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Por Ana León · 17 de Septiembre de 2017

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La entrada de una nueva modalidad de transporte en Cúcuta, desató una batalla campal entre taxis piratas, la empresa que inauguró el nuevo negocio de pasajeros y la Alcaldía. Además de que han llovido denuncias de presunta corrupción en la Alcaldía, anuncios de demandas por calumnia, y de que está sobre la mesa la conveniencia y la legalidad de la entrada de los nuevos carros,  en la mitad, apareció el nombre del condenado exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez, quien, como lo ha contado La Silla, manda en la capital de Norte desde La Picota como si estuviera libre.

La reventada

Aunque desde hace varios meses se sabía en Cúcuta que Transontiveros, una empresa de transporte público colectivo que funcionaba desde los años ochenta, se había reactivado en la ciudad y desde enero estaban circulando cerca de nueve carros blancos en una ruta, no fue sino hasta hace hace 15 días que se desató el primer enfrentamiento por el rodamiento de esos carros.

 

El detonante fue la entrada de 25 camionetas de lujo para cubrir la ruta a Motilones, uno de los barrios populares de la capital de Norte, y sede de una de las rutas de transporte que por años ha sido controlada por los taxistas piratas de Cúcuta.

Ese día el debate copó las agendas de los medios locales por tres razones. La primera porque se puso en tela de juicio la utilidad de ese sistema teniendo en cuenta que en Cúcuta las vías están colapsadas por la población de carros y con ese sistema están aumentando el parque automotor; la segunda porque aunque en la administración lo presentaron como el sistema de transporte masivo que el alcalde César Rojas había prometido en campaña, en la práctica no es tan claro que la nueva modalidad se pueda considerar como tal; y la tercera, porque dada su naturaleza, hay cuestionamientos sobre su legalidad (es el primero de su tipo en el país).

La discusión dio para que desde diferentes sectores enfrentaran versiones y mientras el debate estaba encendido, una denuncia relacionada con presuntos pagos debajo de la mesa por parte de los piratas a la Alcaldía para que no los persiguiera estalló en medios.

En el programa de radio taximagazin de la emisora La Voz del Norte, el presidente de Asotaxcuc -una asociación que agrupa a otras 16 asociaciones de taxistas colectivos-, Carlos Rodríguez, aseguró que su gremio le habría pagado plata en efectivo a funcionarios de la Alcaldía a cambio de que los dejaran trabajar sin perseguirlo.

“Cuando empezó esta administración reunieron a todos los presidentes de las asociaciones de los taxis colectivos. Les exigieron $150 mil por cabeza, $160 mil colocandoles la cinta para dejarlos trabajar en toda la administración (...) presionados por la administración y por la necesidad de que la gente trabajara, pagaron esa plata (...) Más cuatro meses que cobraron de $4 mil y $3 mil (diarios)”, dijo en su denuncia Rodríguez.

Además sugirió que el cambio de política se había dado porque ahora el subdirector de Transporte del Área Metropolitana de Cúcuta, José Gregorio Botello, el secretario de Tránsito, José Luis Duarte, y el condenado exalcalde Ramiro Suárez, los estaban presionando para entrar a la recién inaugurada modalidad de transporte.

“¿Por qué nos tienen que llevar a nosotros a reunión con el señor Ramiro Suárez? (...) y dijo las siguientes palabras ‘si ustedes no compran las camionetas, se las vendo a otras personas y si no hay quién las compre obligo a cada uno de los secretarios de despacho a que compre un carro de esos y el que no compre, lo echo’”, continuó en la denuncia.

Y agregó: “¿Cómo es posible que dos secretarios (el Secretario de Tránsito y el Subdirector del área metropolitana) sean los que más presionen a las directivas y a los integrantes de taxis colectivos para que se metan en este programa?”

La Silla intentó conocer más detalles de las denuncias, pero Rodríguez se negó a dar la entrevista bajo el argumento de que no tenía tiempo.  

Sin embargo, una vez en redes sociales, las denuncias estallaron.

