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Por Juanita Vélez · 22 de Septiembre de 2019

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El proyecto fariano de pasar a la vida civil con la misma jerarquía y organización que tenía la guerrilla cuando estaba en armas se desmorona. En el sur del país se está cocinando una propuesta de un grupo de exguerrilleros, muchos de ellos mandos medios, que dice representar a más de dos mil excombatientes para hacer su reincorporación al margen del partido Farc.

La idea va tan en serio que ese grupo, que no se siente representado por la dirección de Rodrigo Londoño, antes Timochenko, se reunió hace una semana con el Alto Consejero para la Estabilización, Emilio Archila, para volverla realidad.

Esa iniciativa es otra prueba de lo difícil que es mantener la vida colectiva y organizada al dejar los fusiles, como ya ha pasado en lo militar con las disidencias (sobre todo la de Gentil Duarte) y en lo político con el anuncio de la banda de Iván Márquez.

“No estamos ni con Iván Márquez, ni con Gentil Duarte. Pero tampoco con el partido”, nos dijo Víctor Hugo Silva, uno de los líderes del nuevo grupo y exjefe de finanzas del frente 17, que salió de la cárcel gracias al Acuerdo. 

La reunión

El consejero Archila y el director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, Andrés Stapper, viajaron el domingo pasado a Neiva. 

Lo hicieron porque recibieron una carta firmada por siete excombatientes que no están en los espacios de capacitación sino que se fueron a  sitios que bautizaron ‘nuevos puntos de agrupamiento’, en la que le pedían al Gobierno reunirse para hablar sobre su reincorporación. 

“Queremos descentralizar la reincorporación y los proyectos productivos porque son decisiones que está tomando la dirección de un partido que no nos representa y que abandonó a su guerrillerada de base hace mucho”, nos dijo Victor Hugo Silva, que fue a la reunión.

A la reunión llegaron 35 delegados de exguerrilleros en Tolima, Cauca, Huila, Meta, Putumayo, Caquetá, Córdoba, Antioquia, Eje Cafetero y Bogotá, incluyendo personajes de peso en la guerrilla como Andrés París, que hace parte de la dirección del partido; Omaira Rojas, alias ‘Sonia’, la primera guerrillera de Farc extraditada; o Fabián Ramírez, excomandante del Bloque Sur. 

Se presentaron ante Archila y Stapper como la ‘Dirección Nacional Provisional de Reincorporación’ y dicen que quieren línea directa con ellos para avanzar en su camino a la vida civil. 

Hablaron de proyectos productivos colectivos que les gustaría adelantar al margen de Farc, como uno con gallinas que presentó un delegado de Asopropaz, una cooperativa del punto de agrupamiento de Algeciras, Huila. 

También dijeron que la reincorporación está muy concentrada en los espacios territoriales y muy poco por fuera de ellos, una vieja discusión que comenzó a darse desde cuando muchos excombatientes comenzaron a irse de los espacios a hacer su vida en otro lado.

En este video les mostramos partes claves de la reunión. 

La Silla Sur supo que aunque el Gobierno no se comprometió a nada, dijo que estudiaría la propuesta y quedaron en volverse a reunir en octubre, aunque no hay fecha ni lugar definidos. 

Por eso, lo que quedó fue el inicio de un proceso que puede terminar con otra ruptura dentro de la Farc. La pregunta es qué tan grande y qué tan fuerte.

Quiénes son

Los 35 delegados dicen representar más de dos mil de los 13 mil excombatientes de las Farc. Esos dos mil tienen varias cosas en común, que los distancian de la estructura unificada que pensaron los líderes de las Farc a la hora de negociar. 

Por un lado, no están en los espacios de capacitación, donde el partido Farc tiene el liderazgo de la reincorporación donde viven, según cifras de la ARN, 3.246 excombatientes. 

Viven o en los nuevos puntos de agrupamiento, asentamientos informales de los que no hay cifras oficiales, o otros lugares, con sus familias. 

Por otro lado, tienen cooperativas y organizaciones por fuera de Ecomún, la cooperativa que se planteó en el Acuerdo como la principal canalizadora de la plata que le da el Gobierno a los exguerrilleros para tener una actividad económica después (ocho millones por una sola vez) y que manejan las directivas de Farc.

Ecomún se ocupa de armar proyectos productivos colectivos, que deben aprobar el Gobierno y la Farc en el Consejo Nacional de Reincorporación, CNR. 

Según dijo a La Silla Vacía Pastor Alape, el representante de Farc en el CNR, ese consejo ha aprobado 35 proyectos colectivos, el Gobierno ha desembolsado la plata de 21 y por lo menos cinco son para los  nuevos puntos. 

Pero el nuevo grupo quiere hacer sus proyectos por aparte, con sus propias cooperativas.

Por ejemplo, Julio Rincón, uno de los 35, hace parte de la cooperativa ‘Raíces Caribe’, que montaron los 71 exguerrilleros que hoy viven en un punto de agrupamiento en Córdoba y que no tiene nada que ver con Ecomún.

