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Por Juanita Vélez · 08 de Julio de 2019

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Gentil Duarte pasó de estar en las Farc, una guerrilla que imponía manuales ambientales con topes y multas para la tala de árboles en muchos territorios, a ser el líder de la disidencia más grande del país, que deja deforestar en una región que en 2017 fue el foco más grande de tala, y que seguramente mantendrá esa triste corona en las cifras de 2018 que el Ideam va a publicar en los próximos días. 

Ese cambio de chip en Duarte se explica en que cuando comenzó a montar su disidencia a comienzos de 2017, las circunstancias en las selvas que tanto caminó en el sur del Meta y Guaviare habían cambiado, pues mientras la guerrilla negociaba con el gobierno el Acuerdo en Cuba, hubo una compraventa masiva de tierras por grandes terratenientes que por el proceso vieron un mejor escenario para invertir o especular, con menos riesgo de violencia. A ellos hoy les cobra vacuna.

Duarte tampoco tiene los mismos hombres que cuando comandaba el frente 7, ni el apoyo de una estructura nacional, como fue la guerrilla de las Farc. 

Por ese entonces era “un comandante que se sentía como gobernador. Duró muchísimos años en ese territorio, tenía todo el arraigo y un amplio trabajo de bases”, nos dijo Carlos Antonio Lozada, el ahora senador de la Farc que vivió sus últimos cuatro años de monte con él. “Ahora es distinto. Uno sabe que ahí no hay un proyecto político como el nuestro”.

Aunque Duarte sí ha retomado un trabajo de bases con algunas juntas y el discurso de ser “el verdadero Ejército del Pueblo”, está dedicado sobre todo al narcotráfico. Los campesinos lo saben.

El cambio

El Secretariado de las Farc decidió hace décadas incluir normas ambientales en los manuales de convivencia que imponía en las zonas que controlaba, como “se prohíbe la tumba de montaña por razones de orden ambiental”. Esa instrucción la debían cumplir todos sus bloques y frentes y era estratégica porque les permitía esconderse del Ejército, evitar la colonización para mantenerse aislados y fungir como autoridad. 

 

“La decisión fue difícil porque al principio nos generó muchas dificultades con las comunidades, pero era un trabajo de politización que hacía que esas medidas terminaran siendo aprobadas por las juntas y si salen de las juntas, los campesinos las hacen valer”, nos dijo Lozada. 

“Nosotros éramos los garantes de que se cumplieran”. Claro, garantes por sus armas.

Sin guerrilla y sin manuales, los campesinos no tienen una ‘tercera instancia’ (como pasaba con la organización Ascal-G en Caquetá) que haga valer a la fuerza las normas de las juntas. Duarte, que está concentrado en crecer su negocio del narcotráfico (ya llegó a Putumayo y está dando los primeros pasos para entrar a Nariño, los dos departamentos con más coca sembrada en el país), ya no parece interesado en lo ambiental, sino en crecer y ganar recursos gracias a la tala.

Una tala que no le preocupa en lo estratégico porque los miembros de su disidencia no andan en grupos grandes y viven más en las zonas pobladas que en campamentos en la selva. 

“La gente dice que los ve en el casco urbano, vestidos de civil, a veces sin armas. Andan en grupitos de a 4 o 5 personas y todo el mundo los reconoce. Por eso las extorsiones están disparadas hasta en el casco urbano. Es vacuna por todo”, nos dijo una fuente que trabaja en una organización que lleva años en terreno. 

El bosque les sigue sirviendo, pero de otra manera. 

El nuevo orden

La explicación más obvia de por qué Duarte está incentivando la deforestación es que con la tala puede ampliar los cultivos de coca, el ‘coco’ al que el Gobierno Duque le ha achacado el grueso de tala, aunque no lo es. 

Duarte sí está incentivando la tala para sembrar coca, pero como tiene relativamente pocos hombres (según la Fiscalía son 300, mientras el Bloque Oriental de las Farc llegó a tener más de 3 mil), su capacidad para coaccionar a las juntas a que siembren es menor que la que tuvo las Farc para evitar la tala.

Por eso, lo que se ve en sus zonas de influencia es que en unas veredas hay ‘orientaciones’ de tala para sembrar la hoja y en otras desapareció por completo cualquier orientación. 

Por ejemplo, en 12 veredas que quedan pegadas al río Inírida en el Guaviare, donde la orden es tumbar  “15 hectáreas por semana para ir ampliando las áreas de siembra de coca y les pagan”, como nos contaba Fidel Navarro, coordinador territorial del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Pnis, en Guaviare, sur del Meta y suroccidente de Vichada.  

Algo parecido pasa en zonas de Calamar, otro municipio del Guaviare, donde una fuente que lo sabe de primera mano también nos contó que la orden es tumbar para sembrar coca. 

En otras, como El Capricho, corregimiento de San José del Guaviare, hay órdenes pero menos concretas.

“Ellos (la disidencia) no usan manuales, mandan la orientación de que el que se meta puede coger máximo 80 hectáreas. Aquí hay muchos sin tierra ni empleo, y les están diciendo que acaparen y trabajen. Así cogen otra vez credibilidad en la gente”, dijo a La Silla un presidente de junta de ese corregimiento que no citamos por su seguridad. 

