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Por Jineth Prieto · 03 de Octubre de 2017

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Ayer el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, sacudió la política local en tres departamentos al anunciar que en el marco de su estrategia ‘Bolsillos de cristal’ imputará a dos gobernadores en ejercicio y a tres exgobernadores.

En Norte de Santander hizo carambola. Por su presunta participación en los delitos de peculado por apropiación y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, les abrirá un proceso formal al actual mandatario William Villamizar y al exgobernador y uno de sus ahijados políticos, Édgar Díaz.

Ambos tendrán que responder por las irregularidades que se presentaron en un contrato de $6 mil millones para el suministro de materiales pétreos (los que se usan en construcción de vías) que fue firmado en 2009, y que fue pagado pese a que no se ejecutó en su totalidad.

Con eso Martínez además de darle aire a su política anticorrupción en Norte de Santander, le da un golpe a la estructura del Gobernador, uno de los políticos más poderosos del departamento, y de paso se mete con una de las fichas de Cambio Radical para las legislativas del próximo año.

El contrato

A finales de 2009, cuando William Villamizar cruzaba por la mitad de su primer periodo como Gobernador de Norte de Santander, la Secretaría de Infraestructura, en ese entonces en cabeza de Wilmer Carrillo (cuatro años después fue elegido representante a la Cámara por La U con el apoyo del Gobernador), abrió una subasta para comprar materiales de construcción.

 

El contrato, que se tasó en $4.003 millones, estaba dirigido al reparcheo de vías, y aunque por ser una subasta, lo ideal era que a la etapa final del proceso llegaran varios oferentes, al final solo un interesado se presentó. 

El contratista fue la Trituradora La Roca, una empresa que figura a nombre de Pedro Antonio Silva Ruiz, y que según tres fuentes que se mueven dentro de la política de Norte, y otra que está dentro del gremio de la construcción, tiene su crecimiento ligado al ascenso político de Villamizar.

En el contrato se estableció que la Gobernación necesitaría 48 mil metros cúbicos de sub-base granular y otros 29 mil de base granular -materiales que se usan en pavimentación-, y que el ganador tendría 10 meses para entregar todo el material.

Sin embargo, desde que se firmó el acta de inicio -el 22 de diciembre de ese año- empezaron las modificaciones. 

La primera fue un año después. Según reportes de prensa -La Silla no pudo cotejarlos con los documentos oficiales porque la Gobernación no subió todos los documentos al portal de contratación estatal-, el 23 de diciembre la administración de Villamizar determinó que necesitaba 35 mil metros cúbicos más de material, y adicionó el valor del contrato en $2.001 millones (el 49,9% cuando el tope legal es 50%). 

A la par Infraestructura determinó que el material sería para reparchar los 16 kilómetros de la vía La Sanjuana - Bucarasica, corredor que conecta a ese municipio con Ocaña.

Los anuncios generaron expectativa porque esa es una de las vías con más problemas en Norte de Santander y cada vez que hay ola invernal el municipio queda incomunicado; pero aún con la plata invertida en material y el banco de maquinaria funcionando (era el que ponía la mano de obra), esa promesa quedó en veremos en la administración Villamizar. 

El problema lo heredó Édgar Díaz, quien llegó a ese cargo tras haber sido el candidato de Villamizar en la contienda de 2011.

Recién posesionado y con casi ningún avance sobre el contrato del material, una de las primeras decisiones de su administración estuvo en volver a modificar el contrato.

Ese año, el encargado de infraestructura fue Víctor Oliverio Peña, quien llegó a ese cargo como cuota de Villamizar y actualmente es su Secretario Privado.  

Lo que hizo fue reajustar las cantidades de los materiales para reparcheo y para mantener el valor del contrato en los $6 mil millones le sumó el transporte, cuando ese valor ya estaba incluído en la compra inicial.

Después, poco se volvió a saber de la reparación de la vía y de los materiales.

Solo fue hasta en 2014 cuando la Contraloría General anunció una auditoría especial a la inversión de esa plata debido a las denuncias sobre inconsistencias en la inversión, que el contrato y sus alcances revivieron. 

Tras varios meses de seguimiento, los resultados arrojaron que a cuatro años de firmado el contrato no era clara la cantidad de material que el contratista le había entregado a la Gobernación -hay más de 8 mil metros cúbicos que no están justificados-, y aún así la administración de Édgar Díaz decidió pagar los $6 mil millones.

Esa auditoría también reveló que los materiales que sí se entregaron estaban desde 2010 a la intemperie a un costado de la vía en que debían invertirse, y que los 16 kilómetros que conectan a Bucarasica nunca se mejoraron a excepción de algunas intervenciones que no superaron los 100 metros continuos.

Es decir, que la millonaria inversión que había pasado el manejo de dos administraciones no había servido.

Desde ese entonces, se anunciaron investigaciones, pero ni a Díaz ni a Villamizar los tocaron. A Peña, el secretario que cambió las cantidades y agregó el transporte, la Procuraduría lo absolvió en segunda instancia porque hubo fallas de forma en la formulación de cargos. Igual sucedió con Lucy Urón, la supervisora del contrato.

La sacudida a Villamizar

Con la apertura formal de la investigación contra Villamizar y Díaz, la Fiscalía  no solo revivió un viejo fantasma, sino que pegó en varias bandas dentro del engranaje político en Norte de Santander.

