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Por Jineth Prieto · 14 de Agosto de 2018

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La decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU que le pidió al Estado concederle segunda instancia al excongresista Iván Díaz Mateus, condenado por el escándalo de la ‘yidispolítica’, inició un debate sobre qué tan trascendentales son esas decisiones para el país.

Eso porque aunque Colombia suscribió el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fue el que invocó el político para pedir la revisión de su caso en ese organismo, y lo adoptó mediante una ley en 1996, en el país existe un precedente del desconocimiento de una decisión similar. 

La discusión es clave porque lo que tuvo en cuenta el Comité de la ONU fue que Díaz Mateus solo tuvo una instancia, y si el Estado aplica el dictámen sentaría un precedente que podría generar un revolcón político con todos los fallos que hasta antes de abril de 2016 (fecha desde la que rige la segunda instancia para aforados) se emitieron de forma similar.  

Además, porque de revivirlo volvería al ruedo una de las cabezas del conservatismo en Santander en momentos en los que se está calentando la puja para 2019 y su grupo peleará por no desaparecer, luego de quemarse en las legislativas.

El caso

La pelea en la ONU de Iván Díaz Mateus inició en mayo de 2013, casi dos años después de que recobrara su libertad tras haber pagado una parte de la pena de seis años de prisión a la que lo que lo condenó la Corte Suprema de Justicia por su participación en la ‘yidispolítica’. 

 

Su caso ha sido uno de los más mediáticos de la historia reciente del país y se remite a que fue uno de los eslabones que presionó a la excongresista Yidis Medina, quien ocupaba su curul mientras él tenía tres meses de licencia, para votar a favor del proyecto que permitió la reelección del expresidente Álvaro Uribe Vélez. 

Según los relatos que permitieron su condena, él usó su poder para intimidar a Medina y de hecho le dijo a César Guzmán, quien era asesor de la excongresista, que ella tenía que repensar su posición “porque si yo no le hacía el favor al Gobierno Nacional, era fácil que en cualquier momento apareciera muerta”. 

El proceso de Díaz Mateus se caracterizó porque durante todo el tiempo que estuvo en juicio su principal argumento estuvo en que la Corte Suprema de Justicia no era la que debía juzgarlo porque los hechos por los que lo investigaban fueron cometidos cuando él estaba de licencia. 

Eso era clave para él, porque su argumento, en caso de ser aceptado, le hubiera permitido ser juzgado por la justicia ordinaria, algo que a diferencia del procedimiento que para ese entonces regía para los aforados, le garantizaba la segunda instancia. 

Aunque ese argumento trabó varias veces su proceso, e incluso ocasionó que en una de ellas le otorgaran la libertad tras un fallo de tutela, al final la Corte Constitucional conceptuó que los delitos fueron cometidos con ocasión de su fuero como congresista, lo devolvió a la cárcel y cerró el caso.

Aún así, Díaz Mateus decidió pelear su caso fuera del país. 

El controvertido excongresista basó su petición en la ONU, entre otros, en que le habían violado su presunción de inocencia, el derecho a ser oído por un tribunal competente, al debido proceso, a la igualdad ante la ley y el derecho a que la condena fuera revisada por un tribunal superior; sin embargo, solo el último fue el que prosperó.

Según lo que dice el dictamen de la ONU, dado que Colombia suscribió el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es la declaración universal que obliga a una Nación a proteger derechos humanos, está obligada a garantizar la revisión de las decisiones que su propia justicia adopte contra cualquiera de sus habitantes. 

El tema no es nuevo en Colombia y había sido uno de los ejes de los alegatos de congresistas que terminaron condenados por diferentes escándalos de corrupción y paramilitarismo en el país. 

De hecho, en el marco de esa discusión, en abril de 2015 la Corte Constitucional declaró inexequibles los artículos que le quitaban la segunda instancia a los aforados, y finalmente en la reforma política que quedó lista en enero de este año se incluyó esa posibilidad para ellos.

Sin embargo, como la Corte Suprema de Justicia determinó que esa nueva reglamentación solo aplicaría para los casos que no hubieran sido fallados desde abril de 2016 en adelante, los casos previos en los que existen quejas por esas circunstancias y que están siendo revisados fuera del país quedaron vivos.

El aire vs la espuma del salvavidas

La pregunta de fondo en el caso de Díaz Mateus está en qué tanto lo puede ayudar el dictamen de la ONU. 

