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Por Jerson Ortiz · 04 de Octubre de 2018

Mañana el presidente Duque liderará un consejo de seguridad en Caquetá.

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Mañana cuando viaje por primera vez a Caquetá a liderar un consejo de seguridad como presidente, Iván Duque va tener su primera prueba de fuego con uno de los puntos más complejos del Acuerdo de paz: el de la sustitución de coca.

La semana pasada, en el municipio de San José del Fragua, decenas de campesinos que se comprometieron a erradicar voluntariamente la mata de coca, salieron a protestar porque dicen que el Gobierno no les está cumpliendo con los pagos, con los proyectos productivos, que no está permitiendo que más familias ingresen al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, PNIS,  y que si eso sigue así van a convocar a un gran paro regional.

Esto último significaría un duro golpe al Pnis, porque, como contamos, Caquetá pasó de tener 9.343 hectáreas cultivadas en 2016 a 11.793 a diciembre de 2017. Un aumento del 26 por ciento que lo mantiene como uno de los diez departamentos con más coca en el país.

Aunque Duque viaja a bajarle la caña al paro, en el consejo también se tratarán otros temas como la crecida de las disidencias, y el futuro de la carretera que conecta a Caquetá con el centro del país porque sus constantes cierres están afectando la economía regional.  

El brote que comenzó en San José de Fragua

Entre jueves y viernes de la semana pasada más de 200 campesinos de la inspección de Puerto Nuevo Zabaleta del municipio de San José de Fragua, en límites con el Cauca, que hacen parte del Pnis, bloquearon las vías de la zona y se declararon en asamblea permanente.

La razón, además de los incumplimientos con los pagos, es que dicen que le están cerrando la puerta a otras familias que se quieren acoger al Pnis.

Según cifras de la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, Coccam (que es afín a la Farc), en marzo de 2017 cuando se empezó a hablar del Pnis en San José de Fragua, al menos unas mil familias manifestaron su intención de meterse en el programa, pero al final solo unas 590 firmaron los acuerdos individuales y de esas, 458 ya comenzaron a recibir al menos el primer pago.

 

“Esa es una de las peticiones, que se abra un nuevo registro en el Pnis, que unas 200 familias que se quedaron por fuera en ese momento y que quieren estar en el programa puedan hacerlo para garantizar que haya una mayor cobertura”, dice Balvino Polo, uno de los líderes de la Coccam de Caquetá.

Pero que el Gobierno acepte meter más gente es muy improbable porque el Alto Consejero para el Posconflicto, Emilio Archila, ya dijo que están comprometidos con cumplirles a los campesinos que ya firmaron acuerdos con la Oficina de Drogas que lideraba Eduardo Díaz, pero hasta ahí.

“Hay un número de familias que ya firmaron y con esas tenemos el compromiso. Tenemos restricciones presupuestales muy grandes. En el Acuerdo se previó que el techo máximo era lo que estuviera plantado a agosto de 2016”, dijo Archila en entrevista con El Espectador.

Así que sin que haya volado el primer avión fumigando, en Caquetá Duque ya tiene una papa caliente porque los cocaleros tienen la expectativa de poder entrar al Pnis.

¿Más familias?

Hay dos factores que pueden explicar por qué en San José del Fragua no todas las familias firmaron los acuerdos desde el principio.

Por un lado está la presión que estarían ejerciendo bandas delincuenciales, entre ellas una disidencia de las Farc que se conoce como ‘Los Azulejos’, para quedarse con el negocio de la coca que antes estuvo en manos del otrora Frente 49.

Hace dos meses en la inspección de Yuraraco aparecieron unas casas pintadas con siglas de las Farc, y por eso el Ejército tuvo que militarizar la zona. Esos mismos días mataron a Raúl Buitrago, que era el vicepresidente de la junta de acción comunal de la vereda La Fraguita.

El otro factor es administrativo.

El personero de San José, Wilson Buitrago, dice que ha recibido denuncias de familias que se metieron en el Pnis pero que no aparecen en los registros que manejan en Bogotá.

“Familias cocaleras que firmaron las actas de inscripción al Pnis, que sentían que estaban en el plan, pero que después cuando fueron a preguntar por los pagos se enteraron que no estaban en el registro. Seguramente por la ubicación de terreno y la desorganización mucha de esa información se quedó en el camino”, comenta el personero Buitrago.

Las denuncias de desorganización y de problemas de gerencia no son nuevas. Como contamos esta queja fue una las causas que motivó que los cocaleros de todo el país hicieran unas movilizaciones en noviembre del año pasado para pedirle al Gobierno más gerencia para el Posconflicto.

Como abrir de nuevo ese registro es uno de los inamovibles del paro, a Duque seguramente le tocará negociar para que el inconformismo no empiece a crecer en otros municipios donde también se está hablando de incumplimientos.

“Acá lo que se escucha es que la gente le va a dar plazo al Gobierno hasta final de año para que las cosas se compongan. O sino se van a un paro regional”, nos dijo el personero Buitrago.

Por lo pronto y como medida para levantar los bloqueos, las familias cocaleras de San José lograron que el Ejército suspendiera la erradicación de la coca hasta que no haya compromisos puntuales con el Gobierno.

Más allá de si los cocaleros logran algo con la visita del Presidente, este puede ser el embrión de un problema que se le puede crecer a Duque si más familias cocaleras en otras regiones del país comienzan a alzar la mano para entrar al programa.

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