Mientras que el alcalde César Rojas salió a decir que denunciaría a Rodríguez “porque estoy mamado de tantas cosas”, y más adelante aseguró que si había corruptos en su administración tendrían que salir. Botello le dijo a la Silla que las acusaciones no eran ciertas y Duarte no quiso contestar nuestras llamadas ni mensajes.

Aún así, según un vocero de taxistas que accedió a hablarnos a cambio de que le reserváramos el nombre por seguridad, la reunión con Ramiro Suárez sí existió.

“A ellos los llevaron a hablar por skype con ramiro y él les dijo que sí o sí tenían que comprar los carros blancos. Que no podían seguir trabajando como lo venían haciendo”, aseguró esa fuente.

Con todos los ánimos encendidos, y mientras apartes de los videos de las denuncias de Rodríguez empezaron a circular por WhatsApp, desaparecieron de la página, al tiempo,  según nos dijeron tanto ese vocero de taxistas como un político de la región, empezaron a correr rumores de supuestas amenazas a los denunciantes.

“Yo compartí la denuncia en Facebook y en la tarde fui a ver y habían quitado el video. Averigüé y me dijeron que habían muchas amenazas y plata de por medio”, dijo una de esas fuentes.

En el lado de los nuevos carros blancos también empezaron a denunciar supuestas amenazas de los piratas a los conductores del nuevo sistema.

La bomba de tiempo de los taxis colectívos

Aunque Cúcuta tiene varios problemas de movilidad, el de los taxis piratas es el más complicado de manejar.

Básicamente lo que sucede con esos carros es que aunque son taxis, debido a la sobreoferta de ese servicio en la ciudad, muchos tomaron la decisión de hacer colectivos  (recoger pasajeros en el camino), y copar rutas donde el servicio de transporte público de buses no llega.

Según el líder de taxistas que accedió a hablarnos con reserva de la fuente, esos taxis están asociados en la Asociación de conductores de taxis colectivos en Cúcuta, una organización que agrupa a 17 asociaciones de taxis más pequeñas y cada una tiene sus propios afiliados.

El modus operandi sería el siguiente: cada una de esas asociaciones administra una ruta, en la que circulan entre 35 y 50 taxis diariamente,  a su vez, cada taxista, paga entre dos mil y cuatro mil pesos por día a los administradores de esas asociaciones.

Ese negocio apareció, según los piratas porque los buses no llegaban a las zonas donde ellos operan y según las autoridades porque la competencia entre los buses y los taxis era tanta que los primeros terminaron saliendo de ese mercado. Uno de sus líderes más visibles es Carlos Rodríguez, el que denunció en taximagazin a funcionarios de la Alcaldía.

Pero más allá de eso, está la legalidad de ese servicio.

De entrada, los taxis colectivos son ilegales en Colombia, pero quienes prestan el servicio se han fortalecido tanto a través del tiempo, que en diferentes administraciones han trabajado mientras las autoridades se hacen las de la vista gorda.

“Eso viene desde hace varias administraciones. Trabajaban con una cinta para identificarse y por la misma condescendencia de las administraciones, tenían unas rutas y las administraciones pasadas los dejaban”, dijo José Gregorio Botello a La Silla.

Sin embargo, el líder taxista que nos habló nos dijo que la explicación tiene más de fondo.

“Dicen que eso siempre ha pasado, que el secretario de Tránsito que llega, acuerda con ellos y cobra (para no multarlos)”, explicó esa fuente a La Silla.

Esa versión, por lo menos en principio, coincidiría con la hecha en radio local por Rodríguez, tras la entrada a operar de Transontiveros.

 

La controvertida empresa

Transontiveros ha sido una de las once empresas de buses que tradicionalmente han prestado el servicio de transporte público en Cúcuta.

Aunque funciona desde los años 80 y en el imaginario de varias fuentes consultadas está que esa empresa terminó perdiendo el permiso de transporte por incumplimientos, el director de transporte del Área Metropolitana le dijo a La Silla que la sanción solo había tenido lugar en Los Patios y que ya no estaba vigente.