Esa credibilidad no ha sido fácil de ganar.

“Ya no existe ese componente ideológico. Para los campesinos en las veredas a las que uno va, ellos ahora tienen una visión muy mercantilista, no les copian igual”, nos dijo una fuente de una organización internacional que vive en San José del Guaviare, y que no citamos por seguridad. 

“Ellos podrán seguir repitiendo nuestro discurso, pero si pierden la fundamentación política, si ya no son una organización revolucionaria sino un grupo que está pensando en su supervivencia, si ya no tienen bases sobre la base de la concientización política, y eso incluye lo ambiental, es muy difícil”, nos dijo el hoy senador Lozada.

Por esa falta de fuerza política es que la coca no explica el grueso de la tala a pesar de que la disidencia de Duarte la incentiva y tiene amenazados a todos los funcionarios y líderes sociales que defiendan la sustitución de cultivos o la defensa al medio ambiente. 

De hecho, según las más recientes cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Guaviare fue el departamento en el que más bajaron los cultivos de coca. Pasaron de 6.838 hectáreas en 2016 a 4.923 en diciembre de 2017

Aún si eso cambia con las cifras de 2018 que saldrán en las próximas semanas, el promedio de los parches de deforestación se está agrandando justo en Guaviare y Sur del Meta y ahí no hay coca.

Algo parecido encontraron Santiago Saavedra, Mounu Prem y Juan Fernando Vargas, investigadores de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario en su paper “End of conflict deforestation: evidence from Colombia’s peace agreement” que miró cómo fue la deforestación entre 2011 y 2017 en municipios donde estaban las Farc.

Como contó La Silla Académica, encontraron que en los municipios ex Farc (como San José del Guaviare y La Macarena) la deforestación masiva, es decir, los grandes parches de bosque talado, se han incrementado más que los pequeños parches en los que un campesino tumba dos hectáreas para sembrar coca. 

También encontraron que, en contravía de la teoría del Gobierno de que la deforestación es por cuenta de la coca, en lo municipios ex Farc el incremento de la tala se debe más a factores como la ganadería extensiva, que produce una deforestación diez veces mayor que la coca.

Justamente ahí, en ese negocio de la ganadería extensiva, la disidencia de Duarte también está jugando.

Si a los terratenientes les va bien, a Duarte también

En el boom de terratenientes que llegaron a comprar tierras desde las negociaciones de paz, en Guaviare y en general en la Amazonía, “el ganado es la punta del modelo económico de agronegocios con el cual esta región se transforma a pasos agigantados”, dice Rodrigo Botero, experto ambiental en esta entrada de nuestro Lío de la Deforestación. 

Los “finqueros”, como cuenta Botero, llegan a pueblos grandes como San José y La Macarena y buscan tierras. Algunas fincas están a precio de huevo porque los campesinos ven la oportunidad para tener la plata que no han visto en toda su vida, por lo que venden. 

En esas compraventas, la disidencia está cobrando su parte. 

“Ya son varios los campesinos que me cuentan en La Macarena que todo negocio de compra o venta de fincas debe pagar el 9 por ciento del valor a la disidencia”, nos dijo una fuente que lo sabe de primera mano y trabaja en una organización que le hace seguimiento a ese tema. Corroboramos la información con un presidente de junta del municipio, quien nos dijo la misma cifra. 

“Todo el que viene aquí a tumbar tiene que hablar con ellos para poderlo hacer. Desde el grande hasta el chiquito”, nos dijo un presidente de junta. 

“Lo que se escucha es que hay grandes terratenientes con grandes extensiones que están comprando tierras y que pagan la vacuna para que los dejen trabajar”, dijo a La Silla Andrés Pacheco, personero de San José. 

En Calamar, otro municipio del Guaviare, han llegado finqueros de Norte de Santander y Arauca a comprar tierra.

Otra forma en la que se ve la mano de la disidencia es que está abriendo trochas que les sirvan de corredores estratégicos.

Una es la que mostró La Silla Sur: arranca en Puerto Cachicamo, el epicentro histórico del frente que comandó Duarte, sigue por una zona de reserva forestal, una parte del Parque Nacional Chiribiquete, un resguardo indígena y muere (hasta ahora) camino a La Macarena, Meta, un enclave de la disidencia y el municipio en el que más tierras reportaron las Farc en el listado de bienes que le entregaron a la Fiscalía para reparar a las víctimas. 

Para abrir la trocha, aparte de tener amenazados a los cuatro funcionarios de la autoridad ambiental, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico, citan a los campesinos a que hagan el “mandato”, como le dicen al trabajo obligatorio, de abrir la trocha. Los que no lo hagan tienen que pagarles un jornal, el precio de un día de trabajo del campesino. 

Así que como dice Rodrigo Botero en su artículo, los únicos que han podido decir qué se hace y qué no en estas selvas son “los que tenían “fierros", y los de ahora si se paga bien, lo permiten." 

Duarte se está adaptando a ese modelo económico, que a la vez le da combustible a su negocio del narcotráfico; ya no tiene un secretariado que le tire línea. Él es la línea. 

CONTEXTO

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