Uso de cookies

La Silla Vacía usa Cookies para mejorar la experiencia de nuestros usuarios. Al continuar navegando acepta nuestra política.

listo

Por Jerson Ortiz · 19 de Febrero de 2020

Al río Amazonas llegan las aguas residuales de Leticia a través de 17 puntos.

3279

0

En Leticia, la capital del Amazonas y uno de los epicentros turísticos del país, las aguas negras son un problema. Lo han sido siempre. Pero cada año, el problema se agudiza. El alcantarillado solo cubre la mitad de la ciudad, y las aguas están rebosando las calles; cuando no desembocan directamente en el río Amazonas. Lo asombroso es que la solución que finalmente le encontraron al problema, lejos de alegrar a los leticianos, tiene a la ciudad dividida.

Leticia tiene 40 mil habitantes y alrededor de 90 mil turistas que la visitan anualmente. Es el punto de llegada de quienes quieren adentrarse en la selva, patrimonio de la humanidad. De allí salen los turistas a visitar los lagos de loto, la isla de los micos, a ver delfines rosados, o a conocer las comunidades de los indígenas Ticuna, Yagua y Cocama.

 

Es uno de los lugares del país donde el turismo más ha crecido desde la firma del Acuerdo de Paz y donde se concreta la idea del gobierno de Duque de que el turismo puede ser el nuevo petróleo.

Muestra de ello es la modernización del aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo al que se le invirtieron más de 150 mil millones de pesos. 

Sin embargo, desde 2012, la Corporación del Desarrollo Sostenible del Sur, Corpoamazonia, viene denunciando que las aguas residuales que producen los nueve mil usuarios que están conectados a las redes de alcantarillado llegan al Amazonas poniendo en riesgo el río más caudaloso del mundo.

Llegan de manera directa en siete puntos mientras que los otros diez lo hacen a través tubos y caños que pasan por barrios populares como Victoria Regina y La Unión y los demás, a través de las quebradas San Antonio, El Porvenir o Simón Bolívar. 

Los leticianos que no tienen alcantarillado desechan sus residuos en unos tanques artesanales que abren en la tierra y que -sin ningún tratamiento- también llegan al río por filtraciones subterráneas o rebosan en las calles.

Ante ese panorama, el Ministerio de Vivienda, a través del Findeter, contrató en 2017 una consultoría para proponer un Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. Ahí se definió que, además de la necesidad de aumentar la cobertura (faltan más de 33 kilómetros lineales de tubería), era prioritaria la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales. 

Con el visto bueno del Ministerio de Vivienda, la Alcaldía contrató la planta por 11 mil millones de pesos el 31 de diciembre. Sin embargo, hoy, cuarenta y nueve días después, el proyecto no solo sigue enredado, sino que se ha convertido en objeto de una intensa polémica en la ciudad.

La polémica

La polémica gira alrededor de la transparencia de todo el proceso de contratación, y también sobre la conveniencia y necesidad del proyecto.

El proyecto tuvo luz verde en mayo del año pasado cuando el Ocad del Sur (Órgano Colegiado de Administración y Decisión), que maneja la plata de regalías en la región, le asignó los recursos. En la aprobación se dejó constancia que para que la Alcaldía pudiera adelantar la contratación necesitaba cumplir con dos requisitos. 

Primero, conseguir el lote. Y ahí estuvo el primer escollo. 

La Alcaldía ubicó uno que el Gobierno Nacional le expropió a Evaristo Porras, uno de los primeros narcotraficantes que tuvo el país y que ayudó a crecer el emporio de Pablo Escobar y los hermanos Gacha, le modificaron el uso del suelo para servicios públicos y lo declararon de utilidad pública para empezar su negociación.

En junio del año pasado, en medio de un agitado debate del que participaron las comunidades que se oponen al proyecto, el Concejo le dio facultades al alcalde José Araujo, del Centro Democrático, para hacer la compra ante la Sociedad de Activos Especiales, SAE, que es la entidad estatal que vende o arrienda esas propiedades. 

El lío es que el presupuesto para la compra del lote que Araujo consiguió en el Ocad, 836 millones de pesos, resultó inferior al que pidió la SAE, 1.546 millones de pesos. 

Lo que falta para completarse es lo que tiene embolatado el negocio. 

“Si el municipio no tiene esta propiedad, entonces, ¿en dónde van a ejecutar el contrato?”, se pregunta el exconcejal Alejandro Castillo. 