Si bien desde ese entonces había seguido operando con pocas rutas, y su perfil en el área era relativamente bajo, este año sufrió una transformación y cambió de dueños.  

En junio pasado el 100 por ciento de las acciones fueron vendidas y dentro de los nuevos socios aparece al menos un político de la región.

Se trata de Miguel Ángel Flórez, el exrepresentante a la Cámara que perdió su investidura en 1999 por contratación irregular, y además es papá de Miguel Ángel Flórez Dávila, un concejal de Cúcuta, que como lo contó La Silla desde el año pasado llegó a la coalición de César Rojas en el Concejo y de paso al ala de Ramiro Suárez. Además, en la junta directiva de la empresa, ahora figura su exesposa, Helly Rocío Dávila, exdiputada de Norte de Santander que pagó cárcel tras un accidente de tránsito en el que causó la muerte de cuatro personas.  

La Silla intentó conocer los nombres de los otros socios, pero Flórez mantuvo la reserva; sin embargo, cuando le preguntamos por si Ramiro Suárez estaba detrás de ella, ni lo confirmó ni lo negó.

“Transontiveros ve con buenos ojos que cualquier cucuteño que quiera que la ciudad marche, haga parte de nuestra empresa (...) es bienvenida toda persona que quiera servirle a la ciudad y así lo haya demostrado, mucho más”, dijo Flórez.

La Silla encontró que el mismo mes en que Transontiveros cambió de dueños, Autocom, distribuidora de la marcha china JAC, homologó una de sus camionetas ante el Ministerio de Transporte para que esta pudiera prestar el servicio de transporte de pasajeros. Ese es el único modelo que Transontiveros está manejando para los colectivos blancos.

El problema con esos carros y la modalidad es que si bien serían una opción para que los piratas se formalicen, no está clara su rentabilidad, porque cuestan casi $44 millones y lo que deja en promedio esa actividad son $90 mil diarios

“Es una estafa porque le venden la idea a la gente de que va a hacer $250 mil (y no es tanto). La ruta es muy larga y eso no se puede (...) tiene que pagar $27 mil diarios por el derecho a la planilla (gastos administrativos y de ley). Tiene que pagar $40 o $50 mil de gasolina de la tanqueada diaria y el conductor tiene que dar $50 mil del turno o para pagar la cuota de la camioneta”, le dijo a La Silla un periodista de la región.

Encima está la discusión sobre la legalidad del nuevo servicio.

El viceministro de Transporte, Alejandro Maya, le dijo a La Silla que “la norma no es precisa en decir si es posible o no es posible (transporte colectivo en carros). No tenemos los elementos de juicio hoy para entrar a determinar si es un servicio legal o ilegal”.

Precisamente por eso, según el Viceministro, la otra semana una delegación de la Superintendencia de Puertos y Transporte va a estar en Cúcuta revisando los actos administrativos que hicieron posible los colectivos blancos.

Al respecto, Botello le dijo a La Silla que él simplemente convalidó las decisiones de la Secretaría de Tránsito, que  fue la que le dio vía libre a Transontiveros para operar en esa modalidad y explicó que había hecho estudios técnicos para analizar la pertinencia del transporte colectivo en vehículos de cuatro pasajeros y que el resultado había sido favorable.

“A finales de 2016 se hicieron los estudios. (...) Arrojaron positivo porque la gente está enseñada aquí a montar en colectivo. La cultura, las necesidades, las calles, sí permiten”, aseguró.

No pudimos determinar con base en qué el Secretario de Tránsito le dio vía libre a Transontiveros porque pese a que conoció las preguntas no las respondió.

Así las cosas, la otra semana la Superintendencia entrará a mirar a fondo el nuevo negocio del transporte en Cúcuta, mientras en el camino queda la reventada de otro de los grupos que ayudó a César Rojas y a su padrino Ramiro Suárez a volver al poder.

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