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Por Ana León · 10 de Marzo de 2019

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El Magdalena Medio (compuesto por 44 municipios de Santander, Sur de Bolívar y Sur de Cesar, Boyacá y Antioquia) y el Nororiente del país (integrado por Norte de Santander, parte de Santander, Arauca y el norte de Casanare) son dos de las 10 macrorregiones sobre las que la Comisión de la Verdad intentará reconstruir las causas y la historia del conflicto.  

Para ello, en Barrancabermeja, La Dorada, Aguachica y Cúcuta, ya abrieron sus puertas las casas de la verdad, desde las cuales un equipo base de 27 profesionales, coordinarán el trabajo de investigación en las zonas golpeadas por la guerra.

El principal reto para esta zona del país, tal y como nos dijo su comisionado, Saúl Franco, está en que tanto en Norte de Santander como Arauca, habrá que hacer el ejercicio en medio de un conflicto muy convulsionado.

No sólo producto del control de las guerrillas y las bacrim, sino también por la crisis de Venezuela que desde el cierre fronterizo en 2015 ha cotizado las rentas ilegales en esas regiones.

Además de los hechos directamente relacionados con el conflicto, como el despojo de tierras, el secuestro, el desplazamiento forzado y las masacres, estas son las verdades sobre las que hay expectativa en la región.

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Las huellas del paramilitarismo

En el Magdalena Medio lo que la Comisión de la Verdad concluya del fenómeno del paramilitarismo será clave para entender su accionar en todo el país.

Las razones son dos. La primera está en que, como nos dijo la comisionada Lucía González, allí fue la génesis de las autodefensas campesinas, que nacieron comandadas por Henry Pérez en Puerto Boyacá y Ramón Isaza en Puerto Triunfo, a finales de los setenta y principios de los ochenta. 

La segunda tiene que ver con que el Bloque Central Bolívar, que operaba en la región, llegó a ser el más fuerte militarmente de las AUC, e incluso alcanzó a independizarse, y en el marco de esa movida fue la estructura paramilitar que más se acercó a conformar un proyecto político sólido. 

Sobre el último punto, varios testimonios de exparamilitares en Justicia y Paz dejaron al descubierto vínculos con la clase política que terminaron con condenas. Sin embargo, falta esclarecer cómo fue la penetración, más allá de las meras alianzas con fines electorales. 

Esas relaciones de las estructuras políticas regionales y los paramilitares también están por desentrañar en Norte de Santander y Arauca. 

En Norte el Bloque Catatumbo y el Frente Fronteras, liderados por Jorge Iván Laverde alias ‘Iguano’, y Armando Pérez alias ‘Camilo’ incursionaron en 1999. A punta de masacres, como las de La Gabarra, Tibú y Villa del Rosario, impulsaron una ola de terror con la que se apoderaron del negocio de la coca en el Catatumbo y se extendieron hasta el área metropolitana de Cúcuta hasta 2004 cuando inició su desmovilización. 

En el caso de Arauca el Bloque Vencedores, bajo el mando de los hermanos Mejía Múnera conocidos como los mellizos, las AUC tuvieron la idea de abrir un corredor que uniera Urabá con la frontera y aunque no alcanzaron a llegar al piedemonte araucano, que estaba fuertemente controlado por las guerrillas, su paso por el sur del departamento (la zona de llanuras) sí propició la bonanza cocalera.  

Aunque ninguno de los comisionados lo nombró directamente cuando les preguntamos, también hay expectativa frente a lo que pueda ahondar la Comisión de la Verdad en lo que respecta al papel que tuvieron las fuerzas militares en el conflicto.

Eso porque también hicieron alianzas con ilegales y participaron de las cadenas de economía ilegal, algo que explica que en zonas de conflicto no confíen en la presencia armada del Estado.  

Además, en el Magdalena Medio y en Norte de Santander (específicamente en el área metropolitana), será clave entender cómo los residuos de esas estructuras mantuvieron el dominio sobre las rentas ilegales tras su mutación en bandas criminales. 

