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Por Jineth Prieto · 09 de Agosto de 2019

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Esta semana la Procuraduría le formuló pliego de cargos al alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, por su presunta participación en el escándalo del fallido contrato para el manejo de las basuras en la capital de Santander y 13 municipios más del departamento.

Con esa decisión el ente de control mete formalmente en el lío al mandatario, quien hasta ahora se ha mantenido en que desconocía el interés de su hijo Luis Carlos Hernández en ese negocio y en que no actuó para favorecerlo.

Aunque aún falta que se develen más pruebas durante el proceso, lo que queda claro en el documento es que la Procuraduría tiene indicios para creer que Rodolfo Hernández se habría movido para para facilitarle el camino al contratista que su hijo estaba impulsando en la sombra.

Estos son los elementos que ponen al Alcalde de Bucaramanga contra las cuerdas en el juicio.

 

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Las reuniones con los contratistas

Hay dos reuniones que Rodolfo Hernández sostuvo con los socios que conformaron la Unión Temporal Vitalogic -la que suscribió contratos de corretaje (de lobby) en los que aparece beneficiándose el hijo del Alcalde- en los meses previos a la formulación del proceso de contratación.

La primera es del 22 de abril de 2016, a cuatro meses de que Hernández se posesionara, y fue realizada en su apartamento.

A ella asistieron los contratistas José Manuel Hormaza, Florín Volcischi y Héctor Hernando Baquero, que son los que más adelante se asociarían para participar por el negocio; y Carlos Gutiérrez Pinto, el lobbysta principal que ellos contrataron para que les abriera espacio.

(A Gutiérrez los contratistas le prometieron un pago de 666 mil dólares por planta instalada y el 2,2 por ciento de las utilidades por la operación del negocio durante 30 años. Él a su vez repartió esa potencial ganancia entre tres lobbystas secundarios: Luis Carlos Hernández, el hijo del Alcalde; Luis Andelfo Trujillo, amigo de Luis Carlos; y Jorge Alarcón, quien fue el que la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Emab, contrató para formular las condiciones de la licitación.)

Según la Procuraduría, esa reunión fue organizada por Luis Andelfo Trujillo a través de Luis Carlos Hernández, quien a su vez logró que su papá les diera un espacio en su agenda a los contratistas para que le presentaran su propuesta para procesar las basuras de la ciudad.

En esa reunión, Hernández habría dado unas condiciones específicas para la viabilidad de la oferta: que la Alcaldía no pusiera plata, que les arrendaba el lote en el que iban a ubicar las plantas al valor que dispusiera la lonja, que la basura que procesarían se las vendía el municipio, y que el negocio debía ser estructurado con solo capital privado para que en caso de pérdidas el municipio no respondiera.

Que esas peticiones existían Hernández lo dio a conocer incluso antes de que estallara el escándalo del corretaje, pero para la Procuraduría lo que hizo el Alcalde con esa reunión fue darle información que para ese momento no era de público conocimiento a privados interesados en ejecutar un contrato.

La segunda reunión es del 24 de junio de 2016.

Ese encuentro también fue concertado por Carlos Gutiérrez, pero esta vez Luis Carlos Hernández, le habría pedido que se comunicara directamente con la asistente del Alcalde para concertar la cita, que finalmente quedó pactada en el Hotel Marriot en Bogotá a las 10 de la mañana.

En esa reunión, que arrancó tarde porque Hernández tenía otra agenda, le volvieron a exponer el proyecto incluyendo todas las premisas que él había establecido en el primer encuentro.

Ahí, según se detallada en el pliego de cargos, se habría concertado que buscarían a una persona para que formulara las condiciones de la licitación.

Respecto a las reuniones, la defensa de Hernández se basa en que él no solo sostuvo encuentros con los contratistas de Vitalogic en la etapa previa al proceso de selección, sino que lo hizo con al menos 14 potenciales interesados de diferentes partes del mundo y se “entrevistó con más de cien personas que se presentaron en su oficina, en su casa y en hoteles de Bogotá”.

 
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La recomendación del asesor que formuló las condiciones del contrato

En julio de 2016 la Emab decidió contratar a Jorge Hernán Alarcón, un ingeniero químico, para que formulara las condiciones del proceso para adjudicar la operación de las basuras.

Esa vinculación generó una de las primeras rupturas de Hernández con sus aliados y fraccionó la junta directiva de la Emab.

Como contó La Silla, Florentino Rodríguez, quien ocupaba un espacio en ese órgano por delegación de Hernández y fue uno de sus principales escuderos del Alcalde la campaña de 2015, reprochó la decisión.

Sus argumentos eran dos: no era claro por qué lo contrataron para que se encargara, además de aspectos técnicos, de formular las condiciones financieras y jurídicas, si esa no era su especialidad; y sus servicios eran muy caros y le costaron $68 millones mensuales a la Emab durante cinco meses.

Según el audio de la reunión de la junta del 10 de agosto de ese 2016 que cita la Procuraduría en el pliego de cargos, Rodolfo Hernández dijo que Alarcón había sido contratado porque él había dado la directriz.

“Si algo hay responsabilidad en la contratación de él me la tienen que echar a mí, yo vi todas als hojas de vida, la mayoría dicharacheros… entonces yo le dije a José Manuel (entonces gerente de la Emab) éste es el que me parece”, señala Hernández en la reunión.

