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Por Jineth Prieto · 05 de Julio de 2019

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Anoche finalmente productores paneleros y delegados del Gobierno llegaron a puntos de acuerdo para levantar hoy el paro nacional que ha tenido bloqueada intermitentemente la vía que conecta a los santanderes con Bogotá durante una semana.

Para evitar que los 7 mil manifestantes que estaban concentrados en Barbosa, Santander, cerraran completa e indefinidamente el paso vehicular, el ministro de Agricultura, Andrés Valencia, le pedirá al Presidente Iván Duque que objete parcialmente la ley de incentivos a la industria que fue aprobada por el Congreso en la legislatura que acabó de terminar.

Aunque con este acuerdo Duque sacrifica en parte a la senadora uribista Paloma Valencia, quien fue la autora del proyecto que deberá echar para atrás para que se modifique y luego sí pase a sanción y entre a regir, al final sale ganando porque apaga el incendio con un gremio que se le había convertido en una bomba de tiempo y que está repartido en 29 departamentos del país.

Todo cuando la percepción es que la economía durante su gobierno va empeorando y su imagen solo tiene el 30 por ciento de favorabilidad.

La pelea

Aunque la producción de panela es la segunda actividad agropecuaria más importante del país detrás de la cafetera, tiene una cadena productiva que genera 379 mil empleos directos anuales en 29 departamentos y Colombia es el mayor productor en el mundo, el gremio entró en crisis hace dos años.   

 

El origen está varios años atrás y en el fondo está ligado a que en la última década se empezó a registrar una baja en el consumo interno del producto - según cálculos oficiales, un colombiano pasó de adquirir un promedio 37 kilos de panela al año a solo 21-, algo que finalmente tocó el mercado y lo desplomó.

Por un lado, porque se empezó a generar una sobreoferta de panela, que hoy alcanza las 200 mil toneladas anuales; y por otro, porque como no hay regulación de precios, el valor de compra de los intermediarios empezó a bajar tanto que hoy se está vendiendo un kilo alrededor de $1.400 cuando producir cuesta en promedio más de $2 mil.
 
Si bien eso tenía reventado el mercado, como en ocasiones el precio subía había momentos en los que se estabilizaba el ingreso y eso mantenía los ánimos calmados, pero este año se sumó un episodio que se convirtió en el detonante del paro que arrancó la semana pasada.

Tuvo que ver con el proyecto de ley de incentivos a pequeños y medianos productores de panela que presentó la senadora uribista Paloma Valencia y que fue aprobado por el Congreso al final de la pasada legislatura. 

Aunque ese documento, al que solo le restaba la sanción del Presidente Duque, estaba pensado para reactivar la industria, fue concebido con tres problemas.

El primero está relacionado con que reducía todos los beneficios a productores que procesaran máximo 1,5 toneladas de caña por hora y que fueran operados por sus propietarios o núcleos familiares, cuando el grueso de la industria está integrada por trapiches cuya producción promedio oscila entre 2,5 y 3 toneladas de caña por hora, y son operados con cuadrillas que oscilan entre 30 y 40 personas.

El segundo está en que le abría la puerta a la posibilidad de que los grandes ingenios azucareros empezaran a producir panela, porque no se había establecido ninguna restricción a la manera en la que podían entrar en el mercado (antes bajo la figura de 'productores ocasionales' se especificaba que los grandes productores eran los que molían más de 10 toneladas de caña por hora y solo podían hacer panela con condiciones específicas el mercado y eso no estaba explícito en el proyecto).

Y el tercero radica en que aunque el proyecto prohibía la importación de productos con el nombre de ‘panela’, en la práctica abría otra puerta porque en diferentes países esa industria recibe otro nombre y en esa medida la restricción no es útil.

Así que con los nudos gordianos de la negociación claros, desde que el miércoles arrancó la mesa con el Gobierno se establecieron dos bloques de diálogo.

El primero, y que fue el más fácil de evacuar, estuvo relacionado con alivios bancarios para los productores endeudados; con el compromiso del gobierno para comprar los excedentes de panela; y con inversiones para desarrollar e impulsar el sector.

El segundo, que se preveía era el más duro, fue el que se evacuó ayer durante todo el día y tuvo que ver con la ley de incentivos a la panela.

La quitada de alas a Paloma

Desde que el Congreso aprobó la ley para reactivar la industria de la panela, la senadora Paloma Valencia había salido en diferentes escenarios a defenderla de las críticas de los productores que arrancaron el paro.

En Twitter publicó una serie de videos diciendo que eran falsas las afirmaciones sobre que los pequeños paneleros salían descabezados, que los ingenios eran los únicos que se beneficiaban o que las figuras que incluía - como el trámite de un registro Invima artesanal- fueran de obligatorio cumplimiento.

Y si bien es cierto que la ley trae varios elementos que servían para acelerar la industria, durante la discusión de ayer y la de hoy lo que pasó, según le contaron a La Silla dos fuentes de adentro, fue que la delegación de los líderes del paro convenció al Gobierno de que el proyecto fue pensado sin tener en cuenta la realidad del sector.

El problema de fondo estuvo en que se diseñó con base en una cifra del Invima que hablaba que la mayoría de trapiches de los productores de panela tenían capacidad de procesamiento inferior a 1,5 toneladas de caña por hora, cuando, como explicamos atrás, la media es de 3. 

En la industria no es claro de dónde salió esa cifra, y ni en la Federación Nacional de Productores de Panela, Fedepanela, la tienen clara porque la medición interna se hace con base al número de hectáreas sembradas y no de la capacidad del trapiche. 

“Es simplemente inviable que se piense en una ley que ni siquiera tiene bases reales”, nos dijo Óscar Gutiérrez, director de Dignidad Agropecuaria, organización que respalda el paro. 