Araujo dice que es cierto que el trámite de compra no está cerrado, pero que es cuestión de días porque antes de terminar su mandato, dice, el Gobierno Nacional a través del Departamento Administrativo de Presidencia, Dapre, se comprometió a ponerle el resto de la plata. 

Buscamos al actual alcalde Jorge Mendoza, del partido Liberal,  para verificar ese dato pero no nos contestó nuestros mensajes ni llamadas. 

Desde la SAE nos dijeron que efectivamente el predio sigue en manos de ellos porque están revisando el plan de pago que propuso Araujo: cruzar 242 millones de pesos que la SAE le debe en impuestos a Leticia, y cargarle el resto, es decir 468 millones de pesos, al Gobierno Nacional.

El segundo requisito es un permiso ambiental que entrega Corpoamazonia para el vertimiento de las aguas. 

El 8 de noviembre pasado Corpoamazonia dio el permiso, pero le dijo a la Alcaldía de Araújo que si no cumplía unos requerimientos antes del 31 de diciembre se lo quitaba. 

El despacho de Araujo entregó las respuestas un día antes de la fecha de vencimiento y Corpoamazonia dijo a La Silla que en 15 días evaluarán si cumplieron.

En todo caso, y sin resolver de fondo la compra del lote ni tener la licencia en firme, la Alcaldía de Araujo adjudicó el contrato. 

Una firma del 31 de diciembre

A pesar de que el monto asciende a 11.900 millones de pesos y que incluye la entrega de un anticipo de hasta el 50 por ciento solo se presentó un proponente en la licitación, que al final fue el que ganó. 

Se trata del consorcio ‘Construcción Ptar Leticia’, que está integrado por las empresas Ingeambicol (Arauca), Invermohes (Boyacá), Construnal de Aguas (Meta) y Geosigma (Leticia).

Estas dos últimas en 2018 se ganaron, también como únicos proponentes, una licitación de 900 millones para construir con la misma Alcaldía unos pozos para el acueducto, que debían haber entregado hace siete meses. 

Grace Edith Zárate, representante legal de Geosigma y quien ahora asumirá  la representación legal de ‘Construcción Ptar Leticia’, dice que la demora es porque el Ministerio de Vivienda hizo unos ajustes técnicos. 

Las licitaciones de un único proponente fueron la constante en el gobierno de Araujo, como en la mayoría de municipios del país. Como contamos, así pasó en el 90 por ciento de los contratos que entregó entre enero de 2016 y abril de 2019 y que suman más de 42 mil millones de pesos. 

El exalcalde Araujo dice que la baja participación se debe a que pocas empresas se interesan por hacer obras allá por los costos de transporte de materiales ya que Leticia no está conectada por carretera con el resto del país, y todo se debe llevar por avión o por río. 

El cemento, por ejemplo, llega desde Puerto Asís, Putumayo, en viajes que pueden durar hasta 28 días. El Gobierno Nacional prohibió que se importara desde Brasil y Perú para proteger a las empresas colombianas que lo producen; y como una medida para impedir que el cemento sea usado para la producción de cocaína. 

Otro dato que llamó la atención durante el proceso de contratación de la planta fue la modificación al cronograma que le permitió al alcalde Araújo adjudicar y firmar el contrato el 31 de diciembre, a horas de acabar su periodo. 

Un día antes de la Navidad, sacó un decreto que obligó a los trabajadores de la Alcaldía a laborar el sábado 28 de diciembre, algo inusual porque el horario de atención es de lunes a viernes, con lo cual logró ampliar los términos para hacer la evaluación de la propuesta que presentó  ‘Construcción Ptar Leticia’.

Eso le permitió evitar que la firma del contrato le quedara a su sucesor.

La Alcaldía justificó el ajuste laboral diciendo que se necesitaba un día más para dejarle todo listo a la nueva administración porque en esos días hubo fallas en el servicio de internet. 

“La licitación tuvo unos términos amplios de observación, los cambios de fechas pues son asuntos internos administrativos de cada Alcaldía que son ajenos a los que participamos de ella. Nosotros lo que queremos es cumplir con el objeto y entregar una buena obra a Leticia”, dijo la contratista Zárate.

El debate sobre la conveniencia

Mientras el nuevo alcalde logra resolver lo del lote y el permiso ambiental, el tema de la planta comienza a polarizar a la ciudad.