En este punto el ente de control cuestiona la injerencia directa de Hernández en la contratación de Alarcón, cuando ese tipo de decisiones debían recaer directamente sobre el gerente de la Emab José Manuel Barrera, quien a la postre será imputado por la Fiscalía por haber seguido la orden del Alcalde y haber vinculado a ese ingenerio.

El nombre de Alarcón toma más relevancia porque tanto Luis Carlos Hernández como Rodolfo Hernández han reconocido que a él le habilitaron una habitación en el apartamento de huéspedes del Alcalde.

Además, porque aunque él no firma la distribución del corretaje en la que aparecen el hijo del Alcalde y Luis Andelfo Trujillo, sí está su nombre en el documento relacionado con el 34 por ciento de la comisión. (Hernández hijotenía el 28 por ciento y Trujillo el 15 por ciento).

Encima, porque hay un chat entre Hernández hijo y Trujillo que habla de una reorganización en la repartición de la comisión para que Alarcón entrara al negocio porque supuestamente lo había pedido.

“Aunque el doctor Jorge Alarcón pidió algo que no teníamos presupuestado, eso a mí me da plena seguridad de que este negocio va a salir adelante y todos nos vamos a beneficiar”, dice Luis Carlos Hernández en la conversación.

Y continúa: “al doctor Jorge toca tenerlo bien porque al final de cuentas el municipio lo va a poner a él a hacer los estudios de estos temas y otros más”.

En otra conversación Hernández hijo dice: “Yo mi parte ya la hice y creo que fue la más importante. Darle entrada a la propuesta y lograr que se contratara al viejo que adjudica y que aparte va pegado en el negocio”.

Alarcón le dijo a La Silla cuando estalló el escándalo que él no tenía que ver en la distribución del corretaje y que desconocía si había un negocio montado en torno a ese contratación; sin embargo, con las declaraciones de todas las partes y los chats su versión necesitará más explicaciones.

 
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La presión al jurídico de la Emab

Tal y como previó la porción de la junta directiva de la Emab que estuvo en desacuerdo con la contratación de Jorge Alarcón, su labor terminó en entredicho.

En octubre de 2016 cuando se publicó por primera vez el proceso de contratación para el manejo de la disposición de las basuras, el pliego de condiciones tuvo que ser descolgado de la página de la Emab porque estaba mal formulado y no cumplía con todos los requisitos jurídicos.

Según la información preliminar de la Procuraduría, durante la redacción de ese documento no participó ningún funcionario de la Emab, y el jurídico de la entidad, César Fontecha, solo pudo hacer observaciones cuando se publicó.

Solo fue hasta febrero de 2017, es decir, poco más de tres meses después, que se reinició la convocatoria para la contratación.

Aunque inicialmente Hernández generó expectativa diciendo que creía que se iban a presentar al menos 20 ofertas que habían hecho observaciones a las condiciones, al final solo llegaron dos: la Unión Temporal Vitalogic RSU y la Sociedad Futura Recycling Waste Services.

La segunda no fue calificada porque entregó la propuesta incompleta, algo extraño teniendo en cuenta la magnitud del negocio; y Vitalogic cumplió todos los requisitos salvo la póliza de seriedad que le exigían porque entregó una fianza.

Ese último episodio es clave porque Fontecha, quien luego salió de la Emab en medio de acusaciones de Hernández sobre presunta corrupción, denunció que justo cuando estaban evaluando la oferta el Alcalde llamó para presionarlo.

De eso quedó prueba porque él grabó la llamada y explícitamente Hernández le dice: “entonces yo digo acéptenle la hijueputa esa garantía”, cuando lo estaba indagando por ese proceso.

Precisamente, uno de los cargos que le endilga la Procuraduría a Hernández es la presunta coacción a Fontecha y califica la falta como grave a título de dolo. (El otro es por el presunto interés indebido en la celebración de contratos y está calificado como gravísimo a título de dolo.)

 
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La intención de Hernández de adjudicar el contrato

Desde que arrancó el proceso de selección, Hernández se mantuvo en que adjudicaría el contrato.

Más allá de la llamada a Fontecha, de las reuniones con los contratistas o de la recomendación a Alarcón, hubo un momento público en el que dejó claro que su intención estaba en que el contratista se quedara con la operación.

Como el proceso fue declarado desierto porque al final la se llegó a la conclusión de que la fianza no sustituía la póliza, la Alcaldía decidió hacer la contratación directamente.

Esa determinación encendió las alarmas del Comité Transparencia por Santander, porque no había explicación para que no se hiciera otra licitación, entre otras, porque la emergencia sanitaria estaba a punto de vencerse y eso implicaba que se extendiera nuevamente debido a que el montaje de cualquier solución tomaría tiempo.

La Procuraduría intervino y le pidió a Hernández que aplazara la adjudicación, y aunque en efecto eso fue lo que hizo, también salió a decir en medios que solo lo hacía para que resolvieran dudas porque el proceso se mantenía.

De hecho, con ocasión de esa intervención, fue que pronunció la frase el contrato “va porque va”.

Sin embargo, como en medio de las críticas, la Procuraduría dijo tener muchas dudas sobre la estabilidad financiera del contrato y aparecieron nuevos interesados, la Alcaldía desistió de entregarlo directamente.

Ese seguramente será uno de los principales argumentos de la defensa de Rodolfo Hernández, quien al no adjudicar el contrato por intermedio de la Emab, al final no favoreció a su hijo.

 

CONTEXTO

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