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Por Jineth Prieto · 28 de Septiembre de 2017

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Luego de varios meses de expectativa, el proceso para adjudicar la concesión de las fotomultas en Cúcuta finalmente entró en la recta final. Aunque ese negocio es uno de los más apetecidos en las administraciones locales por su gran rentabilidad y porque se delega por varios años, la licitación de la administración de César Rojas cerró con un solo oferente que fue anunciado incluso cuando la Alcaldía apenas estaba arrancando la contratación. 

El proceso

Desde noviembre de 2016, cuando el Concejo de Cúcuta le dio vía libre a la Alcaldía para delegarle a un privado la concesión de la mayoría de servicios de la Secretaría de Tránsito a cambio de que modernizar la red de semáforos de la ciudad, instalar cámaras para cazar infractores y un centro inteligente de movilidad, en la capital de Norte se encendieron las alarmas. 

 

Las razones fueron dos. Por un lado, para ese momento en la Cúcuta política se estaba entregando la concesión de alumbrado público al emporio del controvertido empresario costeño Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca, en condiciones que, como contó La Silla, dejaban varias dudas sobre la transparencia del proceso y varios sectores temían que pasara lo mismo con este contrato; y por otro, porque implicaba de entrada la llegada de las fotomultas a la ciudad mientras en todo el país e incluso en el área metropolitana estaban encendidos los debates porque el sistema estaba hecho solo para favorecer los bolsillos de los privados. 

En el caso de Cúcuta el proyecto fue aprobado con la salvedad de que en la ciudad no se podrían impartir fotomultas por velocidad.

Pero apenas arrancó el 2017 y paralelo al fallido proceso de revocatoria a Rojas, otro grupo de cucuteños -la mayoría políticos que se quemaron en 2015- empezaron a recoger firmas para convocar un referendo con el fin de invalidar los acuerdos que habilitaron al Alcalde para suscribir las concesiones.

Al final no alcanzaron a recolectar las 54 mil que necesitaban. Aún así, el proceso les sirvió para que durante todo el año estuviera en la agenda de la ciudad la estructuración del millonario contrato. 

En junio fue la primera vez que la Alcaldía publicó el proceso para empezar a buscar el privado que se quedaría con la concesión, pero debido a que para esa época fue aprobada la ley que estableció un tope del 10 por ciento a la participación privada en el negocio, el proyecto  tuvo que ser reformulado.

Solo fue hasta julio que la Secretaría de Tránsito, en cabeza de José Luis Duarte, arrancó formalmente el proceso. 

Tal y como fueron estipuladas las condiciones, quien se gane la concesión se quedará con la operación del registro de carros, licencias de conducción, licencias de tránsito, operará la zonas de parqueo reguladas, la elaboración de placas, cobrará la cartera, operará las fotomultas, y en general con la administración de todos los servicios de ese despacho que impliquen plata.

A cambio deberá invertir en la modernización de los semáforos de 102 cruces de la ciudad -50 en los primeros dos años y el resto antes de los cinco años-, instalar 30 nuevos en el mismo rango de tiempo, y poner en marcha 10 cámaras, algunas de las cuales serán móviles, para multar a conductores que se pasen los semáforos en rojo, hagan cruces prohibidos, invadan zonas restringidas, hagan doble fila a la izquierda e invadan los carriles preferenciales.

La concesión fue tasada en $19 mil millones -que es la inversión aproximada que deberá hacer el privado- y se extendió por 20 años, en un municipio en el que en promedio, por todos los servicios que se concesionaron, se recaudan al rededor de $4 mil millones anuales.

Aunque por esas condiciones el negocio sigue siendo muy rentable, el lunes cuando se cerraba la licitación solo hubo un interesado en quedarse con el contrato.

La concesión

Una vez fueron publicadas las condiciones que pedía la administración de Rojas al privado para quedarse con la concesión, iniciaron los reparos. 

Los principales giraron en torno a la experiencia debido a que la Secretaría de Tránsito optó por pedir que los interesados en ofertar estuvieran o hubieran ejecutado cuatro concesiones similares, una de los cuales al menos debía tener 10 años de suscrita y un recaudo acumulado de no menos de $300 mil millones.

Si bien después de las observaciones la Alcaldía aceptó ceder y redujo los $300 mil millones a $150 mil millones y presentó una lista de potenciales empresas que podían cumplir, todas las que enlistó solo cumplían parcialmente con la totalidad de los requisitos.

Precisamente, desde ese momento uno de los oferentes anunció que solo una de las empresas del conglomerado Taborda Vélez, de propiedad de Héctor Taborda Maya -uno de los superpoderosos de ese sector en el país- era la que podía entrar en la puja.

Además, aunque los demás interesados no dieron un nombre en particular, hubo dos más que -aún con las modificaciones- nuevamente le pidieron a la Alcaldía que cambiara las condiciones de experiencia porque de otra forma el proceso terminaría direccionado.

Sin embargo, esas no fueron las únicas condiciones que quedaron en entredicho.

La Alcaldía terminó cerrando aún más la puja pidiéndoles a los interesados que sus contratos debían haber sido ejecutados en ciudades con más de 300 intersecciones viales -Bucaramanga que es la quinta más grande tiene 272- .También limitó la participación de interesados de afuera del país debido a que pidió que quien quisiera participar debía haber dirigido una central inteligente de tránsito en Colombia. 