Eso, porque aunque Colombia está dentro del sistema de Naciones Unidas, recibe cooperación de ese organismo, y es reconocido por cumplir sus protocolos, en la práctica si no quisiera, podría no adoptar la decisión. 

La razón está en que pese a que Colombia adoptó por ley el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y tiene reglado el procedimiento para proceder en caso de que el Comité de la ONU dictamine una violación y pida una reparación, no hay nada que lo obligue a hacerlo. 

“Ese tipo de decisiones son vinculantes, pero no tienen efecto directo. El Estado puede decidir si las acoge o no”, le dijo a La Silla Carolina Olarte, experta internacionalista. 
En eso coincidieron tres internacinacionalistas más a los que le hicimos la misma pregunta. 

De hecho, en Colombia existe un precedente ciertamente reciente del desconocimiento de una decisión similar. 

Se trata del caso de Joselito Guerra, excongresista que fue condenado por un juez sin rostro por los delitos de enriquecimiento ilícito y estafa dentro del proceso 8.000, como fue conocido el escándalo de la entrada de dineros del narcotráfico a las campañas de mediados de los 90.

En su caso, el Comité de la ONU consideró que Guerra no tuvo todas las garantías por las condiciones del juicio que se llevó a cabo en su contra, pero al final en Colombia no se ejecutó la decisión.

Sobre la razón el también internacionalista Víctor Mosquera le dijo a La Silla que obedeció a que Guerra se saltó el protocolo para la implementación de este tipo de decisiones al tutelar al Estado para que ejecutara el dictamen que lo favoreció.
 
Pero más allá eso, lo que sí dejó claro el episodio es que el país puede apartarse de decisiones emitidas por el Comité de la ONU sin ninguna consecuencia práctica y eso de entrada pone en entredicho la utilidad del mecanismo para Díaz Mateus.

No obstante, hay algo que le juega a favor al condenado excongresista y es que una decisión de ese tipo sí tiene un costo reputacional alto dentro de la comunidad internacional, y eso a Colombia la puede afectar en la medida en que ya está dentro de la Ocde y en que al Presidente Iván Duque, sí le interesa mantener la imagen del país afuera.

Además, Díaz Mateus también cuenta con que su caso ya sentó un precedente en el Comité de la ONU y varios de los congresistas y aforados condenados por los mismos hechos o similares tienen todo a favor para obtener un dictamen en el mismo sentido. 

Si varios de esos casos se presentan y el Estado decide ignorarlos por completo, el costo reputacional sería cada vez más alto, y eventualmente correría el riesgo de que la imagen del país quede muy maltrecha y exista presión desde afuera.

El plan de Díaz Mateus

El dictamen de la ONU lo que le pidió a Colombia fue concederle a Iván Díaz Mateus una “indemnización adecuada” por la reparación al derecho que consideró vulnerado. 

Ricardo Cifuentes, abogado del excongresista, y quien tiene al menos cuatro casos más de políticos cuestionados en cortes internacionales, entre esos el del también santandereano Luis Alberto ‘el Tuerto’ Gil, le explicó a La Silla que la intención de su defendido no es que le entreguen plata sino que le devuelvan sus derechos políticos.

La lógica que quieren aplicar para la lograrlo está en que si Colombia acepta la decisión, eso implicaría que todo el proceso estuvo viciado y como esa es una falta al debido proceso dentro de la legislación actual se generaría una nulidad. 

Eso en términos prácticos llevaría a la desaparición de los antecedentes judiciales de Díaz Mateus, dejaría en la impunidad los hechos, y en esa medida habilitaría nuevamente al excongresista para ir al ruedo electoral de frente luego de una década moviéndose tras bambalinas.

“Aquí no nos vamos a someter a un nuevo proceso si Iván Díaz ya pagó la pena. Aquí a lo que hay lugar es a una reparación que debe llevar a una nulidad”, explicó Cifuentes.

Que eso pase no es tan claro porque de implementar la recomendación, el país abriría una puerta que deslegitimaría todos los fallos contra aforados hasta abril de 2016, y como le dijo a La Silla la internacionalista Carolina Olarte, normalmente lo que hacen los Estados es analizar el costo-beneficio antes de reconocer una decisión internacional.

Como el Comité de la ONU le dio 180 días al Estado para responder al dictamen, el tiempo empezó a correr y una vez se acabe se sabrá si en el salvavidas que le llegó a Díaz Mateus prevalece la espuma o el aire.

Por ahora todo indica que por las condiciones, lo primero tiene las de ganar.

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