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Por Jineth Prieto · 25 de Septiembre de 2018

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Nuevamente la adjudicación de los recursos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar, PAE, volvió a cerrar en medio de denuncias y varias sombras en la administración del gobernador de Santander, Didier Tavera.

El viernes la Secretaría de Educación del departamento cerró una licitación por $11 mil millones para prestar ese servicio por 26 días en 82 municipios, y esta vez, además de denuncias por la formulación de los pliegos de condiciones, que concluyeron en que solo se presentara un oferente, hubo un episodio que dejó varios interrogantes sobre lo que está pasando al interior de la Gobernación. 

Fue el despido de Doris Gordillo, quien hace 10 meses asumió la dirección de esa cartera luego de que la Fiscalía asegurara a su antecesora, al contratista y a un funcionario de carrera,  por irregularidades en la inversión de la plata destinada a la nutrición de los niños más vulnerables del departamento.

La Silla averiguó qué se movió detrás. 

La llegada

La Secretaría de Educación es uno de los despachos más apetecidos dentro de la repartija burocrática de poder en Santander. 

Eso no solo porque maneja uno de los presupuestos más abultados de la administración (debido a que tiene giros de la Nación), sino porque por su naturaleza tiene línea directa para manejar un abultado fortín político que incluye desde profesores y rectores, hasta empleados de servicios varios en los colegios de 82 de los 87 municipios de departamento.

Quien por varios años tuvo a su disposición ese poder en Santander fue el grupo político del parapolítico, Luis Alberto ‘el Tuerto’ Gil, quien durante los periodos de Richard Aguilar y la primera parte del de Tavera puso a cuotas suyas a dirigir esa cartera. 

La racha se le acabó el año pasado, cuando Ana de Dios Tarazona, quien llegó a ese cargo tras haber hecho carrera política con él, fue asegurada e imputada por la Fiscalía por las irregularidades en la adjudicación y ejecución del PAE del 2016. 

Como contó La Silla en su momento, la administración de Tavera le entregó tres veces al mismo operador ese contrato en medio de denuncias sobre presuntos favorecimientos y la entrega de alimentos en mal estado.

Por eso, el nombramiento de Doris Gordillo, quien llevaba 30 años como funcionaria de carrera administrativa y era una de las líderes sindicales de la Gobernación, fue leída como la lavada de cara que la administración de Tavera quería hacerle a ese despacho.

Según le dijeron a La Silla tres fuentes por aparte, Gordillo llegó a esa Secretaría bajo la condición de que tendría libertad para ejecutar toda la contratación sin presiones, y aunque así fue al inicio, una vez arrancaron las licitaciones para el PAE la luna de miel menguó.

El fuego amigo

Como pocas veces sucede en una administración, entre dos secretarías empezó a haber cruce de versiones y cuestionamientos mutuos en medios.

La primera vez que sucedió fue en la primera licitación que adelantó Gordillo para ejecutar el programa de alimentación por 52 días y $22 mil millones. 

 

Aunque esa licitación cerró con seis ofertas, algo sin precedentes en la administración de Tavera para el PAE, en ese momento los cuestionamientos existieron porque uno de los interesados en competir por el proceso denunció que el proponente que había quedado en primer lugar de elegibles presuntamente había falsificado unas certificaciones que le sirvieron para habilitar su oferta.

El día de la adjudicación la noticia fue que Gordillo había decidido adjudicar el proceso basada en que por ley no tenía competencia para definir la veracidad de los documentos, y que Luis Alberto Flórez, una de las manos derechas de Tavera, y jurídico de la Gobernación se había salido de la audiencia porque había recomendado suspender la adjudicación o declararla desierta por las dudas que existían sobre los documentos y sus peticiones no fueron acatadas.

Al final se corroboró que los documentos que estaban en entredicho no habían sido falsificados; sin embargo, y más allá de eso, el que Flórez se hubiera apartado de esa manera del proceso fue muy diciente, porque hasta ahora su rol en todas las licitaciones del PAE había sido el de defender a la Gobernación en medios.

El fuego amigo se volvió a repetir en el proceso que acaba de cerrar. 

Según le contaron dos fuentes por aparte a La Silla, el rifirrafe interno inició porque Tavera quería que la nueva licitación se formulara con los lineamientos que expediría la Presidencia de Iván Duque. 

Gordillo desobedeció esa directriz y arrancó el proceso porque para ese momento entes de control estaban haciendo seguimiento a la labor de todas las secretarías encargadas de la ejecución del PAE y el no haber abierto la licitación pronto la hubiera podido meter en problemas.

Aunque, esa diferencia de criterios suele resolverse internamente en las administraciones, en este caso volvió a hacerse pública, y desde entonces inició un cruce de cartas entre los dos secretarios, cada uno manteniendo su posición. 

La de Flórez era la misma posición de Tavera, quien, según le contó a La Silla una fuente que lo sabe de primera mano porque estuvo en todo el proceso, había dado orden de que Educación bajara la licitación.

“Doris le pidió al Gobernador que entonces le diera la orden por escrito, pero esa carta nunca llegó”, explicó esa persona. 