Y es que, que ese cálculo estuviera mal generaba un efecto dominó sobre la mayoría de los artículos del proyecto porque si los pequeños no eran mayoría no iban a tener cómo suplir la demanda para los Planes de Alimentación Escolar o de todas las cafeterías públicas del país -que eran parte de los incentivos contemplados-.

Precisamente en ese punto, se acordó que era necesario objetar el artículo 2 del proyecto de Valencia, que es el que establece esa diferenciación,

Si bien el Congreso será el que deberá estudiar la nueva redacción, de lo que se habló en la mesa fue de cambiar la unidad de medida que estaban teniendo en cuenta, y se cambió el 1,5 toneladas por hora, al de 3 toneladas por hora, que según los manifestantes, es la media del sector.

Aunque anoche se había preacordado que el Gobierno accediera preliminarmente a dejar explícito en la ley que los ‘productores ocasionales’, una figura que está contemplada para que los grandes moledores de caña y los ingenios azucareros puedan hacer panela cuando las condiciones del mercado lo permitan, sean considerados como tal cuando la capacidad de procesar exceda las 10 toneladas de caña por hora, al final eso no se logró.

En su lugar, solo se registró en el acta final que el gremio está inconforme con esa figura, y los paneleros anunciaron que la pelearán por otras vías que se acabe esa figura.

En el documento tampoco quedó incluido que se agregaría la frase “o sus derivados” en el artículo de las importaciones para evitar que al país llegue panela o producción similar con otro nombre.

Así que aunque el proyecto de Paloma se devolverá al Congreso, no salió tan trasquilado como se preacordó anoche y de hecho el ministro Valencia le dio un premio de consolación tras asegurar que el proyecto sigue siendo importante para el Gobierno.

Además, Duque canta victoria porque sin ceder a todo logró que se conjurara el paro.

Pero como adicional a la pelea de los productores en el camino también salió a relucir que el gremio panelero está fracturado, dentro de los acuerdos también hubo mediación para acercarlo.

La fractura interna

Fedepanela fue creado en la década de los 90 para servir como articulador e impulsor de la industria panelera en el país.

Esa Federación vive de los recursos que aportan todos los afiliados a través de una cuota que pagan por el equivalente a su producción y a la siembra, y, según se detalla en el proyecto de Valencia, reporta ingresos promedio anuales de alrededor de $3.500 millones. 

Por ley Fedepanela solo puede gastarse el 10 por ciento de esa plata en gastos de funcionamiento, y el resto tiene que invertirlo en promoción del consumo de la panela, actividades de comercialización, e investigación y desarrollo. 

Y si bien esa es la vocera del gremio reconocida por el Gobierno, durante toda la protesta quedó claro que están abiertamente fracturados.

Por un lado, porque el proyecto de Paloma sí fue concertado con Fedepanela, y la federación no solo dio insumos sino que hizo varias recomendaciones, lo que muestra que existe una desconexión con las bases.

Y por otro, que fue explícito, porque en el pliego de peticiones la delegación del paro le pidió al Ministerio de Agricultura que le permitiera crear una asociación que manejara el recaudo de los recursos de los paneleros.

“El Ministro claramente se negó y dijo que no podía borrar de un plumazo a Fedepenela”, dijo a La Silla uno de los negociadores de la mesa.

De hecho, Fedepanela no envió ningún delegado a la mesa de negociación porque le dijo al Ministro de Agricultura que creía que no tenían aseguradas condiciones de seguridad, algo que nunca quedó claro porque todo el paro fue pacífico.
 
Esa división tiene de fondo porque Dignidad Agropecuaria, organización que agrupa a varios movimientos de izquierda, fue uno de los principales asesores del paro, e internamente la sensación es que Fedepanela permitió que el proyecto saliera así porque es gobiernista.

Eso último está sustentado en que la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, de la que hace parte la federación, se fue de frente con Iván Duque en la segunda vuelta presidencial el año pasado.

Además, la idea se reforzó porque ayer en medio de la incertidumbre sobre si el paro se alargaba, enviaron un comunicado respaldando al Gobierno y recordaron los planes que han trabajado en conjunto para superar la mala hora del sector.

Carlos Mayorga, presidente de Fedepanela, le dijo a La Silla que no se podía oponer a un proyecto que “trae beneficios para un sector en el que estamos en crisis”, y otra fuente de adentro que pidió no ser citada nos dijo que en todo caso la división era solo con un sector

Pero como en Cite, corregimiento de Barbosa que está en la Hoya del Río Suárez -donde se concentra la mayor producción nacional de panela-, se congregaron delegaciones de varios departamentos, entre esos Boyacá y Nariño, por lo menos lo que es claro es que ese sector es amplio (hay 19 mil trapiches en el país y en la protesta había 7 mil productores).

Dentro de los preacuerdos con el Ministerio también quedó incluida una reunión entre las bases paneleras y la Federación, en la que tiene asientos el Gobierno.

Allí, entre otras, hablarán de la inversión de la plata del fondo panelero y del control a la venta de sellos que permiten la comercialización de panela en el país, que, según los manifestantes, es algo que está facilitando el contrabando.

Con la firma del acta final, se levantaron definitivamente los cierres parciales de 40 minutos que cada hora venían haciendo los paneleros de las regiones productoras en el país que hace una semana se concentraron en la vía que conecta a Santander con Bogotá.

Así que con este, Duque suma en lo que va de su gobierno el tercer incendio apagado en el sector agrario detrás del de los cafeteros que alcanzó a disolver antes de que iniciara, y el de la Minga que bloqueó la Panamericana durante el primer semestre del año.
 

CONTEXTO

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