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Por Jineth Prieto · 09 de Mayo de 2019

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Una resolución de la Superintendencia de Subsidio Familiar sobre el Consejo Directivo de Comfanorte, abrió un nuevo capítulo en la pelea que durante un año han mantenido empresarios y políticos por el manejo de esa entidad. 

La decisión, que básicamente lo que hizo fue sacar a uno de los 10 consejeros porque se comprobó que estaba inhabilitado, le pegó de fondo a la puja y se convirtió en una victoria para el sector empresarial.

Eso no solo porque esa inhabilidad es pieza clave de la demanda (está corriendo en un juzgado de Cúcuta por aparte) con la que los empresarios quieren retomar el control de la caja, sino porque al tiempo dejó sin el voto decisivo al sector político -liderado por los Cristo y el representante uribista Juan Pablo Celis-.

Sin embargo, como la decisión dejó una apuerta abierta, la pelea sigue viva y con tendencia a calentarse. 

La resolución

En octubre del año pasado hubo dos movidas dentro del Consejo Directivo de Comfanorte que le abrieron la puerta de la caja de compensación a los Cristo y al representante uribista Juan Pablo Celis.

 

En ese entonces, en la previa de las reuniones ordinarias de ese órgano, que está compuesto por cinco delegados de los empleadores y cinco de los trabajadores (incluye sindicatos), dos renglones cambiaron de bando y reacomodaron la balanza de poder que hasta ahora había estado partida en la mitad.

(Los cinco votos de los trabajadores estaban del lado de los políticos y los cinco de los empleadores estaban alineados con la línea tradicional de empresarios).

El reacomodo estuvo en los empresarios y a cargo de Luis Jiménez Navarro, quien está en representación de una cooperativa de adulto mayor, y de Wilson Gallardo, un empresario del sector automotriz.

Sus posiciones eran decisivas porque el eje de la pelea estaba en el cambio de la dirección, que por 18 años ha estado en cabeza de Claudia Uribe con el respaldo empresarial, y para concretar la movida los políticos necesitaban siete votos.

Si bien los saltos fueron sorpresivos porque tanto Jiménez como Gallardo eran conocidos por ser del sector de Claudia, el segundo fue el más llamativo por dos razones.

La primera porque Uribe fue definitiva para que él se quedara con uno de los asientos en el Consejo en las elecciones de marzo del año pasado, y, además de hacerle lobby con los afiliados, le endosó varios de los votos que los empresarios le delegan a través de poderes porque no asisten a las juntas de la caja.

Y la segunda porque, como contó La Silla en su momento, ese cambio de bando marcó la entrada en la pelea por Comfanorte del representante Celis, quien fue el que lo convenció de respaldar el revolcón.

Sin embargo, así como su voto fue clave para Celis y los Cristo, también se convirtió en el talón de aquiles de la movida. 

Una vez se concretó la salida de Uribe y fue nombrado en su reemplazo César Camargo, un político con tradición liberal y muy cercano al exministro del Interior Juan Fernando Cristo, los empleados de la caja afines a la entonces saliente directora se movieron por su cuenta.

A las dos semanas le reportaron a la Superintendencia una posible inhabilidad de Gallardo para ocupar un asiento en el consejo directivo, porque en 2012 había sido condenado por estafa a 24 meses de prisión, y en ese órgano no puede estar nadie que haya sido hallado culpable de un delito doloso.

Después de cinco meses de puja, la Superintendencia falló en las dos instancias y emitió una resolución declarando que en efecto Gallardo no se podía posesionar y o retiró del cargo.

Que el concepto haya ido en ese sentido pegó en dos bandas porque más allá del golpe para Gallardo o para las mayorías de los Cristo y de Celis, esa inhabilidad es el argumento central de la demanda que por una medida cautelar devolvió a Uribe a la dirección de Comfanorte.

El doble efecto

Aunque una vez nombraron a César Camargo en su reemplazo, Claudia Uribe intentó reversar la decisión con una tutela, el intento no le prosperó. 

Sin embargo, una acción de nulidad promovida por los tres empresarios del consejo directivo que se mantuvieron respaldándola -Jairo Cuy, Carmen Infante y Mauricio Chacón-, sí le funcionó y la devolvió al cargo a mediados de diciembre del año pasado. 

El argumento de fondo de esa demanda que le correspondió a un juzgado administrativo de Cúcuta, estuvo en que la elección de Camargo habría estado viciada precisamente porque Gallardo tenía una inhabilidad, y en esa medida la actuación era nula. 

Como existía el riesgo de una violación de derechos y ese voto fue decisivo, el juez emitió una medida cautelar suspendiendo los efectos del nombramiento Camargo hasta tanto no se resolviera si el argumento era real y existiera un fallo de fondo, lo que terminó en el reintegro temporal de Claudia Uribe en el cargo.

Como esa medida también aplicó para todas las decisiones del Consejo Directivo en el que el voto de Gallardo hubiera sido decisivo, también dejó sin piso el nombramiento en la Secretaría General de Yenny Torrado, una abogada que había llegado a ese cargo -el segundo más importante de la caja- con el respaldo de Celis.

(Esa decisión solo necesitaba seis votos, pero en diciembre el sector político perdió uno de los siete con los que contaba porque la empresa que representaba se desafilió de la caja de compensación y entró un consejero que no ha tomado partido). 

Así que ahora que la Superintendencia ya conceptuó que Gallardo no podía ser consejero, el panorama para la demanda de los tres aliados de Uribe se despeja.

Sin embargo, y aún con eso a favor, no hay victoria cantada en el sector de los empresarios. 

No solo porque falta conocer el fallo del juzgado y quedan pendientes las apelaciones, sino porque la decisión de la Supersubsidio no le quitó el asiento a Servirenault Ltda, la empresa de Gallardo. 

En la resolución lo que se especifica es que él no puede estar en el cargo, pero que su empresa, por haber sido elegida, tiene el derecho de poner a alguien que no esté inhabilitado en el Consejo Directivo. 

Eso implicaría que Gallardo cediera la representación legal de su empresa a un tercero y le pidiera a la Superintendencia que lo avalara, para volver a tener voz y voto en las decisiones de la caja. 

Si decide a hacerlo, aún con las demoras que de ese trámite, los políticos volverían a tener seis de los 10 votos y capacidad de influir en alguno de los otros cuatro para volver a formar mayorías absolutas y concretar, ahora sí, su llegada.

En el camino, en todo caso se tendrán que enfrentar a la oposición de los afiliados a Comfanorte. 

En la asamblea de marzo, que es a la que asisten todos los empresarios que tienen esa caja de compensanción, por unanimidad los privados votaron a favor una petición para que formalmente la Supersubsidio intervenga al Consejo Directivo porque “no se sienten representados en él”, y sobre eso aún no ha habido pronunciamiento.

Así que por ahora lo que queda claro es que continúa el pulso por el manejo de una de las entidades con más ingresos del departamento ($70 mil millones en 2017 y 2018), con un poderoso músculo burocrático que incluye 800 contratistas y línea directa con miles de afiliados..

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