Mientras que en la primera el Clan del Golfo (que allí se hace visible bajo su autodenominación de Autodefensas Gaitanistas) y pequeñas bandas que le son serviles a ese grupo mantiene control; en la segunda, el Clan del Golfo y Los Rastrojos son los amos y señores del contrabando, tráfico de inmigrantes y el microtráfico.

 

 
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El rol del sector mineroenergético

En el Magdalena Medio, Norte de Santander y Arauca las industrias extractivistas han sido transversales al conflicto. 

Por un lado la historia del Magdalena Medio y sobre todo de Barrancabermeja, el corazón de esa región, está ligada a la industria petrolera porque fue allí donde se hizo la primera operación de extracción de crudo en la ‘concesión de Mares’ y fue en torno a ella que se fundó Ecopetrol.

El caso de Arauca es similar. Aunque desde los cincuenta inició un plan de colonización en esa región, auspiciado por el Estado, no fue sino hasta después de que se descubriera el campo de caño limón (1983) que se incentivó el crecimiento de la región y su fundación como departamento ocho años después. 

En Norte de Santander, el paso del oleoducto de caño limón por el Catatumbo, también es un factor clave en el conflicto porque alrededor de él se ha cimentado una economía de robo de petróleo y producción de ‘pategrillo’, que es uno de los insumos principales dentro de elaboración de la pasta de coca.

Esa práctica ha causado desastres ambientales producto de las voladuras -perpetradas principalmente por el ELN- a los tubos que transportan el crudo.   

El reto de la Comisión será esclarecer la participación de esa industria en el escenario de la guerra y las relaciones que tuvo con cada grupo armado ilegal, más allá del pago de extorsiones, como el que la multinacional Mannessmann le pagó al ELN en Arauca para poder terminar la construcción del oleoducto de caño limón. 

Además, en el Magdalena Medio está por esclarecerse la relación de la extracción minera -tanto legal como ilegal- con la guerra. Principalmente en la serranía de San Lucas, en donde las reservas de oro han sido un botín en disputa desde hace décadas, y el ELN tiene buena parte del control.

 
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El empoderamiento de la agroindustria en medio de la guerra

Más allá del impulso que le metió el Gobierno a la palma africana, con la reducción de impuestos  a sus productores y promoviendo ese cultivo para la sustitución de los cultivos ilícitos, su consolidación coincidió con el tiempo más crudo de la guerra en el Magdalena Medio y el Catatumbo.

En ambas regiones el despojo de tierras y el desplazamiento forzado fue caldo de cultivo para la compra y venta de grandes extensiones de tierra a bajo costo que alimentaron el boom de la palmicultura. 

Eso mismo ocurre en el caso de la ganadería en Arauca, que será otro foco de investigación para la Comisión de la Verdad. En ese caso, por ejemplo, está por esclarecer cómo funciona el tráfico de ganado ilegal por los pasos fronterizos.

 
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El enfoque étnico y las comunidades indígenas como víctimas

Norte de Santander y Arauca cuentan en su territorio con un total de ocho comunidades indígenas y comparten, junto con Boyacá, la presencia de los U’wa.

Las comunidades étnicas son un enfoque diferencial de investigación para la Comisión de la Verdad en todo el país y en ambas regiones hay conflictos por el reclamo de lo que ellos consideran la invasión de sus territorios sagrados.

Desde los procesos de colonización que en el caso de Arauca estuvieron enmarcados por violencia con guahibadas o cacería de indios, pasando por la llegada en los 90 de la Oxy al territorio de los U’wa que provocó la amenaza de un suicidio colectivo de 5 mil indígenas, hasta los indígenas que murieron en medio del fuego cruzado harán parte de esa reconstrucción. 

A hoy en las dos regiones 14 mil indígenas han sido identificados como víctimas, algo que muestra la magnitud del desafío.

En la Comisión también se podrá explicar el rol que jugaban los indígenas con los grupos cuando no eran victimizados. Por ejemplo, así como su territorio era invadido por los grupos en combate, también algunos prestaron sus territorios para que las guerrillas hicieran campamentos. 

Esa tarea es especialmente sensible en zonas como el Catatumbo, en donde los indígenas Barí y las comunidades campesinas están en una batalla jurídica por tierras muy fuerte desde hace años, producto de la declaración de una zona de reserva campesina en curso. 

