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Por Jerson Ortiz · 17 de Enero de 2018

Las obras del Estadio de Neiva están abandonadas desde el colapso que mató a los cuatro obreros.

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Los contratistas del estadio de Neiva, que lleva un año y medio cerrado desde el colapso de una tribuna que mató a cuatro obreros, se están moviendo para evitar que la alcaldía de Rodrigo Lara Sánchez los sancione y poder así seguir ganando contratos de obras públicas, como ya lo han hecho y hemos contado en La Silla Sur. Para lograrlo tienen a un abogado que trabajó en la alcaldía de Pedro Hernán Suárez, que fue justamente el que adjudicó la obra que costó 20 mil millones de pesos.

El abogado

Mario Bahamón Santos, exprocurador provincial de Neiva, es el abogado del Consorcio Interventor Estadio 2014, que era el encargado de vigilar la remodelación del estadio. Ese consorcio lo integran la empresa Dicon Diseños y Construcciones Ingenierías SAS, los ingenieros Diego Fernando Jaime Escobar y Pedro José Serrano Carrasquilla.

Antes de defenderlos a ellos, Bahamón trabajó de febrero a diciembre de 2015, como asesor jurídico del exalcalde Pedro Suárez. Entró justo dos meses después de que Suárez adjudicara la obra.

Entre sus funciones estaba hacer la revisión jurídica de las resoluciones, decretos, procesos y documentos que estaban en la oficina de Suárez. Es decir, tenía acceso directo a información del Municipio. 

Por esa asesoría en la Alcaldía a Bahamón Santos le pagaron 35 millones de pesos, incluyendo una adición, según consta en documentos que están colgados en el portal de contratación oficial Secop.

Ese dato es clave porque en el caso de que Bahamón logre demostrar que estos empresarios sí han cumplido y que no fallaron en vigilar la obra, contrario a lo que dicen, por aparte, la Contraloría, la Fiscalía y un estudio de la actual Alcaldía, esto indirectamente beneficiaría a Suárez porque le daría un empujón a su defensa en el proceso penal que le abrió la Fiscalía como el presunto responsable del debacle del proyecto.

Ahora como abogado del Consorcio, Bahamón ha presentado dos recusaciones o cuestionamientos (una en octubre y otra en diciembre del año pasado) a los funcionarios de la alcaldía de Rodrigo Lara Sánchez, lo cual ha demorado que se tome una decisión final poniendo en duda el futuro del estadio.

Las recusaciones apuntan a la supuesta falta de objetividad que tendría el director jurídico de la Alcaldía, Richard Vargas, para determinar el incumplimiento del contrato porque su jefe inmediato, el alcalde Rodrigo Lara, y el director de contratación, Fernando Iglesias, también están involucrados en el caso por haber adicionado plata a la obra en enero de 2016.  

 

Para un funcionario de la Alcaldía de Lara que conoce el caso, las recusaciones de los interventores son intentos por dilatar el fallo y evitar que la Fiscalía logre vencerlos en un juicio y demostrar sus responsabilidad.  

Dilatar les permite a los constructores e interventores ganar tiempo para seguir operando porque en el caso de que les declaren el incumplimiento serían sancionados e inhabilitados para contratar hasta por cinco años. Y sí que han aprovechado la demora.

Ganando tiempo y contratos

Como ya hemos contamos en La Silla Sur, los integrantes del Consorcio Interventor (integrado por la empresa Dicon Diseños y Construcciones Ingenierías SAS, el ingeniero Diego Fernando Jaime Escobar y el ingeniero valluno Pedro José Serrano Carrasquilla),  han seguido ganando contratos en municipios de Huila, Caquetá, Valle y Antioquia después del colapso del estadio porque no tienen sanción alguna.

Justamente por estos días Dicon Diseños y Construcciones Ingenierías SAS está en la puja para ganarse una licitación de la Gobernación del Huila para construir una vía en Pitalito, sur del departamento, cuyo valor es de más de 15 mil millones de pesos.

Por su parte el ingeniero Diego Fernando Jaime Escobar está detrás de otro contrato de la Gobernación para el mejoramiento de vías terciarias en municipios del sur, obra que también está valorada en más de 15 mil millones de pesos.

Habrá que ver en qué momento la Alcaldía podrá tomar una decisión en firme. Mientras tanto, las recusaciones y las licitaciones estarán a la orden del día.

CONTEXTO

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