Como Flórez se mantuvo en que Gordillo debía bajar la licitación, dentro de la Secretaría de Educación empezó a leerse su rol como el de un factor de presión.

"Esto se volvió como tener enemigos dentro de la propia casa", dijo a La Silla una fuente que trabajó de cerca con la Secretaria de Educación.

Como al final Presidencia dijo que los lineamientos nuevos para el PAE solo entrarían en vigencia hasta 2019, el jurídico terminó desistiendo de esa idea, pero luego se sumó a la ola de críticas que -por aparte- tenían en el ojo del huracán la licitación.

El principal cuestionamiento está relacionado con que Educación le pidió a los interesados en ofertar que tuvieran una herramienta tecnológica que entre más especificaciones técnicas cumpliera, más puntos le daría a la propuesta. 

Al final el proceso cerró con un solo oforente: una unión temporal llamada Enlace M&M, que está integrado por MCD& CIA SAS, Ecoservir y Le&Ve Alimentos Macsol. Las dos primeras firmas son viejas conocidas en la ejecución del PAE en Santander. 

Mientras que la primera fue socia de Surcolombiana de Inversiones (la misma que hoy tiene presa a la exsecretaria de Educación) en dos de los tres contratos que ejecutó; la segunda fue socia del consorcio que se quedó con el PAE el segundo semestre de 2017 en medio de varios cuestionamientos por la confección de la licitación .

Que no se hayan presentado más oferentes, además de la condición del sistema tecnológico, también tiene que ver, según dos operadores que nos lo explicaron por aparte, con que el desgaste de montar la operación para el programa en Santander era muy alto para solo 26 días de servicio, y eso dificultaba el cierre financiero.

En todo caso, el viernes con la noticia del cierre de la licitación de un solo oferente, también se conoció que el Gobernador Tavera había declarado insubsistente a Doris Gordillo.

Sobre las motivaciones nos dieron dos versiones. 

La primera, que Tavera decidió sacarla del cargo porque desde el inicio lo había desobedecido al mantener publicada la licitación y era una secretaria, que en palabras de la fuente que de adentro de la Gobernación, “no podía manejar”; y la segunda, que fue porque además del ruido de la licitación por la solicitud del software, no estaba cumpliendo con los indicadores de metas de ese despacho.

Cualquiera que sea, lo que sí queda claro por ahora es que el nombramiento de Gordillo no le funcionó a Tavera para lavarse la cara por las investigaciones de corrupción en su administración y que su salida tiene todo para convertirse en uno de los nuevos problemas que deberá sortear.

Los efectos

Aunque Didier Tavera declaró insubsistente el viernes a Doris Gordillo, fue hasta ayer que la exsecretaria hizo oficial su salida y de paso renunció a su carrera administrativa dentro de la Gobernación. 

A diferencia de lo que suele suceder con los secretarios de despacho cuando son cambiados, su retiro se dio tras una rueda de prensa en la que, además de defenderse, estuvo acompañada de varios sindicatos.

Eso último anticipó que es probable que lo de la exsecretaria no se va a quedar en su simple retiro, no solo porque en medio de las arengas contra el despido de Gordillo los sindicalistas acusaron al jurídico Luis Alberto Flórez de “corrupto”, sino también porque La Silla supo que dado que el PAE es un programa tan sensible van a buscar que varios líderes nacionales de izquierda -entre esos Gustavo Petro- se pronuncien.

Además, la noticia sola movió la agenda entre los verdes en Bogotá.

La exsenadora y excandidata vicepresidencial, Claudia López, quien el año pasado fue una de las denunciantes de las irregularidades de la adjudicación en ese programa en la administración Tavera, trinó  contra el Gobernador y en respaldo a Gordillo.

Sin embargo, esa salida también podría detonar una movida política dentro de los liberales.

La Silla confirmó que la casa de los Serpa están analizando la idea de utilizar ese episodio para retirar a todas sus cuotas en la Gobernación y apartarse definitivamente del lado de Tavera.

Eso porque aunque Gordillo no entró al cargo como su cuota, sí ha hecho política con ellos y es cercana a Serpa papá. 

Que se decidan no sería raro porque, como contó La Silla, además de desconocer al liberalismo local, Tavera también terminó echando en saco roto los acuerdos políticos con Horacio Serpa.

Así que de cualquier manera, la salida de la exsecretaria de Educación se podría convertir en un comodín político que podrían capitalizar.

Si finalmente toman la decisión, Manuel Sorzano, quien fue nombrado en la Secretaría del Interior como cuota de ese grupo, debería renunciar.

Como hasta ahora al único proponente se le empezará a evaluar la propuesta, aún falta ver si cumple con los requisitos y se queda con la ejecución de los $11 mil millones del contrato.

Mientras tanto, la administración de Tavera nuevamente tendrá que dar explicaciones por la contratación para la comida de los niños más vulnerables de Santander, y sortear el ruido de la salida de Gordillo con sindicatos, políticos naciones y posiblemente locales, cuando tiene una exsecretaria presa por irregularidades en la adjudicación y ejecución de ese programa.
 

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