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Por Jineth Prieto · 27 de Noviembre de 2018

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El sábado el Presidente Iván Duque presentó en Cúcuta el Conpes que su equipo de gobierno formuló para atender la crisis migratoria en el país.

Aunque lo anunció diciendo que ese conjunto de planteamientos le darían una respuesta “eficaz” a los efectos de la crisis y explicó que para cumplir con esa meta se destinarían $422 mil millones durante los cuatro años de su mandato, en la práctica el documento no atiende el fondo del problema.

La Silla revisó las 115 páginas del documento y encontró que, en su lugar, se enfoca en soluciones administrativas que esclarecen las rutas institucionales y dan luces sobre algunos planes, pero que poco habla de la plata que se necesitará para atender al millón de venezolanos que hasta ahora han decidido quedarse a vivir en Colombia.

Esto es lo que muestra por qué se quedó pequeño.

 

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Las venas rotas se quedaron sin cauterizar

Desde que estalló la crisis migratoria el problema estructural en todos los municipios receptores ha estado en que los gobiernos locales asumieron los costos de la prestación de los servicios de salud y educación de la población venezolana sin tener fuentes de financiamiento que les permitieran apalancar la nueva carga presupuestal.

En su diagnóstico el Conpes revalidó la información que ya se conocía y que básicamente traza los puntos neurálgicos de la recepción de migrantes en las fronteras de Arauca, La Guajira y Norte de Santander, que es donde se ha establecido el 44 por ciento de la población.

Además, como lo anticipó La Silla, el documento muestra cómo el fenómeno de la migración ya tocó regiones intermedias (entran Medellín, Cali y Bucaramanga dentro del top), donde se están asentando la mayoría de migrantes que tienen regularizada su situación en el país.

Aunque el Conpes establece que en salud el Ministerio apropiará $6.539 millones durante el cuatrienio y que en educación el Ministerio destinará una partida de $1.657 mil millones, esos recursos ni son suficientes ni se acercan a una solución.

Por ejemplo, lo de educación se irá para promover el acceso a la educación, la creación de procesos para convalidar títulos u homologar años de estudio, y para atención que evite la xenofobia; y lo de salud para promover la afiliación de migrantes regularizados al sistema porque así es más barato atenderlos, algo que si bien sirve para tener clara una ruta de acción, no toca el corazón del problema.

En todo el país las consultas médicas de población venezolana en la red pública se triplicaron (pasaron de 72 a 219 mil) en el último año, y no hay quién responda por ellas.

Solo en Norte de Santander, que es la principal puerta de entrada de los migrantes, el Hospital Erasmo Meoz, que es el principal de la red pública de ese departamento, ha facturado desde 2015 hasta octubre de este año $36 mil millones en atención a la población venezolana. Eso sin contar los demás de la red allí que han asumido la prestación del servicio.

De esa partida, es muy poco lo que se ha girado. Solo para darse una idea, en los tres meses que lleva el gobierno de Duque, el Ministerio de Salud liberó $20 mil millones para toda la red hospitalaria del país, de los cuales $3.400 millones le corresponden al principal hospital de Norte.

Es decir, hay un hueco millonario que todos los días crece y que no fue contemplado en el documento.

En educación la radiografía es la misma.

Se estima que en todo el país hay 240 mil migrantes en edad escolar, que equivalen a un aumento en las matrículas del 2,7 por ciento. Eso cuando en varios colegios hay hacinamiento.

Solo en Norte la Gobernación y la Alcaldía de Cúcuta atienden 8 mil estudiantes venezolanos que cuestan anualmente alrededor de $7 mil millones anuales, entre alimentación y transporte escolar.

Buena parte de la plata -$1.500 millones para transporte y $5 mil millones para el PAE- ha sido girada el último año por el Ministerio de Educación porque en las dos entidades dijeron que no tenían recursos para suministrar esos servicios.

Eso sin contar lo que está sucediendo en Bogotá, La Guajira, Atlántico y Arauca, solo por nombrar las primeras cinco regiones con más migrantes.

Gloria Alonso, directora nacional de Planeación, le dijo a La Silla que esos rubros adicionales los estaban trabajando los respectivos ministerios por aparte; así que al quedar fuera de la articulación de las políticas no es claro qué tan priorizada va a estar la solución a esos problemas.

 
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La solución que plantea es principalmente administrativa

En todo el Conpes se establece que 13 despachos serán los que tendrán injerencia en la aplicación de la política para la atención a la crisis migratoria.

