el centro, y no tenía antecedentes penales. Él fue reportado como un delincuente dado de baja por el Ejército en Isnos, sur del Huila en agosto de 2008. Como un homenaje a su memoria, en el evento donde se entregó el informe se puso una imagen suya. 

Con todos esos insumos, la JEP tendrá que verificar y contrastar esa información. Pero sobre todo, como dijo la magistrada Julieta Lemaitre, “nos queda el peso de buscar la verdad de este fenómeno”.

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