Y más porque según el comisionado Saúl Franco, el reto está en dejar claro que la Comisión no será la que resolverá ese conflicto, que en todo caso será transversal dentro de los relatos.

 
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La resistencia de la movilización social y la iglesia

En el Magdalena Medio, Catatumbo y Arauca, las organizaciones sociales y la iglesia católica han sido un actor clave dentro del conflicto armado. 

En el caso del Magdalena Medio su origen  se dio a la par del crecimiento de la industria petrolera con la creación de sindicatos y de organizaciones sociales y comunitarias. 

Mientra que los primeros se convirtieron en un referente histórico de huelgas y paros cívicos en el país, los segundos hicieron lo propio a través de la búsqueda de salidas pacíficas a la confrontación. 

Uno de los ejemplos icónicos es el de la Asociación Campesina de Trabajadores del Carare en Cimitarra, que en 1987 promovió la paz con las guerrillas, los paramilitares y el Ejército, acordando linderos para que los civiles no quedaran en medio del fuego cruzado. 

Esa iniciativa llevó a que en el 90 ganaran el Premio Nobel de Paz Alternativo;  sin embargo, ese rol llevó a que sus líderes y muchos otros de distintas organizaciones sociales en la región fueran considerados objetivo militar por los paramilitares, quienes implementaron planes de persecución por considerarlos guerrilleros. 

En el 90, los paramilitares mataron a tres de los líderes de la ATCC junto con la periodista Silvia Duzán, quien los estaba entrevistando justamente por sus iniciativas de paz, en el marco de esa persecución.

Como ese caso se replicó en las tres regiones, la Comisión de la Verdad tendrá que develar las razones de fondo para que se construyera ese estigma sobre las organizaciones sociales en medio del conflicto.

En el Magdalena Medio, según nos dijo la comisionada Lucía González, está a favor que las mismas organizaciones han documentado la guerra. 

Allí servirán de insumo desde los reportes del observatorio del conflicto del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (que fue liderado por el padre Francisco de Roux quien hoy es el Presidente de la Comisión de la Verdad), hasta los informes semestrales y anuales de cada organización, como los de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credhos, o la Organización Femenina Popular, OFP. 

Tal y como nos dijo Iván Maderos de Credhos, la expectativa está en cómo la Comisión va a articular toda esa información con su propia investigación para explicar el papel de los movimientos sociales en medio del conflicto. 

En Arauca, aunque el comisionado no nos lo mencionó directamente, sí hay expectativa frente a las explicaciones que se darán en torno al papel que tuvo la iglesia católica, que en ese departamento no solo fue protagónica dentro del proceso de colonización, sino que se convirtió en la institución más propaz y terminó victimizada. 

El caso del asesinato del obispo Jaramillo, quien fue beatificado por el Papa Francisco hace dos años, no fue aislado. Otros cuatro sacerdotes fueron asesinados en esa región por las guerrillas y muchos de sus miembros resultaron amenazados y secuestrados. Tanto que hace dos años el Estado reconoció que la Diócesis de Arauca era sujeto de reparación colectiva.

En el caso de las organizaciones sociales del Catatumbo, aunque son más recientes, porque se crearon tras el exterminio promovido por los paramilitares, sí son muy visibles y ejes claves del poder local. 

Han liderado movilizaciones como la creación de un campamento humanitario en 2009 que albergó 200 campesinos en una vereda de Teorama en protesta contra el abandono estatal y la guerra; el paro nacional agrario que gestaron en 2013 y con el que bloquearon el nororiente del país durante 53 días, y actualmente, existe un bloque común llamado Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo, que está exigiendo el cese de los enfrentamientos entre el ELN y EPL, que ha intensificado el asesinato de líderes.

 
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La marca del narcotráfico

En Norte de Santander, es uno de los ejes del negocio del narcotráfico en el país. 

El Catatumbo no solo es la tercera región con más coca sembrada (28 mil hectáreas según la última medición del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, Simci, de las Naciones Unidas), sino que debido al abandono estatal es el caldo de cultivo perfecto para el empoderamiento de las guerrillas y el tránsito de carteles internacionales.