Además de los ministerios de Educación, Trabajo, Salud, Minas, Interior y de Relaciones Exteriores, están la Unidad para la Gestión del Riesgo, la Unidad de Víctimas, la Unidad de Servicio Público de Empleo y el Instituto Nacional de Salud, el Sena, y el Bienestar Familiar.

Entre todos tendrán que ejecutar 68 “acciones” que están distribuidas en 22 líneas de trabajo, y, de esas, en 20 la directriz estará relacionada con el desarrollo de planes administrativos.

Así que adicional a lo trazado en educación y salud -que detallamos en el punto anterior-, muchos de los esfuerzos se van a ir en la implementación de políticas que en la práctica son de bajo impacto para la magnitud de la crisis.

Por ejemplo, el Conpes plantea el desarrollo de un registro de trabajadores extranjeros, mejorar las estrategias de comunicación de las rutas de atención a migrantes y la oferta que existe para ellos, identificar a los colombianos que salieron del país por el conflicto para reingresarlos a los sistemas de la Unidad de Víctima y revisar del cupo de combustible subsidiado en zonas de frontera para atender a la mayor población de venezolanos.

También desarrolla políticas específicas como el impulso a la generación de empleo a través del régimen franco que Duque prometió en Cúcuta, pero no se detalla sus alcances ni le fija tiempos de ejecución.

Es decir, lo que queda claro a tres años de iniciada la crisis migratoria solo está claro el diagnóstico y algunos planes para atender el fenómeno.

 
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La gran mayoría de la inversión corresponde a plata que ya se venía gastando

De los $422 mil millones que se establecen en el Conpes, la principal destinación presupuestal está en el Icbf, que en el cuatrienio dispondría de $378 mil millones, es decir, el 89 por ciento de todos los recursos del documento, para atender la población migrante.

Cuando se desglosa esa inversión, la mayor partida - $344 mil millones- tiene que ver directamente con la atención a la primera infancia, que son niños de 0 a 5 años. La meta anual en el Conpes es la de atender a 44 mil.

Esa plata no es nueva.

La directora del Icbf, Juliana Pungiluppi, le dijo a La Silla que actualmente esa entidad atiende a 59 mil niños -algo que también está consignado en el Conpes-, y que el cálculo para los próximos cuatro años se proyectó con base en el gasto para atenderlos.

Aunque esa es la mayor partida, tampoco es claro que alcance porque todos los días están llegando niños nuevos a Colombia, y de hecho el porcentaje de partos atendidos a la población migrante es cada vez mayor.

Solo en Norte de Santander en el Erasmo Meoz la porción de partos de madres venezolanas ha sido más de la mitad que la de madres colombianas en los últimos cuatro meses.

Por otro lado, la partida de la plata nueva la destinará la Unidad de Gestión del Riesgo, que tendrá la tarea de construir cuatro Centros de Atención Transitorios al Migrante en zonas fronterizas y servirán como hogares de paso. Para su adecuación hay $15 mil millones.

Además, habrá unas tareas puntuales que serán desarrolladas con recursos nuevos como la generación de 40 mil cupos del Sena o la priorización de proyectos de acueducto y alcantarillado en zonas fronterizas, pero no se estipula el monto exacto que se destinará.

 
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No responde a la pregunta existencial de la crisis

En torno a la crisis migratoria la pregunta del millón es cómo va a reaccionar el país para atender un eventual flujo masivo de migrantes ocasionado por una decisión del gobierno de Nicolás Maduro.

Como contó La Silla hace un año, solo ante los anuncios del Presidente de ese país sobre una “sorpresita” para Colombia, el tránsito se triplicó; y según nos explicó una fuente de adentro de Migración, lo mismo sucede cada vez que existe la posibilidad de que la tensión aumente en Venezuela.

Además de que lo que se plantea en la mayoría de los casos solo resuelve temas de forma y no de fondo, en los pocos puntos donde se esboza una potencial reactivación del flujo masivo de personas no está muy claro cómo se atendería el fenómeno.

Por ejemplo, dentro de las acciones se dice que el Ministerio de Relaciones Exteriores deberá buscar más recursos para atender la crisis pero no especifica cómo, ni traza una ruta o una meta.

Resolver esa pregunta es clave porque, según el registro histórico del país, el número de venezolanos en Colombia ha ido subiendo 100 mil migrantes mensuales durante el último trimestre.

Si la tendencia continúa, para septiembre del otro año habría un millón más de venezolanos en Colombia demandando salud, educación y empleo.

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