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Por Jerson Ortiz | Juanita Vélez · 10 de Mayo de 2019

John Molina (centro) candidato conservador a la Gobernación, es uno de los voceros de la iniciativa.

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Mañana el presidente Iván Duque irá a un taller 'Construyendo País' en Mocoa, justo días después de que la Registraduría le dio luz verde a una consulta popular que busca prohibir la fumigación con glifosato en Putumayo, uno de los diez departamentos con más coca en el país. Eso es clave porque es la primera consulta contra ese químico que nace después de la audiencia pública en la que Duque defendió su uso ante la Corte Constitucional. 

Según los voceros de la iniciativa, el regreso del herbicida no solo afectaría los cultivos que sí son legales, sino que le pondría más trabas al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Pnis, que solo en Putumayo tiene inscritas a más de 19 mil familias. 

Pero para que la consulta sea una realidad primero debe superar varios obstáculos, que van desde recoger las firmas necesarias para hacerla, hasta su legitimidad política, porque uno de los que promueve la iniciativa es un candidato a la Gobernación que quiere el aval de los conservadores, el mismo partido de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que en su gira por Estados Unidos ha defendido el glifosato. 

La Consulta

Con el reconocimiento legal que la Registraduría le dio esta semana al comité promotor, arrancó el trámite formal de la consulta.

El comité lo integran Marco Rivadeneira, presidente de una asociación campesina de Puerto Asís; Vicente Mueses, dirigente de la comunidad indígena Awá de San Miguel; y Manuel Obando, del cabildo indígena Kamsá del Valle del Guamuez.

Curiosamente los tres municipios de donde vienen están entre los diez con más coca en todo el país, de acuerdo con el más reciente censo de cultivos de coca de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 

El representante del comité ante la Registraduría es Jhon Molina, precandidato a la Gobernación. 

A partir de ahora tienen tres meses para recoger unas 22 mil firmas que es el mínimo que necesitan para avalarla (es decir el 10 por ciento del censo electoral, que es de 222 mil habitantes).

La idea surgió tras los anuncios del Gobierno Duque de retomar la fumigación con glifosato. 

“A nosotros desde el 2000 nos están fumigando todo. No ha sido el método de sustituir, porque por el contrario expandió el cultivo de coca a otros departamentos donde antes no se sembraba. Lo que pedimos es que la erradicación se haga de manera concertada, de campesino por campesino, junta por junta, que nos inviten a dialogar”, dice Rivadeneira.

 

En ese sentido, dice que la manera de decidir si la fumigación es el camino es que se le pregunte a los putumayenses y no que se tome la decisión desde Bogotá.

“Estamos dispuestos a decir no más coca, pero a cambio de qué. Tiene que haber una voluntad política para cambiar esta economía, en Putumayo llevamos 40 años de producción de hoja de coca. Eso no se puede acabar en dos meses o tres días, debe ser de manera concertada”, añade Avirama, que hizo parte de las marchas cocaleras de 2013.

Para Vicente Mueses, de la comunidad indígena Awá, con la fumigación aérea también se corre el riesgo de afectar los cultivos con los que están dejando a un lado la siembra de coca.

“Somos los pioneros en trabajar en pimienta y cacao y cultivos alternativos en la región. Todavía estamos pagando las consecuencias de que en el pasado se fumigara con glifosato, muchas tierras quedaron afectadas, envenenadas, infértiles. No queremos que vuelva a pasar”, nos dijo. 

Esos argumentos son los que usarán para conseguir las firmas y llevar la consulta a las urnas, aunque el camino no es fácil.

La cuesta arriba

Hay varios obstáculos que tendrá que sortear la consulta.

Además del más obvio, que es alcanzar a recoger todas las firmas, se suman los líos de plata. Por ejemplo, en 2017 el expresidente Santos dijo que eran los departamentos y los municipios y no el Gobierno central, los que debían sacar la plata para financiar las votaciones de esas consultas.

A esos dos obstáculos se suma que en otros casos, el Estado puso demandas administrativas para tumbarlas, como pasó en Huila, donde el Ministerio de Minas logró anular las consultas populares de Íquira y Timaná que buscaban prohibir la minería.

Esa embestida puede darse en este caso de la fumigación con glifosato, sobre todo por la presión de Estados Unidos al Gobierno Duque para que Colombia vuelva a la aspersión aérea. 

Además la consulta nació con cuestionamientos porque puede ser un empujón para un candidato que está en campaña. 

Una causa electoral

Aunque el comité promotor de la consulta está integrado por personas como Rivadeneira y  Obando, que tienen relación con sectores campesinos, el vocero ante la Registraduría es el precandidato a la Gobernación, John Molina.

Molina hace parte del equipo político del representante conservador Jimmy Díaz y está esperando que le den oficialmente el aval azul para seguir su carrera por la Gobernación.

Él dice que acompaña la consulta por un interés social.

“No estamos pensando en votos, sino en el bienestar de los campesinos, y que en una decisión tan importante como esta, los putumayenses nos podamos amparar en los mecanismos democráticos”, dice Molina.

Pero el hecho de que él sea el vocero del comité (ayer convocó una rueda de prensa para explicarle a los medios locales los pormenores de la consulta), ha despertado suspicacia.

“Pienso que es una estrategia populista y oportunista del señor Molina porque la consulta no ataca el problema de fondo, que es la de construir una política pública antidrogas para el Putumayo. Es apenas lógico que la respuesta a la pregunta de si queremos fumigación es no, por supuesto”, dice el antropólogo Andrés Cancimance, que es uno de los precandidatos de la convergencia de sectores alternativos que también busca la Gobernación.

Agregó que con su participación Molina quiere ganar protagonismo adueñándose de una causa a la que su partido, el conservador, históricamente se ha opuesto.

Esta semana, por ejemplo la vicepresidenta Ramírez, que es conservadora, dijo en Estados Unidos que espera que la Corte permita volver al glifosato. Dijo que “ojalá la Corte nos facilite las cosas sin poner condiciones imposibles como que haya pruebas 100 por ciento de que (la fumigación) no causa efectos a la salud. Si usted se toma 100 vasos de agua al día, le aseguro que también se enferma", frase que causó polémica en redes. 

El representante liberal Carlos Ardila dice que es bueno que sectores conservadores se sumen a estas iniciativas que han movido otros sectores como el liberalismo o la bancada de oposición

“Celebro que desde el partido conservador se unan a la causa de decirle no a la fumigación aérea, ojalá esto genere reflexión en el interior del partido conservador a nivel nacional para que se alimente el debate”, nos comentó Ardila.

Más allá de ese tinte político, si la consulta sale adelante sería un campanazo para el gobierno, y podría ser el inicio de una bola de nieve para que otros departamentos cocaleros le apuesten a ese camino para evitar que regresen los aviones a fumigar. 

CONTEXTO

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