Al final, aunque más de una decena de firmas hicieron observaciones al proceso, tal y como lo vaticinaron los interesados, solo una oferta llegó a la Secretaría de Tránsito detrás del negocio. 

En efecto, el proponente fue una promesa de sociedad futura que se bautizó Servicios de Tránsito y Transporte de Cúcuta S.A.S y que dentro de sus integrantes tiene a empresas relacionadas con el conglomerado de Héctor Taborda Maya.

La Silla se comunicó con el secretario de Tránsito para pedirle su versión pero pese a que contestó la llamada y accedió a que le enviáramos las preguntas, no las respondió.

El superpoderoso del Tránsito y sus socios

La promesa de sociedad futura Servicios de Tránsito y Transporte Cúcuta S.A.S, está integrada por Global Services Inmobiliaria, Molsoplast SAS, Taborda Vélez S.en.C, y Atek Group S.A.S.

Las dos primeras están relacionadas con varios negocios del grupo Taborda Vélez. 

Por un lado, está Taborda Vélez S.en.C. Esa es la sociedad familiar con la que Héctor Taborda Maya, un empresario paisa que pasó de vender muebles elegantes a convertirse en el zar de los negocios de tránsito en el país en una vertiginosa carrera que despegó desde los mediados de los 90. 

Como contó Semana, Taborda Maya ha tenido tres momentos claves en sus negocios con el tránsito en el país. El primero fue en 1997 cuando se quedó con la concesión de los trámites de tránsito en Bogotá (ese negocio que aún está vivo), el segundo fue en 2003 cuando Fedemunicipios le adjudicó el manejo del Simit por 12 años (Ese contrato fue famoso por un pleito entre la Alcaldía de Bogotá y Fedemunicipios que al final ganó la primera); y el tercero por la manera en la que se quedó con el contrato del Runt. 

A finales de 2009, Taborda Maya dejó de ser un empresario en el anonimato y pasó a estar bajo los reflectores cuando El Tiempo reveló que pese a haber perdido la licitación de $300 mil millones que adjudicó el Ministerio de Transporte para la operación de ese sistema, le compró el 49,9 por ciento de las acciones de ese negocio al ganador. Sin embargo, hace cuatro años vendió su participación.

El suceso fue llamativo por tres razones.

La primera porque al comprar la participación dejó la sensación de que la licitación no sirvió para nada, la segunda porque apenas inició se suponía que tenía que entrar la plataforma se demoró en funcionar y eso le generó pérdidas a todo el sector, y la tercera porque empezaron a conocerse las relaciones de sus socios con el uribismo, que para esa fecha estaba aún en el poder. 

Y es que además de Taborda, entre los socios que se quedaron con el Runt hubo uno en particular -Juan David Ángel Botero- que trabajó en el gobierno de Uribe y fue promotor de su reelección. Él mantiene su participación pero solo con el 3 por ciento de las acciones.

Aunque buena parte del ruido que circuló en torno a Taborda fue precisamente por las relaciones políticas que tenía, al final nada de eso trascendió de la prensa y él negó ser un eslabón dentro de una presunta cadena de favores políticos para entregar contratos como el del Runt.

Aún así su relación con Ángel Botero, quien fue representante de su grupo, permaneció intacta, y ahora para el contrato de Cúcuta es uno de sus socios.

En este proceso, la mano derecha de Taborda se presentó con Global Services Inmobiliaria, una empresa que se encarga de servicios inmobiliarios y que por lo que logró rastrear La Silla en diferentes bases de datos no tiene ninguna experiencia en temas de tránsito más allá de la de su dueño.

En el consorcio, además de una inmobiliaria está Molsoplast, una empresa cuya actividad principal es el comercio y elaboración de artículos de plástico. 

Esa firma, a finales de 2016, en una licitación de único oferente se quedó con un contrato en Cúcuta para la instalación y operación de un software compatible con el Runt para sistematizar datos de Tránsito que vence el 31 de diciembre de 2019 -el último día del periodo de César Rojas-, cuando el representante legal fue Danilo Ramírez Valero.

Según dos fuentes que conocen por dentro el manejo de la Alcaldía es cercano a Paola Suárez, hija del condenado exalcalde de Cúcuta y el poder detrás del poder en esa ciudad, Ramiro Suárez Corzo.

“Ellos llegan a Cúcuta por esa relación. La señorita Paola es amiga de él”, le dijo a La Silla una de esas fuentes. 

La Silla, sin embargo, no logró comprobar esa versión. Tampoco encontramos un número de contacto de Danilo Ramírez para preguntarle, y el número de contacto de Paola Suárez que nos dieron estaba apagado.

El último integrante es Atek Group SAS, una empresa que vende tecnología con sede en Bucaramanga, y el representante legal del consorcio es Luis Alberto Rodríguez Barreto, uno de los representantes legales de Gerencia Urbana SAS, firma que se dio a conocer en Santander por presuntas irregularidades en un contrato que firmó en Barbosa para las fotomultas del municipio. 

Si nada extraordinario ocurre y superan la evaluación de la Alcaldía, el 10 de octubre la sociedad del poderoso Taborda con Atek, la inmobiliaria y la empresa que se encarga principalmente de elaborar plásticos se quedaran con la concesión por los próximos 20 años.
 

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