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Por Jineth Prieto · 09 de Septiembre de 2018

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Hace ya dos años que la vereda Caño Indio se convirtió en el laboratorio del posconflicto en el Catatumbo.

Lo hizo por un golpe de suerte luego de que a última hora la comisión que conformaban  Gobierno, Farc y ONU decidiera cambiar el sitio en el que se concentraría para dejar sus armas la entonces guerrilla.

El anuncio era importante en la vereda no tanto por la historia que se empezaba a escribir sobre el desarme de la guerrilla de Timochenko, sino porque allí por fin iban a entrar en la mira del Estado luego de toda una vida de abandono.

Por fin iba a haber plata para que llegara la luz, el agua y la carretera. También para que con toda la inversión iniciara el tránsito de los campesinos de la siembra de coca a una economía legal.

Pero como esto último está en el ADN de las zonas rurales del Catatumbo, siempre ha sido el hueso más duro de roer y lo sigue siendo.

En la última semana un episodio relacionado con la implementación de los acuerdos de sustitución, volvió a desnudar el fallido aterrizaje de la paz en una de las zonas más convulsionadas del país, en donde a esos problemas se suma una ratificada falta de Estado y la guerra sin cuartel de guerrillas en medio de la que malviven sus habitantes.

La agonía de la sustitución

“¡Llegaron raquíticas!, en los huesos”, dijo el pasado miércoles un campesino mientras observaba en la pantalla de su celular las fotos de unas cabezas de ganado que hacía pocos días habían llegado a Caño Indio.

Le tocó verlas desde el celular porque a principios del año se vio obligado a irse de la zona por problemas de seguridad, y ese día, cuando se cumplía casi un año y cuatro meses de la promesa de la llegada de las bondades de la paz, él ya completaba casi seis meses pendiente desde lejos de seguir siendo beneficiario.

Hacía ya todo ese tiempo que había arrancado la coca de la parcela que tenía en esa vereda.

No la había vuelto a sembrar, según dijo después, pensando en que esta sí era la oportunidad en que todo cambiaría.

El video que le generaba indignación y que tenía centrada una parte de su atención en el celular mostraba un corral con vacas y novillos a los que de poco comer se les veía el esqueleto.

A veces paraba de verla y miraba una imagen uno de los animales moribundo. Otro campesino que estaba junto a él, que también venía de Caño Indio y que terminó en el mismo lugar (que no revelamos para no comprometer su seguridad) corriéndole a las amenazas en la vereda por la tenencia de una parcela que por años estuvo abandonada pero a la que le apareció reclamante, continuó.

 

“Es que ¿sí ve? Esto es lo que siempre nos pasa. Aquí hubo un acuerdo y nosotros cumplimos y arrancamos la mata”, dijo con vehemencia sentado en un pedazo de palo apostado en el monte que empezó a arreglar para sembrar yuca y maíz desde que se desplazó. “Mire cómo el Gobierno nos responde. Ahora ni pa’que ir a recoger eso”.

La indignación a distancia de los desplazados, se vive igual en Caño Indio.

“Uno lo que se siente es burlado. Esos programas fueron en beneficio de los operadores y no de los campesinos”, nos dijo Pascual Buitrago, presidente de la Junta de Acción Comunal.

Y así otros dos campesinos que están en la vereda nos repitieron frases de decepción.

La sustitución ha sido lo más complicado de la llegada del posconflicto a esa vereda del Catatumbo.

Tomar la decisión de erradicar la coca tenía tantas implicaciones para los campesinos que necesitaban poner los seguros suficientes para asegurar una fuente de sostenimiento mientras las maravillas que prometía el posconflicto llegaban.

Eso, además de que había intereses de la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, de quedarse con los réditos políticos del aterrizaje del acuerdo.

El acuerdo en el Catatumbo para la sustitución cerró así: los campesinos que cumplieran recibirían una ayuda bimestral de 2 millones durante un año partido a sostenerse, una única vez $3,5 millones en efectivo, y tres proyectos productivos representados en dinero en especie para cambiar su actividad (uno de $1,8 millones, otro de 9 millones y otro de 10 millones).

Y aunque se suponía que todas las fases empezarían a ejecutarse al tiempo del desembolso de la plata bimestral para asegurar que una vez se acabara ese beneficio los campesinos tuvieran cómo sostenerse, en la práctica nada de eso pasó.

La explicación está en que como todos los procesos eran nuevos el Estado se demoró en crear protocolos de implementación, y en que encima de eso no se delegó suficiente personal en las regiones para impulsar todo el programa.

(Solo para darse una idea, la oficina de sustitución para inscribir a todos los cocaleros de los  11 municipios del Catatumbo solo tenía cuatro personas).

Así que de entrada las posibilidades de éxito del programa arrancaban con desventaja.

Aunque la plata bimestral empezó a desembolsarse en mayo de 2017, se acabó cuando aún no había proyectos productivos y en la vereda no había nada qué hacer para conseguir recursos para subsistir.

Sacar los productos que sembraban para su propio consumo no era una opción viable porque la vía que les prometieron solo llegó hasta el campamento de la ONU, que es a la entrada de la vereda, y eso encarecía los costos en un mercado competido por precios venezolanos.

La coca tampoco era una opción porque desde que la vereda se convirtió en zona de desarme de las Farc, el Estado sí llegó con Ejército y Policía y ambas fuerzas están monitoreando que no haya resiembra en el lugar.

