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Por Jineth Prieto · 19 de Noviembre de 2019

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Nunca como ahora una comunidad indígena había sido protagonista en la puja por uno de los fortines políticos claves de Santander. 

Las tres comunidades del resguardo U'wa que están asentadas al occidente del departamento, tienen en jaque la elección del nuevo director de la Corporación Regional de Santander, CAS.

Lograron que todos los reflectores apuntaran a ese proceso justo cuando el gobernador Didier Tavera quiere hacer moñona con el poder ambiental regional, y un bloque integrado por el senador liberal Jaime Durán, el representante uribista Óscar Villamizar y el clan de los Aguilar le están peleando el fortín y quieren poner ficha en conjunto.

Ayer fue el tercer aplazamiento de la elección del director y ocurrió en medio de denuncias sobre el desacato de una tutela y de la salida de un mando medio que habló de presiones .

La aparición

Los U’wa son la única etnia indígena que sobrevive en Santander. 

 

Entre los municipios de Cerrito y Concepción están identificadas tres tribus -Aguablanca, Taburetes y Tamara- que son integradas por cerca de 1.400 personas y cuyos territorios ancestrales ocupan varios miles de hectáreas del departamento.

Por esa razón tienen reconocida voz y voto en la toma de decisiones de la CAS, entidad que se encarga de vigilar la conservación ambiental en 74 de los 87 municipios del departamento. 

Aunque esa comunidad solo tiene uno de los 12 asientos que toman decisiones al interior del consejo directivo, su voto es clave porque puede garantizar desempates y es el único que no está sometido a una elección dentro de los demás sectores de poder (el delegado lo eligen internamente en las tribus y no responde a intereses particulares).

Sin embargo, hasta ahora la capacidad de los U’wa de incidir dentro del tablero de poder local había pasado de agache.

Para esta elección el voto de esa etnia arrancó en la toldas del sector del gobernador de Santander, Didier Tavera, quien como ha contado La Silla, quiere poner en ese cargo a Carlos Orejarena, un amigo personal de su familia.

En su esquina, además de ese respaldo, el saliente mandatario sumaba el voto de él, los de tres de los cuatro alcaldes (Cabrera, Güepsa y Socorro) y el de una de las dos ONG que tienen asiento en el consejo directivo.

Eso le daba el aire suficiente para mantener la pelea y tener margen de maniobra, principalmente porque solo tenía que tratar de convencer a uno de los consejeros que están en el otro bando para ganar.

(El otro bloque está integrado por el senador liberal Jaime Durán, el clan Aguilar y el representante Óscar Villamizar, tiene los votos de Presidencia, del Ministerio de Ambiente, del Alcalde de Los Santos, de una Ong, y los dos del sector privado,y respalda a Luis Francisco Oliveros).

Sin embargo, las cuentas le empezaron a cambiar al Gobernador a finales del mes pasado cuando los U’wa aparecieron en escena con nombre propio. 

En la previa de la segunda ronda de votaciones  -la primera había cerrado con empate-, líderes de esa comunidad buscaron a medios de comunicación para denunciar presuntas irregularidades en el proceso de elección.

Según dieron a conocer desde ese entonces viajaron hasta San Gil, sede de la CAS, para publicar que, Octavio Aguablanca, delegado de la etnia en el consejo de la corporación, llevaba dos meses sin aparecer en la tribu, al parecer, porque lo habían retenido contra su voluntad para evitar que consultara su voto.

Además, anunciaron que si Aguablanca no aparecía antes de la elección para decidir con ellos la posición que tomarían, demandarían el resultado porque les estaban violando sus derechos. 

Eso no pasó al final.

Aguablanca llegó el día de la elección a votar sin consultar a sus compañeros, y aunque al final tampoco hubo decisión, la desconocida desató una pelea en la que todos los políticos con intereses en la puja terminaron terciando.

La pelea

Dentro de la pelea por la elección de las CAS hay dos líneas de acción: la de los indígenas y la de los políticos.

La primera arrancó en forma el 6 de noviembre, es decir cinco días después de la segunda fallida convocatoria, cuando internamente los U’wa decidieron destituir como su delegado a Octavio Aguablanca.

En su lugar, designaron a Evelio Aguablanca, quien era el suplente en el cargo y fue el vocero de las denuncias que pusieron en el centro de la discusión a los U’wa.

Para hacer que la decisión tuviera validez antes de la citación de ayer, que era la tercera vez en la que se iba a votar, la comunidad indígena se movió en dos vías.

Por un lado interpuso una tutela reclamando que en la CAS se le diera inmediato cumplimiento a la destitución de Octavio y la designación de Evelio, atendiendo a que por ser una etnia indígena se regulan por principios diferentes, entre esos, el autogobierno; y por otro, se fue al Ministerio del Interior a pedir que certificara que la decisión era válida..

El primer trámite generó un sacudón porque el viernes se supo que un juez de Barichara había decidido conceder una medida cautelar que le permitía el cambio de delegado de los U’wa, y eso cambiaba el tablero de poder para la elección porque sin ese voto Tavera perdía el empate.