Por un lado, puso en la cuerda floja al gobernador William Villamizar, quien hasta hoy había salido bien librado de los procesos que entes de control llevan en su contra.

Por ejemplo, el Gobernador no terminó su primer periodo sentado en la silla principal del palacio de la ‘cúpula chata’ porque a finales de 2012 fue suspendido por la Contraloría mientras le adelantaban una investigación por presuntas irregularidades en dos proyectos financiados por el Fondo de Calamidades, pero en 2014 archivaron el caso; y en abril de 2015 la Procuraduría formuló pliego de cargos en su contra por presuntas irregularidades en un convenio de asociación para la administración del Ecoparque San Rafael pero el año pasado lo absolvieron.

El más reciente es el de la pérdida de investidura que el Consejo de Estado le decretó hace un año. Ese proceso no ha concluido por cuenta de varios recursos jurídicos que utilizó Villamizar.

Como lo ha contado La Silla, el Gobernador es un referente de poder en la región. 

Desde 2007, cuando llegó a dirigir Norte apalancado por el exalcalde de Cúcuta condenado por homicidio Ramiro Suárez Corzo, tomó vuelo propio. 

En esas elecciones no solo se quedó con 303 mil de los 399 mil votos que se depositaron en las urnas gracias a los apoyos que sumó, sino que desde ese momento consolidó tantas alianzas que en 2011 sacó a sus propias fichas al ruedo, y a pesar de que se peleó con el Partido Conservador -fue con el que inició en la política- logró que su ahijado Édgar Díaz recogiera firmas y a la postre se quedara como su sucesor.

Desde entonces, Villamizar es conocido en el Norte político por conciliar entre todos los sectores y por darles participación (en 2014 les puso votos teniendo a Díaz en la Gobernación a Manuel Guillermo Mora, Andrés Cristo, Ciro Rodríguez, Alejandro Carlos Chacón y Neftalí Santos), algo que le ha servido para amasar poder. 

Tanto que hoy tiene en su haber, además de los dos periodos en la Gobernación en nombre propio y uno con su ahijado Díaz, al representante Wilmer Carrillo, quien llegó a la Cámara en 2014 impulsado por su maquinaria y quien fue el que firmó el contrato que hoy lo tiene emproblemado.   

Pero esa racha que lo graduó como superpoderoso de Norte, por primera vez en su carrera política le puede jugar en contra. 

Según anunció el Fiscal General, las imputaciones contra Villamizar y Díaz vendrán acompañadas de solicitudes de medida de aseguramiento. 

Eso en el caso de Villamizar es trascendental porque siendo Gobernador aumenta las probabilidades de que un juez lo envíe a la cárcel o le de detención domiciliaria mientras le adelantan el proceso.

La razón está en que dada su investidura contaría con la capacidad de torpedear la investigación en caso de que así lo quisiera, y para evitar su potencial injerencia podrían apartarlo del cargo quitándole la libertad.

El golpe al nuevo aliado de Cambio

La segunda banda en la que pega la imputación es en las movidas políticas de Norte para 2018. 

Como lo ha contado La Silla, el exgobernador de Norte de Santander, Édgar Díaz tiene todo listo para lanzarse al Senado por Cambio Radical. 

Después de varios meses de especulaciones sobre su futuro político y de aparecer en la entrega de obras que iniciaron en su gobierno pero que concluyeron en el de William Villamizar, finalmente a mediados de este año escogió bando.

En junio se filtró que en un almuerzo en la casa de Hernando Angarita -la mano derecha de Vargas Lleras en Norte- en Cúcuta, Cambio presentó en sociedad su entrada al partido.

Díaz es interesante para Cambio porque tiene apoyos regados en Norte que suman votos.

Dentro de su red de aliados está, además de William Villamizar, quien si nada cambia después de la imputación, le aportará una partida de los votos; el director de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, Corponor, Gregorio Angarita Lamk,  quien es su amigo personal.

También tiene a concejales en Villa del Rosario, Ocaña, Abrego, Sardinata, Ragonvalia, Cáchira, Tibú, Convención, El Tarra y Bucarasica, además de un concejal en Cúcuta (Guillermo León Báez) y un diputado (Luis Alfonso Mejía Núñez), algo que para Cambio es útil teniendo en cuenta que en esa región nunca ha podido despegar.

Así que aún si a Díaz solo lo imputan y no lo aseguran mientras le adelantan el proceso, con esa decisión la Fiscalía agrega un nuevo político a la ya nutrida lista de apoyos cuestionados que está sumando Cambio para las presidenciales y las legislativas.

Anoche el Gobernador William Villamizar emitió un comunicado en el que decía que no había sido notificado de la decisión de la Fiscalía, y que pediría ser escuchado en versión libre para “demostrar la inexistencia de pérdida alguna del material pétreo”. 

Por su parte, a través de sus redes sociales Díaz se declaró sorprendido, se desmarcó del contrato y aclaró que cuando llegó “estaba prácticamente ejecutado”. También anunció que pedirá ser escuchado en versión libre por la Fiscalía.

A la Fiscalía todavía le falta decir la fecha en la que imputará al Gobernador y a Díaz, habrá que ver si las versiones libres que solicitaron les cambian en algo el panorama de aquí a la audiencia. Mientras tanto, en la administración de Villamizar finalmente le están tomando fotos a la vía Bucarasica, que ahora sí y tras otros $6.500 millones, le están pavimentando 4 kilómetros.

Instrucciones: haga clic en el mapa para conocer los otros casos

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