“Muchos se empezaron a ir a otras veredas a trabajar raspando o a hacer otras actividades porque de hambre nadie se iba a morir”, nos explicó un campesino de la vereda.

Es decir, desde mayo de este año los campesinos estuvieron a la deriva y esperando que aterrizara la fase de los proyectos productivos para iniciar la transición.

Que eso sucediera era en sí mismo un hito porque la llegada de proyectos se convertiría en el seguro para que los habitantes de la zona no volvieran a la siembra de coca por falta de oportunidades.

Por eso, fue tan decepcionante cuando el viernes pasado el operador que contrató Naciones Unidas para hacer la entrega de los proyectos desembarcó el ganado en la vereda.

En total en Caño Indio, que para la sustitución se unió con tres veredas aledañas (Palmeras- Mirador, el Progreso y Chiquinquirá), se inscribieron 191 familias para sustituir la coca.

De esas, 80 quisieron incursionar en la ganadería, las restantes pidieron huertas, animales pequeños para criar, proyectos de palma y cacao, y ovinos.

Por ahora, lo que sucedió con el ganado está metido en un cruce de versiones.

Mientras que un sector de los campesinos dice sentirse timado porque eso no fue lo que se determinó en el acuerdo, y el ganado en algunos casos, además de desnutrido está muy joven, algo que hace que no puedan usarlo como fuente de ingresos mientras despegan los demás proyectos; en el lado del operador aseguran que no todo es como lo pintan.

Por un lado, porque no todas las cabezas llegaron en esas condiciones, y por otro, porque ya hay nueve que el operador cambió (incluida una que se murió) para cumplir con los requerimientos.

“Es un tema de logística, pero todo se va a cumplir al pie de la letra”, dijo a La Silla Parmenio Tinoco, representante legal de Asopalcat, el operador de la inversión en el Catatumbo.

Que sea así o no aún está por verse, pero en el fondo lo que quedó en evidencia es que a cuatro meses de que se hubiera acabado la plata que les permitía a los campesinos sostenerse mientras se desarrollaba un proyecto productivo que les diera seguridad alimentaria no hay nada concreto.

Eso no solo por las cabezas de ganado en mal estado, sino porque más allá de eso hay que ponerlos a producir y ni siquiera hay cadena de comercialización asegurada. Panorama que en el caso de las huertas (en las que también hay quejas por la calidad de los suministros) se agrava porque habría que esperar el tiempo de la siembra a la cosecha para tener un producto con potencial para generar ganancias.

Eso sin mencionar que la desconfianza de los campesinos se acrecentó y que ahora varios están pidiendo que los proyectos de $9 y $10 millones, que son las siguientes fases del programa de sustitución, no sean operados por terceros.

“Para esas etapas yo había pedido más ganado pero ahora no quiero que vuelvan a salir con esto. Es mejor que nos entreguen la plata y le hagan seguimiento a lo que hacemos con ella”, dijo a La Silla uno de los campesinos que habló bajo la condición de que le reserváramos la identidad.

Pero esa es solo una de las aristas del problema. En Caño Indio a falta de Estado permanece y se ratifica en otras promesas incumplidas, sin contar la guerra sin cuartel en medio de la que viven sus habitantes.

El regreso del abandono

De la popularidad que Caño Indio alcanzó hace dos años ya solo queda el recuerdo.

Más allá de la descoordinación en los tiempos para la implementación de las políticas de sustitución, en el camino se fueron desbaratando emprendimientos propios promovidos por campesinos.

Caño Indio Productivo, la asociación que se creó para competirle a Ascamcat y a la Coccam (ambas afines a la Farc) el aterrizaje de los acuerdos, se desvaneció porque sus principales líderes terminaron desplazados en medio de denuncias de presiones para que salieran de la vereda.

Esa vereda también pasó de tener solo 52 familias, cuando se anunció que sería la sede de la normalización, a duplicar ese número justo cuando se estaban haciendo las inscripciones para los beneficiarios de la sustitución.

Ahora que los reflectores no están encima y que la sustitución agoniza, solo tiene 40, según los reportes de la junta de acción comunal.

“Muchos se han ido para sostenerse. Hay que gente que va y trabaja raspando o sembrando en otros municipios y luego vuelve porque tiene que mantener a su familia”, dijo un campesino que está dentro de la vereda y pidió la reserva de su nombre por seguridad. “Ni a Ascamcat lo volvimos a ver por acá”.

Las promesas de agua y luz tampoco se cumplieron.

Dos fuentes oficiales le dijeron a La Silla que mientras la primera no está ni siquiera en formulación, la segunda solo ha avanzado en la instalación de una planta por parte de la Electrificadora porque no que hay cómo financiar el cableado hasta las veredas.

Eso sin contar que con la aparición de disidencias y aún con la presencia en la vereda de Ejército y Policía, hay preocupación por la que podría ser una nueva ola de reclutamiento. Todo, en medio de la guerra sin cuartel que están librando el ELN y el EPL por el control de las rutas del narcotráfico.

“Aquí en Caño Indio ya no hay nada qué hacer. Estamos a la deriva y peor que antes porque ahora si es que no hay de dónde sostenerse” dijo a La Silla un líder de la vereda que por seguridad también pidió no ser nombrado. “Con los proyecticos que han traído solo se han beneficiado algunos y lo del ganado sí nos tiene pensando qué vamos a hacer de ahora en adelante para tener para comer”.

Comentarios (1)

José Saramago ..

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