Precisamente, la reacción política vino de ese bando.

El Gobernador cuestionó que el abogado de los U’wa, Gerardo José Rugeles, era un contratista del Instituto de Desarrollo de Santander, Idesan;  y que la tutela hubiera sido interpuesta en Barichara y no en San Gil, la sede de la CAS.

Además, reveló un audio en el que el mismo Rugeles, quien, según contó Vanguardia, es cercano al senador Jaime Durán, hablaba de que en su casa se había hospedado Lucy González, la delegada del Ministerio de Ambiente en el consejo directivo.
 
Ese mismo día, del bando de Durán, los Aguilar y Villamizar filtró un video de seguridad de la CAS en el que se veía a Octavio Aguablanca entrar junto al gobernador de Santander, Didier Tavera, los consejeros que están de su bando, y su secretario de Desarrollo Samuel, Samuel Prada, el día de la segunda fallida votación.

Es decir, justo cuando los líderes indígenas aparecieron denunciando la desaparición de su delegado y reclamando que les permitieran hablar con él para definir su posición en la elección.

El último episodio cerró con demandas contra Tavera y contra el director actual de la CAS, Juan Gabriel Álvarez.

La escalada de la discordia

Si la orden del juez se cumplía tal y como el Juez ordenaba, la votación del consejo directivo debía realizarse con Evelio Aguablanca, el nuevo delegado de los Uwa.

Sin embargo, un hecho privado y uno público terminaron de empantanar la elección en la CAS.

El privado tuvo que ver con una movida de Jairo Jaimes Yáñez, un conservador que trabajó en la administración de Richard Aguilar y que llegó a la CAS con el respaldo de esa casa política, y quien hasta ayer fue el secretario general de la corporación (él y Aguilar están sancionados en primera instancia por la Procuraduría por irregularidades en contratación).

Según denunció en dos audios que le dirigió al personal de la CAS y a los miembros del Consejo Directivo, fue declarado insubsistente por el director Juan Gabriel Álvarez en la mañana de ayer por no ceder a presiones para sabotear la elección.

En ambas grabaciones detalla que este fin de semana Álvarez llegó hasta su apartamento para pedirle, por orden del gobernador Didier Tavera, que pidiera una licencia de tres días o se incapacitara para no asistir a la sesión del consejo directivo.

Además, en una de ellas habla de que había camionetas de la Gobernación esperándolo en las inmediaciones de su barrio para persuadirlo.

Aunque en ninguna de las grabaciones Jaimes hace explícita la razón por la que Álvarez ni el Gobernador quieren que asista y él no nos contestó ni las llamadas ni los mensajes que le dejamos, dos fuentes de adentro le contaron a La Silla que querían generar un nuevo aplazamiento para esperar el fallo definitivo del juez sobre el cambio de los delegados de los Uwa para la elección.

De ahí el hecho público.

Aunque tras la orden del juez de Barichara el ahora exsecretario General, Jairo Jaimes Yañez citó a Evelio Aguablanca a la sesión del consejo directivo, no le permitieron entrar.

Según le relató Aguablanca a La Silla pese a que llegó con la carta de citación, los porteros de la CAS le dijeron que su ingreso no estaba autorizado.

Inicialmente no quisieron revelar por orden de quién, pero luego de que la Policía pidiera una versión afirmaron que la decisión venía de la dirección.

Al final, la razón que le dieron a Aguablanca para no dejarlo entrar fue que en la sesión ya estaba el delegado de su comunidad presente y que por eso no permitirían que tuviera asiento o voto.

Sin embargo, esa negativa repicó en la sala del consejo directivo, donde cinco de los seis del bloque de Durán, los Aguilar y Villamizar -se apartó el delegado del Ministerio de Ambiente- decidieron levantarse de la mesa y disolver el quórum.

En una declaración juramentada ante Notaría que los cinco firmaron, relataron que le pidieron a Tavera que dejara entrar al nuevo delegado porque de no hacerlo desacataría un fallo,  pero que él se negó.

Así que al final la votación no se realizó.

La Silla le preguntó al director de la CAS, Juan Gabriel Álvarez, por qué habìa buscado a Jairo Jaimes en su apartamento para hacerle la petición de que no asistiera al consejo directivo, y solo respondió que él hablaba con sus funcionarios en cualquier horario y día. No dijo nada sobre las denuncias sobre su presunta presión.

Y el gobernador Didier Tavera nos negó estar ejerciendo alguna presión política sobre la CAS y los consejeros para votar a favor de su ficha para la dirección de la CAS durante los próximos cuatro años. 

En todo caso, por haberle negado la entrada, el delegado de los Uwa ya pidió que se decretara el desacato de la tutela que protegía los derechos de su comunidad; Jaimes Yañez anunció denuncias contra Tavera y Àlvarez por la presión que hicieron sobre él.

Y en el río revuelto entró a pescar el candidato del bloque de Durán, los Aguilar y Villamizar, Luis Francisco Oliveros, quien denunció en la Procuraduría a Tavera por torpedear su derecho a ser elegido al no permitir el ingreso de Aguablanca y en esa medida dilatar la elección.
 

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