La obra está ubicada a dos cuadras del parque principal, al lado de hoteles concurridos como el Decameron, frente al colegio Rafael Pombo, donde estudian unos 450 niños y delante del barrio El Águila. 

La mayoría de los que viven o trabajan ahí, temen que la planta de tratamiento se convierta un foco de malos olores porque allá irán a parar los desechos de todos los hogares. 

“Leticia vive del turismo, ¿quién va a querer hospedarse cerca de una planta de la que van a salir malos olores?”, dice Laureano Roa, del comité de defensa del medio ambiente de Leticia, Codeamas, que se creó para hacerle oposición a la obra. 

“Creo que el proyecto no dimensionó el impacto social, económico y de mercadeo que va a generar construir ahí. Esa planta va a quedar a 90 metros del hotel”, añade Iván Vanegas, funcionario del Hotel Decameron Ticuna. 

El diseño de la planta incluye un sistema de tanques de lodos, filtros, y reactores que podrían mitigar los olores. Sin embargo, los habitantes del sector insisten en que la planta no se haga dentro del perímetro urbano y ya interpusieron una Acción Popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca pidiendo frenar la obra.  

Según Roa, si eso no les funciona, cuando vean entrar maquinaria en la zona van a hacer una ‘tutelatón’. Y si esas no prosperan, van a organizar plantones y marchas. 

“No soy abogado, pero las cosas como se hacen, se deshacen”, comenta el líder del comité ambiental. 

Al otro lado del río

Pero los habitantes que viven del otro lado de la ciudad, más alejados del río, están presionando para que se haga el proyecto.

Creen que con la planta de tratamiento, las redes de conducción de alcantarillado que están saturadas, podrían liberarse. Porque hay calles donde las aguas negras se rebosan cada vez que llueve o un tubo colapsa.  

Consideran que eso ayudaría a reducir la propagación de enfermedades que tienen su caldo de cultivo en aguas estancadas. En 2019, según el Instituto Nacional de Salud, en Leticia hubo 1.674 casos de dengue.

O que, como dice el exalcalde Araujo, eso le evitaría a Leticia ganarse pleitos ambientales con Brasil, porque al otro lado de la frontera en el mismo cauce del río Amazonas, queda Tabatinga, un municipio de unos 100 mil habitantes.  

“De Tabatinga nos han amenazado con demandarnos ante instancias internacionales por no hacer nada para cuidar el río”, dice el ex alcalde Araújo. Hasta ahora no hay ningún pleito.

El puntillazo

Y como una capa adicional a la discusión, está el argumento del biólogo y profesor de la Universidad Nacional, Santiago Duque, quien lleva más de 30 años estudiando los humedales y ríos del Amazonas.

Él sostiene que el río Amazonas tiene la oxigenación y la capacidad natural para transformar todo el material orgánico que le cae desde Leticia, con lo cual la planta como tal sería innecesaria. 

“Acá no hay actividades industriales que produzcan químicos o materiales que sí pueden ser nocivos para el río como pasa en ciudades más grandes”, señala Duque. “Las aguas residuales de Leticia no le hacen ni cosquillas al río porque está comprobada su capacidad para metabolizar esas fuentes vertidas”.

Sostiene que en vez de la planta, el Municipio debería gastar esos recursos en lograr que el alcantarillado cubra toda la ciudad, para que las aguas residuales puedan descargarse al río a través de tuberías subterráneas como, dice, se hizo en la bahía de Cartagena. 

“Acá la verdadera contaminación la producen los residuos sólidos, las botellas, los plásticos, basuras domésticas, porque no hay una cultura ciudadana, en eso también debería invertirse”, dice Duque. 

En la misma línea, Sergio Rojas, promotor de turismo local, dice que antes de pensar en plantas hay que cambiar toda la red del alcantarillado porque se están rebosando las aguas en sitios públicos de la ciudad, lo que da mala imagen al visitante. 

“Estamos viviendo encima de un pastel de aguas podridas, dos metros abajo están las filtraciones, uno se está bañando y de un momento a otro le sale agua podrida”, comenta Rojas.

Por como pintan las cosas, seguirá cayendo mucha agua negra al río Amazonas mientras en Leticia se ponen de acuerdo en cómo evitarlo. 

CONTEXTO

Las historias más vistas en La Silla Vacia