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Por Jineth Prieto · 12 de Febrero de 2019

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Ayer el gobernador de Santander, Didier Tavera, hizo dos movidas dentro de su gabinete que confirmaron la reventada de su casa política. 

Alfonso Aparicio, quien era el director de la Oficina de Víctimas del Departamento, y Héctor Fabián Mantilla, director de la oficina de atención al ciudadano del sistema de información de la Gobernación, fueron removidos de sus cargos.

 

Si bien esos cambios, por estar relacionados con cargos de bajo perfil, suelen pasar debajo del radar, se dieron en un momento que los convirtió en la movida más simbólica que ha hecho Tavera en lo que lleva de administración. 

La razón está en que tanto Aparicio como Mantilla fueron nombrados como cuotas del senador liberal Miguel Ángel Pinto, quien es esposo de Claudia López (tía del Gobernador), y Tavera los sacó justo cuando dentro de su casa política hay varias grietas. 

La primera se generó en las legislativas porque dentro del grupo Pinto sintieron que Tavera solo le puso la maquinaria de la Gobernación a su candidato, el ahora representante liberal Víctor Manuel Ortiz.

La segunda, está ligada al pulso que desde hace varias semanas se está librando por la rectoría de las Unidades Tecnológicas de Santander, UTS, una entidad que maneja alrededor de $75 mil millones presupuesto anuales y mueve varias decenas de puestos entre profesores y directivos.

Como contó La Silla, el trasfondo de esa pelea está en que aunque actualmente Omar Lengerke, quien también está emparentado con los Tavera vía su esposa Magda Judith Morales Tavera, es el rector y quiere reelegirse, no tuvo en cuenta a Tavera en el proceso y arrancó la campaña sin contar con él.

La desconocida le dio en el ego al Gobernador, quien al tiempo empezó a moverse para ponerle el palo en la rueda a su reelección y darle aire a un candidato de su línea interna. Sobre todo, porque en la práctica Lengerke le ha sido más funcional a Pinto que a él.

Cuatro fuentes de adentro de la Gobernación, dos de las cuales lo saben de primera mano, le contaron a la La Silla que el detonante de la solicitud de las renuncias estuvo en la notificación de embargo que le hicieron al jurídico del departamento Luis Alberto Flórez por un proceso de responsabilidad fiscal que la Contraloría General lleva en su contra desde 2014.

El viernes pasado, Flórez, quien es la punta de lanza de Tavera cuando se trata de pleitos jurídicos, dijo en Vanguardia que esa decisión era una retaliación política y acusó directamente a Pinto y al actual rector Omar Lenguerke de estar detrás de esa notificación.

Hay dos argumentos que sustentan esa tesis.

El primero está en que el contralor provincial que tiene ese proceso es Sergio Rueda, quien llegó a ese cargo como cuota de Pinto y es esposo de de Mayarith Nieves Tavera, prima del Gobernador y sobrina de Claudia López la esposa del congresista. 

Entre el año pasado y este, Mayarith ha tenido cuatro contratos como asesora jurídica de las UTS para diferentes vicerrectorías. 

“Ella y su esposo hacen parte de la línea que es opuesta a Didier en este momento. La familia está rota porque sienten que el Gobernador no les cumplió ni a ellos”, dijo a La Silla una fuente que se mueve dentro del mismo círculo de la familia Tavera..

El segundo argumento es que el proceso, que se remite a que Flórez siendo jurídico de la Corporación para la Meseta de la Defensa de Bucaramanga, Cdmb, contrató al exmagistrado del Consejo de Estado Alier Eduardo Hernández, para que representara a esa entidad por el pleito de la autoridad ambiental del área metropolitana de Bucaramanga, está abierto desde 2014, pero solo fue hasta ahora que empezó a moverse. 

Sin embargo, más allá de eso no es tan claro qué efecto hubieran podido tener Pinto o Lengerke en la medida. 

Eso, porque la imputación de la responsabilidad fiscal y la orden de embargo no fue potestad de solo ese contralor.

En el auto en el que se toma esa determinación, que además de Flórez incluye al exdirector de la Cdmb Ludwing Arley Anaya, y a la exjefe de contratación de esa entidad, Ana Gualdrón, fue firmada por otros tres delegados que no responden a esa corriente política.

Mientras que Maria Clara Niño, quien es la gerente departamental de la Contraloría General, llegó a ese cargo como cuota del representante Édgar ‘el Pote’ Gómez; Édgar Pérez, contralor provincial, es ficha del senador liberal Jaime Durán; y César Tarazona, también contralor provincial, está ahí como recomendado del clan Aguilar. 

Además, cuatro fuentes que trabajan o han trabajado en altos cargos de contralorías del departamento y que nos lo explicaron por separado, nos dijeron que el trámite normal después de que se imputa una responsabilidad fiscal es embargar para garantizar que en caso de que el investigado sea declarado culpable responda por la plata.

En todo caso, y más allá de si hubo móvil político, las cuatro fuentes políticas de adentro con las que hablamos coincidieron en decirnos que con la salida de Aparicio y de Mantilla, Tavera, quien le dijo a La Silla que era no era más “que una organización administrativa”, envió el mensaje de que parte cobijas con el sector de Pinto.

Como el Senador a su vez guarda una estrecha relación con Martín Tavera, tío del Gobernador y quien es el más poderoso dentro de esa casa política debido a su músculo financiero, falta ver si la reventada, que ya va en un denuncia de Pinto contra el jurídico del Gobernador por injuria y calumnia, desbarata completamente los cimientos de esa casa política.

Todo cuando la campaña local de octubre está tomando forma, cuando Claudia López, la esposa de Pinto, quiere ser candidata a la Alcaldía de Bucaramanga, y cuando Tavera está mirando cómo acomodarse para poner sucesor luego de desconocer a buena parte de la clase política que lo ayudó a elegirse en 2015.

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