Por su ubicación que al oriente conecta con la frontera con Venezuela y al occidente con el sur del Cesar y el sur de Bolívar, en el Magdalena Medio, es un lugar estratégico para la salida de coca.

El comisionado Saúl Franco le dijo a La Silla que el foco sobre el narcotráfico en esta región es clave porque “no se casa con un solo grupo armado ilegal sino con el que le convenga”.

Incluso el líder paramilitar Salvatore Mancuso dijo sobre la entrada de su grupo al Catatumbo que más que el proyecto contrainsurgente, su intención era apoderarse del narcotráfico. 

Esa realidad ha incidido en que, según un informe del Centro de Memoria Histórica, los habitantes de esa zona carguen con el estigma de narcos, cuando en realidad conciben el cultivo de coca como la única forma de obtener ingresos. 

Así que la Comisión de la Verdad explicará qué propició que el narcotráfico se arraigara tanto en este departamento y si el Estado lo vio por qué lo omitió, y más cuando esa es una zona que históricamente ha estado custodiada con un amplio pie de fuerza.

Eso aplica también en el caso del Magdalena Medio en donde, si bien el cultivo de coca bajó considerablemente (de 2.187 hectáreas en 2008 pasó a 52 en 2017 según el informe del Simci), aún es un corredor de droga.

 
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La estratégica frontera

El uso de la frontera con Venezuela, que en Norte de Santander comprende 421 kilómetros y en Arauca 396, en el marco del conflicto también tendrá que contarse en la Comisión de la Verdad. 

Allí confluyen, además del narcotráfico, el contrabando y recientemente el tráfico de inmigrantes. 

Esas fronteras tienen en común que aunque tienen presencia del Estado no están controlados por él. 

Mientras que en el Catatumbo el dominio lo ejercen el ELN, el EPL y las disidencias de las Farc, en Arauca lo hace el ELN. Además, en el área metropolitana de Cúcuta en Norte de Santander, las bandas criminales son las que mandan en los pasos.

Encima están las denuncias sobre el papel de las fuerzas militares en la permisividad del sostenimiento de todas las rentas ilegales y su participación en ellas.

Como Venezuela se ha convertido en un resguardo para todo tipo de ilegales, también está sobre la mesa la relación de esos grupos con las autoridades del vecino país. 

Así la Comisión de la Verdad entrará a explicar las dinámicas de la frontera a profundidad.

 
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La documentación del accionar de las guerrillas

En el Magdalena Medio, Catatumbo y Arauca, la presencia guerrillera no solo ha sido histórica sino permanente.  Actualmente, el ELN permanece en las tres zonas. 

En el Magdalena Medio, será clave entender el rol de esa guerrilla en particular, porque fue allí donde inició su accionar armado a principios de los 70. 

En Arauca uno de los focos de investigación estará en la manera en la que se ha sostenido el Frente Domingo Laín del ELN y se ha consolidado como el más fuerte militarmente. 

Además, un hito clave que hay por esclarecer de la historia de esa guerrilla en Arauca es la guerra que protagonizó junto con las Farc durante diez años y que se convirtió en el periodo de violencia más cruda en ese departamento porque hubo asesinatos sistemáticos de bases civiles.

Además, también hay muchas dudas frente a la relación de esa guerrilla con la clase política.  Por ejemplo, la primera condena por elenopolítica en el país es la del exgobernador de Arauca José Vicente Lozano, quien a cambio del apoyo de ese grupo en campaña, les entregó contratos durante su Gobierno. 

Que los políticos pidan o acepten su apoyo en Arauca, según periodistas y políticos de ese departamento, no es la excepción sino la regla. Sin embargo, hoy poco se sabe sobre cómo funcionan esas alianzas. 

En el caso del Catatumbo, una de las grandes preguntas estará en por qué tras su desmovilización, el único reducto del EPL que sobrevivió en el país quedó en esa subregión. 

También, frente a la realidad actual, habrá que ver qué se descubre frente a la reconfiguración del poder ilegal que hoy tiene enfrentados al ELN y el EPL y está alimentando a su vez grupos de disidencias de las Farc repartidos en diferentes municipios.

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