O Silva, quien era el financiero del Comando Conjunto Central y le respondía directamente a Alfonso Cano, ahora vive en Neiva y es el representante legal de la cooperativa ‘Cooagropaz’ que agrupa, según sus cuentas, a más de 500 excombatientes en proyectos para el campo. Tampoco tienen nada que ver con Ecomún.

Que alguien que llegó a tener un rango alto en las Farc esté en este grupo, puede indicar su fuerza. 

Lo mismo pasa con Fabián Ramírez, quien lleva meses buscando armar nuevos puntos de agrupamiento en Huila y Caquetá con exguerrilleros que viven en ambos departamentos y no le copian a la línea oficial del partido, y que hace casi un año se sentó con la Misión de la ONU en Neiva para que le ayudaran a armar esos puntos

El tener figuras visibles dentro del mundo fariano y tener el potencial de representar a los excombatientes que no están en los espacios, la división parece arrancar con fuerza. Más cuando tiene objetivos a futuro que pueden fortalecerlo.

Lo que viene

“La propuesta para el Gobierno es que este equipo que conformamos tenga interlocución directa con la ARN, sin pasar por el partido”, nos dijo Rincón, que hizo parte de la dirigencia del frente 18, que operó en Córdoba, Antioquia y Chocó. 

 

“Los que estamos en este grupo somos gente de guerra, que duró treinta, cuarenta años luchando en terreno, y queremos seguir en el proceso y que se reformule la política de reincorporación ¿Cómo es posible que sólo a los tres mil que viven en los espacios les llegue comida? ¿Y el resto? Hay más de ocho mil camaradas por fuera y los compañeros de la dirección no hablan a nombre de la mayoría”, dice. 

Las cifras de Rincón son ciertas: según los datos del censo que hizo la ARN en julio, 9.772 excombatientes, más de 2 de cada 3, viven fuera de los espacios de capacitación, incluyendo 1.052 que no se sabe dónde están. 

Sus quejas, además, reflejan las dificultades de la implementación que tiene entre sus  principales desafíos, como muestra este informe de la Fundación Ideas para la Paz, que solo 1.244 excombatientes (el 9,4 por ciento) han accedido a un proyecto productivo individual o colectivo.

“Yo entiendo que nuestro deber y compromiso es con la totalidad de los excombatientes, sin diferencia entre los que están en los antiguos Etcrs y los que están adelantando su reincorporación en otros sitios”, nos dijo el alto consejero Archila. 

“Me preguntaron si alguna de las garantías que el Gobierno ofrece a los excombatientes está condicionada a la pertenencia al partido político Farc y expliqué que no”, agregó. Una respuesta que refleja lo acordado y que también le puede dar alas a la división.

En el partido Farc señalan al Gobierno como responsable de la división. 

“Al Gobierno le presentamos un primer listado con los compañeros que se quedaron por fuera de los espacios, en la cárcel, otros con sus familias, y un segundo listado, pero nos cerraron la puerta porque no nos recibieron el segundo listado. Aún estamos tratando de que este Gobierno lo reciba y lo incorpore en su política de reincorporación”, nos dijo Sandra Ramírez, senadora y vocera de la bancada Farc. 

“La sugerencia para esos compañeros es que lo mejor es establecer una ruta con el partido para solventar las dificultades”, nos dijo. “Nuestro partido es un partido democrático, puede retirarse el que quiera cuando lo crea conveniente. No somos una camisa de fuerza”, agregó. 

Algo similar dijo Alape: “Yo saludo si los compañeros quieren hacer su reincorporación aparte porque igual están dando la pelea por mantenerse en el Acuerdo. Entendemos esas dificultades y creo yo que el Gobierno es el que no ha entendido qué hacer en esos nuevos puntos”.

Pero el problema puede no ser solo del Gobierno: aunque el grupo por ahora sólo busca tener su reincorporación por aparte, tres fuentes que hacen parte de él nos dijeron que no descartan que más adelante se convierta en un movimiento político. 

Si así fuera, el desmoronamiento de las antiguas Farc quedaría consolidado, lo que tendría varios efectos.

Por un lado, podría darle munición a los críticos del Acuerdo para decir que cada vez son menos las personas que dicen estar representadas en la Farc, lo que podría debilitarlos políticamente y facilitar que el uribismo busque quitarle espacios políticos o poner en cuestión quién puede ocupar espacios de poder como curules en el Congreso, sillas en el CNR o en la Comisión de Seguimiento del Acuerdo, Csivi. 

Por otro, puede fragmentar la interlocución del Gobierno con los excombatientes y ponerle el reto adicional de tener que negociar con varios voceros una política que de por sí ya está atrasada, lo que haría más difícil para Archila lograr sus metas, incluyendo las que quedaron en el Plan de Desarrollo de Duque.

Pero, sobre todo, puede empantanar todavía más la implementación. 

Si diferentes grupos reivindican el nombre del Acuerdo y la vocería de parte de sus beneficiarios, y no se ponen de acuerdo en cómo mejorar la política de reincorporación, en qué postura tomar frente a los desarrollos legislativos que faltan o no concuerdan en sus demandas al Gobierno, las soluciones pueden ser más demoradas y quedar menos legitimadas del lado de los excombatientes.

Eso, con las disidencias activas y la sombra de Márquez y su banda, solo aumenta la incertidumbre.

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